Gudulia Rodríguez Rodríguez
Expediente 425/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gudulia Rodríguez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. II. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 13 DE MAYO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. II. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 21 DE ABRIL DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Gudulia Rodríguez Rodríguez, mediante el cual da cumplimento a la prevención de siete de abril del año en curso, atenta lo anterior, provéase lo conducente. II. fijación de la litis. Ahora bien, vista la demanda de amparo y el escrito aclaratorio presentado se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución del recurso de revocación dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio en la vía ordinaria civil sobre acción reivindicatoria número CO603-2021, en el que la autoridad responsable confirmó el auto de cuatro de marzo del año actual en el que se acordó de conformidad el escrito de desistimiento de la instancia presentado por la parte actora, respecto del demandado Silviano Rodriguez Rodríguez, ordenando seguir el juicio únicamente en contra de la aquí quejosa. III. Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En tal virtud, analizado el acto reclamado descrito en la demanda de amparo, se resuelve que carece de la característica material y formal de imposible reparación y, por ello, no procede su estudio conforme al texto de la Ley de Amparo. Para demostrar esta conclusión, véanse los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De lo que se obtiene que son actos de imposible reparación aquéllos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto rector político de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". Han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial, por lo que solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, solo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En el caso particular, se considera que la resolución del recurso de revocación dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio en la vía ordinaria civil sobre acción reivindicatoria número CO603-2021, en el que la autoridad responsable confirmó el auto de cuatro de marzo del año actual en el que se acordó de conformidad el escrito de desistimiento de la instancia presentado por la parte actora, respecto del demandado Silviano Rodriguez Rodríguez, ordenando seguir el juicio únicamente en contra de la aquí quejosa, no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable a sus intereses y la parte actora no acreditasus pretensiones; y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarlas por vía de amparo directo que promueva contra aquélla, en la medida que trascienda a su resultado el fallo. Lo expuesto encuentra sustento en la Jurisprudencia IV.3o. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 333, del Tomo II, de octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." Al respecto, se comparte el criterio contenido en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En este criterio sustancialmente se sostuvo que la ley de la materia precisa cuáles son los actos de imposible reparación en la fracción V de su artículo 107, lo que implica que una violación adjetiva, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, en virtud de que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. En este criterio se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, se determina que los actos reclamados ante esta instancia constitucional por la parte quejosa, de ninguna manera son reclamables a través del amparo indirecto, ya que no son determinaciones que traigan aparejado en sí un daño en contra de su persona o en su patrimonio, dado que para ser calificados como actos irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos y sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues está a expensas del fallo definitivo. En efecto, toda vez que el juicio de amparo biinstancial, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que transgredan materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución, se determina que para establecer si procede el juicio constitucional en contra de la resolución del recurso de revocación dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio en la vía ordinaria civil sobre acción reivindicatoria número CO603-2021, en el que la autoridad responsable confirmó el auto de cuatro de marzo del año actual en el que se acordó de conformidad el escrito de desistimiento de la instancia presentado por la parte actora, respecto del demandado Silviano Rodriguez Rodríguez, ordenando seguir el juicio únicamente en contra de la aquí quejosa, debe determinarse si las consecuencias producidas por dichas determinaciones son o no de imposible reparación, entendiéndose por ello que se afecten derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, lo que no acontece en la especie; toda vez que la determinación reclamada por sí misma, no lesionan los intereses de la peticionaria del amparo de forma directa e inmediata, ni se encuentra en alguno de los supuestos considerados de ejecución imposible de reparar, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo que conlleva a que la demanda resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia V.2o. J/68, de la Octava Época, Materia Común, visible en la página cuarenta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 66, Junio de mil novecientos noventa y tres, de consulta rápida en el ius o registro electrónico número 216131, cuyo rubro establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). De lo anterior se desprende que los actos de imposible reparación son aquellos hechos que sus consecuencias son susceptibles de afectar en forma directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el procedimiento respectivo. Por ende, es claro que los actos reclamados en estudio, no pueden estimarse como de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, lo cual, como se dijo, emerge como una cuestión procesal que no transgrede ningún derecho sustantivo; por lo que es incuestionable que contra dicho acto opera la causal de improcedencia en estudio, ya que se trata de actos intraprocesales y, en todo caso, los derechos adjetivos pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene una resolución favorable a sus intereses, de ahí que no puedan ser calificados como actos terminales o de imposible reparación. Cobran aplicación, las Jurisprudencias números 24/92 y 29/89, publicadas en la páginas doscientos diecinueve y ochocientos treinta y siete, Tomo I, Pleno y Tomo IV, Tercera Sala, Segunda Parte, ambas de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Contradicción de Tesis, respectivamente, que de rubro dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, de rubro que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Sirve de apoyo, por su contenido sustancial, la tesis XI.1o.25K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, página 608, Tomo X, Agosto de 1992, Octava Época, de rubro: "PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LAS ADMITE." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 07 DE ABRIL DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "."León, Guanajuato, siete de abril de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. ********************. II. Autoridad responsable. Juez Único de Primera Instancia Civil de Purísima del Rincón, Guanajuato. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 425/2022-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo; requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, sin que exista necesidad de que presente una nueva demanda y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Relate bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, es decir, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al proveer sobre el presente juicio de amparo, en virtud de que es el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes, aunado a que es un requisito formal establecido en la ley de la materia.
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