Guillermo Baeza Monzón

Expediente 942/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
942/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Baeza Monzón
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 621/2023, mediante el cual se le envió copia certificada del auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del auto dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo en que se actúa, el cual se registró bajo el recurso de queja civil 222/2022, de su índice; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita la superioridad, remítasele copia certificada del auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito signado por Guillermo Baeza Monzón, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante el cual se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda y si se advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, desecharla de plano. De manera que el desechamiento de plano de una demanda de amparo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que nieguen la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". De lo expuesto, se deduce como requisito indispensable para la interposición del juicio de garantías, atender el principio de definitividad que lo rige, en el entendido de que, como éste es un medio de impugnación extraordinario, sólo procede contra actos definitivos, es decir, contra los cuales no proceda o medio de defensa ordinario que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que debe acudirse a él sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. Del análisis integral de la demanda se sigue que la parte quejosa reclama en lo sustancial, la emisión del oficio 4826/2022, ordenado mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio oral mercantil 713/2021, del índice del Juzgado Décimo Civil, Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, en el que se impuso a la parte quejosa una multa de $2,551.29 pesos (dos mil quinientos cincuenta y un pesos 29/100 moneda nacional). Ahora bien, y dado que del escrito de cuenta, el promovente manifiesta que le reviste el carácter de parte demandada dentro del juicio de origen, se estima, tiene la posibilidad de defenderse dentro de éste, y se encuentra obligado a interponer los medios de impugnación ordinarios dispuestos en la ley, en especial, a interponer el recurso de revocación contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, de aplicación supletoria. En efecto, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Sin que en el presente caso, el acto reclamado en estudio se ubique en alguna de las hipótesis de excepción que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues como se dijo, al ser parte demandada en el expediente 713/2021 y emitirse una decisión aún desfavorable a sus intereses, lo colocó en aptitud de hacer los medios de defensa procedentes contra esa determinación, a saber, recurso de revocación. Máxime que el recurso de revocación debe entenderse como aquel remedio procesal tendente a obtener que en la misma instancia procesal en donde se emitió la resolución, se subsanen los agravios que se pudieron haber inferido a una de las partes en la controversia, y además un recurso judicial efectivo porque su sola tramitación implica la paralización de la ejecución del acto contra el cual se interpone. Sustenta lo anterior, por los motivos que informa en la parte conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital: 2006936, Décima Época, consultable en el Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1287, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto del tenor siguiente: "REPOSICIÓN EN MATERIA MERCANTIL. AUNQUE LA LEY NO PREVEA EXPRESAMENTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, AL PROMOVERSE, POR SU NATURALEZA, SU TRAMITACIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO CONTRA EL CUAL SE INTERPONE LO QUE LO CONVIERTE EN UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Si bien es cierto que los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, que regulan el recurso de reposición, procedente contra los decretos y autos de los tribunales superiores de justicia, no disponen expresamente que los efectos del acto impugnado puedan ser suspendidos mediante su interposición, también lo es que esa circunstancia no significa que carezca de efectividad en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que, en primer lugar, ese medio de impugnación tiene una tramitación sumaria, que se concreta a la interposición del escrito de agravios dentro de los tres días siguientes a la notificación de la determinación combatida, una vista a la contraria por igual plazo y, su resolución, la cual debe pronunciarse y mandarse notificar dentro de los tres días siguientes, lo que implica que en términos generales tiende a ser resuelto antes de que pueda tener lugar la ejecución del acto controvertido, reuniendo de este modo las características de rapidez y sencillez a que se refiere el precepto convencional mencionado. En segundo lugar, la reposición sí implica la paralización material de la ejecución del acuerdo impugnado, lo que se aprecia, por ejemplo, en el supuesto en que es materia del recurso el auto del tribunal de alzada mediante el cual se desechó la apelación interpuesta contra la sentencia dictada en un juicio ordinario mercantil, caso en que el acto impugnado queda sub júdice, hasta en tanto el recurso es resuelto, de modo que la autoridad de alzada no se encuentra en aptitud legal de dar cumplimiento a la determinación controvertida, precisamente, por estar pendiente de resolución el recurso de reposición y, por la misma razón, el Juez de primer grado tampoco estará en posibilidad de ejecutar la sentencia emitida en el juicio de origen, además, los autos en ese momento se encontrarán en el tribunal superior, quien no podrá devolverlos hasta que sea resuelto ese medio de impugnación; de modo que aunque la ley no prevea expresamente la suspensión del acto impugnado mediante el recurso de reposición, por su naturaleza, su tramitación sí implica la paralización de la ejecución del acto contra el cual se interpone, circunstancia que lo convierte en un recurso judicial efectivo." DESECHAMIENTO. En consecuencia, al actualizarse la referida causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano