Guadalupe Duarte Cota
Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 39 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Guadalupe Duarte Cota
- Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Este Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y el contenido de la certificación que antecede, se obtiene que la parte legitimada no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En otro aspecto, al advertirse que no obran documentos originales, billete de depósito ni póliza de fianza exhibidos por las partes, que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese el expediente al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal es destruible, ya que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción III y 34, ambos del Acuerdo General antes mencionado. En términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo General, toda vez que mediante la resolución interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se negó la suspensión definitiva, y por otra se concedió la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables, se determina que el original del cuaderno incidental es susceptible de conservación, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 26 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "conservable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, se ordena la devolución del tomo de prueba formado con motivo de las copias certificadas del expediente 437/2022; allegadas por el Juez Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado. Sin que se estime necesario requerir acuse de recibo, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal efecto. Por otra parte, agréguese a los autos, el escrito signado electrónicamente por el autorizado del tercero interesado Alfredo López Liera; en atención a lo expuesto, deberá atender a lo determinado en el presente acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa, copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo, previa toma de razón que por su recibo obre en autos; en la inteligencia de que quién se presente a recibirla, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, la cual previo cotejo que con su original se realice, será glosada en autos para constancia. Finalmente, como lo solicita, en términos del numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa copia que se deje agregada en autos en sustitución de éstos, se ordena la devolución de los documentos exhibidos por la parte tercero interesada. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, por el cual solicita la devolución de los documentos originales que fueron exhibidos como anexos al escrito inicial de demanda, así como los ofrecidos como prueba dentro del presente sumario constitucional; por tanto, en términos del numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa copia que se deje agregada en autos en sustitución de éstos, se ordena la devolución de los documentos precisados por la quejosa. Notifíquese.
- Principal
Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 252/2023-G, promovido por ********************, contra actos del Juez Tercero de lo Civil, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad, el nueve de marzo de dos mil veintitrés, ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables, como se precisa: Juez Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad. Secretaria actuaria adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad. IV. Actos reclamados: "De las autoridades señaladas como responsables en esta demanda se les reclama lo siguiente: "A.- El ILEGAL, ARBITRARIO Y VIOLENTO lanzamiento y desposesión de la suscrita de un lote de terreno del cual soy propietaria y poseedora desde hace más de 21 años, inmueble identificado como Lote H-7 de la Manzana 25 de la Colonia la Joya de esta ciudad, predio que se ubica por la calle ******************** número 49 Colonia ******************** en esta ciudad, misma desposesión violenta en mi perjuicio llevada a cabo por las autoridades responsables señaladas en esta demanda, sin que exista causa legal que motive tan arbitrario proceder. B.-También les reclamo a las responsables que con su arbitraria actuación, relativa a lanzar a la calle a la suscrita y a mi familia del inmueble del cual soy propietaria, me ocasionan daños de difícil reparación, porque sin causa legal alguna me impiden entrar al inmueble que es de mi propiedad y disfrutar de la posesión de la cual tengo derecho por ser propietaria del inmueble mencionado, sin que exista causa legal que justifique dicho acto de privación de mis derechos de posesión y propiedad del predio citado." Segundo. Admisión, trámite e integración. En el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la demanda, se ordenó su registro con el número 252/2023, se admitió trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Así, en el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercero interesado a Guillermo Sáenz Rodríguez. Tercero. Ampliación de escrito inicial de demanda. Por escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, ********************, amplió el escrito inicial de demanda en los siguientes términos: Juez Tercero Civil de lo Civil, con residencia en esta ciudad. Secretaria actuaria adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad. "IV. Actos reclamados: De las autoridades señaladas como responsables en esta demanda, les reclamo como nuevos actos los siguientes: I.- Del Juez civil responsable le reclamo todo lo actuado dentro del expediente 437/2022, consistente en el juicio sumario civil de recisión de contrato promovido por el tercero interesado GUILLERMO SAENZ RODRIGUEZ en contra de JESUS FRANCO ALDABA incluyendo la resolución dictada en dicho proceso, así como los actos de ejecución de la sentencia, misma actuación de la responsable que ha causado a la suscrita las violaciones de garantías que se expresan tanto en la demanda principal como en la presente ampliación de demanda. II.- También les reclamo a las responsables las consecuencias ocasionadas en mi perjuicio en la ejecución de la resolución dictada en el juicio natural de donde nacen los nuevos actos reclamados, reclamación donde se incluye la ilegal y arbitraria desposesión de la suscrita de un inmueble que es de mi propiedad y que no forma parte de los bienes controvertidos dentro del referido juicio sumario civil de rescisión de contrato. III.- Les reclamo a las responsables la afectación a mis derechos y garantías individuales que ejecutaron en mi perjuicio sobre mis derechos patrimoniales de propiedad que tengo respecto del inmueble identificado como Lote H-7 (49) de la manzana 25 de la colonia la Joya de esta ciudad, del cual fui lanzada de forma arbitraria sin ser parte del juicio natural, y sin que el inmueble cuya propiedad reclamo tenga relación con los inmuebles que fueron materia del referido juicio rescisorio. IV.- Que como consecuencia del ilegal desalojo de que fui objeto respecto del predio que es de mi propiedad, se deje sin efecto la adjudicación que se hizo a la parte tercero interesado del inmueble que es de mi propiedad, según diligencia hecha en ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural del cual soy totalmente ajena." Este órgano de control constitucional en el auto de veintisiete de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el escrito de ampliación de demanda, admitió a trámite la ampliación de demanda únicamente por lo que respecta a actos reclamados y conceptos de violación, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación. Previos diferimientos, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos derivados de un procedimiento civil, cuya ejecución tuvo lugar en el territorio donde ejerce competencia este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que el acto atribuido a la autoridad responsable es: La falta de emplazamiento al juicio sumario civil 437/2022, y como consecuencia todo lo actuado en ese juicio. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Secretaria Actuaria, ambos adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se encuentra corroborada con las copias certificadas del juicio sumario civil 437/2022, enviadas por el Juez señalado como responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno al ser documentos públicos, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio del presente asunto, se analiza la actualización de causas de improcedencia del juicio, sea que las partes propongan o que opere de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no se acredita la afectación a algún derecho que faculte al quejoso a acudir ante este órgano de control constitucional, dichos preceptos legales, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República; y, 5, fracción I, de la Ley de Amparo establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de instancia de parte agraviada; conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, lo que implica la necesidad de la demostración de la generación de algún agravio personal, directo, actual o inminente -interés jurídico-; o bien, quien acredite la afectación virtud su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, debe tener interés jurídico para instar la vía constitucional, de ahí que, en esos supuestos, se descarta la posibilidad de alegar interés legítimo. Por tanto, uno de los presupuestos de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, lo cual consiste en la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, por consecuencia el juicio de amparo es improcedente. En resumen, existe interés jurídico cuando la parte quejosa acredita una afectación en su persona, en sus bienes o en sus derechos, situación que debe acreditar en forma fehaciente y, además, en forma anterior al acto o actos reclamados, ya que de no ser así no puede considerarse que estos pudieron haber causado afectación a su esfera jurídica. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico debe acreditarse plenamente en el juicio y no puede inferirse en base a presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional -que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales del quejoso-, la protección de la justicia federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Sentadas las premisas de examen del caso, se tiene en cuenta que la parte quejosa reclama la falta de llamamiento a juicio, así como el desposeimiento del bien inmueble identificado como Lote H-7 de la Manzana 25 de la Colonia la Joya de esta ciudad, predio que se ubica por la calle ******************** número 49 Colonia ******************** en esta ciudad, ya que aduce le reviste el carácter de parte procesal en el mismo; por tanto, se encuentra compelida en acreditar el derecho que dice, tiene sobre el inmueble que defiende, es decir, debe quedar debidamente demostrado su interés jurídico. Eso porque si una persona se ostenta extraña al juicio de donde provienen los actos reclamados y aduce tener un derecho de posesión, puede ser materia de protección constitucional siempre que derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho, a fin de que tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que se tiene esa prerrogativa. Esto es, en aquellos supuestos en los que el gobernado, como la aquí quejosa, acuda en demanda de amparo, debe acreditar en forma fehaciente que el o los actos de autoridad reclamados vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resulta improcedente, razón por la cual, cuando algún quejoso se ostenta como tercero extraño y reclama la afectación de su derecho de posesión o propiedad, es necesario que demuestre la identidad del bien de su titularidad y de aquel que fue objeto del acto de autoridad que se reclama. Es aplicable la jurisprudencia 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "POSESIÓN PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante, lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Lo resaltado es propio. También apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la tesis P./J. 23/2014 (10a.), que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". Así como por las razones que la informan, la jurisprudencia en la tesis 3a. 588/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica". En la especie la quejosa, alegó que tiene un derecho de propiedad o posesión respecto del bien inmueble identificado como Lote H-7 de la Manzana 25 de la Colonia la Joya, predio que se ubica por la calle ******************** número 49 Colonia ********************, en esta ciudad, derivado de un contrato de compraventa con reserva de dominio que se celebró el veintinueve de agosto de dos mil uno, entre Samuel Salinas González y Juan Felipe Jaramillo López y ********************. Pero no aportó pruebas bastantes para que ello, se considere pleno, amén de que tampoco hay constancia fehaciente de la que se advierta dicho derecho. En otras palabras, dada la causa que alegó para sustentar su interés jurídico (propiedad y posesión del bien ya descrito), la impetrante debió la explicación del origen de ese derecho y aportar los medios de convicción que acreditaran: 1. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de posesión. 2. La afectación de la posesión aducida, a través de la ejecución de los actos reclamados. 3. Su condición de tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados. Pero no justificó el primer requisito, consistente en la existencia de algún título que sustente la causa legal generadora de la posesión o propiedad del bien inmueble antes descrito, dado que no obra ninguna constancia fehaciente de la que se advierta dicha circunstancia, máxime que tampoco la parte quejosa aportó medio probatorio idóneo y suficiente para acreditar tal extremo. Lo anterior pues con la finalidad de tener una clara comprensión del asunto y de la figura procesal con la que se ostenta la parte quejosa (tercero extraño en estricto sentido), es necesario plasmar una breve reseña de los antecedentes, que se obtienen del juicio sumario civil 437/2022, de donde emanan los actos reclamados en este juicio de amparo. 1. Mediante el escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia en esta ciudad, Guillermo Saenz Rodríguez, promovió juicio sumario civil en ejercicio de la acción rescisoria de contrato de comodato en contra de Jesús Franco Aldaba, en el que le reclamaron, entre otras prestaciones, la declaración judicial de recisión del Contrato de Comodato, respecto de los lotes de terreno identificados como lote 46, 47, 48, 49 y 50, de la manzana 25,de la colonia ******************** de esta ciudad. 2. Seguida la secuela procesal, el uno de noviembre de dos mil veintidós, el juez de origen dictó sentencia definitiva en la que declaró procedentes las pretensiones de la parte actora y condenó a la demandada Jesús Franco Aldaba, a hacer entrega material y jurídica de los lotes objeto del contrato rescindido. 3. Mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, a petición de la parte actora, se declaró ejecutoriada la sentencia. 4. En el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, a petición de la parte actora, se ordenó su ejecución por lo que se ordenó turnar los autos al actuario de su adscripción a efecto que procediera a poner en posesión material y jurídica de la actora de los bienes inmueble materia del juicio natural, lo cual se materializó el diecisiete de febrero del año en curso. Siendo estas actuaciones las que constituyen los antecedentes de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. De la narrativa anterior se advierte que la quejosa ******************** no es parte en el juicio de origen, esto es, no figuró como actora o demandada, en consecuencia, si acude al presente juicio de amparo en defensa de sus derechos de propiedad o posesión, debe acreditar ser titular de ese derecho. En aras de demostrar su interés jurídico para la promoción del juicio constitucional, la solicitante del amparo ofreció los medios de convicción siguientes: Original del contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado el veintinueve de agosto de dos mil uno entre Samuel Salinas González y Juan Felipe Jaramillo López y ********************. Original de la constancia de entrega del lote de terreno identificado con el número H-7, de la manzana 25 del predio mayor denominado El Tecolote, Sección La Jolla de la Delegación San Antonio de los Buenos, de esta ciudad. Original del recibo número 0251 de veintisiete de junio de dos mil dos, expedido por Terranova Promotora Inmobiliaria a nombre de Juan Felipe Jaramillo López. Copia simple del recibo número 0255 de veinticuatro de septiembre de dos mil dos, expedido por Terranova Promotora Inmobiliaria a nombre de Juan Felipe Jaramillo López. Original del recibo número 0023 de veintinueve de agosto de dos mil uno, expedido por Terranova Promotora Inmobiliaria a nombre de ******************** y Juan Felipe Jaramillo López. Original del recibo número 0019 de veinticinco de agosto de dos mil uno, expedido por Terranova Promotora Inmobiliaria a nombre de Juan Felipe Jaramillo López. Impresión fotográfica del recibo expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana a nombre de Duarte Cota Guadalupe. Documental pública consistente en una constancia expedida el veinte de abril de dos mil veintitrés, por la Jefa del Departamento de Patrimonio Inmobiliario Catastro Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, al que se adjuntó la diversa constancia de levantamiento físico respecto al bien inmueble identificado como lote fracción (H-7) (49) de la manzana 025, localizado en la colonia catastralmente denominada "La Jolla" en esta ciudad. Tres recibos expedidos por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana a nombre de Duarte Cota Guadalupe. Documental consistente en copia simple de la constancia de datos y levantamiento topográfico respecto al bien inmueble identificado como lote fracción (H-7) (49) de la manzana (25), del predio El Tecolote, sección ******************** con clave catastral JO025101, expedida el veinte de abril de dos mil veintitrés. Documental en vía de informe a cargo de la Dirección de Catastro del XXIV Ayuntamiento de Tijuana. Inspección judicial respecto al bien inmueble identificado como predio El Tecolote, sección La Jolla, en esta ciudad. Testimonial a cargo de Alejandro Chávez Ceja y María Magdalena Luna Gutiérrez. Ahora bien, debe decirse que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa son insuficientes para demostrar su interés jurídico para promover el juicio de amparo, y así obtener la protección constitucional que pretende, como se verá a continuación: Esto así, ya que, por lo que hace a las documentales consistentes en el original del contrato privado de compraventa con reservas de dominio, celebrado el veintinueve de agosto de dos mil uno entre Samuel Salinas González y Juan Felipe Jaramillo López y ********************, respecto al bien inmueble identificado como lote H-7 de la manzana 25 del predio El Tecolote, sección La Jolla de esta ciudad; así como el original de la constancia de entrega del lote de terreno identificado con el número H-7, de la manzana 25 del predio mayor denominado El Tecolote, Sección La Jolla de la Delegación San Antonio de los Buenos, de esta ciudad, de veinticinco de agosto de dos mil uno, únicamente se advierte la manifestación de la voluntad de las partes contratantes para la celebración de los actos jurídicos que ahí se contienen; sin embargo, dichas documentales se ven reducidas en cuanto a que son insuficientes para la constitución de un derecho a su favor, respecto del inmueble de que se trata, por no tratarse de documentos de fecha cierta. Ahora, si bien conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, -en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio así como la entrega de dicho bien raíz a la quejosa-, también lo es que éstos no son suficientes para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. En ese contexto, se obtiene que los documentos consistentes en el contrato original de compraventa con reserva de dominio y la constancia de entrega del inmueble identificado como lote H-7 de la manzana 25 del predio El Tecolote, sección La Jolla de esta ciudad, el primero celebrado el veintinueve de agosto de dos mil uno, y el segundo expedido el veinticinco de agosto de dos mil uno, con los que la parte quejosa refiere acreditar su interés jurídico como "propietaria" del inmueble de referencia, carecen de fecha cierta, puesto que no reúnen ninguno de los requisitos anteriormente señalados por el Alto Tribunal, es decir, que i) se encuentren inscritos en el Registro Público, bajo escritura pública, o bien, que ii) se encuentre acreditado que alguno de los contratantes murió, y por último, que iii) los documentos privados se entreguen a un funcionario en razón de su oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 46/99 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, visible en la página 78, cuyo rubro y texto dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Abril de dos mil ocho, visible en la página 11, con número de registro 169963 cuyo rubro y dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." Por lo que respecta a las documentales consistentes en la impresión fotográfica y originales de recibos expedidos por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana a nombre de Duarte Cota Guadalupe, de estas sólo se obtiene lo que en ellas se describe, es decir, el consumo y total de cobro relativo al servicio de agua potable respecto al bien inmueble ubicado en camino vecinal número 49, fraccionamiento La Jolla en esta ciudad. Por ello, si bien estas documentales hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, también lo es que no son idóneas y suficientes para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo; pues de ninguna manera tienen el alcance de demostrar la constitución de un derecho de propiedad o posesión a su favor, respecto del inmueble de que se trata. Atinente a las documentales consistentes en originales de los recibos números 0251, 0023, 0019, de ellos únicamente es posible obtener que en las datas en que fueron expedidos, probablemente la moral Terranova Promotora Inmobiliaria, recibió de Juan Felipe Jaramillo López, las cantidades de dinero que se detallan en dichos documentos; sin embargo, conforme al numeral 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, si bien estas documentales pudieran hacer prueba plena de los hechos mencionados en ellos, también lo es que estos no son suficientes para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, pues de ninguna manera tienen el alcance de demostrar el derecho de propiedad o posesión que la quejosa aduce tiene respecto del inmueble que en esta vía defiende. En lo relativo a la documental consistente en la copia simple del recibo número 0255, se considera que por sí misma carece de valor probatorio pleno y sólo genera una presunción de la existencia del documento que reproduce, pero no es bastante cuando no es adminiculada con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar, pues de esta, en todo caso, únicamente se obtiene que posiblemente el veinticuatro de septiembre de dos mil dos, la moral Terranova Promotora Inmobiliaria, recibió de Juan Felipe Jaramillo López, la cantidad de dinero que se detalla en dicho documento, por lo que es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la quejosa para instar el presente juicio de amparo en defensa de un derecho de propiedad. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Por otra parte, en la prueba testimonial a cargo de María Magdalena Luna Gutiérrez, expuso que conoce a la quejosa desde hace más de veinte años, quien es propietaria del inmueble identificado como lote de terreno conocido como fracción H-7 (49) de la manzana 25, con superficie de 192.00 metros cuadrados, de la colonia la Jolla en esta ciudad, ya que son vecinas y compraron sus respectivos lotes al mismo dueño, Samuel Salinas; por lo que respecta al testimonio emitido por Alejandro Chávez Ceja, se evidencia que conoce a la quejosa ********************, quien es propietaria del inmueble identificado como lote de terreno H-7 (49) manzana 25, con superficie de 192.00 metros cuadrados, del predio El Tecolote, Sección La Jolla, de esta ciudad de Tijuana, Baja California, porque el señor Samuel Salinas se lo vendió con un contrato de compra y venta, ya que varios vecinos firmaron un contrato de compraventa con él, la promotora se llamaba Terranova que estaba en La Gloria. En efecto, no obstante que los atestes hayan coincidido en declarar que saben dónde tiene su domicilio la quejosa, y dan noticia de la posible forma en la que adquirió dicho inmueble, ello nuevamente no suple la posesión con título suficiente que le dé el derecho a poseer el bien raíz. Por los motivos asentados, se estima que tales probanzas, no son idóneas ni eficaces para demostrar, de manera fehaciente, el interés que la quejosa alude le asiste para reclamar la falta de emplazamiento al juicio de origen, en atención a que las pruebas que ofreció no acreditan el tipo de posesión que detenta, pues afirma que ocupa el predio en cuestión, sin lograr demostrar la causa generadora de esa posesión, la cual es menester, pues la simple detentación no es susceptible de protección legal. En resumen, el citado material probatorio no es eficaz ni suficiente para acreditar que la justiciable posee legalmente el predio en comento, y por consiguiente, no acredita su interés jurídico para instar esta vía extraordinaria de defensa. Lo anterior, en virtud que para que la posesión sea susceptible de ser protegida en esta vía constitucional, es necesario que esté sustentada en cualquiera de las formas que protege la Ley, es decir, sea posesión originaria o derivada de un título legítimo, para así, estar en aptitud de concretizar si en el presente juicio acredita su interés jurídico, lo que no aconteció en el caso particular, por los motivos antes expuestos. Lo razonado encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de dos mil dos, que a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." A mayor abundamiento, de los diversos medios convictivos allegados por la parte quejosa, identificados con los arábigos 8, 10, 11 y 12 se evidencia que tampoco se demostró que exista identidad entre el inmueble que defiende y el que es materia del juicio natural, como se evidencia del siguiente cuadro descriptivo: Inmueble descrito por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda Inmueble descrito por la Autoridad responsable, en la sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintidós Lote H-7 (49) de la manzana 25 del predio El Tecolote, sección La Jolla de esta ciudad. Al noroeste: 8.00 metros con camino vecinal. Al suroeste: 24.00 metros con fracción H-8, manzana 25. Al sureste: 8.00 metros con fracciones H-1 y H-2, manzana 25. Al noreste: 24.00 metros con fracción H-6 y, manzana 25. Superficie total 192.00 metros cuadrados [.] Lote 49 manzana 25 Al norte: 23.37 metros con lote 48. Al sur: 24.50 metros con lote 50. Al este: 4.68 + 2.54 metros con lotes 64 y 63. Al oeste: 8.04 metros con camino vecinal. Superficie total 181.93 metros cuadrados. [.] Lo anterior es así, ya que como puede verse, la confronta entre los datos de identificación de los referidos predios, conlleva a concluir en que son discrepantes entre sí, pues no existe una coincidencia total en cuanto a las características del inmueble que por esta vía se defiende y el diverso respecto del que se dictó sentencia en el sumario de origen, por lo que le correspondía en todo caso, a la ahora peticionaria del amparo demostrar que se trataba del mismo bien raíz y, al no haberlo hecho, es claro que no se advierte que los actos reclamados le ocasionen alguna afectación a su esfera jurídica. Se dice lo anterior porque las pruebas aportadas por la quejosa, también resultan insuficientes para acreditar tal extremo, y que no revelan dicha circunstancia, como se analiza a continuación: En relación con la documental pública identificada con el número 8 y la diversa documental privada marcada con el arábigo 10, consistentes en una constancia expedida el veinte de abril de dos mil veintitrés, por la Jefa del Departamento de Patrimonio Inmobiliario Catastro Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, si bien es cierto que en conjunto hacen prueba plena, es únicamente en relación con lo que en ellas se describe, es decir que la fracción de terreno que muestra el plano no oficial, elaborado bajo la responsabilidad de la Ingeniera Alicia Saraí Domínguez García, respecto el bien inmueble identificado como fracción (H-7) (49) de la manzana (25), con superficie de 192.00 m2, del predio El Tecolote, sección La Jolla, de acuerdo a su ubicación se encuentra dentro del predio mayor denominado como Fracción H, Manzana 25, colonia El Tecolote, San Antonio de los Buenos, con una superficie de 1,583.00 m2, a nombre de Samuel Salinas González; sin embargo, se encuentran reducidas en cuanto al alcance demostrativo que se pretende, porque los datos que arroja el plano que se acompañó a las mismas como sustento a lo descrito, no son coincidentes con las medidas y colindancias del inmueble que defiende la quejosa, como se obtienen del siguiente cuadro e imagen comparativos: Inmueble descrito por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda Inmueble descrito el veinte de abril de dos mil veintitrés, por la Jefa del Departamento de Patrimonio Inmobiliario Catastro Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana Lote H-7 (49) de la manzana 25 del predio El Tecolote, sección La Jolla de esta ciudad. Al noroeste: 8.00 metros con camino vecinal. Al suroeste: 24.00 metros con fracción H-8, manzana 25. Al sureste: 8.00 metros con fracciones H-1 y H-2, manzana 25. Al noreste: 24.00 metros con fracción H-6, manzana 25. Superficie total 192.00 metros cuadrados Lote fracción (h7) (49) de la manzana (25) de 192.00 m2 del predio El Tecolote, sección la Joya, clave catastral JO025049, está contenido en la fracción "H" de la manzana 25, de 1,583.66 m2, clave catastral JO025101 predio El Tecolote, sección ********************, inscrito en el R.P.P.C bajo partida 5280115 sección civil de fecha 20 de mayo de 2002, a nombre de Samuel Salinas González (.) SE: 8.00 CON CAMINO VECINAL SW: 24.00 CON LOTE JO025138 FRACC. H-6 NW: 8.00 CON FRACCIÓNES H-1 Y H-2 NE: 24.00 CON FRACCIÓN H-8 En esa línea argumentativa, similares consideraciones rigen respecto a la documental indicada con el arábigo 12, consistente en el informe de autoridad de veinte de abril de dos mil veintitrés, a cargo del Director de Catastro Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, pues si bien cuenta con valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por sí misma es insuficiente para demostrar lo que se pretende, porque lejos de corroborar la versión de la parte quejosa en relación con la identidad, ubicación y existencia del bien inmueble que defiende, genera más incertidumbre al respecto, ya que en ella se asentó que respecto a los datos contenidos en la diversa documental identificada con el numeral 8, después de realizar una búsqueda minuciosa en los planos cartográficos, no existe fraccionamiento oficial alguno denominado ******************** sección ********************, por lo que la información ahí descrita es errónea "salvo error u omisión de algún dato que pudiese contener a la elaboración de la misma". Asimismo, hizo del conocimiento que sí existen diversos lotes de terreno ubicados dentro de la colonia ******************** de este municipio de Tijuana, los cuales se encuentran inmersos dentro de un predio mayor, mismo que refiere la partida ********************, de sección ********************; tomo ********************, de veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta y tres. Finalmente, en relación a la inspección judicial desahogada el nueve de agosto de dos mil veintitrés, se estima que si bien cuenta con valor probatorio pleno, al haber sido realizada por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, esta solo se materializó únicamente de todo aquello que fue susceptible de apreciación por medio de los sentidos, y en la cual se hizo constar que: "Haciendo uso de la aplicación de geolocalización "google maps" (ello dado que no se aprecia a simple vista letrero alguno con el nombre de la calle) se advierte que la primera de las calles en las que me encuentro lleva por nombre "********************" y que la misma tiene intersección con la diversa denominada "********************", así como que ambas vialidades forman parte de la colonia denominada "********************". En virtud de encontrarse un poste metálico, al finalizar la vialidad, se puede advertir que me posiciono sobre la calle denominada "********************" y que la misma tiene intersección, a la izquierda, con un callejón sin nombre, de alrededor de cuatro metros de ancho por una longitud que no me es posible medir a simple vista y cuyo suelo está compuesto en su totalidad de terracería, de igual manera a los costados de dicho callejón se advierten diversas viviendas cuyos materiales de construcción son en su mayoría de material tipo bloque de concreto y, aparecer, de madera, sin observarse numeraciones oficiales con las cuales identificar dichos inmuebles o el nombre del callejón en cita. En virtud de encontrarse un poste metálico, al finalizar la vialidad, se puede advertir que me encuentro sobre la calle denominada "********************", y que la misma tiene intersección, con la diversa calle "********************", así como con el callejón sin nombre descrito en el punto identificado con el número 2, dicha vialidad, cuenta con, al parecer, siete metros de ancho y una longitud que no me es posible medir a simple vista, así mismo sobre ésta se observan múltiples inmuebles, en su mayoría tipo casa habitación, compuestos de material tipo bloque y madera, ninguno de ellos identificable, a la vista del suscrito, con numeración oficial, de igual forma se observan sobre la vialidad en cuestión, diversos postes para la distribución de energía eléctrica cuyo material es de, al parecer, concreto, por ultimo también pueden observarse diversos automóviles estacionados a los costados de la calle de que se trata. En relación a puntos identificados con los números 4) y 5), se advierte lo siguiente: Una vez posicionado sobre la vialidad identificable como "********************", por el dicho de los autorizados de las partes quejosa y tercero interesada, el suscrito puede identificar ********************, mismo que a simple vista no cuenta con ningún medio de identificación, pero cuenta con las siguientes características: En dicho lote se encuentra una pequeña casa de un solo piso, cuyo material de construcción se encuentra compuesto de, al parecer, madera y bloque de concreto, la misma se encuentra rodeada de una "barda" de tipo madera (con una puerta de acceso del mismo material, en su centro) un árbol de pirul y múltiples muebles es estado deteriorado, en su exterior, de los cuales son apreciables: -Cajones de madera -Un colchón -Un sillón -Sillas -Una maleta -Cabeceras para cama -Llantas -Puertas." En tal contexto, es evidente que ese medio de prueba indicado, es insuficiente para acreditar por una lado la identidad del bien inmueble que se defiende en esta vía y por otro, la causa generadora de la posesión o propiedad del mismo, pues de admitirse ese extremo se llegaría al absurdo de considerar al personal judicial que practica la diligencia de inspección, como peritos en topografía y topometría, y por ende, ya no tendría razón de ser la prueba pericial, que es admisible cuando los puntos o materia de la misma, requieren el auxilio de peritos o expertos con conocimientos o especial competencia en una ciencia, arte o industria; de ahí que ninguna manera tiene el alcance de demostrar la constitución de un derecho de propiedad o posesión a su favor, respecto del inmueble de que se trata. En suma, las pruebas aportadas por la quejosa relativas a la identidad e identificación del inmueble que defiende, no son la idóneas, porque del referido consenso de voluntades, no se advierte que el inmueble que ampara, sea el mismo que constituyó la materia del juicio hipotecario de origen; porque únicamente coincide el número de lote, manzana, y las medidas que se refieren aproximadamente; no obstante no existe coincidencia con las colindancias por cada lado, ni el nombre de los predios o calles colindantes y en el contrato de referencia, no se precisa la colonia en la que se encuentra inmerso dicho bien raíz; por tanto, no existe identidad plena entre el inmueble que defiende la parte quejosa y la parte actora en el juicio sumario civil hipotecario. Así, se advierte que el documento con el que es accionó en el juicio natural, difiere de aquel cuya posesión dice ostentar la quejosa; ello sin prejuzgar sobre la idoneidad del documento exhibido en otras instancias diversas a este juicio constitucional. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Así como, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, del siguiente tenor: "IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA LA.- La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, en un juicio reivindicatorio, es la pericial, en materia de Ingeniería Topográfica, a fin de que se determine si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área". De ahí que si la quejosa, como tercera extraña en el juicio natural, no demuestra la identidad de los predios en mención; esto es, respecto del inmueble que dice es de su propiedad y posesión con el que es materia del juicio sumario hipotecario de origen, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia número VI.3o. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN.- Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". También, la jurisprudencia número VI. 2o. J/340, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que textualmente señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL.- El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable". En mérito de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Quinto. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los dispositivos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 73, 74, 75 y 76, y demás de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido ********************, contra actos del Juez Tercero de lo Civil, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; por las razones apuntadas en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese personalmente.
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Tijuana, Baja California, a quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 3438/2023, firmado por el Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, por el cual, en atención al requerimiento formulado el seis de julio de dos mil veintitrés, remite la información solicitada por la parte quejosa, con fundamento en los artículos 119 y 121, ambos de la Ley de Amparo, se toma conocimiento del resultado del mismo, sin perjuicio de hacer relación de dicho medio probatorio en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Lidia Medrano Meza, secretaria que da fe. Doy fe.
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