Guadalupe Leticia Gardea Vega

Expediente 737/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
737/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Leticia Gardea Vega
  • Roberto Daniel López Chao

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Por otro lado, acorde a lo establecido en el párrafo segundo del "PUNTO DÉCIMO PRIMERO" del "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NUMERO 1-2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO", y toda vez que la sentencia sobreseyó en el juicio, se declara que es susceptible de destrucción. Conforme a lo ordenado en el "PUNTO DÉCIMO PRIMERO", segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado José Universo Bautista Fuerte, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 737/2018-I-A, promovido por Guadalupe Leticia Gardea Vega, por conducto de su apoderado legal, Esteban Sosa Reyes, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en la localidad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado vía electrónica, el veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, que por razón de turno, el mismo día se remitió a este órgano federal, Guadalupe Leticia Gardea Vega, por conducto de su apoderado legal, Esteban Sosa Reyes, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable, Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en la localidad. Señalando que se vulneraron sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como antecedentes de los mismos relato bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Por auto dictado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el expediente 737/2018-I; se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior en virtud de que la omisión y el acto que se reclama, es imputado a la autoridad responsable que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio de garantías, en concreto, se hizo consistir en la negativa de emitir los acuerdos respectivos, respecto de las promociones de fechas dieciocho de septiembre y tres de octubre de dos mil dieciocho, en los autos del juicio civil 1181/1998, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en la localidad. En tales condiciones, ese será el acto que constituya la materia de análisis de este juicio. Es apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, al rendir su informe justificado, convino parcialmente en la existencia de los actos reclamados, en virtud de que hizo del conocimiento de este tribunal de amparo, que las promociones de dieciocho de septiembre y tres de octubre de dos mil dieciocho, fueron acordadas el veintidós de febrero del dos mil diecinueve, en los autos del juicio natural, agregando que los autos respectivos, fueron notificados de manera personal al representante legal de la parte quejosa, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias descritas, a las cuales, se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 192 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Lo que a su vez encuentra sustento, acorde a lo señalado en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia, en la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, del estudio de las constancias que obran en autos, el suscrito juzgador considera que en la especie, el acto reclamado por la quejosa Guadalupe Leticia Gardea Vega, por conducto de su apoderado legal, Esteban Sosa Reyes, consiste en la negativa a dar respuesta a sus ocursos de fechas dieciocho de septiembre y tres de octubre del dos mil dieciocho. Ahora bien, supliendo la deficiencia de la queja planteada, se advierte que la parte quejosa, señala que se vulnera su derecho humano de petición contenido en el artículo 8º, Constitucional, puesto que no le dieron respuesta a las peticiones formuladas el dieciocho de septiembre y tres de octubre del dos mil dieciocho, a la autoridad responsable ordenadora, exhibiendo al respecto, tres escritos con el original del acuse de recibo estampado por dicha autoridad responsable, del que se advierte que le formuló las peticiones referidas en su demanda de amparo. Previo a lo expuesto, debe decirse que el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo expuesto, se advierte de oficio, la actualización de la causa que hace inviable el estudio sustantivo del controvertido constitucional, la cual se encuentra contenida en fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Así, al haber reclamado la quejosa Guadalupe Leticia Gardea Vega, por conducto de su apoderado legal, Esteban Sosa Reyes, en esta vía constitucional, la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a sus peticiones planteadas, consistentes en que se acordara lo conducente, respecto de la rendición de cuentas del albacea definitivo designado en el juicio natural, asimismo, respecto de la rendición de cuentas de la administración efectuada por la quejosa, sin que a la fecha de presentación de los escritos de petición dirigidos a la autoridad responsable ordenadora, se le haya notificado lo conducente a las solicitudes descritas. Sin embargo, la autoridad responsable, Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, al rendir su informe con justificación, señaló que las promociones de dieciocho de septiembre y tres de octubre de dos mil dieciocho, fueron acordadas el veintidós de febrero del dos mil diecinueve, en los autos del juicio natural, agregando que los autos respectivos, fueron notificados de manera personal al representante legal de la parte quejosa, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, como se aprecia de la constancia de notificación de la misma fecha, efectuada por la secretaria de acuerdos adscrita al juzgado responsable, que adjuntó a su comunicado oficial. Situación que da origen a la improcedencia del juicio de amparo por haber cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa a lo anterior, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia vigente, la Jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del Tomo IX, de Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal virtud, la contestación a las peticiones realizadas, restituye a la quejosa Guadalupe Leticia Gardea Vega, en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la omisión de la autoridad responsable, precisamente porque esos actos ya no invaden su esfera jurídica; de ahí que, con tal evento se surta la causa de improcedencia antes señalada, que da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y motivado, se resuelve: ÚNICO. De conformidad con el considerando cuarto de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe Leticia Gardea Vega, por conducto de su apoderado legal, Esteban Sosa Reyes. Así, lo resolvió y firma, el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, Así, en atención a su contenido del escrito se tiene al apoderado, los primeros como herederos y el tercero como albacea, téngaseles por reconocido el carácter de terceros interesados en el presente juicio amparo en términos del artículo 5 fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo que, se tiene a los terceros interesados, apersonándose al presente controvertido constitucional. Así, se le tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, Así como este último, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que propone.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, remitiendo oficio en cumplimento al requerimiento de fecha cinco de marzo del año en curso, mediante el cual remite la constancia de notificación realizada al quejoso de los autos dictados con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, donde se prevee sobre los escritos presentados con fecha dieciocho de septiembre y tres de octubre del dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Doctor JOSÉ UNIVERSO BAUTISTA FUERTE, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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