Gregorio Vázquez Ruiz
Expediente 556/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/05/2021
Partes del expediente
- Gregorio Vázquez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 202 de la Ley de Amparo, tienen las partes para recurrir auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo hubieren hecho; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo décimo octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es depurable y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo décimo octavo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si efectivamente la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, cumplió con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Ahora bien, conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En ese sentido, por sentencia de once de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, resolvió: "[.] Primero. La justicia de la Unión ampara y protege a Gregorio Vazquez Ruiz, en contra del acto que reclama a la autoridad Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia.[.]" En esa tesitura, la sentencia en comento concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Que la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad, notifique de manera personal al quejoso Gregorio Vazquez Ruiz en el domicilio que señaló para ese efecto los oficios A202027584 y A202027872 de diez y once de noviembre de dos mil veinte, respectivamente." Así las cosas, al no haber sido recurrida dicha sentencia, en auto de cinco de abril de dos mil veintiuno causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable a fin de que cumpliera con el fallo protector dictado en el presente asunto. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional en dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, remitió constancias informando sobre el cumplimiento dado a la sentencia, consistentes en: Copia certificada del oficio A202111687, mediante el cual, en catorce de abril de dos mil veintiuno, se notificó personalmente al quejoso Gregorio Vázquez Ruíz el contenido de los diversos oficios A202027584 y A202027872 de diez y once de noviembre de dos mil veinte, respectivamente. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable en catorce de abril de la presente anualidad, notificó personalmente al quejoso Gregorio Vázquez Ruíz el contenido de los oficios A202027584 y A202027872 de diez y once de noviembre de dos mil veinte, respectivamente. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Con lo anterior, es claro que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, pues notificó personalmente al quejoso Gregorio Vázquez Ruíz el contenido de los oficios A202027584 y A202027872 de diez y once de noviembre de dos mil veinte, respectivamente. En consecuencia se tiene por cumplida la sentencia dictada el once de marzo de dos mil veintiuno; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por precluido el derecho y se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguense al presente expediente el oficio y anexos de cuenta que remite el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y las constancias anexas al mismo, córrase traslado y dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Finalmente, ténganse como delegados y domicilio procesal de la autoridad oficiante, los que indica en su informe, de conformidad con los artículos 9 y 28 fracción I de la Ley de la materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el plazo a que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el once de marzo de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, para que, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada resolución, en el plazo de diez días, (plazo que se considera prudente dada la complejidad de los actos a realizar), cumpla con la ejecutoria de amparo; es decir, deberá: "Que la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad, notifique de manera personal al quejoso Gregorio Vázquez Ruiz en el domicilio que señaló para ese efecto los oficios A202027584 y A202027872 de diez y once de noviembre de dos mil veinte, respectivamente." Debiendo remitir las constancias en copia certificada con que así lo acrediten. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así y sin causa justificada que lo acredite, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como por lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ocupa y su consignación. Asimismo, hágase del conocimiento de las personas físicas que ocupan el cargo de la autoridad mencionada que aun y cuando dejen su puesto, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró el cargo y que por esa razón, también podrán ser consignados en términos de la fracción XVI, del artículo 107 Constitucional, pues esa conducta puede ser constitutiva de delito contra la impartición de justicia. Notifíquese.
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