Guadalupe Palafox Melgarejo
Expediente 356/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Palafox Melgarejo
- Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Michoacán, Uruapan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Rocío Guía Calderón Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo CERTIFICO: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de julio al once de agosto de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente el veintisiete de julio del presente año. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con la certificación que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, toda vez que no fue impugnado por la parte quejosa, la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 88 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACIÓN. En términos del artículo 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que el presente asunto se encuentra concluido y resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al juicio laboral ********************, que fueron acompañadas al informe justificado; devuélvanse a la autoridad correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 356/2023, promovido por ********************, contra una omisión atribuida a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso depositado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional,********************, en representación de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad que a continuación se transcribe: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLES. - Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (.), de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama de la autoridad señalada como responsable ordenadora el acto siguiente: Con fecha 29 veintinueve del mes de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, fue desahogada dentro del expediente ********************, la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en dicha audiencia esta parte ahora quejosa por conducto del que este suscribe en cuanto su apoderado legal, ofrecí pruebas mediante escrito constante en cinco fojas útiles impresas por una sola de sus caras en tamaño oficio; ahora bien como así lo hizo constar la actuante ahora responsable en el acta que destacó al efecto del desahogo de la audiencia precisamente en el segmento relativo que declaró cerrado y agotada la etapa de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS acuerda IV.- Para una mejor valoración y apreciación de las pruebas aportadas por las partes, esta Junta se reserva el acuerdo sobre la admisión y/o desecamiento (sic) de las mismas, el cual una vez emitido les será notificado personalmente a las partes en los domicilios que tienen señalados en autos para tal efecto".- Ante tal circunstancia, esta parte bajo protesta de decir verdad manifiesta que al estar al pendiente de que la responsable emitirá acuerdo sobre admisión de pruebas, resulta que no ha emitido acuerdo mediante el cual la responsable previa su admisión y/o desecamiento (sic), fije fecha para señalar el desahogo de las pruebas aportadas por las partes del asunto en comento, siendo que han transcurrido en cómputo desde la celebración de la audiencia 6 seis meses, sin que hasta la fecha recaiga acuerdo". El promovente expuso que se vulneran sus derechos humanos reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercero interesado a ********************; narró los antecedentes de la omisión reclamada; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por proveído de uno de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite; se radicó con el número de expediente 356/2023; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Primero, fracción XI, Segundo, fracción XI, punto 3, y Cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la omisión reclamada a la autoridad responsable tiene efectos positivos dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan: - La omisión de proveer en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, celebrada dentro del juicio laboral ********************, que promovió contra ******************** y otros. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Es cierta la omisión reclamada a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, pues así lo manifestó la Presidente de la misma al rendir su informe justificado. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral de origen, mismas que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, la cual goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al tratarse de documentales públicas, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones, de las que se desprende que, a la fecha de presentación de la demanda (treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés), no se hecho pronunciamiento en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por la aquí quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este Juez de Amparo advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesados los efectos de la omisión reclamada en este sumario constitucional. El citado precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la ley exija. Por tanto, en esos términos, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, de las precisiones realizadas con antelación, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Ilustra a lo anterior, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpretan, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia 9/98, de la Sala referida, consultable en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820, que prevé: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis CL/97, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 71, del tomo VI, noviembre de 1997, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora, se recapitula que la quejosa reclama de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, la omisión de proveer en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, celebrada dentro del juicio laboral ********************, que promovió contra ******************** y otros. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio de origen, se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada en este juicio de amparo indirecto, toda vez que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió un acuerdo dentro del procedimiento de origen en el que resolvió lo siguiente: ". Visto el estado procesal que guardan los autos en que se actúa y toda vez que esta Junta Especial se reservó el acuerdo sobre admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes: SE ACUERDA: I.- Por lo que ve a las pruebas ofrecidas por la parte ACTORA se ADMITEN en su MAYORÍA, teniendo por admitidas y desahogadas las marcadas con los números II, III, IV, V, VI, XI y XII, consistentes en CONFESIONALES EXPRESAS Y ESPONTÁNEAS DE PARTE, PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, de igual forma se tiene por admitida y desahogada la prueba confesional expresa y espontánea de parte, ofrecida por la actora vía objeciones, DESECHÁNDOSE la prueba marcada con el número IX, consistente en INSPECCIÓN OCULAR, toda vez que no está ofertada conforme a lo establecido por el artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo. II.- Se ADMITE LA PRUEBA CONFESIONAL, marcada con el número I, ofrecida por la parte ACTORA, a cargo de ********************, señalándose para su desahogo las 10:30 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 10 DIEZ DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, absolvente que estará sujeto al pliego de posiciones que se le formule previa calificación de legal que realice esta actuante, APERCIBIDO que en caso de no comparecer en la fecha señalada, se le declarará CONFESO fictamente de todas y cada una de las posiciones que resulten calificadas de legal por esta actuante, quien deberá identificarse con documento oficial, absolvente que queda NOTIFICADO por conducto de su apoderado jurídico; asimismo se apercibe al ofetente de la prueba que en caso de no exhibir o formular el pliego de posiciones al que estará sujeto el absolvente se decretará la DESERCIÓN de su prueba por no aportar los elementos necesarios para su desahogo de conformidad con el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo. III.- Se ADMITE la PRUEBA TESTIMONIAL, marcada con el número VII, ofrecida por la parte ACTORA a cargo de los CC. ********************Y ********************, señalándose para su desahogo las 09:30 NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 14 CATORCE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, atestes que estarán sujetos al interrogatorio que se les formule, previa su calificación de legal por esta actuante, haciéndose del conocimiento a los atestes que deberán identificarse con documento oficial ante esta H. Junta; y toda vez que el oferente de la prueba se compromete a presentar a los atestes ofrecidos de su parte, la presentación de los mismos, queda a su cargo, APERCIBIDO al oferente de la prueba que en caso de no presentar a sus atestes, así como de no exhibir o formular el interrogatorio a los que estarán sujetos los mismos, se le decretará la DESERCIÓN de su prueba por no aportar los elementos necesarios para su desahogo, de conformidad con el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo. IV. Por lo que ve al REQUERIMJIENTO, ofrecido por la parte ACTORA, con fundamento legal en los artículos 735 y 784 en relación con el 804 de la Ley Federal del Trabajo, se REQUIERE a la parte DEMANDADA, para que dentro del término legal de 3 TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación que se realice del presente proveído, exhiba ante esta Junta a) contratos, b) recibos de pago de salarios, c) comprobantes de pago de vacaciones, d) prima vacacional, e) prima de antigüedad, f) aguinaldos, g) pagos de cuotas patronales de seguridad social, h) primas a que se refiere la Ley Federal del Trabajo y i) pagos de aportaciones y cuotas de seguridad social, del periodo comprendido del 24 de abril del 2014 al 24 de abril del 2015, APERCIBIDA la parte demandada que en caso de no exhibirlos dentro del término concedido para ello, se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que la parte ACTORA pretende demostrar con esta probanza, salvo prueba en contrario acorde al contenido del artículo 805 de la ley invocada. V.- Por lo que ve a la PRUEBA, marcada con el número X, ofrecida por la parte ACTORA, con fundamento legal en el artículo 803 de la Ley Federal del Trabajo, se ordena girar oficio al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a efecto de que INFORME a esta actuante lo solicitado por la parte ACTORA en su prueba, misma que obra a fojas 284 de autos, lo cual en obvio de repeticiones inútiles y por economía procesal se da por reproducido en las presentes líneas, como si a la letra se insertara. VI.- Por lo que ve a las pruebas ofrecidas por la DEMANDADA se ADMITEN en su MAYORÍA; teniendo por admitidas y desahogadas las pruebas marcadas con los incisos IV y VII consistentes en PRESUNCIONAL EN SUS DOS ASPECTOS LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, dada su naturaleza jurídica y por obrar en autos; así como la prueba documental marcada con el número II, bajo los numerales II.5, II.6 y II.8 toda vez que no fue objetada en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, DESECHÁNDOSE la marcada bajo el número II.7, toda vez que dentro del expediente no obra ninguna audiencia bifásica de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el día 10 de diciembre del año 2017. VII.- Se ADMITE la PRUEBA CONFESIONAL, marcada con el inciso I, ofrecida por la parte DEMANDADA, a cargo de la C. ********************, señalándose para su desahogo las 11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 16 DIECISÉIS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, absolvente que estará sujeta al pliego de posiciones que se le formule previa calificación de legal que realice esta actuante, APERCIBIDA que en caso de no comparecer en la fecha señalada, se le declarará CONFESA fictamente de todas y cada una de las posiciones que resulten calificadas de legal por esta actuante, quien deberá identificarse con documento oficial, absolvente que queda NOTIFICADA por conducto de su apoderada jurídica; asimismo se apercibe al oferente de la prueba que en caso de no exhibir o formular el pliego de posiciones al que estará sujeto el absolvente se decretará la DESERCIÓN de su prueba por no aportar los elementos necesarios para su desahogo. VIII.- Se ADMITE la PRUEBA TESTIMONIAL, marcada con el número III, ofrecida por la parte DEMANDADA a cargo de los CC. ********************Y ********************, señalándose para su desahogo las 11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, atestes que estarán sujetos al interrogatorio que se les formule, previa su calificación de legal por esta actuante, haciéndose del conocimiento a los atestes que deberán identificarse con documento oficial ante esta H. Junta; y toda vez que el oferente de la prueba se compromete a presentar a los atestes ofrecidos de su parte, la presentación de los mismos, queda a su cargo, APERCIBIDO al oferente de la prueba que en caso de no presentar a sus atestes, así como de no exhibir o formular el interrogatorio a los que estarán sujetos los mismos, se le decretará la DESERC IÓN de su prueba por no aportar los elementos necesarios para su desahogo, de conformidad con el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo. IX.- Se ADMITE la PRUEBA TESTIMONIAL, marcada con el número III, ofrecida por la parte DEMANDADA a cargo de los CC. ******************** Y ********************, señalándose para su desahogo las 11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 30 TREINTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, atestes que estarán sujetos al interrogatorio que se les formule, previa su calificación de legal por esta actuante, haciéndose del conocimiento a los atestes que deberán identificarse con documento oficial ante esta H. Junta; y toda vez que el oferente de la prueba se compromete a presentar a los atestes ofrecidos de su parte, la presentación de los mismos, queda a su cargo, APERCIBIDO al oferente de la prueba que en caso de no presentar a sus atestes, así como de no exhibir o formular el interrogatorio a los que estarán sujetos los mismos, se le decretará la DESERCIÓN de su prueba por no aportar los elementos necesarios para su desahogo, de conformidad con el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo.". Por tanto, la constancia descrita pone de manifiesto que cesaron, de manera incondicional e inmediata, los efectos de la omisión reclamada en este sumario constitucional, debido a que se logró lo que precisamente pretendía la impetrante en esta sede constitucional; esto es, que la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, dentro del juicio laboral ********************, proveyera en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. De ahí que, al haberse emitido el acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, en el cual la autoridad hizo pronunciamiento en relación a la admisión y desechamiento de las pruebas, se eliminó la huella que dejó el reclamo materia de este juicio de amparo, en la esfera jurídica de la parte quejosa. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia analizada; y, por lo tanto, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". No obsta a lo anterior el hecho de que, previo al dictado de este fallo constitucional, no se haya llamado a juicio en su carácter de tercero interesado, conforme al artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, a quien figuró como contraparte de la quejosa en el juicio de origen, pues lo aquí resuelto no le causa ningún perjuicio. De ahí que, en el caso, debe privilegiarse el derecho fundamental a una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Alecciona, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 39, de febrero de 2017, tomo I, página 556, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de dicha ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra la omisión reclamada de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de la última consideración de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy en que las labores del Juzgado lo permitieron, ante Rocío Guía Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Marcela Cortez Ruiz, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo CERTIFICO: Que el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado que se tuvo por rendido en auto de veintidós de junio del año en curso, transcurre del veintisiete al seis de julio de dos mil veintitrés, toda vez que dicho proveído se notificó por lista de veintitrés del mismo mes y año. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, de la certificación que antecede se desprende que a la fecha transcurre el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado que se tuvo por rendido en auto de veintidós de junio del año curso. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con el pedimento ministerial registrado bajo el folio 8055. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. PEDIMENTO MINISTERIAL. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el pedimento ministerial suscrito por el Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. COPIAS CERTIFICADAS. Por otra parte, como lo solicita el promovente y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte sentencia en el presente juicio, expídase copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
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