Guadalupe Zamora Morales

Expediente 385/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
385/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Zamora Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1.3. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 1.3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 1.4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruiz, quien da fe.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán, a las nueve horas con quince minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado, asistido del Secretario Ernesto Adame Ruiz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 385/2021, de conformidad con el Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 385/2021, promovido por Guadalupe Zamora Morales, por derecho propio, por alegada violación de los artículos 1, 5, 14, 16, 25, 31 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama: La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias de la suscrita, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en la cuenta número 40002911892, número de cliente 22234622, aperturada en la institución bancaria Banco Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Santander México y la diversa número 2934492463, en la institución bancaria BBVA BANCOMER S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER. La orden de incluirla en la "Lista de Personas Bloqueadas". La orden de suspender de forma inmediata la realización de todo acto, operación y servicio que tiene contratados con Banco Santander (MEXICO) Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. La omisión de notificarle el mandamiento escrito, a través de cual se resolvió u ordenó lo anteriormente descrito. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados tienen verificativo en el municipio de Uruapan, Michoacán, correspondiente a la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Las autoridades responsables titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, representante legal de BBVA BANCOMER S.A., Institución de Banca Múltiple, grupo financiero BBVA BANCOMER, negaron la existencia de los actos reclamados, y el quejoso no aportó prueba idónea para desvirtuar dicha negativa. Ahora, si bien el reclamo consistente en la omisión de notificarle el mandamiento escrito a través del cual se resolvió u ordenó el bloqueo de las cuentas aludidas supralíneas, es de naturaleza negativa (omisiva) y conforme al artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2o., el que niega se encuentra obligado a probar que no ha incurrido en la abstención que se le imputa, es decir, que en el caso que nos ocupa, las autoridades responsables deben acreditar que no han incurrido en la omisión de notificar a la promovente de amparo el inicio y tramitación de procedimiento administrativo instaurado en su contra y del cual derivó la orden de inmovilización de la cuenta bancaria. Lo cierto es que para que las responsables tengan la carga de la prueba, se requiere invariablemente, que la peticionaria de amparo demuestre que instó a dicha autoridad a actuar en el sentido que señala, o bien, que de las leyes o reglamentos que rigen el acto se advierta que la misma se encuentra facultada para ello. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el procedimiento seguido en sede administrativa, para que las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas puedan hacer valer sus derechos, se encuentra previsto en las disposiciones de Carácter General a que se refiere dicho numeral. Así, de la disposición 72ª de Carácter General, se desprende que corresponde a la entidad financiera que identifique que dentro de la lista de personas bloqueadas se encuentra el nombre de alguno de sus clientes o usuarios, hacer de su conocimiento dicha circunstancia por escrito, en el que deberá informar que podrán acudir ante la autoridad competente para hacer valer su derecho de defensa, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 73ª de Carácter General. En consecuencia, de las disposiciones descritas, no se advierte que sean facultades de la responsable notificar a la parte quejosa la tramitación del procedimiento, del cual derivó la orden de inmovilización de su cuenta bancaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". Sin que pase inadvertido que, el representante legal de la institución bancaria mencionada, adujo que la cuenta 2934492463, aperturada en BBVA BANCOMER S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, fue cancelada desde el dieciséis de enero de dos mil quince. Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado resulta inexistente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo. CUARTO. Norma, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Son ciertos los actos atribuidos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Director de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, toda vez que así lo expresaron al rendir su informe justificado. Por su parte, el representante legal de Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, no rindió su informe justificado, no obstante haber quedado debidamente notificado de su solicitud; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto los actos que se le atribuyó. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio debe analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó la titularidad del derecho que estima vulnerado. En efecto, de la intelección de los artículos 5, fracción I, así como el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio en la esfera de derechos del particular, ya sea a través de un interés jurídico o legítimo. Ahora, para determinar qué se entiende por interés jurídico, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos veinticinco, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 170500. Así, dicho criterio establece que, la persona que resienta un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, puede promover amparo siempre y cuando acredite que los actos reclamados lesionan su esfera jurídica, pues de otra forma no existiría legitimación para entablar el juicio constitucional. Por tal motivo, es que el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), ha interpretado en relación con la legitimación del promovente, que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad que lo emite, debía acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones, estableciendo que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia de un derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Bajo ese contexto, del análisis minucioso de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa no justifica con documento alguno contar con la titularidad de la cuenta 40002911892, número de cliente 22234622, aperturada, a decir de ella, en la institución bancaria Banco Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Santander México. En efecto, para acreditar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, la parte quejosa debió exhibir el contrato de cuenta corriente de cheques firmado entre el peticionario del amparo y la institución de crédito correspondiente, documento que se estima idóneo para acreditar el referido interés jurídico, pues demuestra que la cuenta se encuentra vigente. Apoya en lo conducente, la tesis III.2o.A.167 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registro digital 169961, materia administrativa de rubro y texto: ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA, SE ACREDITA CON LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE CELEBRADOS ENTRE EL QUEJOSO Y LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE. Tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias, la exhibición en el juicio de amparo de un cheque con un número de cuenta a nombre del quejoso, resulta insuficiente para demostrar -plena y fehacientemente- la titularidad de una cuenta bancaria y, por ende, el interés jurídico para reclamar mediante el juicio constitucional la mencionada medida cautelar. Lo anterior es así, porque el contrato de cuenta corriente de cheques firmado entre el peticionario de garantías y la institución de crédito correspondiente, es el documento idóneo para acreditar el referido interés jurídico, pues demuestra que la cuenta se encuentra vigente. A mayor abundamiento, cuando la parte quejosa acude al amparo, está obligada a exhibir los elementos probatorios indispensables con los cuales acredite el interés jurídico que le asiste para la procedencia del juicio constitucional, entendiéndose por tal, el derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que ha de demostrarse en ciertos casos con el documento o medio de convicción idóneo, en que se constate plenamente, la titularidad que de ese derecho ostenta, sin que obste que la demanda se haya realizado bajo protesta de decir verdad, a que refiere la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, dado que esa manifestación únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a cada uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener. Así, en atención a lo antes expuestos, era necesario que la quejosa justificara que cuenta con un derecho previamente tutelado, pues constituye la base del derecho subjetivo que se defiende en juicio y, por ello, era menester que se acreditara contar con ésta para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J 45/90 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 389631, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". De modo que, si en autos no existe probanza que acredite la afectación a su esfera de derechos necesaria para acudir al juicio de amparo, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Asimismo, al quedar demostrado que el juicio de derechos es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, se estima innecesario estudiar diversas causales; pues el que opere, o no, alguna diversa causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Alegatos. En cuanto al pedimento ministerial, este órgano de control constitucional se abstiene de analizarlo, ya que no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Guadalupe Zamora Morales, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese, y publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del AG 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Del estado de autos se aprecia que aún no transcurre el término de ocho días a efecto de que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, por derecho propio y en representación del Director de Procesos Legales "B", de la Dirección de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, con el que se ordenó dar vista el pasado quince de julio; en esa virtud, LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SE DIFIERE PARA LAS NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación Así lo acordó Nubia Miranda Ramírez, Secretaria encargada de despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2613/2021, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Téngase al Fiscal de la Federación adscrito, formulando alegatos; por tanto, se tienen por formulados para el efecto legal conducente, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Nubia Miranda Ramírez, Secretaria encargada de despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2613/2021, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano