Guadalupe Muñoz Moreno

Expediente 1084/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1084/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Muñoz Moreno
  • Margarita Maya Vidal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, acusando recibo del oficio 13777, mediante el cual se le devolvieron las constancias que allegó al sumario en que se actúa, consistentes las diligencias ad perpetuam 974/2001, en un tomo de prueba por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.ORF

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, como se advierte del acuerdo por el que se ordenó el archivo del presente asunto, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Maravatío, Michoacán, un tomo de prueba consistente en las diligencias ad perpetuam 974/2001, solicitando a la referida autoridad el acuse de estilo. Notifíquese por lista y mediante oficio. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de diez de abril de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de al Ley de Amparo.

  4. Principal

    RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 2-6), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, Guadalupe Muñoz Moreno, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez y del Actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán así como del Receptor de Rentas de Tlalpujahua, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 1084/2018 y en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 34-37) se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve (fojas 43-44), se reconoció el carácter de tercera interesada a Margarita Maya Vidal, y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso, consisten en: Del Juez y del Actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, todo lo actuado dentro de las diligencias de información testimonial ad perpetuam promovidas por Margarita Maya Vidal para suplir título de dominio a su favor (expediente 974/2001), respecto de la finca urbana ubicada en la calle Victoria Número 281 doscientos ochenta y uno, de la población de Tlalpujahua, del Distrito Judicial de Maravatío, incluida la sentencia dictada el dos de enero de dos mil dos y su ejecución. Del Receptor de Rentas de Tlalpujahua, Michoacán, la inscripción registral derivada de las aludidas diligencias de jurisdicción voluntaria. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez y el Actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán así como el Receptor de Rentas de Tlalpujahua, Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 40, 53 y 56), admitieron la certeza de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron a sus informes el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán así como el Receptor de Rentas de Tlalpujahua, Michoacán, consistentes en el original del expediente 974/2001, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre información ad perpetuam promovió Margarita Maya Vidal y en copias certificadas relacionadas con la inscripción registral correspondiente. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que se tenga debidamente probado el mismo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie este juzgador considera -de oficio- que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicho artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados derivan de las diligencias de información testimonial ad perpetuam para suplir título de dominio, promovidas por Margarita Maya Vidal (expediente 974/2001), respecto de la finca urbana ubicada en la calle Victoria Número 281 doscientos ochenta y uno, de la población de Tlalpujahua, del Distrito Judicial de Maravatío; al efecto aduce el quejoso que los actos reclamados violan los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 2a./J.51/2019 (10a.), publicada el ocho de marzo de dos mil nueve, en el Semanario Judicial de la Federación, determinó que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Criterio que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. De ahí que, en el caso que nos ocupa, el quejoso debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para impugnar el acto reclamado. Ello, porque para que la parte quejosa cuente con interés jurídico a efecto de ejercer la acción constitucional, se requiere que el acto reclamado le cause un perjuicio personal; es decir, que la conducta reprochada a la autoridad responsable lesione sus derechos jurídicamente tutelados; por ende, quien solicita el amparo tiene la carga procesal de demostrar plenamente que el acto reclamado produce una afectación a su esfera jurídica. Se invoca en apoyo a lo antes mencionado, por las razones que lo contienen y por analogía, la jurisprudencia 1ª/J.1/2002, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, registro 187 777, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Asimismo, es aplicable el criterio 2ª/J.16/94, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 82, Octubre de 1994, registro 206338, de título y tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En ese orden, en el caso que nos ocupa el quejoso debía acreditar fehacientemente el interés jurídico, que le asiste para ser llamado al expediente 974/2001, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, promovidas por Margarita Maya Vidal. Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. En la especie el quejoso se ostenta como persona extraña a las diligencias de jurisdicción voluntaria 974/2001 sobre información testimonial ad perpetuam promovidas por Margarita Maya Vidal para suplir título escrito de dominio (de un inmueble que le fue vendido por J. Guadalupe Muñoz Martínez), en las cuales, mediante sentencia emitida el treinta de enero de dos mil dos, el juez responsable determinó que había justificado los hechos constitutivos de su solicitud y por ende declaró que dicha persona se convirtió en propietaria de la finca urbana ubicada en la calle Victoria, número 281 doscientos ochenta y uno, en la población de Tlalpujahua del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán. En ese sentido, se estima necesario hacer algunas precisiones en relación a la jurisdicción voluntaria y a las diligencias de información testimonial ad perpetuam, para suplir título escrito de dominio. De conformidad con el artículo 1189 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán -vigente en la fecha de la promoción- la jurisdicción voluntaria (también denominada vía de autorización), comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Por su parte, las informaciones ad perpetuam, se promueven en la vía de jurisdicción voluntaria, y consisten en el acto unilateral que se decreta cuando se trata de justificar algún hecho o acreditar un derecho; la posesión como medio para acreditar pleno dominio de un inmueble; y, comprobar la posesión de un derecho real. Las cuales no se promueven en la vía contenciosa porque los declarantes que deponen en ellas lo hacen sin citación contraria y no pueden ser repreguntados. Las informaciones ad perpetuam se encuentran reguladas por los artículos 1313 al 1325 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, del texto siguiente: "Artículo 1313. La información ad-perpetuam podrá decretarse cuando no tenga interés más que el promovente y se trate: I. De justificar algún hecho o acreditar un derecho; II. Cuando se pretenda justificar la posesión como medio para acreditar pleno dominio de un inmueble, y III. Cuando se trate de comprobar la posesión de un derecho real. En los casos de las tres fracciones anteriores, las informaciones se recibirán siempre con citación del Ministerio Público, y en tratándose de la segunda fracción, con citación además del Representante del Fisco del Estado. En el caso de la tercera, con la del propietario y demás interesados. El Ministerio Público, el Fisco del Estado y las personas con cuya citación se reciba la información en su caso, pueden oponerse a ella, tachar a los testigos por circunstancias que afecten su dicho y redargiiir (sic) los documentos exhibidos". "Artículo 1314. Si la información fuere de testigos, deberán ser conocidos del juez o del secretario, y en caso de no serlo, deberán presentarse dos que abonen a cada uno de los presentados. Podrá usarse también de otros medios de prueba conducentes. "Artículo 1315. El juez está obligado a ampliar el examen de los testigos con las preguntas que estime pertinentes para asegurarse de la veracidad de su dicho". "Artículo 1316. Recibida la información se entregará al interesado copia certificada, la que además se mandará protocolizar en la Notaría que corresponda, si éste lo solicitare, para que, en su caso, se le expida el testimonio respectivo para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, si procediere". "Artículo 1317. No tendrá valor alguno la información cuando se hubiere recibido habiendo juicio pendiente o anunciado, aun cuando se pretenda que se ratifique ante el juez". "Artículo 1318. El propietario que se encuentre en el caso del artículo 2849 del Código Civil, justificará su posesión con cinco testigos de notorio arraigo en el lugar donde esté situado el inmueble que se trate de titular, pudiendo el juez, en caso de duda, exigir las pruebas que estime convenientes. La información se recibirá con citación de la persona de quien se haya adquirido la posesión, o de sus herederos, si aquélla o éstos fueren conocidos del registrador de la propiedad, de los colindantes y del Ministerio Público". "Artículo 1319. La solicitud sobre información ad-perpetuam para suplir título escrito de dominio, deberá reunir los siguientes requisitos: I. El promovente, bajo protesta de decir verdad, expresará: a). La naturaleza, situación, medida superficial, linderos y nombre, si lo tuviere, del inmueble cuya posesión trate de acreditar; b). La manera como haya adquirido ésta; sus generales, y si fuere posible, las de su causante; c). La fecha, aunque sea aproximada, en que comenzó la posesión; d). La razón o motivos por los que no exista el título escrito que se trata de suplir con la información; e). Si hay o no otros poseedores pro-indiviso del inmueble. II. El mismo promovente exhibirá con la solicitud, los documentos siguientes: a). Certificado por el que se haga constar la historia de la cuenta catastral del inmueble objeto de la información y con referencia al antecedente más antiguo que exista en el archivo de la Oficina de rentas respectiva; b). Certificado de que en el Registro Público de la Propiedad no se inscribe el inmueble objeto de la información a ninguna de las personas que figuren en el certificado de que habla el inciso inmediato anterior; Los certificados anteriores deberán insertarse en el testimonio o copia certificada de la información aprobada a fin de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad Raíz y si falta este requisitos, el Registrador se abstendrá de hacer la inscripción". "Artículo 1320. Presentada la solicitud, se mandará publicar un edicto que contenga el extracto de ella, en el Periódico Oficial del Estado, y se fijará otro en la puerta del juzgado y lugares públicos, por el término de diez días". "Artículo 1321. Transcurrido ese término sin que se hubiere presentado opositor, el juez recibirá desde luego la información, la que se aprobará o declarará sin lugar según su resultado, siendo apelable en ambos efectos la resolución que se dicte en el último sentido. En el primer caso, el juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y mandará inscribir tal declaración en el Registro Público. La falta de presentación de los certificados que previene la fracción II del artículo 1319, producirá de pleno derecho la nulidad de la información y el juez que la autorice sufrirá una multa de veinticinco a treinta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado y responderá de los daños y perjuicios que ocasione. Si por segunda vez comete la infracción, en lugar de la multa será suspendido de su cargo, de uno a seis meses. Las mismas sanciones se impondrán al Registrador de la Propiedad que inscriba la información y al notario que la admita como antecedente legal de algún acto que autorice en el ejercicio de sus funciones, si en el testimonio o copia certificada de las diligencias que se les presente no están insertos los certificados de que trata el citado artículo 1319". "Artículo 1322. En los casos de los artículos 1318 y 1324, si hubiere oposición y se fundare en título debidamente registrado con anterioridad, el juez de plano y sin ulterior recurso declarará sin lugar la información. De no presentarse el título en la forma indicada, se observará la regla del articulo 1193 y la oposición se sustanciará en juicio ordinario". "Artículo 1323. Los testimonios que se expidan conforme a los artículos anteriores, tendrán la fuerza y validez de los instrumentos públicos, aun para despachar ejecución, si las personas a quienes perjudican no se hubieren opuesto, o hubiere recaído sentencia ejecutoria en su contra, o si, no perjudicando a tercero, se hubieren llenado todos los requisitos legales". "Artículo 1324. El poseedor que se encuentre en el caso del artículo 2850 del Código Civil, justificará su posesión con cinco testigos de notorio arraigo en el lugar de ubicación de los bienes a que la información se refiere, observándose lo dispuesto en los artículos 1373, 1374 y 1375". "Artículo 1325. Comprobada debidamente la posesión la aprobará el Juez y mandará inscribir tal resolución en el Registro Público, expidiendo las copias certificadas que se le soliciten en los términos del artículo 1371". De los numerales transcritos se advierte: La información ad-perpetuam podrá decretarse cuando no tenga interés más que el promovente y se trate: I. De justificar algún hecho o acreditar un derecho; II. Cuando se pretenda justificar la posesión como medio para acreditar pleno dominio de un inmueble; y, III. Cuando se trate de comprobar la posesión de un derecho real. En casos de las tres fracciones anteriores, las informaciones se recibirán siempre con citación del Ministerio Público, y tratándose de la segunda fracción, con citación además del Representante del Fisco del Estado. En el caso de la tercera, con la del propietario y demás interesados. El Ministerio Público, el Fisco del Estado y las personas con cuya citación se reciba la información en su caso, pueden oponerse a ella, tachar a los testigos por circunstancias que afecten su dicho y redargüir los documentos exhibidos. Si la información fuere de testigos, deberán ser conocidos del juez o del secretario, y en caso de no serlo, deberán presentarse dos que abonen a cada uno de los presentados, podrá usarse también de otros medios de prueba conducentes. El Juez está obligado a ampliar el examen de los testigos con las preguntas que estime pertinentes para asegurarse de la veracidad de su dicho. Recibida la información se entregará al interesado copia certificada, la que además se mandará protocolizar en la Notaría que corresponda, si éste lo solicitare, para que, en su caso, se le expida el testimonio respectivo para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado, si procediere. No tendrá valor alguno la información cuando se hubiere recibido habiendo juicio pendiente o anunciado, aun cuando se pretenda que se ratifique ante el Juez. El propietario que se encuentre en el caso del artículo 2156 del Código Civil, justificará su posesión con cinco testigos de notorio arraigo en el lugar donde esté situado el inmueble que se trate de titular, pudiendo el Juez, en caso de duda, exigir las pruebas que estime convenientes. La información se recibirá con citación de la persona de quien se haya adquirido la posesión, o de sus herederos, si aquélla o éstos fueren conocidos; del Ministerio Público, del representante del fisco del Estado, del registrador de la propiedad y de los colindantes. La solicitud sobre información testimonial ad-perpetuam para suplir título escrito de dominio, deberá reunir los siguientes requisitos: El promovente, bajo protesta de decir verdad, expresará: a) La naturaleza, situación, medida superficial, linderos y nombre, si lo tuviere, del inmueble cuya posesión trate de acreditar; b) La manera como haya adquirido ésta; sus generales, y si fuere posible, las de su causante; c) La fecha, aunque sea aproximada, en que comenzó la posesión; d) La razón o motivos por los que no exista el título escrito que se trata de suplir con la información; y, e) Si hay o no otros poseedores pro-indiviso del inmueble. El mismo promovente exhibirá con la solicitud, los documentos siguientes: a) Certificado por el que se haga constar la historia de la cuenta catastral del inmueble objeto de la información y con referencia al antecedente más antiguo que exista en el archivo de la Oficina de rentas respectiva; b) Certificado de que en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado no se inscribe el inmueble objeto de la información a ninguna de las personas que figuren en el certificado de que habla el inciso inmediato anterior; y, c) Certificado en el que se haga constar que el inmueble materia de la información no es propiedad ejidal o comunal, tratándose de inmuebles rústicos, expedido por el Registro Agrario Nacional. Los certificados anteriores deberán insertarse en el testimonio o copia certificada de la información aprobada a fin de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado y si falta este requisito, el Registrador se abstendrá de hacer la inscripción. Presentada la solicitud, se mandará publicar un edicto que contenga el extracto de ella, en el Periódico Oficial del Estado, y se fijará otro en la puerta del juzgado y lugares públicos, por el término de diez días. Transcurrido ese término sin que se hubiere presentado opositor, el Juez recibirá desde luego la información, la que se aprobará o declarará sin lugar según su resultado, siendo apelable en ambos efectos la resolución que se dicte en el último sentido. En el primer caso, el Juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y mandará inscribir tal declaración en el Registro Público. La falta de presentación de los certificados que previene la fracción II del artículo 1319, producirá de pleno derecho la nulidad de la información y el Juez que la autorice sufrirá una multa de veinticinco a treinta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado y responderá de los daños y perjuicios que ocasione. Si por segunda vez comete la infracción, en lugar de la multa será suspendido de su cargo, de uno a seis meses. Las mismas sanciones se impondrán al Registrador de la Propiedad que inscriba la información y al notario que la admita como antecedente legal de algún acto que autorice en el ejercicio de sus funciones, si en el testimonio o copia certificada de las diligencias que se les presente no están insertos los certificados de que trata el citado artículo 1319. En los casos de los artículos 1318 y 1324 de este Código, si hubiere oposición y se fundare en título debidamente registrado con anterioridad, el Juez de plano y sin ulterior recurso declarará sin lugar la información. De no presentarse el título en la forma indicada, se observará la regla del artículo 1193 y la oposición se sustanciará en juicio ordinario. Los testimonios que se expidan conforme a los artículos anteriores, tendrán la fuerza y validez de los instrumentos públicos, aun para despachar ejecución, si las personas a quienes perjudican no se hubieren opuesto, o hubiere recaído sentencia ejecutoria en su contra, o si, no perjudicando a tercero, se hubieren llenado todos los requisitos legales. El poseedor que se encuentre en el caso del artículo 2850 del Código Civil, justificará su posesión con cinco testigos de notorio arraigo en el lugar de ubicación de los bienes a que la información se refiere, observándose lo dispuesto en los artículos 1373, 1374 y 1375 de éste Código. Comprobada debidamente la posesión la aprobará el Juez y mandará inscribir tal resolución en el Registro Público, expidiendo las copias certificadas que se le soliciten en los términos del artículo 1371 de este Código. Ahora bien, el quejoso señala que le fueron violados los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que no se respetó su propiedad, toda vez que es hijo legítimo de J. Guadalupe Muñoz Martínez y/o Guadalupe Muñoz Martínez, que fue la persona de quien adquirió la promovente de las diligencias de información origen del acto reclamado. Asimismo manifiesta que a pesar de ser descendiente directo de J. Guadalupe Muñoz Martínez y/o Guadalupe Muñoz Martínez, nunca se le llamó a las referidas diligencias, ni se le dio oportunidad de defenderse ni de proteger el patrimonio de su padre. A su demanda de amparo, adjuntó las documentales siguientes: 1. Copia certificada del registro 26, tomo 448 de la Sección de Propiedad, correspondiente al Distrito de Maravatío, relativa a la inscripción de las diligencias de información ad perpetuam 974/2001 (fojas 7-21). 2. Copia certificada del acta de nacimiento del quejoso Guadalupe Muñoz Moreno, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tlalpujahua el doce de abril de dos mil dieciséis (foja 22). 3. Copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre Guadalupe Muñoz Martínez y María Dionisia Moreno López, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tlalpujahua el siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno (foja 23). 4. Copia certificada del acta de nacimiento de Guadalupe Muñoz Martínez (padre del quejoso), expedida por el Oficial del Registro Civil de Tlalpujahua el veinitiuno de noviembre de dos mil dieciocho (foja 24). Sin embargo, con dichas documentales no acredita el interés jurídico necesario para ocurrir al presente juicio de amparo; ya que si bien de ellas se advierte la inscripción de las diligencias de información ad perpetuam 974/2001, que el quejoso nació el trece de junio de mil novecientos setenta y seis en Tlalpujahua, Michoacán, su clave única de registro de población, que sus padres son Guadalupe Muñoz Martínez y María Dionisia Moreno López, quienes contrajeron matrimonio, el veintinueve de junio de mil novecientos setenta y seis, también lo es que con ellas no prueba que tiene carácter de heredero de Guadalupe Muñoz Martínez, o bien, de albacea de la sucesión a bienes de éste, lo cual era indispensable para acreditar su interés en el presente juicio de amparo. Ello, porque el artículo 1318 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán es claro al señalar que la "información se recibirá con citación de la persona de quien se haya adquirido la posesión, o de sus herederos, si aquélla o éstos fueren conocidos; del Ministerio Público, del representante del fisco del Estado, del registrador de la propiedad y de los colindantes"; por lo que no era suficiente que el quejoso acreditara ser hijo J. Guadalupe Muñoz Martínez, para que pueda ser llamado al expediente materia de la controversia, sino que debió acreditar que tiene el carácter de heredero de J. Guadalupe Muñoz Martínez, o bien, albacea de la sucesión a bienes de éste. Esto porque si bien la herencia constituye la sucesión en todos los bienes del difunto, en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte y que deben transmitirse a los herederos a la muerte del autor de la sucesión, empero, si aún no ha sido reconocida ni declarada la calidad de heredero ni, por ende, los derechos y los bienes se le han asignado, no existe la certeza de que será declarado heredero, ni que de llegar a tener esa calidad él no cederá sus derechos hereditarios a otra persona antes de la adjudicación o de la división de los bienes, y esta indefinición provoca que el presunto heredero carezca de legitimación para promover el amparo en contra de los actos de autoridad que involucren bienes de su difunto padre. Ciertamente, la presunción es la probabilidad, sospecha o conjetura que resulta de un razonamiento inductivo, así como la consecuencia eventual que se deduce de un hecho conocido cuando se trata de indagar la existencia de otro desconocido, por lo que la presunción no constituye una certeza plena de un derecho, de un hecho o de una situación, y en esas condiciones el presunto heredero por no tener reconocido formalmente el carácter de titular de algún derecho de propiedad o de posesión sobre los bienes que integran la masa hereditaria, sino sólo una expectativa de derecho sobre éstos, carece de interés jurídico para defenderlos mediante el juicio de amparo, pues no se ubica en los supuestos del artículo 1318 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, vigente en la época de promoción de las diligencias de información para suplir título. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 36/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 65/2004-PS, publicada en la página 217 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, Materia Civil, Novena Época, registro 178449 "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su prsona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado". Además, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, y no inferirse con base en presunciones, como lo establece el criterio 2a./J. 16/94, de título y tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En consecuencia, la parte quejosa no acreditó su interés jurídico de manera que evidenciara la existencia de la violación a su derecho subjetivo, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Sobreseimiento que se hace extensivo en relación al acto reclamado al Receptor de Rentas de Tlalpujahua, Michoacán, pues no se le atribuyeron vicios propios. Es aplicable la jurisprudencia emitida por Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 286, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, registro 253622, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no se analizarán las causas de improcedencia hechas valer por la tercera interesada, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarla, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 195744 de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe Muñoz Moreno, por su propio derecho, en contra de los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diez de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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