Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo

Expediente 250/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
250/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo
  • Fiscal General del Estado de Michoacán, con domicilio en Morelia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en la que se sobresee en el juicio de amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el aludido artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se concedió la medida cautelar, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del original del incidente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del incidente, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO J. CARMEN SÁNCHEZ MENERA EL ENGROSE DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 250/2020. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El diez de marzo de dos mil veinte (foja 2), Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, por propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las garantías que establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 8, 9, 10 y 11. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de once de marzo de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 250/2020 (fojas 23-26). Previo los trámites de ley, el diecisiete de septiembre pasado (fojas 73-74), se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La quejosa señala como autoridades responsables: 1.- Fiscal General del Estado de Michoacán; 2.- Fiscal Regional de Morelia; 3.- Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; 4.- Licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; y, 5.- Coordinador General de la Policía de Investigación. A quienes les reclama: El acuerdo emitido el cuatro de marzo de dos mil veinte, a efecto de que el once de marzo siguiente, agente investigador se constituya en el domicilio de la quejosa y recabe entrevista respecto de los hechos que motivaron la carpeta de investigación 1003201946219, y su ejecución. Se fija el acto reclamado en los términos antes precisados en razón de que si bien en el escrito de demanda la quejosa refiere que lo es la orden de presentación y/o comparecencia con uso de fuerza pública, de la lectura íntegra de su escrito de demanda, así como de los anexos, que adjuntó a su escrito, se advierte que lo que se ha girado en su contra es una citación para que rinda entrevista en su domicilio respecto de los hechos que motivaron la carpeta de investigación 1003201946219. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Michoacán, Fiscal Regional de Morelia y Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia (fojas 31, 50-51 y 53-54). Lo anterior, en razón de que al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya exhibido prueba para desvirtuar esa negativa. En ese estado de cosas, con respecto a las autoridades citadas es de sobreseerse el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado a la licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia (fojas 62-63), ello pues aún cunado manifestó que no es cierta la existencia de la orden de comparecencia o presentación y su cumplimiento; lo cierto es que aceptó estar integrando la carpeta de investigación 1003201946219, dentro de la cual el cuatro de marzo de dos mil veinte giró instrucción para recabar la entrevista en cuanto testigo de la quejosa en su domicilio particular el once de marzo siguiente. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación 1003201946219 que remitió la Agente con su informe de ley (tomo de pruebas), las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. Se desvirtúa la negativa emitida por el Coordinador General de la Policía de Investigación, en razón de que obra constancia dentro de la carpeta de investigación 1003201946219, la orden de investigación que le fue encomendada por la Agente responsable, así como la realización de esta. CUARTO. Antecedentes. Para un mejor entendimiento del presente se considera necesario precisar los antecedentes que dan origen al acto reclamado. El dos de diciembre de dos mil diecinueve el licenciado Jorge Rayo Mariano Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, inició carpeta de investigación sin detenido 1003201946219, en atención a la denuncia de hechos que presentó J. Carmen Sánchez Menera, por un delito de daño en las cosas contra imputado desconocido. Dentro de la carpeta de investigación, el seis de febrero de dos mil veinte, la licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, giró citatorio a la quejosa Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, para que se presentara a las diez horas del doce de febrero de dos mil veinte, ante la oficina que ocupa esa representación social, a rendir entrevista con motivo de los hechos que motivaron el inicio de la carpeta de investigación 1003201946219, debiendo presentar el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866 J de esta Entidad Federativa, para que se realizara inspección técnica pericial y descripción de daños. Posteriormente, el dieciocho de febrero de dos mil veinte la responsable giró requerimiento a la quejosa Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, para que se presentara a las diez horas del cuatro de marzo siguiente, ante la oficina que ocupa esa representación social, a efecto de rendir la entrevista solicitada. El dos de marzo siguiente, la licenciada Flor de María Gómez Muñoz asignó orden de investigación al Comandante Encargado de la Policía Investigadora de la Dirección de Carpetas de Investigación en Morelia, Michoacán, a efecto de que se trasladara a los domicilios de Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo y la entrevistara sobre quien conducía el vehículo relacionado con la investigación. El cuatro de marzo de dos mil veinte, Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo por conducto de su defensor particular José Luis Farías Reyes, presentó escrito a efecto de hacer saber la imposibilidad que tiene para presentarse en la fecha que se indicó en el citatorio de dieciocho de febrero, debido a un padecimiento neurológico que sufre, solicitando se le concediera plazo prudente para hacer llegar historial clínico y una vez que se contara con esa información se señalara nuevamente día y hora para efecto de estar en condiciones de dar cumplimiento con el citatorio, priorizando los cuidados y recomendaciones médicas. En atención a su solicitud, el cuatro de marzo siguiente, la licenciada Flor de María Gómez Muñoz dictó acuerdo en los siguientes términos: "Primero: No ha lugar a tener como designados a Licenciados Sonia Reyes Equihua, Medardo Gutiérrez Guzmán y José Luis Farías Reyes como sus defensores en virtud de que no tiene el carácter de imputada dentro de la presente Carpeta de Investigación. Segundo: Por lo que el escrito presentado por el C. JOSÉ LUIS FARÍAS REYES no se acordará al no reconocerle carácter dentro de la presente Carpeta. Tercero.- Sin embargo tomando en cuenta de que menciona que debido a una condición médica no puede acudir la C. Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo ante esta Fiscalía se fijan las 19:30 horas del día 11 once de Marzo del año en curso, para que comparezca a su domicilio agente investigador a recabar su entrevista, acompañado de perito médico forense a efecto de verificar el estado físico de la ateste y perito valuador a efecto de realizar avalúo de los daños que presente el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866J de esta Entidad Federativa. Cuarto.- Se ordena notificar el presente acuerdo a la solicitante, por lo medios legales autorizados." El seis de marzo de la anualidad en curso la licenciada Flor de María Gómez Muñoz asignó orden de investigación al Comandante Encargado de la Policía Investigadora a efecto de que acudiera el día once de marzo siguiente, a las diecinueve horas con treinta minutos al domicilio ubicado en la calle Antonio de Godoy número 185 de la Colonia 18 de Mayo a efecto de recabar la entrevista de la ateste cuestionando quien conducía el vehículo relacionado con la investigación el treinta de noviembre de dos mil diecinueve entre las quince horas con veinticinco minutos y las quince horas con treinta minutos, debiéndose acompañar de perito técnico en la materia de valuación y perito médico forense. Mediante escrito presentado el nueve de marzo la quejosa directa hizo llegar a la representante social copia simple de su resumen médico para que se tomara conocimiento de éste y de considerarlo necesario se prorrogara su comparecencia dos meses para que se recuperara de su estado de salud y estuviera en condiciones de cumplir con el citatorio de dieciocho de febrero pasado. El doce de marzo de dos mil veinte, el Agente de la Policía Ministerial rindió informe de investigación, señalando que se trasladó con peritos técnicos en materia de valuación y médico forense al domicilio indicado, donde llamó a la puerta en varias ocasiones y nadie atendió, por lo que después de un lapso de cuarenta minutos se retiraron. QUINTO. Procedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Este órgano jurisdiccional de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. La fracción XII del referido numeral 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; " El juicio de amparo, por su naturaleza extraordinaria, se rige por principios fundamentales contenidos en el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, los cuales lo distinguen de los medios ordinarios de defensa. Entre esos principios rectores se encuentra el de agravio personal y directo que se exige para la procedencia de la acción constitucional, previsto en la fracción I del citado precepto constitucional, y en los numerales 5 fracción I y 6 de la ley de la materia, los cuales disponen lo siguiente: De la Constitución Federal: "Artículo 107. "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De la Ley de Amparo: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo. En términos de dichos numerales, para la procedencia del amparo se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él para solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. El perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. Para contar con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable; y desde luego que dentro del juicio de garantías debe acreditar que existe a su favor ese derecho. Así para la procedencia del juicio de amparo, dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Ahora bien, el interés jurídico se materializa o se refleja de modo distinto en cada caso en particular, con base en la naturaleza jurídica del hecho o del acto que haya originado el acto de autoridad, o bien, de aquél que esté vinculado con el propio acto reclamado. En esa temática, la causal de improcedencia en estudio se actualiza cuando no se acredita que el acto reclamado afecte un derecho legalmente tutelado en favor del peticionario de amparo. En el caso, la quejosa Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo reclama el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, dictado por la licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, dentro de la carpeta de investigación 1003201946219, en el cual giró instrucción a agente investigador para que se constituyera a las diecinueve horas con treinta minutos del once de marzo siguiente, en el domicilio de la quejosa a efecto de recabar su entrevista, acompañado de perito médico forense que verificara el estado físico de la ateste y perito valuador a efecto de realizar avalúo de los daños que presente el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866J de esta Entidad Federativa. Es de recordar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al Ministerio Público la facultad persecutoria de los delitos, por lo que en su ejercicio puede ordenar la práctica diligencias dentro de la averiguación previa a fin de probar la comisión de un delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; ante ello, tales actuaciones no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado o quien sea llamado para esclarecer los hechos investigados, pues son de orden público, a menos que en ellas se ordene que sea privado de la libertad, de sus posesiones o derechos. En el caso, del análisis del acuerdo reclamado a la titular de la carpeta de investigación, se advierte que dentro de la referida indagatoria el seis de marzo pasado, giró instrucción al Comandante Encargado de la Policía de Investigación, para que designara policía investigador para que se constituyera el once de marzo del año en curso, a las diecinueve horas con treinta minutos en el domicilio ubicado en calle Antonio de Godoy número 185 de la Colonia 18 de Mayo a efecto de recabar la entrevista de la ateste Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo. Diligencia a la que debía acompañarse de perito médico forense a efecto de verificar el estado físico de la ateste y perito valuador para realizar avalúo de daños en el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866J de esta Entidad Federativa. Sin que se advierta que en dicho acuerdo haya establecido algún apercibimiento para lograr la entrevista de la ateste, lo que lo convierte en un simple facultad constitucional de investigación que ejerce la representación social, si afectar derechos sustantivos del gobernado. Ello, porque la cita -en los términos que se anota, sin apercibimiento-, que se dirige a una persona para que ésta declare ante el Ministerio Público en una fecha predeterminada por el propio órgano investigador y de ninguna manera implica privación de su libertad -derecho sustantivo-, puesto que está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual dicha persona fue citada. Sin que sea obstáculo para lo anterior que con la emisión del acuerdo en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional (lo que llevaría a establecer la procedencia del amparo sin establecer excepciones -es decir, con independencia de que en este se contenga o no, un apercibimiento en el sentido de librar orden de presentación-), puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio. Así, el objeto del acuerdo reclamado a la gente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia es recabar entrevista de la ateste, previa verificación del estado médico en que esta se encuentre, así como la realización de un avalúo de daños en vehículo de su propiedad; sin embargo, se insiste, no se aprecia que en dicho acuerdo o incluso en la orden girada el seis de marzo siguiente al Comandante Encargado de la Policía Investigadora, estableciera apercibimiento a la ateste -aquí quejosa- en caso de que no rindiera la entrevista. Por lo que la emisión del acuerdo reclamado no le causa perjuicio alguno a la impetrante del amparo; esto es, no se le ocasiona una afectación a su interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional; por ende, resulta incuestionable que dicho acto no vulnera su esfera de derechos. Es aplicable al particular, por analogía, la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, de voz y contenido del siguiente tenor: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados." Sin que pueda considerarse afectación alguna la manifestación que refiere la quejosa en su demanda, en el sentido de que la responsable no toma en cuenta su estado de salud y que por ello debió señalar una fecha de dos meses para que se presentara el desahogo de la entrevista; ello pues, del acuerdo emitido por la responsable así como de la orden girada para su instrucción se advierte que no se le citó a la quejosa en las instalaciones que ocupa esa representación social. Aunado a que, atendiendo al estado de salud que refirió tener la ateste -aquí quejosa-, ordenó que el agente investigador se constituye en su domicilio con apoyo de perito médico forense a efecto de que verificara su estado físico, esto es, si estaba en condiciones o no de rendir entrevista; así como de perito valuador, para que en caso de que se llevara a cabo éste realizara el avalúo de daños del vehículo en el domicilio de la propia ateste, sin necesidad de trasladarse algún otro lugar. Finalmente, debe decirse que el acuerdo reclamado no le causa perjuicio pues en el mismo no se estableció apercibimiento alguno en caso de que no fuera posible su desahogo, pues incluso, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte el informe de investigación en el cual el Agente de la Policía Ministerial señaló que se trasladó con peritos técnicos en materia de valuación y médico forense al domicilio indicado, donde llamó a la puerta en varias ocasiones y nadie atendió, por lo que después de un lapso de cuarenta minutos se retiraron. Esto es, la ejecución del acuerdo no trajo implícita alguna afectación a la quejosa, pues únicamente se constituyen en su domicilio, y al no encontrarla se retiraron del lugar. Además, contrario a lo que señala la quejosa, en el acuerdo emitido y en su ejecución no se autorizó el auxilio de la fuerza pública; de ahí que no existe la afectación a su integridad o a su domicilio. Por lo anterior, es que se considera que el acuerdo que reclamó la quejoso y su ejecución no son susceptibles de generar una afectación real y actual en sus derechos sustantivos, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, en relación con el 5 de la propia norma; de ahí que no justifica el interés jurídico para la procedencia de esta instancia constitucional, en términos del artículo 61 fracción XII de la ley de la materia. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."; y, por la misma razón, tampoco se hace pronunciamiento respecto de los alegatos formulados por la parte tercero interesada. Finalmente, en cuanto al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, dado el sentido adoptado en el presente asunto. En apoyo se cita la tesis de rubro y texto siguientes: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. .... Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expresados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando séptimo, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ...

  3. Principal

    por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte que en síntesis dice; VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 250/2020. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El diez de marzo de dos mil veinte (foja 2), Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, por propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las garantías que establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 8, 9, 10 y 11. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de once de marzo de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 250/2020 (fojas 23-26). Previo los trámites de ley, el diecisiete de septiembre pasado (fojas 73-74), se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La quejosa señala como autoridades responsables: 1.- Fiscal General del Estado de Michoacán; 2.- Fiscal Regional de Morelia; 3.- Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; 4.- Licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; y, 5.- Coordinador General de la Policía de Investigación. A quienes les reclama: El acuerdo emitido el cuatro de marzo de dos mil veinte, a efecto de que el once de marzo siguiente, agente investigador se constituya en el domicilio de la quejosa y recabe entrevista respecto de los hechos que motivaron la carpeta de investigación 1003201946219, y su ejecución. Se fija el acto reclamado en los términos antes precisados en razón de que si bien en el escrito de demanda la quejosa refiere que lo es la orden de presentación y/o comparecencia con uso de fuerza pública, de la lectura íntegra de su escrito de demanda, así como de los anexos, que adjuntó a su escrito, se advierte que lo que se ha girado en su contra es una citación para que rinda entrevista en su domicilio respecto de los hechos que motivaron la carpeta de investigación 1003201946219. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Michoacán, Fiscal Regional de Morelia y Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia (fojas 31, 50-51 y 53-54). Lo anterior, en razón de que al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya exhibido prueba para desvirtuar esa negativa. En ese estado de cosas, con respecto a las autoridades citadas es de sobreseerse el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado a la licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia (fojas 62-63), ello pues aún cunado manifestó que no es cierta la existencia de la orden de comparecencia o presentación y su cumplimiento; lo cierto es que aceptó estar integrando la carpeta de investigación 1003201946219, dentro de la cual el cuatro de marzo de dos mil veinte giró instrucción para recabar la entrevista en cuanto testigo de la quejosa en su domicilio particular el once de marzo siguiente. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación 1003201946219 que remitió la Agente con su informe de ley (tomo de pruebas), las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. Se desvirtúa la negativa emitida por el Coordinador General de la Policía de Investigación, en razón de que obra constancia dentro de la carpeta de investigación 1003201946219, la orden de investigación que le fue encomendada por la Agente responsable, así como la realización de esta. CUARTO. Antecedentes. Para un mejor entendimiento del presente se considera necesario precisar los antecedentes que dan origen al acto reclamado. El dos de diciembre de dos mil diecinueve el licenciado Jorge Rayo Mariano Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, inició carpeta de investigación sin detenido 1003201946219, en atención a la denuncia de hechos que presentó J. Carmen Sánchez Menera, por un delito de daño en las cosas contra imputado desconocido. Dentro de la carpeta de investigación, el seis de febrero de dos mil veinte, la licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, giró citatorio a la quejosa Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, para que se presentara a las diez horas del doce de febrero de dos mil veinte, ante la oficina que ocupa esa representación social, a rendir entrevista con motivo de los hechos que motivaron el inicio de la carpeta de investigación 1003201946219, debiendo presentar el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866 J de esta Entidad Federativa, para que se realizara inspección técnica pericial y descripción de daños. Posteriormente, el dieciocho de febrero de dos mil veinte la responsable giró requerimiento a la quejosa Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, para que se presentara a las diez horas del cuatro de marzo siguiente, ante la oficina que ocupa esa representación social, a efecto de rendir la entrevista solicitada. El dos de marzo siguiente, la licenciada Flor de María Gómez Muñoz asignó orden de investigación al Comandante Encargado de la Policía Investigadora de la Dirección de Carpetas de Investigación en Morelia, Michoacán, a efecto de que se trasladara a los domicilios de Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo y la entrevistara sobre quien conducía el vehículo relacionado con la investigación. El cuatro de marzo de dos mil veinte, Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo por conducto de su defensor particular José Luis Farías Reyes, presentó escrito a efecto de hacer saber la imposibilidad que tiene para presentarse en la fecha que se indicó en el citatorio de dieciocho de febrero, debido a un padecimiento neurológico que sufre, solicitando se le concediera plazo prudente para hacer llegar historial clínico y una vez que se contara con esa información se señalara nuevamente día y hora para efecto de estar en condiciones de dar cumplimiento con el citatorio, priorizando los cuidados y recomendaciones médicas. En atención a su solicitud, el cuatro de marzo siguiente, la licenciada Flor de María Gómez Muñoz dictó acuerdo en los siguientes términos: "Primero: No ha lugar a tener como designados a Licenciados Sonia Reyes Equihua, Medardo Gutiérrez Guzmán y José Luis Farías Reyes como sus defensores en virtud de que no tiene el carácter de imputada dentro de la presente Carpeta de Investigación. Segundo: Por lo que el escrito presentado por el C. JOSÉ LUIS FARÍAS REYES no se acordará al no reconocerle carácter dentro de la presente Carpeta. Tercero.- Sin embargo tomando en cuenta de que menciona que debido a una condición médica no puede acudir la C. Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo ante esta Fiscalía se fijan las 19:30 horas del día 11 once de Marzo del año en curso, para que comparezca a su domicilio agente investigador a recabar su entrevista, acompañado de perito médico forense a efecto de verificar el estado físico de la ateste y perito valuador a efecto de realizar avalúo de los daños que presente el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866J de esta Entidad Federativa. Cuarto.- Se ordena notificar el presente acuerdo a la solicitante, por lo medios legales autorizados." El seis de marzo de la anualidad en curso la licenciada Flor de María Gómez Muñoz asignó orden de investigación al Comandante Encargado de la Policía Investigadora a efecto de que acudiera el día once de marzo siguiente, a las diecinueve horas con treinta minutos al domicilio ubicado en la calle Antonio de Godoy número 185 de la Colonia 18 de Mayo a efecto de recabar la entrevista de la ateste cuestionando quien conducía el vehículo relacionado con la investigación el treinta de noviembre de dos mil diecinueve entre las quince horas con veinticinco minutos y las quince horas con treinta minutos, debiéndose acompañar de perito técnico en la materia de valuación y perito médico forense. Mediante escrito presentado el nueve de marzo la quejosa directa hizo llegar a la representante social copia simple de su resumen médico para que se tomara conocimiento de éste y de considerarlo necesario se prorrogara su comparecencia dos meses para que se recuperara de su estado de salud y estuviera en condiciones de cumplir con el citatorio de dieciocho de febrero pasado. El doce de marzo de dos mil veinte, el Agente de la Policía Ministerial rindió informe de investigación, señalando que se trasladó con peritos técnicos en materia de valuación y médico forense al domicilio indicado, donde llamó a la puerta en varias ocasiones y nadie atendió, por lo que después de un lapso de cuarenta minutos se retiraron. QUINTO. Procedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Este órgano jurisdiccional de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. La fracción XII del referido numeral 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; " El juicio de amparo, por su naturaleza extraordinaria, se rige por principios fundamentales contenidos en el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, los cuales lo distinguen de los medios ordinarios de defensa. Entre esos principios rectores se encuentra el de agravio personal y directo que se exige para la procedencia de la acción constitucional, previsto en la fracción I del citado precepto constitucional, y en los numerales 5 fracción I y 6 de la ley de la materia, los cuales disponen lo siguiente: De la Constitución Federal: "Artículo 107. "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De la Ley de Amparo: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo. En términos de dichos numerales, para la procedencia del amparo se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él para solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. El perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. Para contar con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable; y desde luego que dentro del juicio de garantías debe acreditar que existe a su favor ese derecho. Así para la procedencia del juicio de amparo, dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Ahora bien, el interés jurídico se materializa o se refleja de modo distinto en cada caso en particular, con base en la naturaleza jurídica del hecho o del acto que haya originado el acto de autoridad, o bien, de aquél que esté vinculado con el propio acto reclamado. En esa temática, la causal de improcedencia en estudio se actualiza cuando no se acredita que el acto reclamado afecte un derecho legalmente tutelado en favor del peticionario de amparo. En el caso, la quejosa Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo reclama el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, dictado por la licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, dentro de la carpeta de investigación 1003201946219, en el cual giró instrucción a agente investigador para que se constituyera a las diecinueve horas con treinta minutos del once de marzo siguiente, en el domicilio de la quejosa a efecto de recabar su entrevista, acompañado de perito médico forense que verificara el estado físico de la ateste y perito valuador a efecto de realizar avalúo de los daños que presente el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866J de esta Entidad Federativa. Es de recordar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al Ministerio Público la facultad persecutoria de los delitos, por lo que en su ejercicio puede ordenar la práctica diligencias dentro de la averiguación previa a fin de probar la comisión de un delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; ante ello, tales actuaciones no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado o quien sea llamado para esclarecer los hechos investigados, pues son de orden público, a menos que en ellas se ordene que sea privado de la libertad, de sus posesiones o derechos. En el caso, del análisis del acuerdo reclamado a la titular de la carpeta de investigación, se advierte que dentro de la referida indagatoria el seis de marzo pasado, giró instrucción al Comandante Encargado de la Policía de Investigación, para que designara policía investigador para que se constituyera el once de marzo del año en curso, a las diecinueve horas con treinta minutos en el domicilio ubicado en calle Antonio de Godoy número 185 de la Colonia 18 de Mayo a efecto de recabar la entrevista de la ateste Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo. Diligencia a la que debía acompañarse de perito médico forense a efecto de verificar el estado físico de la ateste y perito valuador para realizar avalúo de daños en el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866J de esta Entidad Federativa. Sin que se advierta que en dicho acuerdo haya establecido algún apercibimiento para lograr la entrevista de la ateste, lo que lo convierte en un simple facultad constitucional de investigación que ejerce la representación social, si afectar derechos sustantivos del gobernado. Ello, porque la cita -en los términos que se anota, sin apercibimiento-, que se dirige a una persona para que ésta declare ante el Ministerio Público en una fecha predeterminada por el propio órgano investigador y de ninguna manera implica privación de su libertad -derecho sustantivo-, puesto que está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual dicha persona fue citada. Sin que sea obstáculo para lo anterior que con la emisión del acuerdo en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional (lo que llevaría a establecer la procedencia del amparo sin establecer excepciones -es decir, con independencia de que en este se contenga o no, un apercibimiento en el sentido de librar orden de presentación-), puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio. Así, el objeto del acuerdo reclamado a la gente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia es recabar entrevista de la ateste, previa verificación del estado médico en que esta se encuentre, así como la realización de un avalúo de daños en vehículo de su propiedad; sin embargo, se insiste, no se aprecia que en dicho acuerdo o incluso en la orden girada el seis de marzo siguiente al Comandante Encargado de la Policía Investigadora, estableciera apercibimiento a la ateste -aquí quejosa- en caso de que no rindiera la entrevista. Por lo que la emisión del acuerdo reclamado no le causa perjuicio alguno a la impetrante del amparo; esto es, no se le ocasiona una afectación a su interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional; por ende, resulta incuestionable que dicho acto no vulnera su esfera de derechos. Es aplicable al particular, por analogía, la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, de voz y contenido del siguiente tenor: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados." Sin que pueda considerarse afectación alguna la manifestación que refiere la quejosa en su demanda, en el sentido de que la responsable no toma en cuenta su estado de salud y que por ello debió señalar una fecha de dos meses para que se presentara el desahogo de la entrevista; ello pues, del acuerdo emitido por la responsable así como de la orden girada para su instrucción se advierte que no se le citó a la quejosa en las instalaciones que ocupa esa representación social. Aunado a que, atendiendo al estado de salud que refirió tener la ateste -aquí quejosa-, ordenó que el agente investigador se constituye en su domicilio con apoyo de perito médico forense a efecto de que verificara su estado físico, esto es, si estaba en condiciones o no de rendir entrevista; así como de perito valuador, para que en caso de que se llevara a cabo éste realizara el avalúo de daños del vehículo en el domicilio de la propia ateste, sin necesidad de trasladarse algún otro lugar. Finalmente, debe decirse que el acuerdo reclamado no le causa perjuicio pues en el mismo no se estableció apercibimiento alguno en caso de que no fuera posible su desahogo, pues incluso, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte el informe de investigación en el cual el Agente de la Policía Ministerial señaló que se trasladó con peritos técnicos en materia de valuación y médico forense al domicilio indicado, donde llamó a la puerta en varias ocasiones y nadie atendió, por lo que después de un lapso de cuarenta minutos se retiraron. Esto es, la ejecución del acuerdo no trajo implícita alguna afectación a la quejosa, pues únicamente se constituyen en su domicilio, y al no encontrarla se retiraron del lugar. Además, contrario a lo que señala la quejosa, en el acuerdo emitido y en su ejecución no se autorizó el auxilio de la fuerza pública; de ahí que no existe la afectación a su integridad o a su domicilio. Por lo anterior, es que se considera que el acuerdo que reclamó la quejoso y su ejecución no son susceptibles de generar una afectación real y actual en sus derechos sustantivos, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, en relación con el 5 de la propia norma; de ahí que no justifica el interés jurídico para la procedencia de esta instancia constitucional, en términos del artículo 61 fracción XII de la ley de la materia. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."; y, por la misma razón, tampoco se hace pronunciamiento respecto de los alegatos formulados por la parte tercero interesada. Finalmente, en cuanto al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, dado el sentido adoptado en el presente asunto. En apoyo se cita la tesis de rubro y texto siguientes: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expresados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando séptimo, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE CON ESTRICTO APEGO A LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PERSONAL, PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE QUIENES REALICEN LA NOTIFICACIÓN Y DE LAS PERSONAS JUSTICIABLES. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, hoy veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la secretaria Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 250/2020. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El diez de marzo de dos mil veinte (foja 2), Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, por propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las garantías que establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 8, 9, 10 y 11. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de once de marzo de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 250/2020 (fojas 23-26). Previo los trámites de ley, el diecisiete de septiembre pasado (fojas 73-74), se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La quejosa señala como autoridades responsables: 1.- Fiscal General del Estado de Michoacán; 2.- Fiscal Regional de Morelia; 3.- Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; 4.- Licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; y, 5.- Coordinador General de la Policía de Investigación. A quienes les reclama: El acuerdo emitido el cuatro de marzo de dos mil veinte, a efecto de que el once de marzo siguiente, agente investigador se constituya en el domicilio de la quejosa y recabe entrevista respecto de los hechos que motivaron la carpeta de investigación 1003201946219, y su ejecución. Se fija el acto reclamado en los términos antes precisados en razón de que si bien en el escrito de demanda la quejosa refiere que lo es la orden de presentación y/o comparecencia con uso de fuerza pública, de la lectura íntegra de su escrito de demanda, así como de los anexos, que adjuntó a su escrito, se advierte que lo que se ha girado en su contra es una citación para que rinda entrevista en su domicilio respecto de los hechos que motivaron la carpeta de investigación 1003201946219. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Michoacán, Fiscal Regional de Morelia y Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia (fojas 31, 50-51 y 53-54). Lo anterior, en razón de que al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya exhibido prueba para desvirtuar esa negativa. En ese estado de cosas, con respecto a las autoridades citadas es de sobreseerse el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado a la licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia (fojas 62-63), ello pues aún cunado manifestó que no es cierta la existencia de la orden de comparecencia o presentación y su cumplimiento; lo cierto es que aceptó estar integrando la carpeta de investigación 1003201946219, dentro de la cual el cuatro de marzo de dos mil veinte giró instrucción para recabar la entrevista en cuanto testigo de la quejosa en su domicilio particular el once de marzo siguiente. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación 1003201946219 que remitió la Agente con su informe de ley (tomo de pruebas), las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. Se desvirtúa la negativa emitida por el Coordinador General de la Policía de Investigación, en razón de que obra constancia dentro de la carpeta de investigación 1003201946219, la orden de investigación que le fue encomendada por la Agente responsable, así como la realización de esta. CUARTO. Antecedentes. Para un mejor entendimiento del presente se considera necesario precisar los antecedentes que dan origen al acto reclamado. El dos de diciembre de dos mil diecinueve el licenciado Jorge Rayo Mariano Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, inició carpeta de investigación sin detenido 1003201946219, en atención a la denuncia de hechos que presentó J. Carmen Sánchez Menera, por un delito de daño en las cosas contra imputado desconocido. Dentro de la carpeta de investigación, el seis de febrero de dos mil veinte, la licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, giró citatorio a la quejosa Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, para que se presentara a las diez horas del doce de febrero de dos mil veinte, ante la oficina que ocupa esa representación social, a rendir entrevista con motivo de los hechos que motivaron el inicio de la carpeta de investigación 1003201946219, debiendo presentar el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866 J de esta Entidad Federativa, para que se realizara inspección técnica pericial y descripción de daños. Posteriormente, el dieciocho de febrero de dos mil veinte la responsable giró requerimiento a la quejosa Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, para que se presentara a las diez horas del cuatro de marzo siguiente, ante la oficina que ocupa esa representación social, a efecto de rendir la entrevista solicitada. El dos de marzo siguiente, la licenciada Flor de María Gómez Muñoz asignó orden de investigación al Comandante Encargado de la Policía Investigadora de la Dirección de Carpetas de Investigación en Morelia, Michoacán, a efecto de que se trasladara a los domicilios de Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo y la entrevistara sobre quien conducía el vehículo relacionado con la investigación. El cuatro de marzo de dos mil veinte, Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo por conducto de su defensor particular José Luis Farías Reyes, presentó escrito a efecto de hacer saber la imposibilidad que tiene para presentarse en la fecha que se indicó en el citatorio de dieciocho de febrero, debido a un padecimiento neurológico que sufre, solicitando se le concediera plazo prudente para hacer llegar historial clínico y una vez que se contara con esa información se señalara nuevamente día y hora para efecto de estar en condiciones de dar cumplimiento con el citatorio, priorizando los cuidados y recomendaciones médicas. En atención a su solicitud, el cuatro de marzo siguiente, la licenciada Flor de María Gómez Muñoz dictó acuerdo en los siguientes términos: "Primero: No ha lugar a tener como designados a Licenciados Sonia Reyes Equihua, Medardo Gutiérrez Guzmán y José Luis Farías Reyes como sus defensores en virtud de que no tiene el carácter de imputada dentro de la presente Carpeta de Investigación. Segundo: Por lo que el escrito presentado por el C. JOSÉ LUIS FARÍAS REYES no se acordará al no reconocerle carácter dentro de la presente Carpeta. Tercero.- Sin embargo tomando en cuenta de que menciona que debido a una condición médica no puede acudir la C. Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo ante esta Fiscalía se fijan las 19:30 horas del día 11 once de Marzo del año en curso, para que comparezca a su domicilio agente investigador a recabar su entrevista, acompañado de perito médico forense a efecto de verificar el estado físico de la ateste y perito valuador a efecto de realizar avalúo de los daños que presente el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866J de esta Entidad Federativa. Cuarto.- Se ordena notificar el presente acuerdo a la solicitante, por lo medios legales autorizados." El seis de marzo de la anualidad en curso la licenciada Flor de María Gómez Muñoz asignó orden de investigación al Comandante Encargado de la Policía Investigadora a efecto de que acudiera el día once de marzo siguiente, a las diecinueve horas con treinta minutos al domicilio ubicado en la calle Antonio de Godoy número 185 de la Colonia 18 de Mayo a efecto de recabar la entrevista de la ateste cuestionando quien conducía el vehículo relacionado con la investigación el treinta de noviembre de dos mil diecinueve entre las quince horas con veinticinco minutos y las quince horas con treinta minutos, debiéndose acompañar de perito técnico en la materia de valuación y perito médico forense. Mediante escrito presentado el nueve de marzo la quejosa directa hizo llegar a la representante social copia simple de su resumen médico para que se tomara conocimiento de éste y de considerarlo necesario se prorrogara su comparecencia dos meses para que se recuperara de su estado de salud y estuviera en condiciones de cumplir con el citatorio de dieciocho de febrero pasado. El doce de marzo de dos mil veinte, el Agente de la Policía Ministerial rindió informe de investigación, señalando que se trasladó con peritos técnicos en materia de valuación y médico forense al domicilio indicado, donde llamó a la puerta en varias ocasiones y nadie atendió, por lo que después de un lapso de cuarenta minutos se retiraron. QUINTO. Procedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Este órgano jurisdiccional de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. La fracción XII del referido numeral 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; " El juicio de amparo, por su naturaleza extraordinaria, se rige por principios fundamentales contenidos en el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, los cuales lo distinguen de los medios ordinarios de defensa. Entre esos principios rectores se encuentra el de agravio personal y directo que se exige para la procedencia de la acción constitucional, previsto en la fracción I del citado precepto constitucional, y en los numerales 5 fracción I y 6 de la ley de la materia, los cuales disponen lo siguiente: De la Constitución Federal: "Artículo 107. "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De la Ley de Amparo: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo. En términos de dichos numerales, para la procedencia del amparo se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él para solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. El perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. Para contar con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable; y desde luego que dentro del juicio de garantías debe acreditar que existe a su favor ese derecho. Así para la procedencia del juicio de amparo, dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Ahora bien, el interés jurídico se materializa o se refleja de modo distinto en cada caso en particular, con base en la naturaleza jurídica del hecho o del acto que haya originado el acto de autoridad, o bien, de aquél que esté vinculado con el propio acto reclamado. En esa temática, la causal de improcedencia en estudio se actualiza cuando no se acredita que el acto reclamado afecte un derecho legalmente tutelado en favor del peticionario de amparo. En el caso, la quejosa Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo reclama el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, dictado por la licenciada Flor de María Gómez Muñoz Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, dentro de la carpeta de investigación 1003201946219, en el cual giró instrucción a agente investigador para que se constituyera a las diecinueve horas con treinta minutos del once de marzo siguiente, en el domicilio de la quejosa a efecto de recabar su entrevista, acompañado de perito médico forense que verificara el estado físico de la ateste y perito valuador a efecto de realizar avalúo de los daños que presente el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866J de esta Entidad Federativa. Es de recordar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al Ministerio Público la facultad persecutoria de los delitos, por lo que en su ejercicio puede ordenar la práctica diligencias dentro de la averiguación previa a fin de probar la comisión de un delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; ante ello, tales actuaciones no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado o quien sea llamado para esclarecer los hechos investigados, pues son de orden público, a menos que en ellas se ordene que sea privado de la libertad, de sus posesiones o derechos. En el caso, del análisis del acuerdo reclamado a la titular de la carpeta de investigación, se advierte que dentro de la referida indagatoria el seis de marzo pasado, giró instrucción al Comandante Encargado de la Policía de Investigación, para que designara policía investigador para que se constituyera el once de marzo del año en curso, a las diecinueve horas con treinta minutos en el domicilio ubicado en calle Antonio de Godoy número 185 de la Colonia 18 de Mayo a efecto de recabar la entrevista de la ateste Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo. Diligencia a la que debía acompañarse de perito médico forense a efecto de verificar el estado físico de la ateste y perito valuador para realizar avalúo de daños en el vehículo marca Volkswagen, tipo polo, color plata, modelo 2003, con placas de circulación PFH 866J de esta Entidad Federativa. Sin que se advierta que en dicho acuerdo haya establecido algún apercibimiento para lograr la entrevista de la ateste, lo que lo convierte en un simple facultad constitucional de investigación que ejerce la representación social, si afectar derechos sustantivos del gobernado. Ello, porque la cita -en los términos que se anota, sin apercibimiento-, que se dirige a una persona para que ésta declare ante el Ministerio Público en una fecha predeterminada por el propio órgano investigador y de ninguna manera implica privación de su libertad -derecho sustantivo-, puesto que está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual dicha persona fue citada. Sin que sea obstáculo para lo anterior que con la emisión del acuerdo en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional (lo que llevaría a establecer la procedencia del amparo sin establecer excepciones -es decir, con independencia de que en este se contenga o no, un apercibimiento en el sentido de librar orden de presentación-), puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio. Así, el objeto del acuerdo reclamado a la gente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia es recabar entrevista de la ateste, previa verificación del estado médico en que esta se encuentre, así como la realización de un avalúo de daños en vehículo de su propiedad; sin embargo, se insiste, no se aprecia que en dicho acuerdo o incluso en la orden girada el seis de marzo siguiente al Comandante Encargado de la Policía Investigadora, estableciera apercibimiento a la ateste -aquí quejosa- en caso de que no rindiera la entrevista. Por lo que la emisión del acuerdo reclamado no le causa perjuicio alguno a la impetrante del amparo; esto es, no se le ocasiona una afectación a su interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional; por ende, resulta incuestionable que dicho acto no vulnera su esfera de derechos. Es aplicable al particular, por analogía, la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, de voz y contenido del siguiente tenor: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados." Sin que pueda considerarse afectación alguna la manifestación que refiere la quejosa en su demanda, en el sentido de que la responsable no toma en cuenta su estado de salud y que por ello debió señalar una fecha de dos meses para que se presentara el desahogo de la entrevista; ello pues, del acuerdo emitido por la responsable así como de la orden girada para su instrucción se advierte que no se le citó a la quejosa en las instalaciones que ocupa esa representación social. Aunado a que, atendiendo al estado de salud que refirió tener la ateste -aquí quejosa-, ordenó que el agente investigador se constituye en su domicilio con apoyo de perito médico forense a efecto de que verificara su estado físico, esto es, si estaba en condiciones o no de rendir entrevista; así como de perito valuador, para que en caso de que se llevara a cabo éste realizara el avalúo de daños del vehículo en el domicilio de la propia ateste, sin necesidad de trasladarse algún otro lugar. Finalmente, debe decirse que el acuerdo reclamado no le causa perjuicio pues en el mismo no se estableció apercibimiento alguno en caso de que no fuera posible su desahogo, pues incluso, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte el informe de investigación en el cual el Agente de la Policía Ministerial señaló que se trasladó con peritos técnicos en materia de valuación y médico forense al domicilio indicado, donde llamó a la puerta en varias ocasiones y nadie atendió, por lo que después de un lapso de cuarenta minutos se retiraron. Esto es, la ejecución del acuerdo no trajo implícita alguna afectación a la quejosa, pues únicamente se constituyen en su domicilio, y al no encontrarla se retiraron del lugar. Además, contrario a lo que señala la quejosa, en el acuerdo emitido y en su ejecución no se autorizó el auxilio de la fuerza pública; de ahí que no existe la afectación a su integridad o a su domicilio. Por lo anterior, es que se considera que el acuerdo que reclamó la quejoso y su ejecución no son susceptibles de generar una afectación real y actual en sus derechos sustantivos, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, en relación con el 5 de la propia norma; de ahí que no justifica el interés jurídico para la procedencia de esta instancia constitucional, en términos del artículo 61 fracción XII de la ley de la materia. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."; y, por la misma razón, tampoco se hace pronunciamiento respecto de los alegatos formulados por la parte tercero interesada. Finalmente, en cuanto al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, dado el sentido adoptado en el presente asunto. En apoyo se cita la tesis de rubro y texto siguientes: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Guadalupe Patricia Jiménez Escobedo, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expresados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando séptimo, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE CON ESTRICTO APEGO A LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PERSONAL, PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE QUIENES REALICEN LA NOTIFICACIÓN Y DE LAS PERSONAS JUSTICIABLES. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, hoy veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la secretaria Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.

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