Guadalupes de los Dolores Portugal Rogenhofer

Expediente 182/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
182/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Guadalupes de los Dolores Portugal Rogenhofer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al cual acompaña el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 49/2019, interpuesto por la quejosa. Comuníquese a las partes la resolución de mérito, mediante la cual se resolvió: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Acúsese recibo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina: No obran documentos originales. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por secretario de acuerdos del segundo tribunal colegiado en materia civil decimosexto circuito, en Guanajuato comunica que el tribunal admitió el recurso de queja quedó registrado bajo número 49/2019-IV.

  3. Principal

    Recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, la quejosa ******************** interpone recurso de queja en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (f. 34 a 37); asimismo, se le tiene señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal Colegiado para la substanciación del mencionado recurso y que obran en el presente expediente. con fundamento en el citado numeral 101, párrafo primero, de la ley de la materia, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que son ciertos los actos reclamados, en virtud de que este Juzgado Federal proveído de referencia, desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, el original del escrito de agravios y copia certificada de las constancias respectivas para apoyar el informe que se rinde, a fin de que esté en posibilidades de substanciar el medio de impugnación de que se trata.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa cumple prevención. Agreguese a los autos el escrito de cuenta signado por Guadalupe de los Dolores Portugal Rogenhofer, mediante el cual desahoga la prevención de demanda que se le formuló en proveído de trece de marzo pasado (f. 28 a 29), en consecuencia, se provee. II. Precisión del acto reclamado. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo (f. 2 a 7), así como del escrito aclaratorio (f. 16 y 17), se advierte que la parte quejosa reclama en esta sede constitucional, esencialmente lo siguiente: 1. La resolución de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictada en autos del juicio de concurso voluntario 531/2016-C del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en la que se determinó que cuando tenga verificativo la junta de acreedores (alegatos de graduación de créditos), será únicamente con la asistencia de los acreedores, y sin la presencia de la concursada (aquí quejosa), ni la del síndico. 2. La inconstitucionalidad de los artículos 554 y 557, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. III. Se desecha la demanda de amparo. En consecuencia, una vez precisados los actos reclamados, se concluye que la demanda de amparo es improcedente, y por tanto deberá desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En tal virtud, analizado el acto reclamado descrito en el escrito aclaratorio de forma clara y puntual, se resuelve que carece de la característica material y formal de imposible reparación y por ello, no procede su estudio conforme al texto actual de nuestra ley de amparo. Para demostrar esta conclusión, véanse los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Son por tanto, actos de imposible reparación aquellos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto rector político de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." Han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; por lo que solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, solo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En el caso particular, se considera que el acto reclamado, consistente en la resolución de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictada en autos del juicio de concurso voluntario 531/2016-C del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en la que se determinó que cuando tenga verificativo la audiencia de alegatos de graduación de créditos, será únicamente con la asistencia de los acreedores, y sin la presencia de la concursada (aquí quejosa), ni la del síndico, no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados con una resolución favorable dentro del juicio natural. Además, aun cuando pudiera calificarse como una violación de imposible reparación el acto reclamado, no puede ser sujeto de análisis inmediato por el órgano de control constitucional, en la vía biinstancial, ya que la procedencia del amparo indirecto se encuentra reservada a aquéllos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Encuentra sustento en la Jurisprudencia IV.3o. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 333, del Tomo II, de octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." Cabe resaltar que se tiene en cuenta la tesis jurisprudencial VI.1o.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1570, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." En este criterio, medularmente se sostiene que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las violaciones procesales relevantes, que son aquellas que afectan a las partes en grado predominante o superior, procediendo en su contra el juicio de amparo indirecto, bajo una interpretación amplia y más benéfica para los gobernados. Sin embargo, se comparte el diverso criterio contenido en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En este otro criterio, sustancialmente se sostuvo que la ley de la materia precisa cuáles son los actos de imposible reparación en la fracción V de su artículo 107, lo que implica que una violación adjetiva, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, en virtud de que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Sin embargo, este juzgado atiende al último criterio señalado, en razón de que es acorde a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En este criterio, se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aplicable al caso concreto por analogía la tesis II.2o.C.526 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, localizable en la página 1517, del Tomo XXX, de diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS. CASO EN QUE LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA EL ACUERDO RELATIVO NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DE MENORES DE MODO IRREPARABLE. El desechamiento de pruebas en un juicio familiar en principio podría traer como consecuencia el dictado de una sentencia adversa a quien ello le afecta, empero, esa circunstancia de suyo no ocasiona un acto de imposible reparación porque el interesado podría impugnar la infracción de que se trata a través del juicio de amparo directo que promoviera en contra de tal determinación, pues bien sería factible que obtuviera el dictado de una sentencia favorable a sus intereses. Por consecuencia, el proveído que inadmite pruebas en un juicio de lo familiar, por sí no causa una situación de irreparabilidad o imposible reparación, máxime si en el respectivo asunto el ofrecimiento de dichas pruebas no fue realizado con la oportunidad requerida, o sea, dentro del término legal correspondiente, y así, la determinación relativa sólo produce efectos intraprocesales, que no pueden considerarse como de imposible reparación en tanto sus consecuencias podrían no repercutir en el propio juicio, de obtenerse sentencia favorable, dado que incluso sólo afectan a las partes en grado predominante o superior los acuerdos que causen agravio que no pueda repararse, o cuando su irreparabilidad se genera con la sola ejecución del acto, lo que no sucede en el evento antes relacionado." Sin que pase inadvertido que la quejosa, mediante escrito aclaratorio presentado el doce de marzo de dos mil diecinueve (f. 16 y 17), manifestó que también señalaba como acto reclamado, la inconstitucionalidad de los artículos 554 y 557, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; sin embargo, debe traerse a cuenta que el estudio del amparo en contra de una ley o reglamento, como lo pretende la quejosa, no puede ser desvinculado del acto concreto de aplicación, que es precisamente la resolución de la que se duele la peticionaria del amparo, y no las porciones normativas referidas por sí solas, de tal manera que, la improcedencia el amparo en contra del acto de aplicación de una ley, genera la improcedencia para estudiar la inconstitucionalidad de la misma. Acude en apoyo la tesis P./J. 78/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, del Tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano