Guadalupe del Rosario Castillo Montejo
Expediente 929/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Guadalupe del Rosario Castillo Montejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 929/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por********************, contra actos del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El catorce de marzo de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por********************, en la que señaló como autoridad responsable al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. (...) QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, respeto de los actos relativo: proveído de tres de marzo del presente año dictado en el juicio ordinario de guarda y custodia ******************** en donde se negó la escucha de su hijo menor de edad y, se omitió acordar lo relativo a las medidas provisionales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable, pues han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que en auto de tres de marzo de dos mil veintitrés la autoridad responsable negó la petición de la actora******************** -aquí quejosa- por conducto de ******************** en razón de no tener reconocido el carácter en el procedimiento de origen. Asimismo, se advierte que en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 117 y 118 del legajo 1) la autoridad responsable precisó que a fin de contar con elementos suficientes para establecer lo correspondiente a las medidas provisionales señaló el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, para que tuviera verificativo la audiencia de escucha de menor ********************, y ordenó citar a las partes, es por ello, que determinó que no señalaba fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar. Asimismo, se advierte que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (foja 123 del legajo 1), se llevó a cabo la audiencia de escucha del menor ******************** Por su parte, mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés (fojas 126 a 129 del legajo 1), la autoridad responsable en atención a la solicitud de********************, procedió a dictar medidas provisionales relativos a la custodia del infante, régimen de convivencia en tanto que para determinar lo relativo a la pensión alimenticia requirió a la actora a efecto de que señalara la denominación o razón social y el domicilio del centro de trabajo, además señaló el catorce de abril de dos mil veintitrés a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos para que tuviera verificativo la audiencia preliminar. Al respecto, es pertinente destacar que la citada fecha de audiencia fue dejada sin efecto conforme al proveído de diez de abril de dos mil veintitrés y sobre el cual informó la autoridad responsable (promoción 5106). En consecuencia, si el acto combatido en esta vía constitucional se hizo consistir en la negativa de señalar fecha para la audiencia de escucha de menor, así como fijar medias provisionales y, que se advierte que durante la tramitación de este expediente, la responsable subsanó esa omisión, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encontraran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el emparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Además, no es obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado La parte quejosa señaló como único motivo de disenso que el acto reclamado transgrede en su perjuicio lo dispuesto en el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al principio de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, pues el no señalar fecha y hora para la audiencia preliminar a pesar del tiempo transcurrido, se traduce en una constante violación a los derechos constitucionalmente protegidos. Al respecto es pertinente destacar que principio, se encuentra establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". El dispositivo constitucional antes transcrito establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita, pues de su análisis se advierte lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia. Ahora bien, en relación con el tema que nos ocupa, la parte quejosa señala la falta de señalamiento de fecha y hora para la audiencia preliminar constituye una violación al artículo 510 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Dicho argumento resulta fundado pero inoperante. Se afirma lo anterior, en razón de que si bien el artículo indicado establece que una vez que ambos cónyuges comparezcan ante el juez, éste debe dictar un auto en el cual los tiene por presentados, en el que fije fecha y hora para celebrar la audiencia preliminar y, en su caso, dictar las medidas provisionales que procedan y definir los puntos pendientes por resolver del convenio; lo cual realizó la autoridad mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, lo cierto es que dicha fecha fue posteriormente dejada sin efecto mediante proveído de diez de abril del presente año. En ese sentido, del contenido de dicho proveído sobre el cual informó la autoridad responsable mediante oficio de once de abril del año que corre (promoción 5106), se advierte que en el procedimiento de origen tuvo por recibido el oficio de la Secretaría de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el cual dicha autoridad determinó acumular al expediente ******************** relativo al procedimiento oral familiar de guarda y custodia el diverso ********************relativo al procedimiento de guardia y custodia y por ello, es que la autoridad responsable determinó suspender la audiencia preliminar hasta en tanto el expediente acumulado se encuentre en el mismo estado que el primero en términos de los artículos 449 y 455 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Así, del primero de los numerales se aprecia que no procede la acumulación cuando los pleitos estén en diversas instancias, en tanto que el segundo precisa que la acumulación debe suspender el curso del juicio que estuviere más próximo a su terminación hasta que el otro quede en el mismo estado y, en este caso, se debe remitir al que por razón de prevención le corresponda el conocimiento y decisión del asunto, para que en una misma sentencia se resuelvan ambos. Consecuentemente, aunque resulta fundado el argumento de la quejosa a la postre deviene inoperante en razón de que derivado de dicha acumulación, es que la autoridad se encuentra impedida para continuar la tramitación del juicio de origen hasta en tanto el diverso acumulado se encuentre en el mismo estado, de ahí que, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría en razón de que subsiste la suspensión del procedimiento con motivo de los numerales antes indicados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 170 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, visible a página 114, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." En mérito de lo anterior, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal, por las consideraciones antes apuntadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************, contra los actos de la autoridad responsable precisado en el considerando quinto por los motivos expuesto en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************, contra el acto de la autoridad responsable expuesto en el sexto considerando por los motivos ahí reseñados de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los oficios signados por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, y anexo que acompaña, mediante los cuales con el primero rinde su informe justificado y con el segundo, informa lo relativo al proveído de fecha diez de abril del presente año, dictado en autos del expediente ********************, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y constancias de referencia y hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su informe copia certificada del juicio ordinario de guardia y custodia ******************** de su índice, constante de ciento treinta y tres fojas, fórmese UN LEGAJO con dichas constancias, sin que las mismas se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán; diez de abril de dos mil veintitrés. Mediante oficio SECNO/STCCCNO/292/2023, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que contiene el punto de acuerdo 66/2023, en el que se autorizó al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que auxilie a este órgano jurisdiccional en el dictado de la sentencia de cincuenta y cinco expedientes, elegidos aleatoriamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, visto el estado procesal de autos se obtiene que el presente asunto se encuentra en estado de dictar resolución, por lo que resultó seleccionado para su remisión electrónica al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; consecuentemente, se instruye al Oficial Judicial A, para que habilite al Juzgado de Distrito Auxiliar el acceso al expediente electrónico a fin de que de este en aptitud de emitir la sentencia, y se realicen las anotaciones en libro electrónico de gobierno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los actos que ha llevado a cabo con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite las constancias relativas a acreditar sus manifestaciones. Así, de la documental remitida se aprecia que en auto de veintitrés de marzo pasado, dictado en el expediente laboral 481/2021, se entregó a los representantes de la junta una copia del dictamen formulado por el auxiliar de la junta responsable en la misma data, otorgándoles para que se realicen las diligencias que se hubiesen practicado por causas no imputables a las partes o cualquier otra que consideren conveniente; circunstancias de las que se toma conocimiento. Ahora bien, con el fin de no dejar paralizada la etapa ejecutiva en este juicio de amparo, se requiere a la autoridad oficiante para que, dentro del plazo de tres días, informe lo conducente. En el entendido que subsiste el apercibimiento realizado en auto de dos de marzo de este año. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
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