Guillermo Fernando Hernández Chávez

Expediente 1059/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1059/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Fernando Hernández Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto a través del cual se desechó la demanda ha causado estado. Requiérase a la parte quejosa a fin que comparezca por los documentos exhibidos en autos. Se le concede un plazo de noventa días naturales. Apercibida que de no reclamarlos en ese plazo, seguirán agregados al expediente y correrán igual suerte que éste.

  2. Principal

    Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del titular del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito de Veracruz, con residencia en Veracruz. Regístrese con el número 1059/2019-IX que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, contenida en el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. El diverso 107, fracción V de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conforme a la fracción V del artículo 107 Constitucional, el amparo procede cuando los actos dictados dentro del juicio natural tienen sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influye para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: "La abstención de seguir la secuela del procedimiento en el juicio ordinario civil de alimentos 84/18-II de su índice, violando con ello las reglas y plazos del procedimiento, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, dado que el juez del conocimiento ha evitado a toda costa acordar de conformidad las peticiones del escrito, a fin de dirimir la controversia. Del capítulo de antecedentes se obtiene el impetrante manifestó -bajo protesta de decir verdad- que el dos de octubre de dos mil diecinueve presentó contestación de demanda y hasta el veintitrés de octubre siguiente (veintiún días después) se dictó el proveído en que dio vista por tres días a la parte actora con la contestación de la demanda, sin que a la fecha haya acordado tener por desahogada la vista o, en su caso, la rebeldía. Así también refiere no se ha acordado girar el oficio correspondiente solicitado en la contestación de la demanda como prueba en el numeral tres (3), consistente en el requerimiento de informe a la institución denominada Universidad Mexicana (foja 64). En ese tenor, se considera que el acto combatido tiene el carácter de una violación procesal, que no es de imposible reparación, al versar sobre la dilación del Juez responsable de emitir acuerdo dentro de la secuela procesal que refiere la parte quejosa, esto es, proveer respecto al desahogo de la vista otorgada a la parte actora con la contestación de la demanda o, en su caso declarar la rebeldía, otorgada origen al juicio ordinario civil (juicio 84/18-III -se advierte de los anexos- foja 11). Sin embargo, no refiere lo hubiere solicitado. No siendo ocioso recordar que en los juicios donde debe regir el principio dispositivo (como el juicio ordinario civil de que se trata), las partes están obligadas a impulsar el procedimiento haciendo las peticiones pertinentes de acuerdo con el estado procesal de autos. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna y, en la especie, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental relativo a la omisión de proseguir la secuela procesal. Que además no está vinculada a una promoción que no haya sido acordada. Por eso lo reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente para el efecto de obligar a la autoridad a que actúe en el procedimiento. Pues como se aprecia de la propia narrativa, el último escrito presentado fue la contestación de la demanda y si le recayó acuerdo. Mientras que la dilación es por no continuar con la secuela, pero ligada a un actuar oficioso que no es dable atribuir como violación de un derecho sustantivo, si el promovente de amparo no aduce haber hecho una solicitud específica y que ésta no haya sido atendida. Como apoyo a lo anterior es aplicable, por su contenido, la tesis jurisprudencial 8/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 130/2014, visible a foja 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008883, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Dado el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J.8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario que la violación reclamada se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, el Máximo Tribunal del país estableció que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Sin que -en el caso particular- pueda considerarse que de la fecha del último auto dictado por la autoridad responsable -veintitrés de octubre de dos mil diecinueve- (fojas 65 y 66) a la presentación de la demanda -tres de diciembre del año que cursa- en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, exista una abierta dilación del procedimiento o su total paralización, no porque haya transcurrido veintiséis días hábiles, sino porque el reclamo no descansa en la ausencia de un acuerdo ante una promoción que en concreto haya efectuado el peticionario, pues lo que pretende es un actuar oficioso en un procedimiento que por naturaleza requiere el impulso procesal de las partes. Resulta aplicable el criterio jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.), con registro 2011580, emitida en la Décima Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materias: Constitucional, Común, página: 1086, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicados a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio promovido resulta improcedente. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

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