Guadalupe Sánchez Salgado

Expediente 441/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
441/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
18/08/2016

Partes del expediente

  • Guadalupe Sánchez Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguense para que obren como corresponda los oficios de cuenta signados por el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual, informa que se aceptó la competencia planteada por este juzgado, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, quedando registrada con el número de amparo ********************de su índice; ello, en virtud de que por auto del cinco de agosto del año en curso, se tuvo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito informando que la autoridad oficiante es competente para conocer del asunto.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; atento a su contenido, se le tiene comunicando que se resolvió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo 670/2016, de los del índice del Juzgado citado en primer término, promovido por Guadalupe Sánchez Salgado, remitiendo copia certificada de la resolución dictada en la conflicto competencial 72/2016 de su índice administrativo. Asimismo, del estado de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción del expediente 441/2016-VII, toda vez que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos seis meses posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    En Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, treinta de mayo de dos mil dieciséis. Se admite conflicto competencial. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; atento a su contenido, téngasele haciendo del conocimiento el contenido del proveído de veintiséis de mayo del año en curso, por el se admite a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, respecto de la demanda de amparo promovida por Guadalupe Sánchez Salgado, quedando radicado bajo el número 72/2016. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria que autoriza, Verónica Gutiérrez Fuentes. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo, correspondiente al juicio de amparo 670/2016, signados por el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual se pronuncia en relación con la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito y devuelve los autos del juicio de amparo citado al rubro. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo de este Juzgado. Ahora, visto el oficio de cuenta, se advierte que el Juzgado oficiante sostuvo lo siguiente: "(.) Ahora bien en el particular, la quejosa Guadalupe Sánchez Salgado reclama la orden de reaprehensión girada en su contra, y su inminente ejecución, atribuida al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras (Apizaco) Tlaxcala, y Comandante de la Policía Ministerial de ese Distrito Judicial, presentando dicha demanda en la ciudad de Tlaxcala y señalando bajo protesta de decir verdad que está recluida en el Centro de Reinserción Social de Puebla y que habían acudido a su domicilio, ubicado también en la ciudad de Puebla, tres personas que dijeron ser agentes de la Policía Ministerial destacamentados en el Distrito Judicial de Sánchez Piedras (Apizaco), Tlaxcala. Razón por la cual, el suscrito estima respetuosamente que el Juez declinante debió prevenir a la peticionaria de amparo, para que manifestara si era su deseo señalar autoridades ejecutoras con jurisdicción en tal domicilio. Lo anterior, toda vez que se considera existe una falta de datos determinantes que precisen que efectivamente la ejecución de la orden reclamada se llevará a cabo en este Distrito Judicial o en alguno de los correspondientes al Estado de Puebla; pues ello pudiera derivarse incluso mediante la valoración de los indicios que se deriven de la totalidad de las constancias que se obtengan en el juicio. Ellos es así, pues como refiere el juez declinante, la Primera Sala de la Suprema Corta de Justicia de la Nación al resolver la competencia penal 6/95, estimó que el Juzgado de Distrito competente es aquél en cuya jurisdicción radican las autoridades que, según el dicho de la propia quejosa pretenden ejecutar la orden de aprehensión, sin que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierta que hubiera señalado alguna autoridad ejecutora con residencia en la ciudad de Puebla o San Andrés Cholula, donde éste Juzgado de Distrito tiene jurisdicción; antes bien, de la propia demanda se advierte que la quejosa afirmó que: ".en fecha jueves catorce de abril del año dos mil dieciséis aproximadamente a las dieciocho horas, tres personas que se identificaron como Agentes de la Policía Ministerial destacamentados en el Distrito Judicial de Sánchez Piedras, (Apizaco) Tlaxcala, se presentaron a mi domicilio ubicado en calle tres norte sin número de la Colonia La aceitera de la Ciudad de Puebla, Puebla, y le manifestaron a mi hermano de nombre Eduardo Sánchez Salgado, que andaban en mi búsqueda y localización en atención que existía en mi contra una orden de reaprehensión girada por el ciudadano Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, (Apizaco) Tlaxcala." Sin que óbice a lo anterior el hecho de que la promovente del amparo haya manifestado bajo protesta de decir verdad que actualmente está recluida en el Centro de Reinserción Social en el Estado de Puebla (San Miguel) y que su domicilio está ubicado en calle tres Norte sin número, Colonia La Aceitera de Puebla; y esto es así, toda vez que la ejecución de la orden de aprehensión no puede presumirse por el simple hecho de que la agraviada haya manifestado tener su domicilio particular y esté recluida en el centro penitenciario de esta ciudad, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; por tanto, sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, no puede estimarse que la orden de aprehensión deba ejecutarse en esta ciudad. Máxime si se toma en consideración que la accionante del amparo también señaló que está a punto de obtener su libertad con motivo de la pena corporal a que condenada en la causa penal 192/2015 del índice del Juzgado Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, toda vez que le fue concedido el beneficio y derecho de la conmutación de la pena privativa de libertad por la pecuniaria, el pago de la reparación del daño y multa equivalente a ciento sesenta y ocho días de salario mínimo general vigente en la época de los hechos. Establecido lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 36 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo, dado que en la especie se estima no medió la prevención a que alude la Jurisprudencia 52/2016; y por ende, se ordena devolver el expediente 441/2016-VII a su lugar de origen, previo cuaderno de antecedentes, solicitando acuse de recibo. Sin que en el caso se ordene notificar de manera personal a la parte quejosa, virtud a que este juzgado no acepta la competencia planteada." Como se ve, el Juzgado oficiante está condicionando el trámite del asunto que nos ocupa a que previamente este órgano jurisdiccional tuvo que prevenir a la peticionaria del amparo, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridades ejecutoras con jurisdicción en el Estado de Puebla. Al respecto, debe decirse que en proveído del veinte de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto de que se trata atendiendo a las siguientes consideraciones: "En el caso este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por Guadalupe Sánchez Salgado, por las consideraciones que a continuación se exponen. Del estudio integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados consisten en: La orden de reaprehensión librada en contra del quejoso, en la causa penal 143/2014, por el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, así como su ejecución. Luego, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados encuadran en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente, en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues como se precisó el acto reclamado lo constituye una orden de reaprehensión, librada en contra de la quejosa, así como su ejecución, por lo que para determinar la competencia debe establecerse en qué lugar debe tener ejecución dicha orden de captura. Ahora, la quejosa señala expresamente que se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social en el Estado de Puebla (San Miguel); por tanto, si la orden de reaprehensión reclamada constituye un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, ésta se verificará en el lugar donde está recluida, por ser el sitio en el que se encuentra físicamente. En efecto, la competencia para conocer de la orden reclamada debe fijarse en función de la residencia del lugar donde se ejecuta el acto reclamado, pues aunado a lo anterior, la quejosa señala que su domicilio particular se ubica en Calle Tres Norte, sin número, Colonia La Aceituna, de la Ciudad de Puebla, Puebla, por lo que resulta evidente que de obtener su libertad, también tendrá ejecución el acto reclamado en la ciudad aludida; y si bien es cierto, el sólo hecho de señalar domicilio en determinado lugar no otorga competencia, lo cierto es, que actualmente se encuentra recluida en la ciudad de Puebla y ahí es que tendrá ejecución el acto reclamado. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que la promovente del amparo haya manifestado bajo la protesta legal, que su domicilio particular lo es en el Estado de Veracruz, toda vez que, la ejecución de la orden reclamada no puede presumirse por el simple hecho de que la agraviada haya signado y presentado su demanda, como lo hizo en Veracruz, Veracruz, ni porque haya manifestado tener su domicilio particular en aquel lugar, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción del juez federal mencionado, no puede estimarse que la orden de aprehensión forzosamente deba ejecutarse en el lugar en donde la quejosa, aparentemente, tiene su domicilio particular, pues bien podría cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares. Por tanto, si la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo de que se trata emanó, según la quejosa, del Juez de Primera Instancia de Puebla y se pretende ejecutar por la Policía Judicial del mismo Estado, consecuentemente procede decidirse el conflicto competencial en favor del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en la misma ciudad. Cabe apuntar que el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció las referidas reglas de competencia, para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, aunado a que si un juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. No se soslaya lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013; sin embargo, no resulta aplicable al caso concreto, toda vez que la quejosa manifestó estar recluida en el Centro de Reinserción Social en el Estado de Puebla (San Miguel), y que además, su domicilio particular se ubica en Calle Tres Norte, sin número, Colonia La Aceituna, de la Ciudad de Puebla, Puebla, hasta el que llegaron elementos policiacos, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato de captura que se dice librado en su contra. En conclusión, si la orden de reaprehensión reclamada no tiene ejecución en el Estado de Tlaxcala, este Juzgado Federal considera que corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en Turno de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por ser el órgano que se estima competente para ese efecto, en términos en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tales condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Guadalupe Sánchez Salgado y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa notificación a la quejosa en los estrados de este órgano de control constitucional, por ser el domicilio señalado para tal efecto, remítase el expediente 441/2016-VII, formado con la demanda y copias de la misma, al Juez de Distrito en Turno de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para los efectos legales conducentes. Cabe señalar, que en el caso no se hace pronunciamiento sobre la suspensión del acto reclamado, dado que por imperativo del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda debe remitirse con sus anexos al juez competente, sin decidir sobre la admisión ni respecto de la suspensión, excepto cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sin embargo, los actos reclamados consistentes en la orden de reaprehensión girada en su contra, así como su ejecución, no encuadran en los supuestos señalados. " En efecto, la competencia para conocer de la orden de aprehensión reclamada, debe fijarse en función del lugar donde se ejecute el acto reclamado; entonces, si la parte quejosa señala que actualmente esté privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social en el Estado de Puebla (San Miguel), con residencia en Puebla, Estado de Puebla y su domicilio particular se ubica en Calle Tres Norte, sin número, Colonia La Aceituna, de la Ciudad de Puebla, Puebla, resulta evidente que el acto reclamado tendrá ejecución en el Estado de Puebla. Por otra parte, no se comparte el criterio del juez oficiante en el sentido de que este órgano de control constitucional, debió prevenir a la quejosa para que designara autoridades en el Estado de Puebla, pues de acuerdo a la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013; sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha prevención le correspondía realizarla a él, pues en el caso, sí se señalaron autoridades responsables ejecutoras en el Estado de Tlaxcala; y no, en el lugar en donde actualmente se encuentra la quejosa -Estado de Puebla-, y que resulta ser aquel en que al momento de presentación de la demanda de amparo, es evidente se ejecutaría el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 52 de la Ley de Amparo, 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la fracción II, del punto Quinto, del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, previa notificación que de este proveído se realice a las partes, a fin de que la Superioridad determine a qué órgano constitucional le corresponde substanciar la demanda de amparo presentada por Guadalupe Sánchez Salgado.

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