Guillermo Castro Cruz
Expediente 156/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guillermo Castro Cruz
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto de veintiocho de febrero del año en curso (fojas 9 a 13), ha causado estado.
- Principal
DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Por otro lado, en virtud de que la parte solicitante de derechos humanos exhibió una documental en el sumario constitucional en que se actúa, dígasele que conforme al artículo undécimo, párrafo tercero del Acuerdo citado, se deja a su disposición por el término de noventa días. Apercibido que de no reclamarla en ese plazo, tal documento seguirá agregado al presente asunto y tendrá la misma suerte que el expediente.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por xxxxxxxxxx, contra actos de la 1. Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades, por violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 156/2018-I en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. De la lectura integral al escrito de demanda de amparo se advierte que xxxxxxxxxx señala como acto reclamado en la presente instancia, lo siguiente: "PRIMERO.- La ILEGAL BAJA COMO USUARIO del servicio público de energía eléctrica respecto del contrato de Energía Eléctrica que celebre (sic) con la Comisión Federal de Electricidad, respecto del suministro de energía eléctrica que se venia (sic) suministrando en mi domicilio ubicado en la calle de CALLE CERRADA DE JUAREZ NUMERO 500 FRACCIONAMIENTO FLORES DEL VALLE DE VERACRUZ, VER., con número de R.P.U. 849 120 405 506 y número de medidor 82H44G SEGUNDO.- El ilegal Orden de corte Verbal del Suministro de Energía Eléctrica respecto del servicio que tengo contratado en mi domicilio, ubicado en CALLE CERRADA DE JUAREZ NUMERO 500 FRACCIONAMIENTO FLORES DEL VALLE DE VERACRUZ, VER. con número de R.P.U. 849 120 405 506, y número de medidor 82H44G. del cual fui objeto el día de 6 de FEBRERRO (sic) del 2018, por personal de la Comisión Federal de Electricidad." Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda se estima que en la especie, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1 y 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. En el caso, resulta pertinente precisar lo siguiente: 1. El once de agosto de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Industria Eléctrica que surtió efectos a partir del día siguiente, la cual abrogó la entonces Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2. El once de agosto de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual entró en vigor el diecisiete de febrero de dos mil quince, cuando inició sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 3. El doce de enero de dos mil dieciocho se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 156/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de tesis 2ª./J 156/2017 (10), Materia Común, Civil de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015944, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. " De la ejecutoria que dio origen al criterio obligatorio trascrito, se advierte que la Sala consideró lo siguiente: "La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio". 4. La demanda de amparo promovida en contra del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades, se presentó el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, esto es, cuando ya se encontraba vigente la referida jurisprudencia número 156/2017, en materia energética. 5. Además, de la propia demanda se advierte la existencia de un contrato de suministro de energía eléctrica, en el predio materia de la litis, ya que así lo manifestó el promovente y que además se advierte del documento anexo a la demanda (aviso recibo foja 13). Así, es dable sustentar que el acto reclamado en esta instancia constitucional no fue emitido en una relación entre una autoridad y el gobernado, sino en un plano de igualdad de carácter contractual de suministro de energía eléctrica entre el quejoso y las autoridades responsables. Por lo tanto, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del amparo, pues en el caso que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa esencialmente se duele de la ilegal baja como usuario del servicio de energía eléctrica, así como el ilegal corte verbal del mismo, en el domicilio ubicado en calle Cerrada de Juárez número quinientos (500), fraccionamiento Flores del Valle en Veracruz, Veracruz; siendo que respecto a la materia de dichos actos reclamados, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, la contradicción de tesis 156/2017, ya se pronunció como se mencionó. Por eso, este nuevo marco jurídico conduce a sostener que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Esto es así, pues del contenido del artículo 75 del Código de Comercio se advierte, que la ley reputa actos de comercio, las empresas de abastecimientos y suministros; y que las controversias que se deriven de los actos comerciales se ventilarán y decidirán en la vía mercantil. De la interpretación armónica de lo previsto en dichos preceptos legales se entiende que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, tal como lo establece el citado numeral 1049 de la Ley mercantil. En acatamiento al criterio obligatorio ya citado, la Comisión Federal de Electricidad, al actuar en un plano de igualdad respecto al quejoso, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, la nueva normatividad, obliga a analizar si en la actualidad, las funciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, constituyen actos desplegados por el Estado, en tanto que ahora, la legislación secundaria prevé que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva de aquél, sino que entra en un régimen de libre competencia comercial. En ese sentido, de la lectura de los artículos 1 , 4 y 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, la cual entró en vigor al día siguiente conforme a su artículo primero transitorio, y los diversos 1 , 2 , 3 , 4 párrafo segundo, 5 , 7 , 82 y 118 , así como el artículo primero y tercero transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor, publicada el once de agosto de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró en vigor, mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de febrero de dos mil quince, la Secretaría de Energía realizó la siguiente declaratoria: "ARTÍCULO ÚNICO. La Secretaría de Energía declara que se encuentra en funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y están en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que prevé la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.", con el siguiente "TRANSITORIO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." De los artículos trascritos, los cuales, se encuentran vigentes a partir del diecisiete de febrero de dos mil quince, fecha en que entró en vigor el acuerdo por el que inicia sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva del Estado, en tanto que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Esto es, la comercialización de la energía eléctrica podrá prestarse incluso, por un particular, siempre que éste cuente con el permiso necesario para ofrecer el suministro eléctrico, en términos del artículo 3, fracción XLV, de la citada Ley de la Industria Eléctrica. De esta manera, la prestación del servicio de energía eléctrica podrá llevarse a cabo a través de una persona distinta de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 51 de la referida Ley de la Industria Eléctrica . Por otro lado, conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta constituye ahora una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, la cual tiene por objeto prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y que tiene como fin el desarrollo de las actividades empresariales, económicas industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. Lo hasta aquí expuesto, permite llegar a la conclusión que si bien los actos que realice la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con su obligación de prestar el servicio público de energía eléctrica, son de orden público, ya no pueden entenderse como actos desplegados por el Estado. Lo anterior es así, pues ese servicio ya no es facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, dado que si bien en el desarrollo de su actividad de generar, conducir, transformar, distribuir y vender energía eléctrica, actúa bajo un marco legal establecido, lo cierto es que ahora, al menos en la comercialización de la energía eléctrica, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Derivado de lo anterior, no puede afirmarse que los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica constituyen actos administrativos, debido a que por disposición de la ley, no emanan de un ente del Estado, máxime que como se dijo, ahora se considera a la citada Comisión como una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal. Precisado lo anterior, conviene traer a colación que de los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad se desprende que el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. Sin que los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica tengan esa calidad, al ser definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como mercantiles. La precisión anterior es importante para evidenciar que las normas en cita no se ven afectadas por lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la ley en consulta, el cual establece: "OCTAVO. Los contratos, convenios, poderes, mandatos, y en general los actos jurídicos, las representaciones otorgadas y las facultades concedidas por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y que se encuentren vigentes, subsistirán en los términos pactados. La Comisión Federal de Electricidad deberá tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en dichos instrumentos." Dicho transitorio se refiere al aspecto sustantivo de los actos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, mismo que subsistirán en los términos pactados, lo que se traduce únicamente en que los derechos y obligaciones ahí pactados seguirán rigiendo la relación contractual con independencia del cambio de naturaleza jurídica de la citada comisión. Por tal motivo, resulta válido afirmar que los conflictos que deriven de los actos descritos en la norma invocada se rigen por la legislación vigente al momento de entablar el juicio o procedimiento necesario para dirimirlos. En esas condiciones, el usuario cuenta con la vía ordinaria mercantil para hacer valer sus derechos, según lo establecido por los artículos 5, segundo párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica, y 3, primer párrafo y 118 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, la nueva regulación en cuanto al servicio de energía eléctrica incide en la naturaleza de los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad y, por ende, en que ya no puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la citada ley. Consecuentemente, contrariamente a lo alegado por el inconforme, su pretensión es inviable, pues se trata de un acto de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en la nueva legislación que regula la materia de energía eléctrica (Ley de la Industria Eléctrica). Por lo que se actualiza la causal prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, dado que la actuación que realiza la Comisión Federal de Electricidad es como particular en ejercicio de su actividad comercial en un régimen de libre competencia y no como autoridad. Resulta pertinente señalar que el sentido de esta resolución deriva de la aplicación de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de tesis 2ª./J 156/2017 (10), trascrita en párrafos anteriores, así como de la interpretación del marco normativo que rige actualmente los contratos de suministro de energía eléctrica celebrados con Comisión Federal de Electricidad, de lo que puede colegirse no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo en cuestión.
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