Guadalupe Rojas Romero
Expediente 314/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Guadalupe Rojas Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio de cuenta y anexo que acompaña, signado por la Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado por la autoridad oficiante. Ahora bien, del informe justificado que se recibe, se advierte que la responsable, manifiesta que por auto de cinco de febrero de dos mil quince, se ordenó formar el expediente 135/2015, relativo al juicio intestamentario a bienes de Yolanda Romero López o Yolanda Romero o Yolanda Romero de Rojas denunciado por Guadalupe Rojas Romero y Lilia Rojas Romero, en carácter de autoras de dicha sucesión; y seguido que fue el procedimiento jurisdiccional, el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se pronunció la resolución correspondiente sobre la segunda junta de herederos y designación de albacea definitivo, mismo que fue notificado a las partes el tres de mayo de dos mil diecisiete. Sin que pase inadvertido que en el oficio de cuenta, se haya señalado que el juicio intestamentario a bienes de YOLANDA ROMERO LÓPEZ O YOLANDA ROMERO O YOLANDO ROMERO DE ROJAS, fue denunciado por GUADALUPE ROJAS ROMERO Y LILIA ROJAS ROMERO; no obstante, de la documental que acompaña se advierte que el nombre correcto es Yolanda Romero de Rojas. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al dictar la resolución correspondiente y haber notificado el mismo a las partes en el procedimiento civil, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclama: el retardo injustificado en el dictado y notificación de la resolución interlocutoria dentro del expediente número 135/2015 de los radicados en el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, resolución relativa a la segunda junta de herederos y nombramiento de albacea definitivo deducida del juicio intestamentario radicado en el órgano judicial ya citado. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, en el citado informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado; precisando que por auto de cinco de febrero de dos mil quince, se ordenó formar el expediente 135/2015, relativo al juicio intestamentario a bienes de Yolanda Romero López o Yolanda Romero o Yolanda Romero de Rojas denunciado por Guadalupe Rojas Romero y Lilia Rojas Romero, en carácter de autoras de dicha sucesión; y seguido que fue el procedimiento jurisdiccional, el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se pronunció la resolución correspondiente sobre la segunda junta de herederos y designación de albacea definitivo, mismo que fue notificado a las partes el tres de mayo de dos mil diecisiete, circunstancia que acreditó con las copias certificadas de la referida resolución y constancias de notificación que adjuntó a su informe justificado. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que si bien la resolución fue dictada el veintisiete de marzo del año en curso, el mismo fue notificado a la hoy quejosa el tres de mayo del presente año, tal y como se acredita con las copias certificadas que la responsable anexa a su informe justificado, por lo que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
- Principal
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA GUADALUPE ROJAS ROMERO EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 314/2017-I, QUE ESTABLECE: "Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio de cuenta y anexo que acompaña, signado por la Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado por la autoridad oficiante. Ahora bien, del informe justificado que se recibe, se advierte que la responsable, manifiesta que por auto de cinco de febrero de dos mil quince, se ordenó formar el expediente 135/2015, relativo al juicio intestamentario a bienes de Yolanda Romero López o Yolanda Romero o Yolanda Romero de Rojas denunciado por Guadalupe Rojas Romero y Lilia Rojas Romero, en carácter de autoras de dicha sucesión; y seguido que fue el procedimiento jurisdiccional, el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se pronunció la resolución correspondiente sobre la segunda junta de herederos y designación de albacea definitivo, mismo que fue notificado a las partes el tres de mayo de dos mil diecisiete. Sin que pase inadvertido que en el oficio de cuenta, se haya señalado que el juicio intestamentario a bienes de YOLANDA ROMERO LÓPEZ O YOLANDA ROMERO O YOLANDO ROMERO DE ROJAS, fue denunciado por GUADALUPE ROJAS ROMERO Y LILIA ROJAS ROMERO; no obstante, de la documental que acompaña se advierte que el nombre correcto es Yolanda Romero de Rojas. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al dictar la resolución correspondiente y haber notificado el mismo a las partes en el procedimiento civil, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclama: el retardo injustificado en el dictado y notificación de la resolución interlocutoria dentro del expediente número 135/2015 de los radicados en el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, resolución relativa a la segunda junta de herederos y nombramiento de albacea definitivo deducida del juicio intestamentario radicado en el órgano judicial ya citado. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, en el citado informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado; precisando que por auto de cinco de febrero de dos mil quince, se ordenó formar el expediente 135/2015, relativo al juicio intestamentario a bienes de Yolanda Romero López o Yolanda Romero o Yolanda Romero de Rojas denunciado por Guadalupe Rojas Romero y Lilia Rojas Romero, en carácter de autoras de dicha sucesión; y seguido que fue el procedimiento jurisdiccional, el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se pronunció la resolución correspondiente sobre la segunda junta de herederos y designación de albacea definitivo, mismo que fue notificado a las partes el tres de mayo de dos mil diecisiete, circunstancia que acreditó con las copias certificadas de la referida resolución y constancias de notificación que adjuntó a su informe justificado. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que si bien la resolución fue dictada el veintisiete de marzo del año en curso, el mismo fue notificado a la hoy quejosa el tres de mayo del presente año, tal y como se acredita con las copias certificadas que la responsable anexa a su informe justificado, por lo que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE."
- Principal
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA GUADALUPE ROJAS ROMERO EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 314/2017-I, QUE ESTABLECE: "Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (fojas 15 y 16), el cual le fue notificado de manera personal el veinte de abril del mismo año (foja 17), por lo que la notificación surtió efectos el veintiuno siguiente y dicho término transcurrió del veinticuatro al veintiséis de abril de dos mil diecisiete, sin que diera cumplimiento al requerimiento precisado en dicho auto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado y se tiene por no presentado el escrito aparentemente signado por la parte quejosa Guadalupe Rojas Romero, recibido en este juzgado federal el dieciocho de abril del año en curso. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos y la segunda certificación secretarial de cuenta, se desprende que la quejosa Guadalupe Rojas Romero, no dio cumplimiento a la prevención formulada en auto de cinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 7 a 10), no obstante que fue debidamente notificada; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el proveído de mérito con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo y se tiene únicamente como autoridad responsable a la señalada en su escrito de demanda (Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl) y como actos reclamados a esa autoridad los señalados expresamente en el apartado correspondiente. En ese sentido, y toda vez que la demanda de amparo y su aclaración, satisfacen los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 107, 112, 115 y 116 de la ley de la materia, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Guadalupe Rojas Romero, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte como acto: El retardo injustificado en el dictado y notificación de la resolución interlocutoria dentro del expediente número 135/2015 de los radicados en el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, resolución relativa a la segunda junta de herederos y nombramiento de albacea definitvo deducida del juicio intestamentario radicado bajo el número de expediente en el órgano judicial ya citado. Con base en lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días.En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, expídase oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, expídase oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para el desahogo de la audiencia constitucional. Por otro lado, se reserva proveer lo relativo al emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto obre en autos del expediente generador del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este juicio, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que el presente juicio se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos."
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