Guadalupe del Socorro Marcos Zapata
Expediente 639/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Guadalupe del Socorro Marcos Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés.****************************************Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. ********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes.********************En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido.********************En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado.********************Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados a la responsable, de conformidad con el criterio de valoración documental emitido por el Consejo de la Judicatura Federal de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el cuaderno original de dicho incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al carecer de relevancia jurídica; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 21 del citado acuerdo general.****************************************Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diez minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 639/2023-II; Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Diego Jezreel Nieto Bianchi, declara abierta la audiencia pública sin asistencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo; el auto admisorio de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; con la constancia de emplazamiento por oficio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; y con el resto de las actuaciones de trámite. Asimismo, el Secretario da cuenta con el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, registrado con el número interno 3408. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la indicada responsable. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental exhibida por la parte quejosa con su demanda y la remitida por el tribunal laboral responsable como apoyo a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado tampoco presentó su alegato ministerial. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordar, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 639/2023-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por *****, contra las omisiones del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El quince de febrero de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por Guadalupe del Socorro Marcos Zapata, en la que señaló como autoridad responsable al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de dieciséis de febrero de la anualidad, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito a este juzgado, quien no presentó su correspondiente alegato. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos omisivos de autoridad jurisdiccional dentro del procedimiento de origen, con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Mérida, Yucatán La omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de enero de este año, dentro del juicio laboral 179/2014, en el que solicitó se hicieran efectivas las multas impuestas a la parte demandada y se le requiriera de nueva cuenta el cumplimiento del laudo. La omisión de hacer efectivo el contenido del artículo 48 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, a fin de aplicar medidas más severas en contra de la parte demandada por la omisión de cumplir el laudo correspondiente. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de hacer efectivo el contenido del artículo 48 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. Si bien al rendir su informe justificado no se pronunció expresamente respecto a su existencia, o no (foja 13); lo cierto es que de las constancias que remitió, se aprecia su inexistencia. Sin que la parte quejosa aportara medio de convicción alguno para desvirtuar dichas manifestaciones. Documentales que tienen pleno valor probatorio al tenor de los numerales 122 y 209 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, atendiendo al análisis de la demanda y a la causa de pedir, se obtiene que la quejosa Guadalupe del Socorro Marcos Zapata, ocurrió a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, con motivo de que -aduce-, la responsable ha sido omisa en hacer efectivo el contenido del artículo 48 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con relación a aplicar sanciones más severas a la parte demandada para conminarla a cumplir el laudo, mediante suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y, en caso de reincidencia, la destitución del cargo. En ese sentido, debido a que se reclama un acto de naturaleza omisiva, se vuelve imprescindible identificar si existe la obligación jurídica de la responsable de realizar el acto que se le atribuye, pues no cualquier omisión debe tenerse cierta, ya que debe existir obligación objetiva de su parte de obrar en el sentido aducido. Orienta lo expuesto, la tesis 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, visible a página 53, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En el caso, de las constancias remitidas por la responsable, no se aprecia que la parte quejosa haya solicitado al Tribunal responsable la aplicación de tal ordinal y, por ende, que ésta incurriera en contumacia respecto a emitir un pronunciamiento. Si bien el numeral 161 de la de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, dispone expresamente que el tribunal burocrático tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan, lo cierto es que dicha obligación no es oficiosa, ya que es correlativa con la de la parte interesada en la ejecución, de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida. Esto es relevante porque, al respecto, el artículo 162 de la referida legislación señala que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución. De ahí que no sólo corresponda a la parte ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión. Estimar lo contrario implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 124, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad en su razonamiento, jurisprudencia PC.I.L. J/9 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, visible a página 845, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO." Así como la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, visible a página 844, del rubro siguientes: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO." Señalado lo anterior, debe tenerse por inexistente el acto que se reclama a la responsable, ya que de las constancias que obran en autos no se desprende que la parte aquí quejosa lo haya solicitado ante la responsable y, por ende, que exista una omisión en cuanto a su pronunciamiento como se pretende. De ahí que deba considerarse inexistente el acto reclamado. Ilustra lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, visible a página 926, del rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Así, al resultar inexistente el acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el diverso acto atribuido al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de enero de este año, pues así lo señaló al rendir su informe justificado (foja 13). QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ser promovida en cualquier momento, ya que la afectación de la omisión reclamada, se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez actualizado, sino hasta que cese esa omisión. SEXTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. En el particular, de las constancias remitidas por la responsable se aprecia que el seis de marzo de este año, proveyó el escrito presentado el veinticuatro de enero de este año por la parte quejosa, dentro del juicio laboral 179/2014, en el que solicitó se hicieran efectivas las multas impuestas a la parte demandada y se le requiriera de nueva cuenta el cumplimiento del laudo, en el sentido de otorgar sus peticiones (fojas 66 y 67). En consecuencia, si los actos combatidos en esta vía constitucional se hicieron consistir en la omisión de proveer el indicado escrito y, durante la tramitación de este expediente, se subsanó dicha omisión, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encontraran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el emparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No obsta a lo anterior que no haya transcurrido el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la responsable, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ******, contra las omisiones del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Jorge Luis Cueto Gómez, con quien actúa y da fe, como está ordenado en auto de dieciséis de febrero del año en curso, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo se procede a celebrar la audiencia incidental, sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con la promoción presentada físicamente con número de registro 2190, correspondiente al informe previo rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad. A lo que el Juez acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe previo de la autoridad responsable, así como la relación secretarial que antecede. Abierto el período de pruebas y alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierran ambas etapas. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, el Juez declara visto el incidente y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTO, para resolver, los autos del incidente de suspensión 639/2023-IV, promovido por ******, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, *******, promovió juicio de amparo contra los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión; se pidió a la responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, tiene verificativo la audiencia en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. 25. Este Juzgador es legalmente competente, para conocer y decidir sobre la suspensión definitiva solicitada en este incidente, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, 128 y 144, de la Ley de Amparo en vigor, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. 26. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las resolución que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. 27. Ahora, en el capítulo de acto de acto reclamado, la parte peticionaria de amparo destacó como actos reclamados: La omisión de acordar el escrito de fecha veinticuatro de enero del presente año, presentado ante la autoridad responsable, en el que solicitó el cumplimiento del laudo definitivo, dictado en autos del juicio laboral 179/2014. La omisión de hacer efectivo el contenido del artículo 48 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, a fin de aplicar medidas más severas en contra de la parte demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, para hacer cumplir el referido laudo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. 28. El Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. 29. Para decidir sobre la suspensión definitiva debe atenderse a las manifestaciones contenidas en el informe previo; por lo que el Juez debe partir de que la autoridad responsable aceptó que el acto reclamado es cierto. En esa lógica, deben tenerse por satisfecho este. 30. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado y sus consecuencias, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. 31. Para lo anterior, debe tomarse en cuenta la clasificación que de los actos reclamados elaborado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera) así como la determinación sobre si resultan susceptibles de admitir suspensión. 32. En el presente asunto, se reclaman actos con efectos positivos que podrían ejecutarse, por lo que sus consecuencias son susceptibles de suspenderse, ya que de continuarse el procedimiento por cada una de sus etapas el juicio de amparo quedaría sin materia. 33. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo. Debe precisarse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. 34. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o, bien, le evite un trastorno o un mal público. 35. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. 36. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. 37. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que, de ser procedente, la suspensión del acto reclamado no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad. 38. Análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. 39. Sobre la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en jurisprudencia P./J.15/96 que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. 40. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. 41. En el presente asunto, se reclaman actos de naturaleza omisiva; sobre este tipo de actos la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no impiden la procedencia de la suspensión, cuando existe posibilidad de restituir provisionalmente a la parte quejosa.3 42. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. 43. En el caso particular, el suscrito considera que no es procedente la suspensión, pues se reclama la transgresión al derecho de la impartición de justicia, por lo que de concederse la suspensión, los efectos harán nugatorios una eventual sentencia de amparo. 44. En efecto, si con motivo de la medida cautelar se ordenara a la autoridad responsable que acuerde el escrito de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés presentado por la aquí quejosa en la misma fecha, en los autos del juicio reclamatorio laboral 179/2014 del índice de la responsable, así como que se le ordenará hacer efectivo diversas medidas de apremio con el fin de lograr el cumplimiento del Laudo dentro del juicio reclamatorio laboral anteriormente mencionado ello extinguiría los actos reclamados y restituiría en forma terminante los derechos transgredidos, por lo tanto, no es posible conceder la suspensión definitiva, pues se desnaturalizaría el juicio de amparo, dejando sin materia el mismo. 45. Además que a través de su informe previo, la responsable expone que ha aplicado multas para el cumplimiento del Laudo, sin embargo, no anexa constancia con la cual se advierta que lo realizó, con lo cual se entiende que la afectación a la quejosa subsiste. 46. Por su contenido, apoya lo resuelto el precedente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU DISTINCIÓN PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. En los actos reclamados de naturaleza omisiva (como en el caso de la omisión del Congreso del Estado de Nuevo León de contestar un escrito de petición), es improcedente conceder la suspensión, ya que se darían efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que se emita en el juicio de amparo, aunado a que se dejaría sin materia el mismo. En cambio, en los actos reclamados de naturaleza omisiva con efectos positivos (como la omisión de dar cumplimiento a una resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León), sí es posible conceder la suspensión con efectos restitutorios, pues en una apariencia del buen derecho, debe ordenarse a la autoridad vencer su abstención y cumplir con las obligaciones que la ley le ordena. De ahí que no cualquier acto omisivo da lugar a conceder la suspensión con efectos restitutorios, sino sólo en los casos en que la omisión derive del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley."4 47. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la parte quejosa. 48. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo: R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a *****, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE
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Mérida, Yucatán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Con la demanda de amparo promovida físicamente por ********************, contra actos del TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, PERTENECIENTE AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 639/2023-IV. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, PERTENECIENTE AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, lo siguiente: La omisión de acordar el escrito de fecha veinticuatro de enero del presente año, presentado ante la autoridad responsable, en el que solicitó el cumplimiento del laudo definitivo, dictado en autos del juicio laboral ********************. La omisión de hacer efectivo el contenido del artículo 48 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, a fin de aplicar medidas más severas en contra de la parte demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, para hacer cumplir el referido laudo. Admisión. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 33, fracción IV, 37, 108, 112, 115, 116, 117 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud que se trata de un acto de carácter omisivo; se admite la demanda. Solicitud de informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. (...) Informe de causas de improcedencia. Con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe la constancias que la acrediten; apercibida, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. (...) Incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con copia de la demanda que se recibe. Vista al Ministerio Público. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Tercero Interesado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se estima que le recae el carácter de tercero interesado a la********************. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la citada ley de la materia, gírese atento oficio al citado tercero interesado, para efecto de hacerle saber la admisión de la demanda de que se trata, al que se adjuntará copia simple de ella e indíquesele que con tal carácter puede comparecer a juicio si a sus intereses conviniere. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tiene por ofrecida la prueba documental exhibida por la parte quejosa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, para ser relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Domicilio y autorizados. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.
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