Guadalupe Torres Capilla

Expediente 271/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
271/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad.
  • Guadalupe Torres Capilla

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento sobre los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en razón de que no se solicitó la medida cautelar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 271/2019. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el ocho de marzo de dos mil diecinueve, Guadalupe Torres Capilla solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: AUTORIDAD RESPONSABLESENTIDO FOJA TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. CIUDAD. NEGÓ 22 ACTOS RECLAMADOS: La omisión de radicar la demanda y ordenar emplazar al demandado H. Ayuntamiento de Tangamandapio, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman acto de autoridad, cuya ejecución tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este Órgano de Control Constitucional. SEGUNDO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos existentes. La autoridad responsable al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, se desvirtúa dicha negativa; toda vez que, como se advierte del contenido de su informe, a la fecha de presentación de demanda -ocho de marzo de dos mil diecinueve-, era existente. Argumentó que por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 636/2018, se radicó la demanda y de conformidad con el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, citó a las partes a una audiencia de conciliatoria a celebrarse a las nueve horas con quince minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Lo anterior se corrobora con las constancias que la referida autoridad remitió con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para sostener lo anterior, en principio, debe decirse que para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte: Mediante oficio TCA/AMP/1254/19, suscrito por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó a este Órgano Jurisdiccional que por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, radicó el escrito inicial de demanda, dando origen al expediente laboral 636/2018, y de conformidad con el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, citó a las partes a una audiencia de conciliación, misma que habría de celebrarse a las nueve horas con quince minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve. En ese contexto, este órgano de control constitucional advierte que a la fecha en que se resuelve este juicio de amparo, el acto reclamado, ha cesado sus efectos, dado que, como se advierte de las manifestaciones del Presidente del Tribunal Laboral, dejó de causarle agravio la omisión la que se dolía el quejoso, ello en virtud de que radicó y dio trámite a la demanda promovida; asimismo, citó a la partes a una audiencia conciliatoria, bajo apercibimiento que de no presentarse, se les tendrá por inconformes de todo arreglo conciliatorio y se procederá con la etapa del arbitraje. Es decir, cesaron los efectos de la omisión en que incurría la responsable, pues como ya se destacó al emitir el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dio trámite a la demanda que en la vía laboral promovió el quejoso, y citó las partes a una audiencia conciliatoria. Como sustento a lo anterior tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí impugnados, en virtud de que ya no continúan surtiendo sus efectos, ni los surtirá; y, además, porque no se dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en términos del numeral 63 fracción V, de la Ley de la Materia, procede sobreseer en el juicio de amparo, en relación con los actos reclamados a la autoridad responsable. En mérito de lo expuesto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro que se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, con relación al pedimento formulado por el Ministerio Público, el mismo se encuentra debidamente atendido con lo plasmado en el presente fallo; ello desde luego, con entera independencia de que resulte innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." CUARTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. QUINTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCÍA ARMAS, ante el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes con este para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la responsable, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Diferimiento. Se tienen señaladas las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de la Materia; empero, para dar margen a que transcurra la vista ordenada con anterioridad, de manera anticipada se difiere el desahogo de la audiencia constitucional señalada, y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

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