Gregorio Rodrigo Sauri Salazar
Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Gregorio Rodrigo Sauri Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión ********************, de la estadística de ese cuerpo colegiado, que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto por ********************, en contra de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés dictado en este juicio. Ejecutoria de la cual se desprende que, en su primer punto resolutivo, confirmó la sentencia recurrida y en su segundo punto resolutivo sobreseyó el juicio de amparo promovido por ********************; en consecuencia, acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes al presente juicio de amparo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. ORDEN DE ARCHIVO. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, ya que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado el legajo I, que se ordenó formar con las copias certificadas agregadas en auto de doce de febrero de dos mil veintitrés, por el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvase a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibieron dichas constancias. BILLETE DE DEPÓSITO. Ahora, vista la certificación de la que se advierte que en la caja de valores de ese Juzgado de Distrito obra el billete de depósito ******************** por la cantidad de ********************, expedido por el Banco Del Bienestar, como uno de los requisitos señalados para que surtiera efectos la suspensión definitiva, derivada del juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán (ahora ******************** del índice de este Juzgado), el cuales quedó registrado con el número ******************** del índice de este juzgado. Por tanto, prevéngase a la parte quejosa para que una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, comparezca a este Juzgado a recoger el billete de depósito ********************. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, una vez concluido el término aquí concedido, empezará a correr el plazo de dos años, que previene el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para la prescripción del billete en comento a favor de la Federación. NOTIFÍQUESE, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso **************, en contra de la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés; formándose por tal motivo el toca 305/2023. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V. Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos copia del escrito signado por el quejoso ***, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo en vigor, entréguese copia del escrito de expresión de agravios a la autoridad responsable. Hecho lo anterior, remítase el original del presente expediente, el original del escrito de expresión de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, así como el anexo y el legajo formados en el presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, asimismo, se pone a disposición del Tribunal de Alzada, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo para lo que la Superioridad estime procedente acordar. En relación a lo anterior, y vista la certificación secretarial que a antecede, de la que se advierte que el trece de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el expediente de amparo 2645/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y este Juzgado Federal se avocó a su conocimiento. Ello, en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 relativo a la Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Ya que se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para dictar sentencia y continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En consecuencia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, solicítese a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, a efecto de que de no existir inconveniente alguno autorice el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2645/2022, de su índice, a fin de que este Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, se encuentren en aptitud de tener la visualización de todas las actuaciones y constancias electrónicas del citado juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
V. Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de ********************mparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis ********************braham ********************quiahuatl Vázquez, se declara abierta la audiencia pública y se hace constar la inasistencia de los testigos ********************, así como de la algún autorizado de la parte quejosa. ********************cto seguido, el secretario hace contar que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado; asimismo, se realiza la relación de las constancias que lo conforman, consistentes en la demanda de amparo; el auto de admisión, los informes con justificación, y el resto de proveídos dictados durante el trámite. ********************demás, se da cuenta con la promoción con número de registro 5781. El Juez provee: téngase por hecha la relación de constancias antes descritas, las que serán tomadas en consideración al resolver la cuestión planteada. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de la parte tercero internada a través de la cual formula alegatos y ofrece pruebas; con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de ********************mparo, dese cuenta en la etapa de la audiencia que corresponda. Enseguida, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las pruebas siguientes: La parte quejosa ofreció la instrumental de actuaciones, los recibos de pago pago originales de diversos servicios públicos y privados, testimonial a cargo de ********************, instrumental de actuaciones y presunciones en su doble aspecto. El Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, aportó fotocopia certificada del expediente natural, con la cual se formó el legajo I. La tercera interesada, ********************ofreció la instrumental de actuaciones; el oficio ********************, de siete de diciembre de dos mil veintidós, expedido por el Coordinador de Servicios Internos de la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida; los recibos de pago del consumo del servicio de energía eléctrica e historial de fracturación del servicio. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de ********************mparo, se admiten las pruebas que por su naturaleza se tienen por desahogadas Por otra parte, por lo que hace a la testimonial ofrecida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de ********************mparo, interpretado en sentido contrario, se tiene por desierta ante la insistencia de los testigos que se encuentran presentes en esta audiencia, de conformidad con el interrogatorio exhibido para ese efecto. ********************l no existir pruebas pendientes desahogar, se cierra esta fase de la audiencia. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que ********************los formuló y el ********************gente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de ********************mparo, se tiene a la parte tercera interesada formulando alegatos, los cuales serán analizados al dictar sentencia. Hecho lo anterior, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 80/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otra autoridades. R E S U L T ******************** N D O PRIMERO. Demanda de amparo El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otra autoridades, a quienes reclamó la orden de desocupación de un inmueble sobre el cual detenta la posesión. SEGUNDO. Trámite del juicio La demanda fue enviada por razón de turno al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; en acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2645/2022-VII, y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se dio intervención a la representación social federal de la adscripción; compareció a juicio ********************, tercera interesada en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de ********************mparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del ********************cuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, continúe con la eventual ejecución, hasta ordenar el archivo definitivo. ********************sí, mediante acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 80/2023-V, continuándose con el procedimiento. Finalmente, hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R ******************** N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VI, de la Ley de ********************mparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de ********************mparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. [...] Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCI********************S DE ********************MP********************RO. PREL********************CIÓN LÓGIC******************** DE SUS CONSIDER********************NDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado En su informe con justificación, la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y ********************ctuario adscrito a la Central de ********************ctuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y el Consejero Jurídico, aceptaron los actos que se les reclaman. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de ********************mparo, tiene valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, esa negativa se desvirtúa, ya que tiene el carácter de autoridad ejecutora sin que se reclame su participación por vicios propios, aunado a que la ordenadora reconoció la existencia del acto, por lo que su intervención se constriñe a cumplir con el mandato de ésta. CU********************RTO. Oportunidad para ejercer la acción de amparo La demanda de amparo se presentó oportunamente, se explica: ********************. El acto reclamado es la orden de desalojo de un inmueble dictada dentro de un procedimiento judicial, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de ********************mparo. B. El quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que en términos de la tercera hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de ********************mparo, el plazo comenzó a transcurrir al día hábil siguiente, es decir, el quince de noviembre y feneció el uno de diciembre de dos mil veintidós. C. Luego, si la demanda se presentó el catorce de noviembre de dos mil veintidós, se concluye que se hizo oportunamente. QUINTO. ********************ntecedentes del acto reclamado Es necesario conocer el origen del acto reclamado, para lo cual enseguida se destacan las actuaciones más relevantes en el juicio natural: Juicio ordinario civil. En el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se tramitó la acción proforma de otorgamiento de escritura, promovida por ********************, en contra de ******************** y ********************, respecto del inmueble localizado en la calle ********************, letra ********************, número ********************, del fraccionamiento ********************, de la colonia ********************. En sentencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se declaró procedente la acción y se condenó a los demandados a la entrega de la escritura pública respecto del inmueble litigioso. Ejecución de sentencia. En esta fase, ante la rebeldía de la parte demandada, la Jueza Civil otorgó la escritura pública a favor de la actora. Finalmente, el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, la autoridad judicial ordenó la entregar la posesión del inmueble localizado en la calle ********************, letra ********************, número ********************, del fraccionamiento ********************, de la colonia ********************, a favor de ********************. En diligencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, el ********************ctuario adscrito al Juzgado asentó la imposibilidad de entregar la posesión del inmueble, ya que se encontraba habitado. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de ********************mparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. ********************sí, de oficio el suscrito considera que en el juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de ********************mparo, ya que el quejoso no tiene algún derecho que defender dentro del juicio natural y no demostró con justo título la existencia de un derecho vigente que pudiera resultar afectado con motivo de la ejecución de la orden de lanzamiento del bien inmueble. Ciertamente, como requisito de procedencia del juicio de amparo, el interés jurídico tiene su origen constitucional en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en la fracción I del artículo 107, de la Constitución General. Es desarrollado en la Ley de ********************mparo, Reglamentaria de los ********************rtículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII. La procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales está supeditada a que el acto reclamado afecte de forma personal y directa algún derecho subjetivo del quejoso, pues éste supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: 1. una facultad de exigir, y 2. una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). ********************sí lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MER******************** F********************CULT********************D. CU********************NDO EXISTEN." De esta manera, cuando los actos reclamados en el juicio de amparo provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la acción constitucional únicamente compete a aquella persona titular de un derecho, que reciente un perjuicio, daño o menoscabo sobre éste. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. En ese panorama, es indudable que en los casos en que se reclame en sede constitucional un acto de autoridad deducido de un procedimiento jurisdiccional, la parte quejosa tiene la carga de demostrar fehacientemente que el acto emitido por el órgano jurisdiccional responsable afectó en forma real y directa un derecho subjetivo tutelado, es decir, tiene que probar la afectación a su interés jurídico, lo que involucra, desde luego, la titularidad de tal derecho. En ese sentido, es la parte accionante quien tiene que aportar pruebas idóneas para demostrar, primero, la existencia y titularidad del derecho afectado, y luego la afectación que causó la ley o el acto de autoridad sobre su esfera jurídica. Efectuada la precisión anterior, en el juicio que se analiza, la persona quejosa se ostenta como tercero extraño en estricto sentido al juicio de origen; esencialmente, alega que los actos reclamados afectan el derecho de posesión que detenta desde hace más de veinte años sobre el inmueble localizado en la calle localizado en la calle ********************, letra ********************, número ********************, del fraccionamiento ********************, de la colonia ********************. En ese sentido, tratándose del derecho de posesión, el Pleno del ********************lto Tribunal del País ha interpretado que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la posesión que debe protegerse mediante el juicio de amparo, es aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer, y no la simple tenencia material de las cosas. Lo anterior, porque si bien las legislaciones civiles, incluida la del Estado de Yucatán, definen al poseedor de una cosa como aquella que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el quejoso tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Es así, pues la posesión objeto de protección, se dijo, es aquella que nace de un justo título. En esas condiciones, no debe confundirse al poseedor de un inmueble con su simple ocupante. El primero ejerce un poder de hecho al amparo de un título que define la calidad de su posesión, originaria o derivada; en cambio, el ocupante simplemente es la persona que mora en el inmueble pero carece de un justo título. En ese orden de ideas, como ya quedó apuntado, la posesión que se encuentra protegida a través del juicio de amparo es aquella posesión jurídica, ya sea originaria o derivada que se sustente en un justo título, extremo que según lo considerado a lo largo de sentencia no fue demostrado. Por ello, no basta justificar que se ejerce un poder de hecho sobre la cosa, sino que también debe probarse que éste deriva de un título que configure el elemento subjetivo o intencional que permita ejercerlo. Determinada la falta de prueba de la existencia del derecho que defiende el quejoso, el suscrito advierte que el quejoso no carece de un derecho legalmente constituido que resulte oponible a la orden de desalojo reclamada, por lo que no afecta su esfera jurídica. ********************hora, en el particular, para demostrar la existencia del derecho a poseer localizado en la calle ********************, letra ********************, número ********************, del fraccionamiento ********************, de la colonia ********************, el quejoso ofreció la instrumental de actuaciones, los recibos de pago originales de diversos servicios públicos y privados, testimonial a cargo de ********************, instrumental de actuaciones y presunciones en su doble aspecto. ********************nalizadas en su conjunto, las pruebas carecen de eficacia para acreditar que el derecho real que defiende el quejoso se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley. En primer término, porque las documentales ofrecidas por el peticionario de amparo únicamente son eficaces para probar que realiza el pago de servicios domésticos, pero no constituyen un justo título necesario para proteger la posesión. ********************demás, aun cuando no desahogó la prueba testimonial, en caso de haberse efectuado, su contenido sí mismo sólo informa de la detentación material que ha ejercido el quejoso, sin que se haya relacionado con alguna otra prueba que pruebe cuál es su origen. En efecto, para corroborar el carácter de tercero extraño a juicio, es necesario que se actualicen dos elementos: el primero referido en la afectación directa a intereses, derechos, propiedades, etcétera que provoca la sustanciación de un procedimiento jurisdiccional en el que se fue ajeno; y el segundo que se constituye por la falta de comparecencia a dicho procedimiento y por la cual se perdió la oportunidad de oponer las defensas necesarias para la protección de los intereses particulares. Lo anterior, porque la figura de tercero extraño a juicio se construyó con un objetivo concreto, la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Federal, que reconoce que a ninguna persona podrá privársele de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales competentes y previamente establecidos. ********************sí, ante la falta de acreditación del derecho para poseer el inmueble ubicado en la calle ********************, letra ********************, número ********************, del fraccionamiento ********************, de la colonia ********************, el quejoso carece de un derecho oponible frente a la orden de desalojo, por lo que la posesión que ejerce no es objeto de protección en términos del artículo 14 de la Constitución Federal. En esas condiciones, en atención a que el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, y no integrarse con base en presunciones, se concluye que con las pruebas aportadas por la parte quejosa no se demostró la afectación a su esfera jurídica. En consecuencia, en términos del artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente la orden de desalojo dictada en el expediente ********************, respecto del predio localizado en la calle ********************, letra ********************, número ********************, del fraccionamiento ********************, de la colonia ********************, y su ejecución, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de ********************mparo. ********************demás, el sobreseimiento se hace extensivo respecto de los actos de reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, toda vez que no se atribuyen vicios propios, sino que son reclamados como resultado del emplazamiento al juicio natural, y la participación de las ejecutoras se hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ********************CTOS DE L********************S ********************UTORID********************DES ORDEN********************DOR********************S. PROCEDE P********************R******************** LOS DE L********************S EJECUTOR********************S CU********************NDO L******************** EJECUCIÓN NO SE COMB********************TE POR VICIOS PROPIOS". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de ********************mparo, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otra autoridades, a quienes reclamó la orden de desocupación de un inmueble sobre el cual detenta la posesión, por las razones expuestas en el último punto de esta resolución. NOTIFÍQUESE [...]
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