Guadalupe Osuna Millán

Expediente 514/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
514/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Osuna Millán

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a doce de mayo de dos mil veintitrés.********************Radicación.********************Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Guadalupe Osuna Millán, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 514/2023-E.********************Desechamiento.********************De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez examinada la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales establecen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."********************"Artículo 107. El amparo indirecto procede: ********************[.] ********************V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ********************[.]".********************Los dispositivos legales, en lo que interesa, establecen que el juicio de amparo resulta improcedente, en aquellos casos en que aquella improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo; de igual forma, señalan que el amparo biinstancial, procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.********************Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio, que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución, que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo.********************En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el estado Mexicano, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, entre otros.********************Esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio.********************Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que, en este caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen.********************En atención a la demanda de cuenta, se tiene que el acto reclamado no puede ser considerado como acto con efectos de imposible reparación, que tenga como consecuencia una afectación a derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, toda vez que este consiste en la sentencia interlocutoria de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, que vino a resolver la Recusación con causa hecha valer por la parte demandada dentro del Toca Civil número 842/2022, del índice de la autoridad responsable.********************Actuación que no se estima de imposible reparación puesto que no causa al quejoso un daño jurídico que no sea reparable, ya que no es una determinación constitutiva de derechos, ni de condena.********************Se afirma lo anterior, dado que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del quejoso de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse, pues ésta pudiera obtener una resolución favorable a sus intereses, ya que se trata de cuestiones procesales inherentes a la tramitación del juicio en el que es parte, donde tuvo y tendrá la oportunidad de promover los medios ordinarios de defensa en contra de las actuaciones que considere le afectan.********************Tampoco se trata de una violación que se haya consumado irreparablemente, pues una vez que se lleve a cabo el procedimiento civil en todas sus etapas, todavía existe la posibilidad de que la parte aquí quejosa pueda obtener una resolución favorable a sus intereses al final del juicio.********************Ello se considera así, pues el hecho de que se considere fundado el impedimento de un miembro de algún órgano colegiado, para seguir conociendo del juicio o recurso sometido a su consideración, deja intacta la capacidad de defensa de las partes y no les afecta en manera alguna; dado que el trámite se continuará por quien sustituya al funcionario que se consideró recusado, sin que varíe el procedimiento.********************En consecuencia, al no tratarse de una violación que no pueda ser remediada con el dictado de una sentencia favorable, el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues cualquier violación que pudiese acaecer en la tramitación del mismo puede hacerla valer como violación al procedimiento al impugnarse la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo.********************Tiene aplicación por identidad de razón la Jurisprudencia 2a./J. 29/2021, emitida por la Segunda Sala, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 1770, número de registro 2023342, de rubro y texto siguiente:********************"RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo.********************Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo.********************Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal". ********************De ahí que se determina que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.********************Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que, aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. ********************Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte quejosa; lo que además tiene el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo, y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el quejoso acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos.********************Autorizados.********************Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************ya que cuentan respectivamente con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública.********************Acceso expediente electrónico.********************Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, se autoriza únicamente al profesionista de mérito el acceso al expediente electrónico en el presente asunto.********************Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A", a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización respectiva en el expediente electrónico del usuario ********************, únicamente por el juicio de amparo en que se actúa.********************Días y horas inhábiles.********************Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo.********************Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). ********************Transparencia.********************Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte.********************Notifíquese personalmente al promovente.********************Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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