Guadalupe Leticia Gardea Vega
Expediente 342/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Guadalupe Leticia Gardea Vega
- Guadalupe Leticia Gardea Vega y Otros.
- Roberto Daniel López Chao
- Luis Manuel Gardea Acuña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el oficio signado por la Autoridad, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, por medio del cual se le tiene acusando recibo del oficio 20636 de cuatro de octubre de dos mil dieciocho.
- Principal
A sus autos el oficio de cuenta. Se tiene a la Secretaria de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad;, haciendo las manifestaciones a que se contrae la propia comunicación, y acusando recibo del oficio 18752/2018, de ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se le remitió copia autorizada de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, acorde a lo establecido en el párrafo segundo del "punto décimo primero" del "Acuerdo General Conjunto número 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito", se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental y que tampoco tiene valor jurídico o histórico. Conforme a lo ordenado en el "punto décimo primero", segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente la fecha de archivo, asimismo que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 342/2018-II, promovido por Guadalupe Leticia Gardea Vega, su apoderado legal licenciado Esteban Sosa Reyes, contra actos de la Cuarta Sala Civil del Poder Judicial del estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital y el Juez del Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, el dieciocho de mayo del presente año, y turnado a este juzgado de Distrito el veintiuno de mayo siguiente, el licenciado Esteban Sosa Reyes, apoderado legal de Guadalupe Leticia Gardea Vega, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables, Cuarta Sala Civil del Poder Judicial del estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital y Juez del Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. De las autoridades responsables, de la Cuarta Sala Civil la sentencia o resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en todo su contenido y en todas sus partes de la toca 66/2018. Y del Juez del Segundo Juzgado Civil del Distrito Judicial Bravos, el acto aplicativo que pueda realizar de la resolución de la toca en mención." SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. El quejoso señala como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintidós de mayo del año en curso, se previno a la parte quejosa; desahogada la prevención, por auto de uno de junio del año en curso, se admitió la demanda de amparo promovida por el licenciado Esteban Sosa Reyes, apoderado legal de Guadalupe Leticia Gardea Vega, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un que puede tener ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: La resolución emitida el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dentro del toca 66/2018, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en la capital, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, Magistrado de la Cuarta Sala de lo Civil del Estado, y Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, porque al rendir el informe justificado aceptaron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En apoyo a su informe la autoridad Magistrado de la Cuarta Sala de lo Civil, envió copias certificadas de las constancias relativas a dicha contienda judicial y de las que derivan los eventos atacados de inconstitucionales; medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen e impugnan de inconstitucionales. Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causas de improcedencia. Atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede llevar a cabo el análisis de las causas de improcedencia del juicio, por ser una cuestión de orden público y análisis preferente. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se advierte oficiosamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al considerarse que la promoción de la demanda es extemporánea. El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". De la norma legal trascrita se infiere que, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la Ley de Amparo prevé para tal efecto, caso en el cual se reputarán consentidos tácitamente los actos y las normas legales reclamadas. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y, c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. En la especie, la parte quejosa consiente los actos reclamados a las autoridades que señala como responsables, en virtud de que no promovió oportunamente en su contra, la acción de amparo, resultando improcedente el juicio que se interponga, una vez concluidos los plazos estatuidos por la ley para intentarlo, pues debió interponer su demanda, dentro de los quince días siguientes, al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto impugnado o de su ejecución. Cabe aclarar, el momento a partir del cual comienza a contar el plazo de quince días para la interposición de la demanda, no se encuentra al arbitrio de ésta, sino que, se encuentra sujeto a las hipótesis expresamente determinadas por el precepto legal antes mencionado. De manera que, no basta el dicho de la parte quejosa en el sentido de que a partir de determinada fecha debe iniciarse el cómputo de mérito, sino que el órgano jurisdiccional habrá de verificar la que sea correcta, partiendo de las circunstancias particulares del caso. Tiene aplicación al respecto, por identidad de razón, la jurisprudencia que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Para dilucidar el cómputo de los quince días de presentación de la demanda, conviene traer a colación, el acto reclamado y los antecedentes del mismo. Los actos reclamados consisten en la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 66/2018 por el Magistrado de la Cuarta Sala de lo Civil, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, y su ejecución. Ahora bien, de las constancias que remite a su informe justificado el Magistrado responsable, a la cual se otorgó pleno valor probatorio, se aprecia que en la resolución incidental reclamada (de 19-abril-2018), confirmó el auto dictado por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Bravos, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, dentro del juicio sucesorio, en el que tuvo a Roberto Daniel López Chao exhibiendo póliza por la cantidad que le fue fijada. Esa resolución le fue notificada por lista el veinte de abril de dos mil dieciocho, surtiendo sus efectos el veintitrés del mismo mes y año. Por lo cual, el cómputo para contar el plazo de quince días para presentar una demanda de amparo inició el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho y feneció el dieciséis de mayo del mismo año, se computaron como hábiles los días el 24, 25, 26, 27, 30 de abril, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15, de mayo del año en curso; habiendo descontado los días inhábiles que mediaron 28 y 29 de abril, 1, 5, 6, 12 y 13 de mayo del año actual. Ahora bien, si se toma en consideración que el juicio de amparo fue presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en Oficialía de Partes Común de los juzgados de Distrito en esta ciudad, ya habían transcurrido tres días de haber concluido el plazo para su presentación, consecuentemente, la peticionaria del amparo consintió el acto que le causa afectación, pues ya había transcurrido el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo indirecto. En ese orden de ideas, se estima que ese acto fue evidentemente consentido, entendiéndose por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Sobre el tema, deviene aplicable en lo conducente, el criterio sostenido en la jurisprudencia número 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Derivado de tal sobreseimiento, no se analizarán los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, porque el sentido de referencia releva a este Juzgado Federal de su estudio. En apoyo de lo anterior es de invocarse la tesis de jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contexto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En las relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados y autoridades responsables mencionadas en líneas precedentes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 342/2018, por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza las actuaciones y da fe, hasta el día de hoy siete de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. 18752 y 18753
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