Guillermo Arrendondo Aragón
Expediente 347/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Guillermo Arrendondo Aragón
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a once de diciembre de dos mil dieciocho. Ténganse por recibidos los escritos de cuenta, signados por el quejoso Guillermo Arredondo Aragón, atento a sus contenidos, este órgano jurisdiccional provee: Se tiene como autorizado del quejoso en comento, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto Leonel Torres Plasencia, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Por cuanto al escrito dirigido al incidente de suspensión, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que no se ordenó la apertura del mismo. En relación a las manifestaciones que refiere, en el entendido que da cumplimiento a las prevenciones realizadas en el presente juicio y se admita su demanda; con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, ya que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 13 a 20) este Juzgado Federal declaró que el competente para conocer de la demanda de amparo, era un Tribunal Colegiado, por lo que se remitieron las constancias originales al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, por lo que mediante proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso (fojas 33 y 34), se tuvo a dicha superioridad, informando la admisión de la misma como amparo directo numero 171/2018, por lo que el presente expediente se ordenó remitir al archivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio recibido vía electrónica de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con sede en San Luis Potosí, capital, mediante el cual informa que en los autos del amparo directo 171/2018, de su índice, se admitió la demanda de amparo promovida por Guillermo Arredondo Aragón, contra el acto que le reclama a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, de la Unidad de Gestión de Segunda Instancia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y otra autoridad. Ahora bien, en virtud de que la Superioridad oficiante, admitió la demanda de amparo de la cual este órgano jurisdiccional declaró que carecía de competencia legal para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó auto en el que se declaró legalmente incompetente para conocer de la presente demanda por haber sido señalado este órgano jurisdiccional como autoridad responsable con el carácter de ordenadora. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Guillermo Arrendo Aragón, por su propio derecho, contra actos que reclama de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, de la Unidad de Gestión de Segunda Instancia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y fracción II, IV y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 347/2018-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Previo a hacer pronunciamiento alguno sobre la procedencia del amparo, debe establecerse si este órgano jurisdiccional es competente o no para conocer de la misma. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que reclama el promovente, consiste en: la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca número UG/ASA-93/2018, del índice de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, de la Unidad de Gestión de Segunda Instancia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por medio del cual confirmó la sentencia condenatoria de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal RIV-CV/CP-35/2017, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, Sala Sede en Ciudad Valles, por el delito de homicidio en riña en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Javier Aguillon Banda. En este contexto, conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, el juicio se tramitará en vía directa o indirecta. Por su parte, el numeral 170, fracción I, de dicho ordenamiento prevé que el juicio de amparo directo procede: "contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". Con base en lo anterior y, toda vez que el acto que aquí se reclama consiste en la resolución de segunda instancia que confirmó la sentencia condenatoria dictada en la causa penal de origen, por el delito de homicidio en riña en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Javier Aguillon Banda, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado se trata de una sentencia definitiva de la cual debe conocer en razón de competencia un Tribunal Colegiado para pronunciarse al respecto. Resulta aplicable al caso concreto la Tesis I.5o.P.41 P emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en página 1302, Tomo XX, Diciembre de 2004, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 179977, que dice: "COMPETENCIA. CUANDO EN LA SENTENCIA RECLAMADA SE CONFIRMA AL QUEJOSO LA CONDENA RESPECTO DE UN DELITO Y SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN RELACIÓN CON OTRO EN CUANTO AL ANÁLISIS DE ESTA ÚLTIMA CARECE DE ELLA UN TRIBUNAL COLEGIADO. El artículo 107, fracción V, de la Constitución General de la República, así como los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede taxativamente cuando se reclama una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio; sin embargo, si en una demanda de amparo directo se señala como acto reclamado un fallo de segundo grado con dos decisiones independientes entre sí, es decir: a) la confirmación de la sentencia condenatoria por un delito; y, b) la reposición del procedimiento en cuanto a otro ilícito, es competente un Tribunal Colegiado para pronunciarse respecto a la primera determinación, pero no lo será por lo que hace a la segunda, dado que la reposición del procedimiento no constituye una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio, porque no decide el juicio en lo principal, por lo que habrá de examinarse por separado, a través de la vía indirecta, además de que al ser decisiones independientes no puede considerarse que formen una unidad que no sea posible desmembrar, a pesar de obrar en el mismo documento, toda vez que la reposición del procedimiento es independiente de aquella determinación de la cual el órgano colegiado sí es competente para pronunciarse, dado que no tienen vinculación a pesar de obrar en el mismo documento, de tal manera que los fallos dictados en los juicios de amparo respectivos no se afectarían recíprocamente; por todo ello, la reposición del procedimiento debe ser examinada por separado a través del juicio de amparo biinstancial." (Lo subrayado es nuestro) En efecto, es menester traer colación el contenido del artículo 46, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 46.- Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Así, el diverso precepto 170, de dicho ordenamiento, que es del contenido siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido... Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." Del numeral 170 antes transcrito, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, los que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Es preciso mencionar que, en el texto de la Ley de Amparo, el legislador ya no dotó a la sentencia definitiva reclamable en amparo directo, ni a los laudos o resoluciones que sin serlo, ponen fin al juicio, de la exigencia relativa a "respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", requisito que sí establecía la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46. Esto es, en la nueva Ley de Amparo, la sentencia, laudo o resolución definitiva es aquella que pone fin a juicio, sin el requisito de que en su contra no proceda algún recurso que prevea la ley común. Se afirma lo anterior, ya que el principio de definitividad, se encuentra en el tercer párrafo de la fracción I del precitado numeral 170 de la Ley de Amparo vigente, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales, la sentencia, laudo o resolución reclamada puede ser modificada o revocada, traduciéndose dicha exigencia en un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo y no como un elemento para poder establecer si la sentencia o resolución puede ser reclamada en el amparo uniinstancial. En ese contexto normativo, toda vez que la competencia del Tribunal Colegiado y la procedencia del amparo directo, ya no están estrechamente relacionadas en la nueva Ley de Amparo, pues la primera se surte por el solo hecho de que se reclame una sentencia que haya decidido el juicio en lo principal, o una resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo haya dado por concluido, al margen de que la ley conceda o no un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificada o revocada, habida cuenta que esto último incide únicamente en la procedencia o improcedencia del juicio. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo, al reclamarse una resolución que tiene la naturaleza de sentencia definitiva confirmada en segunda instancia, por lo que, en su contra procede el juicio de amparo directo, competencia del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital. No pasa desapercibido que el artículo 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no ha sido objeto de reformas y que siga estableciendo la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo, en materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. Sin embargo, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, deriva del 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Carta Magna, de similar contenido y, este último debe prevalecer sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia por contradicción número P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, número de registro 2008791, que a la letra dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo, se ordena: I. Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital. II. Formar, con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo, respecto de la suspensión del acto reclamado, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, téngase como domicilio del promovente el que precisa en su libelo Constitucional y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Gabriel Mireles Torres, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, y en términos de la parte final del párrafo segundo del citado numeral a Cristina Rodríguez Villanueva y Aurora Madrid Rangel, por no cumplir con el requisito que prevé el presente párrafo. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente al promovente y cúmplase.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes
- Guadalupe Delgado López346/2021
- Guadalupe Medina Ramírez260/2021
- Guadalupe Robles Martínez Lazurtegui184/2020
- Guadalupe Rodríguez Pérez98/2023
- Guadalupe Vargas Pérez568/2015
- Guillermina Hernandez Hernandez356/2020
- Guillermo Erasmo Martínez Balderas84/2019
- Guillermo González Pacheco46/2020
- Guillermo Guevara Enriquez62/2022
- Guillermo Lara Herbert56/2018
- Guillermo Manzano Rodríguez644/2022
- Guillermo Sanchez Alvarado215/2020