Guadalupe Monserrat Aviles Calderón
Expediente 1027/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Monserrat Aviles Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio a través del cual la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remite las documentales con las que acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con dicho comunicado, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable en cita. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dichas resolución ha causado ejecutoria. Ahora, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el Juez de Distrito debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 192 segundo párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, remitan a este juzgado las constancias relativas al cumplimiento al fallo protector. En el entendido de que en la resolución pronunciada en autos se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "De manera inmediata se pronuncie respecto de la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes." Con el apercibimiento que de no cumplir con ello este juzgado procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1027/2023, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido la secretaria da cuenta al juez con la promoción registrada con el número 16171. El Juez acuerda: ténganse por recibido el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual formula diversas manifestaciones a guisa de alegatos de los que se hará referencia en el momento procesal oportuno de esta sentencia. Ahora, como lo solicita la agente en cita y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídansele las copias que indica en los términos que refiere en su oficio de cuenta. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta con la documental que la parte quejosa exhibió junto con su demanda de amparo así como las constancias que la autoridad responsable anexó como soporte de su informe justificado. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la probanza antes referida. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria da cuenta con el pedimento que presentó la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por reproducidos los mismos y por precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de agosto del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ********************, a través de sus apoderados jurídicos, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra de actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, los cuales estimó violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Trámite del juicio. Por acuerdo de nueve de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y en ese mismo acto se fijó fecha para la audiencia constitucional correspondiente. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad y se presentó la demanda de amparo en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado, En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: * La falta de emisión del acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las parte dentro del juicio laboral ******************** Tercero. Certeza del acto reclamado. Al rendir el informe que le fue requerido a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia conforme a lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del precepto 2º de ésta. Lo cual es suficiente para tener por ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo que se robustece con la copia certificada de las principales constancias que integran el juicio laboral de origen, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Cuarto. Causas de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, ni este juzgador advierte de oficio la existencia de alguna de ellas, por lo que lo conducente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La peticionaria de amparo básicamente argumentó que la junta responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es esencialmente fundado el concepto de violación. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que dentro del juico laboral de origen, mediante acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, declaró cerrada la etapa de ofrecimiento de pruebas, reservando el acuerdo sobre admisión o desechamiento de las mismas. De acuerdo a lo anterior, asiste razón a la parte quejosa al indicar que el actuar de la responsable vulnera sus derechos fundamentales, pues de la narrativa anterior se advierte que la autoridad responsable ha sido omisa en pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. En ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y establece para su protección diversas garantías de seguridad jurídica que todas las autoridades del estado Mexicano que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales deben observar a saber: 1. Principio de prosecución judicial; por virtud del cual todo acto de autoridad que determine los derechos civiles y políticos de las personas debe provenir de un juez o tribunal formal y materialmente constituido y en caso contrario, que tal acto pueda ser revisado por un tribunal que satisfaga esos requisitos. 2. Principio de expeditez, por virtud del cual la justicia debe ser administrada en los plazos que fijen las leyes. 3. Principio de gratuidad; por virtud del cual las personas que ejercen la función jurisdiccional, no deben realizar cobro alguno a las personas por las actuaciones que realicen, ya que sus respectivos emolumentos deben ser pagados por el Estado. 4. Administración de justicia completa o principio de congruencia; por virtud del cual, las resoluciones que se emitan al decidir un caso concreto, deben ser acordes a lo pedido por las partes, resolviendo el fondo de la controversia planteada. 5. Principio de imparcialidad; por virtud del cual las personas que integran los órganos depositarios de la función jurisdiccional deben permanecer ajenos a cualquier presión tanto de índole interno como externo, para resolver el caso sometido a su jurisdicción de forma objetiva. Estos principios son los que garantizan de manera mínima el acceso a la justicia dado que al faltar uno de ellos, se desconocería el derecho humano en comento, por ello es necesario que todos los principios se presenten de manera concomitante para lograr que las personas efectivamente accedan al derecho fundamental. En ese sentido, la violación a la garantía acceso a la justicia se manifiesta a través de un acto negativo u omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: a) La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. b) La segunda, que es la que en el caso nos interesa, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio a la tramitación del procedimiento respectivo. En la especie, el acto reclamado deriva de un juicio laboral, por lo que a efecto de determinar si la actuación de la autoridad responsable origina un retardo o dilación en el procedimiento se debe analizar lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo respecto de los términos y plazos para que el tribunal realice determinados actos procesales. Al respecto, los artículos 871, 872,873, 878 y 880 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: "Artículo 871. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta Especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la Junta. Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones. Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Artículo 878 La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: (.) VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución. [...] Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." Lo expuesto demuestra que la autoridad responsable origina un retardo en la tramitación y resolución del juicio de origen al no pronunciarse respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. Por ello, si la junta responsable fue omisa en pronunciarse respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del término que establece la fracción IV del artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente que existe una dilación en el juicio laboral de origen, puesto que de las constancias que remitió se advierte que desde el doce de abril de dos mil veintitrés, reservó proveer respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas dentro del juicio natural. De lo anterior, se advierte que entre el doce de abril pasado a la presente fecha, median más de cuatro meses; esto, descontando los sábados, domingos y días inhábiles, lo cual, resulta violatorio de derechos ya que ello impide que se administre justicia de manera pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 Constitucional. De tal suerte que, todo lo anterior trae como consecuencia la dilación del trámite del juicio de origen. En tal virtud, asiste razón a la parte quejosa al referir que al dilatar la responsable los procedimientos correspondientes a la tramitación del juicio laboral de origen, vulnera en su perjuicio el artículo 17 Constitucional; por tanto, está demostrado que la junta responsable originó retardo en el mismo. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la omisión o el retardo de la autoridad en la tramitación y resolución del juicio actualiza la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado que consiste en la emisión del laudo que dirima la controversia planteada. Asimismo, el máximo tribunal determinó que aun cuando el retraso o la omisión se concreten respecto de actos o etapas previas y específicas, ello trasciende a todo el procedimiento o juicio, porque una vez salido de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos originalmente previstos, pues dada la necesaria conexión de los actos procesales, en que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. Lo anterior, sin que pase desapercibido para este juzgador la excesiva carga de trabajo que tiene la responsable, sin embargo, es su deber y obligación ajustarse a los plazos que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Ley Federal del Trabajo. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial IV.3o.T.J/57, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicada en la página 1283, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 177266, que a la letra dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. ". Así como la tesis 1.4o.A.5K pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ubicado en el Libro XV, Tomo 2, página 1453, de Diciembre de 2012, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002351, de rubro siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO." En consecuencia, al reservar de manera excesiva proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dilata el procedimiento del expediente de origen, de ahí que la junta responsable viola el derecho previsto en el artículo 17 Constitucional; por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: * De manera inmediata se pronuncie respecto de la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen a surgir en el procedimiento, toda vez que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, existe jurisprudencia obligatoria aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de rubro siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Sexto. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. Primero. Por las razones expresadas en el considerando sexto de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos y autoridad responsable, para los efectos ahí precisados. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días con el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En tal virtud, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remite en apoyo a su informe justificado. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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