Guillermo Fernando Hernández Chávez

Expediente 87/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
87/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Fernando Hernández Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS. Hágase la anotación correspondiente en el libro electrónico y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlo correrá la suerte del expediente. Notifíquese mediante listas conforme a lo ordenado en auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial de esta adscripción para notificar al quejoso ********** el acuerdo de nueve de febrero pasado, por los motivos ahí expuestos. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, por lista de acuerdos. Notifíquese...". "...Boca del Río, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la 1. Jueza Décimo Cuarta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 87/2023-VII. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, que prevé el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Conforme a los invocados numerales, el amparo es improcedente cuando los actos u omisiones, dictados dentro del juicio natural, no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación las actuaciones o abstenciones, si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos u omisiones reparables no tocan por sí tales valores. Sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que lo reclamado a la 1. Jueza Décimo Cuarta de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, consiste en: La omisión de dictar los acuerdos correspondientes a las promociones presentadas los días diecinueve y veintisiete de enero de dos mil veintitrés dentro del expediente ********** del índice del Juzgado responsable, en el que funge como parte demandada. El reclamo tiene el carácter de una violación procesal. No es de imposible reparación. Versa sobre la omisión de acordar promociones presentadas el diecinueve y veintisiete de enero pasado ante el Juzgado responsable. De ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Es importante señalar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental relativo a la omisión de proveer respecto de los escritos por los que promovió: incidente de falsedad de documentos, incidente de reducción de pensión alimenticia provisional, solicitud de devolución de documento y regularización de procedimiento, en el expediente **********. Así, dicha omisión reclamada no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente. Como apoyo a lo anterior es aplicable, por su contenido, la tesis jurisprudencial 8/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 130/2014, visible a foja 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008883, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)... Lo que se ve corroborado por el criterio jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.), con registro 2011580, emitida en la Décima Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materias: Constitucional, Común, página: 1086, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS... Debe decirse que, el término genérico con el que cuenta la responsable para proveer una promoción es de tres días, atento a lo señalado por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Pero conforme a la tesis de jurisprudencia acabada de citar sólo una abierta dilación o su paralización total hace procedente el amparo. Lo que no puede decirse en un supuesto como el que se analiza. Donde las promociones fueron presentadas en el mes próximo pasado a la demanda constitucional. Solo a manera ejemplificativa es oportuno aludir por analogía al criterio orientador establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a que deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió dictarse el acuerdo correspondiente, para estimar se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Afirmación que se hace sin soslayar ese precedente emanó de la materia laboral. Se estima que las razones subyacentes y jurisprudencia firme del Alto Tribunal cuando se pretende reclamar omisiones a los órganos jurisdiccionales deben servir de premisa para analizar planteamientos de amparo como el que aquí se presenta. Corrobora lo anterior el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), con registro 2019400, emitido en esta Décima Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materias: Común y Laboral, página: 1643, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS... En esos términos, este Juzgador considera que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues de la lectura integral de la demanda se desprende que si el quejoso presentó las promociones cuya falta de acuerdo se duele el diecinueve y veintisiete de enero pasado la responsable contaba con tres días para proveer las mismas, esto es, hasta el veinticuatro y treinta y uno siguientes, respectivamente, en términos del dispositivo 61 del Código de Procedimientos Civiles referido al tratarse de autos. Aunado a que este órgano se encuentra obligado a analizar lo reclamado, conforme a la fecha de presentación de la demanda (ocho del mes en curso). Además, no se deja de considerar en el asunto concreto, se trata de un reclamo meramente procedimental, el cual no lo deja sin medios de impugnación. De conformidad con el numeral 526 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se ha establecido que el recurso de queja procede en contra de los ejecutores o secretarios, por omisiones y negligencias en el desempeño de sus funciones. En todo caso, debe acudir ante el Juez ordenador, es decir, a la Jueza Décimo Cuarta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, para impulsar el procedimiento (cuestión que se desconoce si lo ha hecho después de la fecha que indica, pues no lo narra en sus antecedentes). Ello es así, pues la abstención reclamada no puede verse de forma autónoma, sino dentro de un procedimiento en el que el impetrante de amparo es parte. Lo que trae como consecuencia no se esté en el caso de excepción para acudir al juicio biinstancial, puesto que se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente. Tal como la promoción del recurso de queja referido con antelación y el impulso del procedimiento a petición de parte, para el efecto de obligar a la autoridad cumpla lo solicitado. Como lo establece el criterio jurisprudencial de rubro: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Que obra ya trascrito. Resultando además un hecho notorio para este órgano las cargas de trabajo con que cuenta la autoridad señalada como responsable. Razón por la que a pesar del tiempo acontecido, no puede considerarse excesivo e interpretarse que exista una paralización en el procedimiento. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional. Resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Esta decisión no veda el derecho del peticionario para accionar diversa demanda si transcurrido el referido plazo la autoridad persiste en su actitud de abstención. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el domicilio señalado al efecto...".

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Guillermo Fernando Hernández Chávez, contra actos de la 1. Jueza Décimo Cuarta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 87/2023-VII. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, que prevé el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Conforme a los invocados numerales, el amparo es improcedente cuando los actos u omisiones, dictados dentro del juicio natural, no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación las actuaciones o abstenciones, si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos u omisiones reparables no tocan por sí tales valores. Sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que lo reclamado a la 1. Jueza Décimo Cuarta de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, consiste en: - La omisión de dictar los acuerdos correspondientes a las promociones presentadas los días diecinueve y veintisiete de enero de dos mil veintitrés dentro del expediente 84/2018 del índice del Juzgado responsable, en el que funge como parte demandada. El reclamo tiene el carácter de una violación procesal. No es de imposible reparación. Versa sobre la omisión de acordar promociones presentadas el diecinueve y veintisiete de enero pasado ante el Juzgado responsable. De ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Es importante señalar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental relativo a la omisión de proveer respecto de los escritos por los que promovió: incidente de falsedad de documentos, incidente de reducción de pensión alimenticia provisional, solicitud de devolución de documento y regularización de procedimiento, en el expediente 84/2018. Así, dicha omisión reclamada no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente. Como apoyo a lo anterior es aplicable, por su contenido, la tesis jurisprudencial 8/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 130/2014, visible a foja 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008883, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de 'imposible reparación'; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Lo que se ve corroborado por el criterio jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.), con registro 2011580, emitida en la Décima Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materias: Constitucional, Común, página: 1086, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Debe decirse que, el término genérico con el que cuenta la responsable para proveer una promoción es de tres días, atento a lo señalado por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Pero conforme a la tesis de jurisprudencia acabada de citar sólo una abierta dilación o su paralización total hace procedente el amparo. Lo que no puede decirse en un supuesto como el que se analiza. Donde las promociones fueron presentadas en el mes próximo pasado a la demanda constitucional. Solo a manera ejemplificativa es oportuno aludir por analogía al criterio orientador establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a que deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió dictarse el acuerdo correspondiente, para estimar se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Afirmación que se hace sin soslayar ese precedente emanó de la materia laboral. Se estima que las razones subyacentes y jurisprudencia firme del Alto Tribunal cuando se pretende reclamar omisiones a los órganos jurisdiccionales deben servir de premisa para analizar planteamientos de amparo como el que aquí se presenta. Corrobora lo anterior el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), con registro 2019400, emitido en esta Décima Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materias: Común y Laboral, página: 1643, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esos términos, este Juzgador considera que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues de la lectura integral de la demanda se desprende que si el quejoso presentó las promociones cuya falta de acuerdo se duele el diecinueve y veintisiete de enero pasado la responsable contaba con tres días para proveer las mismas, esto es, hasta el veinticuatro y treinta y uno siguientes, respectivamente, -en términos del dispositivo 61 del Código de Procedimientos Civiles referido- al tratarse de autos. Aunado a que este órgano se encuentra obligado a analizar lo reclamado, conforme a la fecha de presentación de la demanda (ocho del mes en curso). Además, no se deja de considerar en el asunto concreto, se trata de un reclamo meramente procedimental, el cual no lo deja sin medios de impugnación. De conformidad con el numeral 526 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se ha establecido que el recurso de queja procede en contra de los ejecutores o secretarios, por omisiones y negligencias en el desempeño de sus funciones. En todo caso, debe acudir ante el Juez ordenador, es decir, a la Jueza Décimo Cuarta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, para impulsar el procedimiento (cuestión que se desconoce si lo ha hecho después de la fecha que indica, pues no lo narra en sus antecedentes). Ello es así, pues la abstención reclamada no puede verse de forma autónoma, sino dentro de un procedimiento en el que el impetrante de amparo es parte. Lo que trae como consecuencia no se esté en el caso de excepción para acudir al juicio biinstancial, puesto que se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente. Tal como la promoción del recurso de queja referido con antelación y el impulso del procedimiento a petición de parte, para el efecto de obligar a la autoridad cumpla lo solicitado. Como lo establece el criterio jurisprudencial de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Que obra ya trascrito. Resultando además un hecho notorio para este órgano las cargas de trabajo con que cuenta la autoridad señalada como responsable. Razón por la que a pesar del tiempo acontecido, no puede considerarse excesivo e interpretarse que exista una paralización en el procedimiento. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional. Resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Esta decisión no veda el derecho del peticionario para accionar diversa demanda si transcurrido el referido plazo la autoridad persiste en su actitud de abstención. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el domicilio señalado al efecto. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Por cuanto hace al correo electrónico que proporciona, dígase al promovente se toma nota para comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. Atendiendo a la certificación secretarial de cuenta téngase como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************Con las restricciones que establece la parte final del segundo párrafo del referido numeral a ********************y********************LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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