Guadalupe Medina Ramírez

Expediente 260/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
260/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Medina Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, no fue recurrido dentro del término legal por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el cómputo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de Amparo, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2879, libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció. Por otra parte, se estima que el presente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Precisado lo anterior, es pertinente destacar lo establecido en el artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, así como lo indicado en el apartado 8.1.2, punto 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dicen: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (.)" 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos (.) 4. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Nota: Esta regla aplica a cualquier serie documental Atento a lo anterior, y toda vez que en el caso se sobreseyó el presente asunto, se determina que éste es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE-. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio de cuenta signado por la Directora Regional de Programas para el Desarrollo Huasteca Sur, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, toda vez que mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo que nos ocupa. Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por los autorizados de la parte quejosa ..., mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, manifiestan bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "QUE YA LE FUE APLICADA LA VACUNA (GTAV-19) A LA QUEJOSA ..., EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO". En ese contexto, y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que permiten decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, toda vez que han cesado los efectos del acto aquí reclamado. Los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la omisión por parte de la Coordinadora de la Secretaría de Bienestar Huasteca Sur del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tamazunchale, la afectación al derecho a la omisión de aplicarle la vacuna contra la enfermedad Covid-19. Por otro lado, se observa que mediante el escrito de cuenta, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que le "QUE YA LE FUE APLICADA LA VACUNA (GTAV-19) A LA QUEJOSA GUADALUPE MEDINA RAMÍREZ, EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO". Confesión que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 segundo párrafo de la ley de la materia. Lo que se concatena con lo informado por Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de San Luis Potosí, mediante oficio recibido el veintiséis de los actuales, por el cual entre otras cosas, señaló que una vez realizada una búsqueda en los registros de captura concentrado es esa Delegación se desprendió que la aquí quejosa Guadalupe Medina Ramírez ya cuenta con la primera dosis del biológico, siendo coincidente en que fue el catorce de junio en que le fue aplicado, anexando el comprobante de vacunación respectivo. Por lo tanto, este juicio de amparo deviene improcedente, pues de lo expuesto es claro advertir que en la especie, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos para el día DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio, signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de San Luis Potosí y anexo de cuenta; mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de doce de agosto de la presente anualidad, y al efecto informa que no cuenta con facultades para señalar días y horarios para realizar la campaña de la aplicación del biológico contra COVID-19; asimismo, refiere que carece de facultades para señalar días y horarios para realizar dicha campaña. Asimismo, manifiesta que es la Coordinación Estatal de la Brigada Especial o "Brigada Correcaminos" quien determina y conduce la Política Nacional de Vacunación, los cuales da a conocer a través de los distintos medios de comunicación. Por otra parte, informa que una vez realizada una búsqueda en los registros de captura concentrados en esa Delegación se desprende que la quejosa *** ya cuenta con la primera dosis del biológico, la cual le fue aplicada el catorce de junio de la presente anualidad; y para acreditar su dicho anexa el comprobante de vacunación respetivo; en otro contexto, se tiene como domicilio procesal el que señala. Estese a la espera del desahogo de la vista ordenada en acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, a la parte quejosa.

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