Guadalupe Reyes Domínguez

Expediente 488/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
488/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Reyes Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de quince de junio del año en curso (foja 28), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de cinco días que se concedió al quejoso y a su defensora pública federal para que dieran cumplimiento a la prevención realizada en auto diecisiete de mayo del año en curso (fojas 22-23), transcurrió sin que se hubiese realizado. En ese sentido, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y, por consiguiente, se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control.

  3. Principal

    Defensor público federal acepta cargo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por ******************** y, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado en proveído de quince de mayo del año en curso (foja 17), toda vez que acepta y protesta el cargo de defensor público del aquí quejoso privado de la libertad ********************. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la ocursante, las oficinas de la Defensoría Pública Federal adscrita a este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario que proporciona (********************), se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensora pública. Hágase del conocimiento del quejoso que le fue asignado como defensora pública para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo a la defensora pública federal ********************, para los efectos legales a que haya lugar. III. Realización de notificaciones en el presente asunto. Hágasele del conocimiento al quejoso ******************** y a su defensora pública federal ********************, que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente al impetrante o a su defensora, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." IV. Prevención. De conformidad con los preceptos 103 y 107 constitucionales; 108, fracción V, 112, 114, fracción I, y relativos de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de proveer sobre la procedencia de la demanda, se requiere a la defensora pública federal a efecto de que, a la brevedad, se entreviste con su defendido y de manera coordinada (a efecto de evitar expresiones o desahogos contradictorios), esto es, en un solo escrito y, en el plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, cumplan con lo que a continuación se detalla: 1.- Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera enunciativa más no limitativa, clara, cronológica y detallada todos los antecedentes relativos al acto reclamado. Específicamente, deberá precisar: a) El órgano jurisdiccional que conoce de la causa penal instruida en su contra o proceso de ejecución, en su caso, así como los números de registro de los mismos. b) La fecha en que fue notificado de la orden de traslado ejecutado que reclama. c) Si contra tal orden de traslado ejecutado promovió algún medio de impugnación y, en caso de ser así, deberá indicar lo que fue resuelto, el número de expediente y órgano jurisdiccional que conoció de tal recurso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". Hágase saber a la parte quejosa de los delitos en que incurre cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Ello tiene razón de ser en que si la parte promovente incurre en falsedad, se hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la parte quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. Se apercibe al quejoso y a su defensora que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo. II. Se agrega razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para notificar a la defensora pública federal ********************, del quejoso privado de la libertad ********************, el proveído de quince de mayo de esta anualidad (foja 17), en el que se requirió aceptara y protestara el cargo conferido en autos. Sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento, en razón de que en el presente auto, se tuvo a la aludida funcionaria aceptando y protestando el cargo de defensora pública del aludido solicitante del amparo, de ahí que resulte ocioso y un gasto injustificado de recursos ordenar de nueva cuenta la realización de la aludida notificación.

  4. Principal

    Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensora. Agréguese a los autos el oficio que remite la titular de la Delegación Guanajuato del Instituto de Defensoría Pública Federal, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de tres de mayo del año en cuso (fojas 10-13), designa a la licenciada Gloria Marisol Montiel Zavala, con la finalidad de fungir como defensora pública federal del quejoso privado de la libertad ********. Sin que obste a lo anterior que el oficio de cuenta carezca de firma autógrafa, ya que al encontrarse firmado digitalmente y haberse remitido vía correo electrónico institucional, se acuerda su contenido. Se requiere a defensora pública federal. En consecuencia, requiérase a la defensora pública federal Gloria Marisol Montiel Zavala, para que, dentro del término de tres días, acepte y proteste el cargo de defensora pública federal del quejoso privado de la libertad *********, por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar, preferentemente, de manera electrónica, en el que constará su firma electrónica. Se exhorta a la defensora pública del quejoso, para que se imponga de la totalidad de los autos y en su caso, promueva lo que a su asesoría técnica considere pertinente.

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