Guillermo de la Cruz Ruíz

Expediente 927/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
927/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Guillermo de la Cruz Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre dedos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, se declaró que causó ejecutoria la sentencia de once del citado mes y año, en la que se sobreseyó el presente juicio, por lo que atento a ello, se acordó que a pesar de que no obraban en autos las tarjetas de acuse de recibo de los oficios por medio de los cuales se notificó dicha sentencia a las autoridades responsables foráneas, atendiendo a que el sentido de la sentencia no afectaba a su interés jurídico, no era impedimento para determinar que había causado ejecutoria la resolución de amparo. Sin embargo, al haberse impuesto en dicha sentencia una multa al Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán, se advierte que sí le causa una afectación, por tanto, a fin de no vulnerar a dicha autoridad su derecho fundamental a una defensa adecuada, establecido en el artículo 17 Constitucional, este juzgador ordena regularizar el procedimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2º; y por tanto, se deja insubsistente el acuerdo de treinta de octubre pasado, por el que causó ejecutoria la sentencia, a fin de enderezar el procedimiento y preservar su derecho a impugnar la sentencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 124, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 172759, del rubro y texto siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Igualmente, apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1250, del Libro 69, Agosto de dos mil diecinueve, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2020423, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS DE REVOCACIÓN Y DE APELACIÓN. SU INTERPOSICIÓN SIMULTÁNEA CONTRA UNA MISMA DECISIÓN JUDICIAL NO AUTORIZA AL JUZGADOR A PREVENIR AL RECURRENTE PARA QUE OPTE POR UNO DE ELLOS A EFECTO DE QUE SEA SOBRE EL QUE SE PROVEA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y DE JALISCO). Las legislaciones procesales civiles citadas no contemplan alguna disposición en la que expresamente se prevea una prohibición o una permisión para la presentación simultánea de dos recursos ordinarios (el de revocación y el de apelación) contra la misma determinación judicial, ni cómo debe proceder el juzgador en ese supuesto, por tanto, se torna necesario realizar una integración del sistema de recursos para establecer una regla al respecto. Ahora bien, sobre la base de que el proceso jurisdiccional es el medio instrumental dispuesto por el Estado, a través de la ley, para prestar la administración de justicia y ésta, es la garantía de realización del derecho de tutela judicial efectiva protegido por el artículo 17 constitucional, y teniendo en cuenta que el derecho de adecuada defensa comprende el derecho procesal a recurrir las resoluciones judiciales, a través de los recursos ordinarios que la ley disponga para ello, se considera que, si contra una misma determinación judicial (entiéndase, una misma cuestión jurídico procesal), el justiciable plantea tanto el recurso de revocación como el de apelación, el juzgador no debe prevenirlo para que elija uno de esos recursos a efecto de que sea sobre el que se provea, sino que debe acordar ambos conforme a derecho proceda y admitir, en su caso, el que resulte procedente y desechar el otro. Esto atiende a que, si bien es cierto que ambos recursos se excluyen entre sí, pues tienen hipótesis de procedencia diferenciadas y uno no invade el ámbito del otro y por ende, no es factible que ambos puedan coexistir en forma simultánea ni sucesiva; en el supuesto analizado de ningún modo se busca que ambos recursos sean admitidos, sustanciados y resueltos, sino simplemente que, ante la duda genuina del justiciable sobre la naturaleza de la decisión judicial que pretende recurrir, cuando la calificación de ésta dependa de la interpretación o apreciación del Juez, se reconozca viable el planteamiento de los dos recursos, a fin de que sea el juzgador quien establezca cuál es el procedente. Esta conducta procesal se estima válida, pues obedece al propósito previsor del interesado de eliminar el riesgo de perder su oportunidad procesal de impugnar la decisión que le perjudica, en caso de que la interpretación judicial no favorezca la procedencia del recurso por el que hubiere optado. Además, se ha de tener en cuenta que el justiciable no evade su carga procesal de impugnación y debe cumplir con las formalidades exigibles para cada recurso. Asimismo, no se excluye la posibilidad de que, establecido cuál es el recurso idóneo conforme a la naturaleza de la resolución recurrida, éste también pueda llegar a desecharse si no se satisfacen otros requisitos exigibles. Por último, debe decirse que esta determinación es acorde con el imperativo que establece el artículo 17, párrafo tercero, constitucional, que vincula a los juzgadores a que, en el proceso jurisdiccional, privilegien la atención de las cuestiones sustanciales sobre cualquier formalismo procesal, lo que implica asumir una conducta de favorecimiento de la acción, siempre que no se contravengan la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos, siendo que en el supuesto examinado, no se advierte alguna contravención de esa índole." Por otra parte, agréguese a estos autos el oficio número CJM/589/2019, signado por el Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán, por sí y en representación del Ayuntamiento de dicho municipio, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa los agravios que hace valer en contra de la sentencia dictada el once de octubre de dos mil diecinueve. Empero, toda vez que el oficio de mérito, el cual contiene los agravios esgrimidos, fue exhibido con una copia, siendo que son necesarias para la correcta tramitación del aludido recurso cinco copias, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: dos para las demás autoridades responsables, una para la parte quejosa, una para el agente del Ministerio Público de la Federación y otra para este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable recurrente, para que dentro del término de tres días de notificado de este acuerdo exhiba cuatro copias de su referido oficio, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto el citado recurso. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el once de octubre del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia dictada el once de octubre de los corrientes, el hecho que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios 31395/2019-V-A, 31396/2019-V-A y 31401/2019-V-A, por medio de los cuales se notificó la referida resolución al Director de Seguridad Pública y Tránsito, Presidente Municipal y Ayuntamiento, todos del municipio de Kanasín, Yucatán, con sede en dicha localidad, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Asimismo, en relación a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que los actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos incidentales únicamente como corresponda el informe previo rendido por el Presidente Municipal del Kanasín, Yucatán, con sede en dicha localidad; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento sobre su contenido, toda vez que el día siete de octubre pasado, se llevó a cabo la audiencia incidental en el presente asunto. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas del once de octubre de dos mil diecinueve, ************** Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Guillermo de la Cruz Ruiz, en contra de los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Guillermo de la Cruz Ruiz, en contra de los actos reclamados al Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, se impone al Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán, una multa por el valor de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, sin centavos, moneda nacional), por los motivos expuestos en el considerando sexto. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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