Guadalupe Suárez Juárez
Expediente 1127/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1127/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Suárez Juárez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con la primera parte del referido artículo 20, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días siguientes. 3. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el aviso/citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado José Eli Davalos Infante, promovente del amparo, por medio del cual da cumplimiento al auto dictado el trece del presente mes y año, para lo cual, exhibe copia simple de la audiencia desahogada el veintitrés de mayo del año en curso, dentro del expediente 628/2021, del índice del Tribunal Agrario del Distrito Diecisiete del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en la cual la quejosa Guadalupe Suarez Juárez, en cuanto Notaria Pública número sesenta y uno, designó al promovente y a Yurihxi Torres Carmona, como sus asesores legales; por tanto, se reconoce tal carácter en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de las documental que anexa. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda de amparo presentada por José Eli Davalos Infante y Yurihxi Torres Carmona, en cuanto asesores legales de Guadalupe Suarez Juárez, en cuanto Notaria Publica número sesenta y uno, se desprende que reclaman del Tribunal Agrario del Distrito Diecisiete del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: Lo actuado a partir de la audiencia celebraba el diez de agosto de la presente anualidad, dentro del expediente agrario 628/2021, ya que en la misma les negó el carácter de asesores jurídicos de la codemandada Guadalupe Suarez Juárez, en cuanto Notaria Pública número sesenta y uno, que les había sido otorgado en audiencia de veintitrés de mayo del año en curso, al hacer una indebida interpretación del artículo 179 de la Ley Agraria, y con lo cual les negó el derecho de contestar la demanda y ofrecer pruebas en favor de su representada. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. " 3.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. Así, el concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable. Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno, como se verá enseguida. De los antecedentes que narró la quejosa bajo protesta de decir verdad, se obtiene que es parte demandada en el juicio agrario 628/2021, en el cual, en audiencia de diez de agosto del año en curso, la autoridad responsable negó reconocer a los promoventes el carácter de asesores jurídicos de Guadalupe Suarez Juárez, en cuanto Notaria Pública número sesenta y uno, que previamente ésta les había conferido en audiencia de veintitrés de mayo de la presente anualidad, por lo tanto, no se les permitió intervenir en la referida audiencia, negándoles el derecho a contestar la demanda y ofrecer pruebas de su parte. Así, la resolución reclamada, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a derechos adjetivos, los cuales únicamente producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales; sin embargo sus efectos no son de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo, ya que no implica que por sí mismo afecte un derecho sustantivo, y, para el caso de existir violación a algún derecho, únicamente impactaría en el resultado de la sentencia. De modo que la parte quejosa podría obtener una resolución favorable en el contradictorio de origen, con lo cual quedarían reparadas las posibles violaciones procesales. Por lo cual, no se surte la hipótesis que contiene el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para la procedencia de este medio de control constitucional. Además, para el caso, de que la sentencia resultare adversa a los intereses de los recurrentes, podrá hacer valer a través del amparo directo, la violación procesal conducente, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, ya que dicho numeral contempla como tales, entre otros, la falsa representación, la declaración ilegal de confeso al quejoso, su representante o apoderado, la práctica de diligencias de forma distinta a la prevenida por la ley, así como casos análogos a éstos. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Así como la diversa jurisprudencia de texto y rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESCONOCE LA QUE OSTENTA EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDADO CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN O INCIDENCIA PROPUESTA POR SU CONTRAPARTE, O POR UN PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO DE LA JUNTA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De una interpretación extensiva de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se advierte el supuesto de improcedencia del amparo indirecto promovido contra la resolución que desconoce la personalidad que ostenta en juicio el apoderado o representante del demandado, bien sea con motivo de la declaración de procedencia de la excepción o incidencia propuesta por su contraparte actora o, en su caso, por un pronunciamiento oficioso de la Junta, pues si bien la consecuencia de tal declaratoria conlleva tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, en virtud de que la sanción procesal de trato (desconocimiento de la personalidad del compareciente) le impedirá mantener una participación activa dentro del juicio, en tanto que sólo podrá imponerse de los autos sin poder desplegar defensa alguna, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener un laudo adverso a sus intereses, ya que la Junta debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. De manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la improcedencia del amparo indirecto, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia que establece el numeral 61, fracción XXIII, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso precepto 113 de la misma, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se acuerda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés 1 Parte quejosa solicita prórroga. Agréguese a los autos el escrito suscrito por José Eli Davalos Infante, promovente del amparo, por medio del cual en atención a la prevención que le fue formulada en auto de uno del presente mes y año, refiere la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento con la misma, esto es, acreditar la representación con que se ostentó en su escrito inicial de demanda -asesor jurídico de la quejosa Guadalupe Suarez Juárez, en cuanto Notaria Pública número sesenta y uno-; al efecto indica que la autoridad responsable no le ha expedido las copias certificadas que solicitó dentro del juicio agrario 628/2021, lo que acredita con el acuse de recibo que anexa, recibido ante la misma el cinco de septiembre pasado Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa a efecto de que cumpla con la prevención formulada en proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés, inició a partir del siete de septiembre de dos mil veintitrés, dado que fue notificado el cinco de este mes, por lo que concluye en esta fecha. No obstante, derivado de las manifestaciones que realiza la parte quejosa, y a fin de otorgar al quejoso el derecho de acceso a la justicia, el plazo concedido para dar cumplimiento a la prevención formulada, se suspende a partir de la presentación de su escrito de cuenta -doce de septiembre de dos mil veintitrés-, por lo que para atender al requerimiento le restan dos días, a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. En el entendido que de no acatar lo requerido en el término señalado, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Eli Davalos Infante y Yurihxi Torres Carmona, quienes se ostentan como apoderados jurídicos de la quejosa Guadalupe Suarez Juárez, en cuanto Notaria Publica número sesenta y uno, contra actos del Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Diecisiete del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1127/2023. 2. Prevención de la demanda. Previo a acordar sobre su procedencia, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, así como 108, fracción I y V, 110 y 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a los promoventes a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les haga, cumplan con lo siguiente: ÚNICO. Acrediten con documento idóneo la personalidad con que se ostentan. Ello, ya que promueven la demanda de amparo en cuanto asesores jurídicos de la quejosa Guadalupe Suarez Juárez, que refieren tener reconocido dentro del juicio agrario de donde emana el acto reclamado, sin embargo no exhiben documento que acredite dicha representación. De ahí que, para acreditar el carácter con el que comparece a juicio, deberá exhibir constancia certificada con la que acrediten tener reconocido el carácter ante la autoridad responsable, ello en términos de los artículos 6, 10 y 11 de la Ley de Amparo, o en su caso, del poder que les haya sido conferido. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 7, tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. 4. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa en su demanda. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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