Guadalupe Salazar Huerta
Expediente 1123/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Guadalupe Salazar Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida provisional y definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, seis de diciembre de dos mil veintidós. Ministerio Público de la Federación formula alegatos. Visto el pedimento número 303/2022 firmado de manera electrónica por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, a través del cual formula alegato ministerial. Sin embargo, de autos se desprende que por auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado decretó sobreseimiento fuera de audiencia, por tanto; agréguese el pedimento de cuenta únicamente para que obre en el expediente. En cuanto a la petición formulada por el Agente del Ministerio Público en el punto tercero de su pedimento, dígasele que deberá estarse a lo pronunciado en el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós Cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.dlos
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil veintidós. Parte quejosa no amplió demanda. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el plazo de quince días, concedido a la parte quejosa en auto de siete de octubre de dos mil veintidós (fojas 25 y 26), para que ampliara su demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de referencia, y se tiene por perdido su derecho, analizándose el acto reclamado a la luz del escrito inicial de demanda. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, en virtud de lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el que se advierte de la siguiente imagen: Así, mediante auto de siete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público Investigadora de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Norte, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, al cual anexó constancias, entre las cuales, el auto de quince de septiembre de dos mil veintidós y la razón actuarial de imposibilidad de notificar; por tal razón, se dio vista a la parte quejosa por el término de quince de quince días, a fin de que, si a su interés legal conviene señalara como actos reclamados el referido acuerdo que niega la expedición de copias autentificadas y su notificación por lista; sin embargo, transcurrió el término sin que lo haya realizado. Bajo este contexto, se reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para ello, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa, consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintidós, relativo a la solicitud de expedición de copias autenticadas de la Carpeta de Investigación CI.A.I. EDVI-N/230/2022, y como consecuencia la omisión de expedirle tales copias. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, al momento de rendir su informe justificado, recibido en este Juzgado el seis de octubre de dos mil veintidós, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el quince de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable, dictó un acuerdo dentro de la carpeta de investigación CI.A.I. EDVI-N/230/2022, de cuyo contenido se advierte que acordó favorable la expedición de las copias solicitadas, ordenando su entrega a la parte ofendida en tal indagatoria. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por la parte quejosa dejó de existir, pues el quince de septiembre de dos mil veintidós, fue acordada la solicitud de expedición de copias autenticadas de la Carpeta de Investigación CI.A.I. EDVI-N/230/2022, de manera favorable, ordenándose su entrega a la parte ofendida en dicha carpeta. Ahora bien, sin que pase inadvertido que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado en su escrito inicial de demanda la omisión de que se le entregaran las copias solicitadas, pero dicha omisión la hizo derivar de la omisión de darle respuesta a su escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintidós, no así del acuerdo que recayó al mismo. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, pues no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra la omisión reclamada, porque ha dejado de existir. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de siete de octubre de dos mil veintidós; a fin de que si a su interés legal conviene, amplíe su demanda de amparo en los términos precisados en el auto de referencia. Por tanto, para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, para la práctica de diligencias y el dictado de las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, quien actúa asistida de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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