Guadalupe Leticia Gardea Vega
Expediente 337/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Guadalupe Leticia Gardea Vega
- Guadalupe Leticia Gardea Vega y Otros.
- Luis Manuel Gardea Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vistos los oficios de cuenta, Así, atento a su contenido, se tiene a la Secretaria de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en Chihuahua, Chihuahua, acusando recibo de los oficios mediante los cuales se le hizo del conocimiento de la resolución en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, así como el auto que declaró ejecutoriada tal determinación.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, se declara que dicha sentencia que niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 337/2018-VI-B, promovido por el Licenciado ESTEBAN SOSA REYES, en su carácter de apoderado legal, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua y otra autoridad;R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado, ese mismo día, en donde la quejosa GUADALUPE LETICIA GARDEA VEGA, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de del Magistrado de la Cuarta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, y Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad.Señalando la quejosa que los actos reclamados a las responsables se vulneran sus derechos fundamentales contemplados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.SEGUNDO. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró como expediente 337/2018-VI-B; se solicitó informe justificado a las responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que,C O N S I D E R A N D O:PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar este juicio de derechos fundamentales indirecto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que los actos reclamados a la autoridad que la persona moral quejosa designó como responsable tendrá ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General en cita. SEGUNDO. En principio, debe indicarse que en el juicio de amparo la demanda debe ser interpretada en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, a fin de determinar con exactitud la intención de la promovente, y de esta forma armonizar los datos y elementos que la conforman, con el objeto de impartir una recta administración de justicia, al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o acto reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; incluso, de ser necesario, se pueden armonizar los datos que emanen tanto de la integridad de la demanda, como de la totalidad de las constancias que conformen el expediente de amparo, todo ello, desde luego, en función del pensamiento e intencionalidad objetiva del quejoso, sin tomar en cuenta las expresiones que generen oscuridad o confusión, por tanto, para fijar los actos reclamados, se debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 192097, que establece:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".A fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, en concreto, son los siguientes:La sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca 69/2018, la cual resolvió el recurso de apelación de los acuerdos tomados por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, en la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dentro del juicio Sucesorio Testamentario 1181/1988.En tales condiciones, lo antes expuesto será el acto que constituye la materia de análisis de este juicio. En apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, se cita la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."TERCERO. Resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de la conducta que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, con independencia de que lo aleguen las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto.Lo anterior es así, entre otras razones, ya que en caso de inexistencia de los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el análisis de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto; y en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de amparo sea procedente. Sirve de apoyo a la consideración de examinar la certeza de los actos reclamados, la tesis jurisprudencial XVII.2o. J/10 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en el tomo Núm. Setenta y seis, abril de mil novecientos noventa y cuatro, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Establecido lo anterior, cabe puntualizar que la autoridad señalada como responsable, Magistrado de la Cuarta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, y Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados, y para acreditar su dicho remitieron copia certificada de las constancias que integran el expediente del toca 69/2018, que resolvió el recurso de apelación admitido en el procedimiento Sucesorio Testamentario; constancias a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."CUARTO. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo a pesar de que la autoridad responsable haya aceptado los actos reclamados o estos se hubieran tenido como ciertos, ya que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos.Tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, visible en el Volumen ciento treinta y nueve guión ciento cuarenta y cuatro, primera parte, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". Al respecto, debe indicarse que después de haber revisado las constancias del expediente de amparo, se concluye que ninguna causal de improcedencia se vincula con el acto reclamado, motivo por el cual se procede a resolver la inconstitucionalidad planteada en la demanda.QUINTO. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son inoperantes, sin que en el caso se surta alguno de los supuestos previstos en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por lo que no es procedente suplir la deficiencia de la queja. Como se precisó, el acto reclamado se hace consistir en la resolución del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 69/2018, por el Magistrado de la Cuarta Sala de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, en la que confirmó los acuerdos tomados en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dentro de los autos del expediente del Juicio Sucesorio Testamentario 1181/1988 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad. Cabe apuntar que en dicha resolución se confirmaron los acuerdos tomados por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Bravos, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictados en el juicio Sucesorio 1181/1988, y que fuera inconforme el aquí quejoso, por lo que interpuso el recurso de apelación, en el cual señaló que en la audiencia en la que se celebró las confesionales de los herederos, específicamente a cargo , en representación de , no acreditó las facultades para absolver posiciones con poder de pleitos y cobranzas del cual solo se le puede otorgar a quien es licenciado en derecho, y el absolvente no acreditó ser abogado o licenciado en Derecho, pues no exhibió su cédula profesional que lo acreditara como tal. Continua señalando que, el poder notarial que exhibió el apoderado legal de la absolvente en cuestión, no contiene cláusula alguna especial para absolver posiciones, por lo que el heredero , estaba impedido para absolver . Al respecto el juez de origen resolvió proceder al desahogo de la confesional a cargo, quien absolvería las posiciones como apoderado legal para pleitos y cobranzas y para actos de administración de dicha absolvente, personalidad que se le reconoció en los términos de la documental exhibida. En contra de la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación, en el que en el primer agravio señaló: "que de la audiencia de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete que se celebró las confesionales de los herederos, del cual le causa agravio a la apelante la confesional de la heredera a cargo del heredero ya que el absolvente en representación de la heredera no acreditó tener las facultades para absolver posiciones con poder de pleitos y cobranzas del cual solo se le puede otorgar a quien es licenciado en derecho. Y es el caso que el absolvente no acreditó en autos ser abogado o sea licenciado en derecho, no exhibió su cédula profesional de licenciado de derecho. Siendo que solo pueden absolver posiciones quienes tienen poder notarial con facultades para absolver y que tengan acreditado su calidad de licenciado en derecho"; en el segundo agravio señaló que: "el Juez Aquo inaplica el artículo 294 del Código de procedimientos civiles, siendo que la absolvente Luz Alejandra Gardea Vega fue citada a absolver posiciones personalmente como así se pidió por la oferente en el escrito de contestación del incidente de oposición al inventario y avalúo de fecha seis de abril de dos mil diecisiete y que en el capítulo de pruebas se ofrece la confesional a cargo (que en audiencia de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete se aclaró el segundo apellido de la absolvente de Acuña por Vega) del cual se solicitó se citara para absolver personalmente las posiciones, queda entendido cuando se solicita la presencia de la absolvente sobre hechos propios, de aquí que la confesión da cumplimiento a que la absolvente no podía absolver mediante apoderado. Ya que las posiciones a formularse es por hechos propios. Que tal poder notarial que exhibe el apoderado legal de la absolvente no contiene cláusula alguna especial para absolver posiciones, lo que constituye otra justificación legal por el cual estaba impedido para absolver en nombre de la absolvente. Al que el Juez dejó de aplicar correctamente el artículo 294 del Código de Procedimientos Civiles que establece que para absolver posiciones mediante apoderado deberá ser con PODER ESPECIAL para absolver. Del documento referido consistente en PODER o MANDATO GENERAL LIMITADO PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION no cobra o se encuentra plasmado cláusula especial para absolver por parte del apoderado que le otorga Luz Alejandra Gardea Vega. Incluso el poder notarial en cuanto otorgado para PLEITOS se requiere cédula de licenciado en derecho y para ser usado ante un órgano judicial que es el que nos ocupa. Y como podrá verse dicho poder era para absolver posiciones ante un órgano jurisdiccional y judicial, ante una autoridad judicial en este caso ante el Juez Segundo de lo Civil. Y el apoderado legal no acreditó ser licenciado en derecho. Lo que resulta que el apoderado legal carece de facultades para absolver por no ser licenciado en derecho"; en el tercer agravio señaló que: "por lo antes manifestado y que consisten los agravios, se solicita se declare judicialmente confesa a la absolvente de las posiciones formuladas por el suscrito." Al resolver la autoridad responsable el recurso de apelación, señaló que: "Son inoperantes los reproducidos conceptos de agravio. Contrario a lo que sostiene el apelante, el poder con el que compareció a absolver posiciones a nombre de Luz Alejandra Gardea Vega si reúne los requisitos necesarios para ello. Asi es, del instrumento que obra en el tercer tomo del testimonio de apelación, consistente en poder o mandato general limitado para pleitos y cobranzas conferido ante el Notario Público número Catorce de la ciudad de Mérida, Yucatán, el diez de mayo de dos mil diecisiete a favor de Luis Manuel Gardea Vega, se advierte en su cláusula primera que, entre otras, se otorgó al apoderado la facultad de absolver y articular posiciones, lo que es suficiente para que compareciera a la confesional a cargo de su poderdante, pues como se dijo, su autorizante insertó expresamente en el poder respectivo el otorgamiento de tal facultad. Ahora bien, no debe pasar desapercibido que el ejercicio del referido mandato en la audiencia impugnada, fue únicamente con la finalidad de que el apoderado absolviera posiciones a nombre de su poderdante, en cuyo caso no existe dispositivo legal alguno ni criterio jurisprudencial que obligue que para ello, el apoderado deba tener la calidad de licenciado en derecho.. . ." En contra de los anteriores argumentos, el quejoso en su demanda de amparo, en el apartado de "conceptos de violación", reiteró literalmente los agravios expuestos en el recurso de apelación, sin que controvirtiera los motivos precisados en el párrafo anterior que sustentan a la resolución impugnada en el presente juicio de amparo, lo que torna inoperantes los conceptos de violación. Al respecto es aplicable la siguiente tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil.Así como la Jurisprudencia que se localiza en la página 731, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Tesis: 1a./J. 19/2012 (9a.) que es del siguiente contenido: AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo. En estas condiciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo, lo procedente es negar el amparo de la Justicia Federal, que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados, porque lo fueron en vía de consecuencia y no por vicios propios.Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, fracción I, 75, 107, fracción VI, 119, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse; y se,R E S U E L V E:ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista a la parte tercer interesado, el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en virtud de que se dejó aviso de notificación, el veintisiete del presente mes y año, por no acudir a este juzgado dentro de los días hábiles siguientes de la fecha del aviso de notificación.
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