Guadalupe Antonio Zaleta Valdez
Expediente 307/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 25 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 30/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Guadalupe Antonio Zaleta Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, pues aún no se cuenta con la constancia de notificación correspondiente, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese, y personalmente al defensor público federal, así como al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la constancia de notificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se evidencia que el quejoso Guadalupe Antonio Valdez Rodríguez y/o Guadalupe Antonio Zaleta Valdez, ratificó ante la actuaria adscrita a este Juzgado Federal, el escrito de desistimiento presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad el cuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 119); en tales condiciones se provee: el artículo 107, fracción I, de la Constitución General, señala que para la prosecución del juicio de amparo se requiere de instancia de parte agraviada, tal precepto, salvaguarda el principio de libertad del ejercicio de la acción que rige nuestro sistema jurídico, de donde resulta evidente que quien puede accionar, puede de igual manera desistirse de hacerlo, en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, máxime que, respecto de la acción de amparo, el único requisito que se exige cuando el desistimiento se hace directamente por la parte quejosa, es que el mismo sea ratificado ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, conforme a la jurisprudencia de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.", visible en la página 247, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de amparo que promovió, el cual debidamente ratificado origina una resolución con la que finaliza el amparo, sin que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ello en términos del artículo 63 fracción I de la Ley de Amparo. Cierto, cuando la parte quejosa desiste de la acción de amparo, tiene como consecuencia el sobreseimiento del juicio en términos del precepto legal invocado. Luego, de la constancia de notificación de cuenta se advierte que se ratificó el escrito de desistimiento, por lo que es inconcuso que existe consentimiento del promovente Guadalupe Antonio Valdez Rodríguez y/o Guadalupe Antonio Zaleta Valdez, de no continuar con el trámite del presente juicio de amparo; por ende, se tiene por desistido en su perjuicio, de la demanda de amparo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional del presente sumario constitucional. De ahí que, se dejen sin efecto alguno las providencias decretadas en el presente juicio de amparo; así como se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (once horas con diez minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho). Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Funda la anterior consideración las razones que informan la jurisprudencia número P./J. 3/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Tomo III, Febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejecutabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados." Notifíquese, y personalmente al defensor público federal, así como al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Guadalupe Antonio Valdez Rodríguez y/o Guadalupe Antonio Zaleta Valdez, por medio del cual pretende aclarar nuevamente el nombre correcto; por tanto, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de dos de octubre del año en curso (fojas 112 a 116). Por otra parte en relación a la solicitud de desistirse del presente sumario Constitucional, este Juzgado Federal provee: Respecto del desistimiento de referencia, requiérase al aludido quejoso, para que si así lo desea, ratifique el escrito de desistimiento que hace valer; con el apercibimiento que de no hacerlo, no se le tendrá por desistido y se continuará con el trámite del presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso Guadalupe Antonio Valdez Rodríguez y/o Guadalupe Antonio Zaleta Valdez, se encuentra interno en el Centro Penitenciario de esta Ciudad Valles, San Luis Potosí, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción para que se constituyan en dicho centro carcelario, con el fin de notificar y requerir al quejoso de referencia en los términos expuestos en el párrafo que antecede; lo anterior es así, dado que los citados funcionarios Judiciales al llevar a cabo las diligencias encomendadas por este órgano jurisdiccional, tienen, por disposición de la ley, la calidad de autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que están investidos de fe pública. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número 2a./J. 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 295 del Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". (Lo subrayado es nuestro). Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del siguiente contenido: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Notifíquese, y personalmente al defensor público federal, así como al quejoso en el lugar de su reclusión llevando acabo la diligencia encomendada.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por quien dice llamarse Guadalupe Antonio Valdez Rodríguez, por medio del cual realiza las siguientes manifestaciones: ".aproximadamente desde el mes de agosto del 2017, comencé una relación sentimental con la también interna de este centro de reclusión Lucero Sánchez Pulido, y en el mes de julio del 2018, decidimos contraer matrimonio, motivo por el cual solicitamos una audiencia con el responsable del departamento de trabajo social de este centro de reclusión, el Lic. Luis Jesús Loredo Magaña, el cual nos dio una solicitud para contraer matrimonio, la cual llenamos y firmamos y la entregamos al Lic. Loredo Magaña, pero no nos dio copia de recibido, también nos pidió nuestras actas de nacimiento y Curp documentos que también le entregamos. Posteriormente Loredo Magaña y ya no me contestó nada, e pedido audiencias con el pero no me recibe y ni a mi novia Lucero, y como una semana antes que promoviera este amparo me encontré al Director de este Centro de Reclusión y le pregunte respecto a la solicitud de matrimonio que realizamos mi novia Lucero Sánchez Pulido y el suscrito y me dijo que me olvidara de casarme que mientras estuviera no lo iva (sic) a permitir que le isiera (sic) como yo quisiera acerle (sic) no lo iva (sic) a permitir. Por otra parte a fin de acreditar lo manifestado como antecedentes en la demanda de amparo, en el escrito de aclaración de demanda, ofresco (sic) prueba testimonial a cargo de la C. Lucero Sánchez Pulido, la cual reitero se encuentra recluida en este Centro de Reinserción Social." Ahora bien, atento a lo anterior este Juzgado Federal provee: En principio debe decirse que, quien promovió el presente juicio de amparo lo fue Guadalupe Antonio Zaleta Valdez (fojas 2 a 4); posteriormente el citado quejoso mediante escrito presentado en Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 22), precisó que su nombre en la causa de origen que lleva su procedimiento lo nombraron Guadalupe Antonio Zaleta Valdez, sin embargo, su nombre correcto lo es Guadalupe Antonio Valdez Rodríguez; por ende, este Juzgado Federal, al no tener fehacientemente comprobado el nombre correcto del quejoso, opta por denominarlo Guadalupe Antonio Valdez Rodríguez y/o Guadalupe Antonio Zaleta Valdez, hasta en tanto dicho impetrante, allegue a este sumario Constitucional la prueba que considere pertinente para corroborar su dicho, respecto a su verdadero nombre. Por otro lado, se le tiene formuladas las citadas manifestaciones a su favor, con ellas dese nueva cuenta en la audiencia Constitucional, mismas que, en su caso, podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Finalmente, por lo que respecta a la prueba testimonial ofrecida por el directo quejoso, debe decirse que dicho medio de convicción debe anunciarse con cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia Constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado por la propia audiencia, esto es, para que el ofrecimiento de la prueba en comento se estime en tiempo, de ordinario debe anunciarse con una anticipación de cuando menos cinco días hábiles y completos respecto de la fecha primigeniamente señalada para la celebración de la audiencia Constitucional -diez horas con cincuenta minutos del veinte de septiembre de dos mil dieciocho- (foja 26). De ahí que, si el ofrecimiento de dicho medio de defensa se realizó el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, tal y como se advierte del sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en ciudad Valles, visible a foja 110, resulta inconcuso que este se realizó de forma extemporánea, puesto que su ofrecimiento aconteció ocho días naturales posteriores a la fecha en que de oficio se difirió la audiencia Constitucional, por ende, resulta inadmisible dicha probanza. De ahí que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se desecha por extemporánea la prueba testimonial ofertada por el quejoso a cargo de Lucero Sánchez Pulido, sin que lo anterior menoscabe su derecho fundamental a una adecuada defensa. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 107/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1029, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2012367, que a la letra dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el derecho a una adecuada defensa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no limita la capacidad probatoria, ya que la norma concede a las partes la oportunidad de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, mientras que fijar un plazo prudente o periodo determinado para ejercer tal derecho, obedece al principio de expeditez procesal que rige en el juicio de amparo. Además, el precepto legal indicado también es congruente con el principio de igualdad procesal, el cual implica que se deben dar a las partes las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, por lo que permitir el ejercicio de un derecho después del momento procesal oportuno para ello, redundaría directamente en perjuicio de las demás partes". No es óbice para este órgano jurisdiccional que en el presente caso, contrario a lo que el quejoso pretende, este, si conocía los hechos sobre los cuales versaría la prueba testimonial, por lo que a partir de ese momento debía ofrecerse. En efecto, en su libelo Constitucional que promovió el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se advierte: ".contraer matrimonio con mi concubina Lucero Sánchez Pulido la cual se encuentra recluida en este centro penitenciario donde el suscrito también se encuentra recluido. Cabe mencionar que el centro a autorizado a otros internos e internas contraer matrimonio." Por lo anterior, se sostiene que como el ofrecimiento de dicha prueba testimonial acaeció con posterioridad a la celebración de la primigenia audiencia Constitucional, el derecho procesal del aquí quejoso había precluido, puesto que, como se observa dicho ofrecimiento no actualiza la citada excepción a la regla de su ofrecimiento que establece el numeral 119, del ordenamiento legal en cita, esto es, el quejoso no tenía que esperar la llegada de informes justificados, puesto que de ellos no se desprenden hechos novedosos que no hayan podido ser conocidos por el quejoso relacionados con la probanza aludida, sin que ello menoscabe el principio de interpretación más favorable a la persona. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 109/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1057, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2012368, que a la letra dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el principio de interpretación más favorable a la persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque éste conlleva que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, pero no implica que al ejercer la función jurisdiccional dejen de observarse las reglas y los plazos procesales aplicables, ya que ello equivaldría a contravenir los diversos principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada, lo que redundaría en perjuicio de las demás partes en el juicio de amparo." Notifíquese, y personalmente al quejoso por medio de su Defensor Público Federal.
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