Guadalupe Monserrat Armas Ruiz

Expediente 765/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
765/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Monserrat Armas Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 765/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental exhibida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, compareció Guadalupe Monserrat Armas Ruíz, por su propio derecho a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, Adscrito al Centro de Justicia penal federal en el estado de Michoacán, con sede en Morelia. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Turno y admisión. Por razón de turno, le tocó conocer dicha demanda a este Juzgado de Distrito, se registró bajo el número 765/2021, en proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite, se requirió a la responsable rindiera su informe justificado, le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete, se reservó la existencia de la parte tercero interesada. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno se reconoció el carácter de terceros interesados al agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula II-3 en Zitácuaro, Michoacán, quien funde como fiscal en el proceso; asimismo a Ana María García Vega y José Antonio Jacinto Loeza, adscritos al centro de Atención Integral (CAI) Michoacán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes fungen como asesores jurídicos de la víctima M.C.A. Así, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado fue emitido por una autoridad que tiene residencia dentro del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por la quejosa Guadalupe Monserrat Armas Ruíz, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, consisten en: La resolución de once de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la audiencia de impugnación a las determinaciones del Ministerio Público, dentro del expediente 99/2021, mediante el cual determinó revocar la resolución de la Fiscalía de no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación que se le sigue ante el Agente del Ministerio Público Federal de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, por la presunta comisión del delito de responsabilidad profesional médica, en agravio de M.C.A. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con el disco magnético que remitió la responsable como complemento a su informe justificado, en el que obran la audiencia de impugnación interpuesto por los asesores jurídicos de la víctima llevada a cabo por el Juez de Distrito. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de once de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la audiencia de impugnación a las determinaciones del Ministerio Público, dentro del expediente 99/2021, mediante el cual determinó revocar la resolución de la Fiscalía de no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación que se le sigue ante el Agente del Ministerio Público Federal de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, por la presunta comisión del delito de responsabilidad profesional médica, en agravio de M.C.A. Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de once de agosto de dos mil veintiuno, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Ahora, la peticionaria de amparo señala medularmente, que la resolución reclamada deviene ilegal, toda vez que vulnerando los principios de igualdad, contradicción y supliendo la deficiencia de los motivos de inconformidad planteados por la impugnante, el juez responsable revoca la decisión de no ejercicio de la acción penal, y lo que es más de manera oficiosa y actuando en contra de los principios que rigen el sistema penal acusatorio oral, decide ordenar a la fiscalía no solo que reabra la carpeta de investigación y recabe pruebas, sino que lleve a cabo la calificación de las supuestas lesiones ocasionadas a la víctima del delito. Conceptos de violación que devienen infundados. En efecto, en principio debe decirse que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se reformaron, entre otros, los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se introdujo en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; dicho modelo de enjuiciamiento se basa en una metodología de audiencias, cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 de la Constitución Federal. Por tanto, tratándose de la audiencia de impugnación del no ejercicio de la acción penal determinado por el Ministerio Público, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control, con base en el principio de contradicción indicado, sólo puede decidir sobre lo que aduzcan los asistentes, respetando el equilibrio procesal entre las partes, esto es, únicamente está facultado para pronunciarse respecto de los argumentos jurídicos expuestos por éstas, quienes en su oportunidad tuvieron acceso directo a todos los datos de la carpeta de investigación, con lo cual, quedaron en posibilidad de controvertirlos o confrontarlos, así como de oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; de lo contrario, es decir, que el juzgador se sustituyera a alguna de las partes para subsanar deficiencias técnicas, atentaría contra los principios señalados, en especial, el de contradicción. En apoyo a lo anterior, es de citar la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 1112, Materias(s): Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2019954, que dice: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse. Citado lo anterior, debe decirse que de la celebración de la audiencia de once de agosto de dos mil veintiuno deriva, que Ana María García Vega y José Antonio Jacinto Loeza, Asesores Federales adscritos al Centro de Atención Integral (CAI) Michoacán, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en representación de la víctima de iniciales M.C.A., solicitaron la revocación de la determinación del no ejercicio de la acción penal, atento a los argumentos expuestos en los términos siguientes: ".por esto su señoría, esta asesoría realizó el siguiente análisis, primero, en este acuerdo en ningún apartado menciona que la víctima M.C.A. no le asista o haya perdido por alguna circunstancia la calidad de víctima, petición que era la que nosotros había hecho y habíamos solicitados que el ministerio público emitiera el acuerdo de víctimas directas y víctimas indirectas de sus menores hijos; segundo, la fístula vesicovaginal es una lesión provocada por quien realizó el método, es decir por el médico que manipuló, que extrajo y que realizó la histerectomía extracción del útero, la señora no tenía fisura de tres milímetros en su vagina su señoría, esto fue provocada en la cirugía, si el método aplicado a esta cirugía hubiese sido el adecuado, no existía una fisura de tres milímetros que ocasione la incontinencia que tiene ahora la víctima; por la parte psicológica que realizó esta asesoría la ruptura de su relación de pareja que precisamente por este problema, que la señora no podía tener intimidad por esa lesión causada y que por desconocimiento que tenía el marido, sensibilidad y la falta de comprensión, pues terminó abandonándola, a ella y a sus menores hijos, refiere la psicóloga, que tiene alteraciones en el estado de ánimo, las cuales su señoría consideramos que pues son pertinentes, ya que al parecer la incontinencia es más difícil de trabajar, no puede cargar nada pesado ni realizar esfuerzos, esto complica que pueda emplearse y subsanar la canasta básica para proveer a sus menores hijos, es obviedad su frustración e impotencia la cual es ajena a su voluntad, perdió su calidad de vida en todos sus aspectos su señoría, por esta razón esta asesora jurídica no comparte la determinación de la fiscalía consideramos que debe realizar más actos de investigación, toda vez que los dictámenes médicos fueron solicitados precisamente por esta asesora jurídica y el resultado de estos dictámenes únicamente fueron emitidos por el Doctor Fernando Fraga Pérez, perito médico oficial de la F.G.R., quien comparte solamente un mismo criterio, cabe resaltar que los peritajes que se han practicado fueron solicitados por esta asesoría, tanto el psicológico como los médicos; asimismo glosamos el expediente clínico para su valoración de la atención que ha tenido nuestra víctima posterior al tratamiento que se le ha practicado para subsanar esa fisura, la cual ha consistido en dos operaciones y que no se ha subsanado dicha fisura por lo mencionado y analizado por esta asesoría, su señoría, solicitamos que se revoque la determinación del no ejercicio de la acción penal, toda vez que finalmente el ministerio público nunca nos dijo si la víctima perdió la calidad de víctima y nunca nos."[minuto 14:54:44 del disco de audio y video] La asesora, más adelante también expresó: ". El Ministerio Público debe seguir realizando más actos de investigación, uno para reclasificar el delito, si fuere pertinente y dos para realizar un estudio, un dictamen médico que nos sirva para coadyuvar y determinar si hubo o no, o se le causó un daño físico a nuestra víctima, toda vez que, en el dictamen que refiere que el ministerio público de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en la página quince, el mismo perito dice que es un desgarro inadvertido de las paredes vesical posterior y que esto se presenta después de una histerectomía, y bueno es nuestra víctima fue sometida a un procedimiento, y también dice el perito que la fístula vesicular vaginal son resultado de procedimientos obstétricos y ginecológicos y bueno estos son precisamente atribuibles al personal que atendió la cesárea de nuestra víctima."[minuto15:31:59]. Atento a la manifestación anterior, el juez de Distrito refirió a la asesora que, en su última intervención, pidió la reapertura de la investigación para que se lleve a cabo una reclasificación jurídica del delito, por lo que le interrogó, a efecto de que señalara cuál era esa reclasificación, ello para que las partes estuviesen en condiciones de impugnarlo en ese momento [minuto 15:34] A lo que la asesora respondió: ".el delito de lesiones, toda vez que la manipulación que se llevó a cabo en esa intervención provocó un desgarro inadvertido en las paredes vesical posterior y este hecho se presenta después de una histerectomía de la manipulación fístula vesicovaginal." [minuto15:34:20] . Finalmente, después de haber concedido el uso de la palabra a las partes, el juez de Distrito responsable determinó, revocar el no ejercicio de la acción penal emitida por el agente del Ministerio Público Federal y ordenó continuar con la investigación, al considerar que existía imprecisión en los mismos que se llevaron a cabo en la etapa de inicial, y que por ello el sustento de la fiscalía carece de una motivación correcta. Lo anterior, porque estimó que al tratarse de una cirugía de histerectomía practicada a la posible víctima, el dictamen correspondiente debía ser emitido por un perito en la especialidad de ginecología y obstetricia, ya que en el caso, lo emitió un médico forense adscrito a la Delegación Michoacán de la Fiscalía General de la República; lo anterior, con la finalidad de que el dictamen que se emitiera fuese más cercano a la especialidad de cirugía realizada. De igual forma, determinó que era necesario que el fiscal hiciera la clasificación legal de las lesiones, que en su caso presentía la posible víctima, para lo cual podía apoyarse en la información contenida en el expediente clínico; asimismo, debía establecer si dichas lesiones eran dolosas o culposas, a fin de dilucidar, en su caso, si el hecho con apariencia de delito ya prescribió; incluso si el fiscal federal advertía alguna causa novedosa de no ejercicio de la acción podría hacerla valer [minuto 16:07:00 del disco de audio y video]. En concordancia con lo anterior se obtiene, que contrario a lo señalado por la quejosa, el Juez de Distrito en ningún momento vulneró los principios de igualdad, contradicción, ni suplió los motivos de inconformidad planteados por la impugnante, toda vez que, al ordenar la reapertura de la carpeta de investigación, lo realizó atento a la solicitud y manifestaciones vertidas por la apelante, quien de manera expresa adujo, que debía seguir realizándose más actos de investigación, tanto para reclasificar el delito de lesiones, como para llevar a cabo un dictamen médico que sirviera para coadyuvar y determinar si hubo o no, o se le causó un daño físico a la víctima. Esto es, resolvió a partir de los elementos argumentativos que formularon las partes en la audiencia, atento a los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rige el sistema acusatorio previsto en el artículo 20 de la Constitución. En las condiciones apuntadas, y ante lo infundado de los conceptos de violación de que se trata, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guadalupe Monserrat Armas Ruíz, por su propio derecho, contra el acto reclamado y autoridad que quedó precisado en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, del que se advierte que en auto de fecha veintitrés de septiembre del año en curso, este juzgado se pronunció respecto al emplazamiento del agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Cédula II-3 en Zitácuaro, Michoacán, es quien funge como fiscal en el proceso penal de origen, por lo que se ordenó se realizará mediante oficio a los correos electrónicos que proporciono para tal efecto en la causa de la que emana el acto reclamado. Atento lo anterior, y toda vez que de la constancia de notificación, se advierte la leyenda "se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega". En consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado verifique la recepción de la comunicación enviada con el número de oficio 14869. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del que se advierte que el diecisiete de septiembre del año en curso se tuvo al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, rindiendo informe justificado del que se advierte el agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Cédula II-3 en Zitácuaro, Michoacán, es quien funge como fiscal en el proceso penal de origen. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso e), así como 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento de dicho fiscal por medio de oficio con el auto de admisión inserto y copia de la demanda de amparo que al mismo se anexe; en el entendido que, las subsecuentes notificaciones se le realizarán por la misma vía, quien señalo como correo electrónico ******************** Por otra parte, del informe que remite el juez responsable se advierte que dentro del cuaderno de impugnación ********************, del índice de la responsable ******************** adscritos al Centro de Atención Integral (CAI) Michoacán de la Comisión Ejecutiva de Atención Victimas, fungen como asesores jurídicos de la víctima ******************** En consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso e), así como 26, fracción II, incisos c), de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento de ******************** en cuanto asesores jurídicos de la víctima ********************, toda vez que intervinieron en el cuaderno de impugnación ********************, del índice del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio de oficio con el auto de admisión y copia de la demanda de amparo que al mismo se anexe; en el entendido que, las subsecuentes notificaciones se les realizarán por la misma vía. Notifíquese por lista, mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por la quejosa Guadalupe Monserrat Armas Ruíz, mediante el cual solicita copia certificada del auto de admisión emitido por este juzgado. En tal virtud, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa copias certificadas de las constancias que indica, y para recibirlas a las personas que autorizada para tal efecto, previo recibo que se deje en autos. Asimismo, le haga saber a la parte quejosa, que en relación con las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se emitieron diversos acuerdos con la finalidad de evitar la concentración de personas, y la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, (en específico para la entrega de copias certificadas), por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Liliana

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