Guillermina Naranjo Sánchez
Expediente 172/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermina Naranjo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En seis de junio de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió del doce al veinticinco de mayo del dos mil veintidós, toda vez que fue notificada el diez de mayo del año mil veintidós, descontando los días inhábiles. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con lo anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el juicio, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y documentación. 4. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 5. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En doce de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 6256. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: Solicita copia certificada. Incorpórese al sumario el oficio signado por Juan Carlos Mora Jacobo, en su carácter de Presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Municipio de Tancítaro, Michoacán de Ocampo; en su atención y con fundamento en el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse la copia certificada que solicita, previo recibo de estilo que en autos deje. En esa virtud, hágasele del conocimiento al ocursante que, de conformidad con el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá programar cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y generar el código QR, a nombre de la persona autorizada para recibir dichas documentales, debiendo confirmar previamente, la autorización y QR brindados para tal efecto. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que puedan ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se le tiene designando para recibir las constancias en comento indistintamente a Miguel Ángel Castro Ramírez y/o Rosa Guadalupe Sandoval Plancarte. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
En doce de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 6257. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de mayo de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente:********************Solicita copia certificada. Incorpórese al sumario el oficio signado por Juan Carlos Mora Jacobo, en su carácter de Presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Municipio de Tancítaro, Michoacán de Ocampo; en su atención y con fundamento en el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse la copia certificada que solicita, previo recibo de estilo que en autos deje.********************En esa virtud, hágasele del conocimiento al oficiante que, de conformidad con el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá programar cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y generar el código QR, a nombre de la persona autorizada para recibir dichas documentales, debiendo confirmar previamente, la autorización y QR brindados para tal efecto. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que puedan ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación.********************Asimismo, se le tiene designando para recibir las constancias en comento indistintamente a Miguel Ángel Castro Ramírez y/o Rosa Guadalupe Sandoval Plancarte.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación
- Principal
Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: ? Del Presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Municipio de Tancítaro, Michoacán. La negativa a otorgar la remisión, de los predios y/o huertos denominados Panzinba tres y Panzinba nueve, para realizar el corte de aguacate, los cuales fueron dados de alta desde el mes de enero de dos mil veintidós. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Municipio de Tancítaro, Michoacán, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa a otorgar la remisión, de los predios y/o huertos denominados Panzinba 3 y Panzinba 9, para realizar el corte de aguacate. Ahora, la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dispone expresamente que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En el caso particular, como se ve la autoridad responsable negó la existencia del acto que se les reclama, lo que se hizo del conocimiento de la quejosa; sin que éste haya aportado medio de prueba alguno para desvirtuar la negativa de la autoridad, para de esa forma demostrar su existencia, no obstante que tuvo la oportunidad de hacerlo durante la substanciación del juicio y hasta la celebración de la audiencia constitucional; entonces, debe sobreseerse en el juicio al no existir el acto reclamado a las autoridades mencionadas. Ahora bien, tomando en cuenta el contenido negativo del informe relacionado y del estudio de las constancias que obran en el sumario, se advierte que la quejosa no ofertó prueba suficiente tendente a demostrar la existencia del acto reclamado y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por la autoridad responsable, no obstante el conocimiento oportuno que de aquel tuvo. Por ello, si la autoridad responsable niega el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre la quejosa, porque los actos negativos no están sujetos a prueba; además de que cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras la quejosa no rinda prueba suficiente y bastante para destruir la negativa, lo que en la especie no ocurrió. No se inadvierte que, la quejosa, mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, ofertó los siguientes medios de convicción: 1. Copia cotejada de la tarjeta número 565-A, de año de expedición 2016, perteneciente al municipio de Tancítaro, predio denominado Panzinda 3, con registro SAGARPA: HUE08160830691. 2. Copia cotejada del comprobante de ingreso de pago sobre servicio de exportación del predio denominado Panzinda 3 de los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós. 3. Copia cotejada del comprobante de ingreso de pago sobre servicio de cartilla del predio denominado Panzinda 3, de los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós. 4. Copia cotejada de la tarjeta número 3714-A, de año de expedición 2018, perteneciente al municipio de Tancítaro, predio denominado Panzinda 9, con registro SAGARPA: HUE08160835375. 5. Copia cotejada del comprobante de ingreso de pago sobre servicio de exportación del predio denominado Panzinda 9 del año 2022. 6. Copia cotejada del comprobante de ingreso de pago sobre servicio de cartilla del predio denominado Panzinda 9, del año 2022. 7. Copia cotejada por notario público del contrato de cesión gratuito de derechos hereditarios celebrado entre Samuel Guerra Chávez y Guillermina Naranjo Sánchez, respecto de los bienes consistentes en los huertos denominados Panzinda 3 y Panzinda 9. Documentales que por su naturaleza de públicas merecen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; empero, las mismas son insuficientes para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, ya que de ellas únicamente se desprenden los ingresos de pago sobre servicios de exportación de los predios de mérito durante los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós, contar con las tarjetas de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate, pero no así, la negativa de la autoridad responsable, para otorgarle la remisión; o que con su caso hubiera solicitado la entrega de la remisión para el corte de aguacate en los predios de mérito y que la responsable omitiera entregar esas remisas. Pues incluso, la autoridad responsables anexó a su informe previo en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo y que constituye un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° (lo que se tiene a la vista para resolver) la comparecencia de carta responsiva personal de data veintidós de marzo de dos mil veintidós, suscrita por la quejosa Guillermina Naranjo Sánchez, en la que reconoció encontrarse en las instalaciones de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Municipio de Tancítaro, Michoacán, con la finalidad de realizar trámite inherente a obtener la documentación necesaria para documentar la fruta cosechada en esa misma data en el huerto "Panzinda 3", con registro SADER, número HUEO8160830691; así como, asumir la responsabilidad por ello. Así como, dos formatos con el link sicoa.senasica.gob.mx., relativas a "los cortes cancelados", de los que se advierte que con data veintidós de marzo de dos mil veintidós, fue cancelado por el productor el corte correspondiente a la tarjeta número 565-A, del huerto "Panzinda 3". En esas condiciones, se concluye que en la presente instancia constitucional no se acreditó la existencia del acto reclamado, pues la autoridad responsable negó su existencia, sin que la quejosa hubiera desvirtuado tal negativa. Ilustra, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Por ende, ante la inexistencia del acto reclamado a las citadas autoridades, se sobresee en el juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo . Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, del tomo XC, de la quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado". En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló la tercero interesada, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 172/2022, promovido por Guillermina Naranjo Sánchez, contra actos del Presidente de la Junta local de Sanidad Vegetal Municipio de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe" . FIRMADO.
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