Guadalupe Belmone Ayala
Expediente 61/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Belmone Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En el supuesto de obrar constancias allegadas por la autoridad responsable se ordena su devolución por resultar innecesaria su retención. Finalmente, en caso de obrar documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales, de lo contrario por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible y asequible de éste juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o determinación de 20 de julio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-61-2021-O, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por reproducidos los alegatos de referencia y por precluído el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, compareció Guadalupe Belmonte Ayala, a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Unidad La Piedad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Por razón de turno, le tocó dicha demanda a este Juzgado de Distrito, en donde se registró bajo el número 61/2021, en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno se admitió; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Con posterioridad se reconoció el carácter de tercero interesado a J. Jesús Magaña Torres, así como a los Agentes del Ministerio Público Rogelio Pérez Juárez y María del Refugio Huerta Robledo que intervinieron en la causa 137-2020, a quienes se ordenó emplazarlos a juicio. Así, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3-2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por la quejosa Guadalupe Belmonte Ayala, al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección de Litigación de La Piedad, Michoacán y al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, consisten en: La formulación de imputación y el auto de vinculación a proceso dictado el seis de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal 137-2020, instruido en su contra por el delito de robo calificado, en detrimento de J. Jesús Magaña Torres. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P.-J. 40-2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. La Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Unidad, la Piedad, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado. Asimismo, debe presumirse cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación de la Piedad, Michoacán, toda vez que dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de que debidamente notificada de su requerimiento -como se advierte del acuse de recibo que obra en autos del presente juicio de amparo; en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo que se corrobora con el disco magnético que remitió la responsable como complemento a su informe justificado, en el que obra la audiencia oral llevada a cabo por el Juez de Control. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que la quejosa no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que la quejosa es la imputada en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, a quien se le vinculó a proceso, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Por tanto, toda vez que no se hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58-2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la resolución pronunciada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Unidad La Piedad, el seis de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal 137-2020, por la comisión de los hechos señalados por la ley como delito de robo calificado previstos y sancionados por los numerales 199, 200 fracción III y 205 fracción III, en relación con los 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, todos del Código Penal del Estado, en agravio de J. Jesús Magaña Torres. Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar a la quejosa le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de seis de enero de dos mil veintiuno, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Ahora, conviene traer a glosa el contenido del primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de término constitucional, los cuales, en su orden, a la letra dicen: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo transcrito, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación. El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y que existe la probabilidad de que la indiciada lo cometió o participó en su comisión. En efecto, cabe señalar que la quejosa comparece al amparo como imputada, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito; a quien se le citó a la audiencia de formulación de imputación para las trece horas del seis de enero de la anualidad que transcurre, la cual fue desahogada en sus términos con los requisitos legales señalados en los artículos 309 al 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que se le citó a la audiencia de formulación de imputación; nombró como sus defensores públicos a Marco Vinicio Rivera Arreola y José Jorge Arias Barajas; se le informó el derecho a declarar o reservarse el derecho de hacerlo, explicándole las consecuencias jurídicas en ambos supuestos, por lo que previa consulta con su defensa, decidió no declarar en relación a los hechos. En esa misma data, se le vinculó a proceso por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de robo calificado en agravio de J. Jesús Magaña Torres, previsto y sancionado por los artículos previstos y sancionados por los numerales 199, 200 fracción III y 205 fracción III, en relación con los 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, todos del Código Penal del Estado. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 155, fracciones I y V del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó a la imputada las medidas cautelares consistentes en, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe y la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez (minuto 18:19 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). Ahora bien, la quejosa señala en los conceptos de violación, que la autoridad responsable vulnera su esfera de derechos, toda da vez que emitió auto de vinculación a proceso, no obstante a su decir, no existen datos que hagan suponer que participó en el hecho que se le atribuye. Motivos de inconformidad que resultan infundados. Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Es así, pues basta imponerse de la reproducción de la audiencia inicial celebrada el seis de enero de la anualidad que transcurre, para poder advertir que el Agente del Ministerio Público, expuso medularmente como hecho delictivo que en abril de dos mil doce, la imputada Guadalupe Belmonte Ayala, inició una relación laboral desempeñándose como secretaria en la Notaria Pública Número 16, ubicada en la calle 16 de septiembre, número 77, Colonia Centro de la Piedad, Michoacán, cuyo titular es el Licenciado J. Jesús Magaña Torres. Que la imputada tenía entre sus principales funciones la de colaborar en la realización de escrituras, actas, poderes, atención al público, recibir pagos de los clientes para cubrir los costos de las escrituras. Que María Fernanda Camarena Hernández hizo del conocimiento del ofendido Licenciado J. Jesús Magaña Torres, que la imputada le refirió que había tomado dinero prestado de los asuntos que tenía bajo su cuidado, por lo que el quince de agosto de dos mil dieciocho, el ofendido decidió rescindir su relación laboral, pidiéndole le entregara las llaves de la Notaria y del cajón en donde guardaba los documentos y dinero de los asuntos que tenía a su cargo; lo que realizó una semana después de su despido, eso era, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Que una vez que el ofendido abrió el cajón se percató, que en su interior solo había documentos de los asuntos notariales, por lo que realizó una auditoría interna de los asuntos que tenía a su cargo, de la que derivó que le fueron entregadas diversas cantidades de dinero para la elaboración de distintas escrituras por distintos conceptos, entre los que se encuentran el pago del Impuesto Sobre la Renta, los que no realizó, ni entregó al ofendido; lo que motivó que con posterioridad, ésta último tuviese que erogar el pago de dichas contribuciones (minuto 17:30 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). Datos de prueba. La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, entre los que destacan: 1. Denuncia del ofendido J. Jesús Magaña Torrres, ratificada el siete de mayo de dos mil diecinueve (minuto 15:47:19 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 2. Constancia del nombramiento del Notario J. Jesús Magaña Torres de fecha cinco de noviembre de dos mil uno (minuto 17:56-19:43 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 3. Constancia de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de la imputada Guadalupe Belmonte Ayala así como su baja (minuto 15:52:25 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 4. Entrevista de ocho de mayo de dos mil diecinueve, realizada a la testigo Ma. Dolores Moreno Lisea (minuto 15:52:39 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 5. Entrevista de ocho de mayo de dos mil diecinueve, a la ateste Alma Paulina Rodríguez Méndez (minuto 15:55:20 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 6. Entrevista de trece de mayo de dos mil diecinueve a la testigo María Fernanda Camarena Hernández (minuto 15:58:20 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 7. Entrevista de ocho de mayo de dos mil diecinueve al testigo Guillermo Ignacio González Zamudio (minuto 16:05:30 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 8.Entrevista de Laura Graciela Méndez Reyes de catorce de mayo de dos mil diecinueve (minuto 16:08:04 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 9. Entrevista de Noé Corona Zavala realizada el catorce de mayo de dos mil diecinueve (minuto 16:15:04 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 10. Entrevista de María Duarte Méndez, de quince de mayo de dos mil diecinueve (minuto 16:19:110 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 11. Entrevista de María Teresa González Castrejón realizada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (minuto 16:21:09 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 12. Entrevista de Marisol Barajas Aguilar de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (minuto 16:25:34 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 13. Declaración de la imputada Guadalupe Belmonte Ayala, efectuada el ocho de agosto de dos mil dieciocho (minuto 16:29:00 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 14. Copias cotejadas de diversas escrituras, recibos de pago de la Notaria Número 16 a cargo del ofendido, de los libros de registro, de control interno, de pagos de contribuciones, de cheques (minuto 16:33:15 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 15. Dictamen pericial contable de dos mil quince a dos mil dieciocho, suscrito por el Contador y auditor Manuel Basurto Salazar y ratificado el diecisiete de agosto de dos mil veinte (minuto 17:18:17 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 16. Dictamen pericial contable suscrito por Alejandro García rendido el veinte de febrero de dos mil veinte, (minuto 17:23:00 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). Hecho que la ley señala como delito. En concordancia con lo anterior el juez responsable determinó, la existencia de un hecho que reviste el carácter de delito, el cual objetivamente pudo ser ejecutado por la persona a quien se imputó, pues en forma acertada señaló, que la quejosa trabajó como secretaria en la Notaría Número 16, a cargo de J. Jesús Magaña Torres: que era la encargada de la elaboración de las escrituras respecto de las cuales los clientes le realizaron diversos pagos por concepto del Impuesto Sobre la Renta que generarían la compraventas de los inmuebles, los cuales no enteró; lo que fue verificado después de rescindida su relación laboral -quince de agosto de dos mil dieciocho- motivo por el que fue necesario que el Notario cubriera esas cantidades para concluir los trámites, generando un detrimento que asciende a la cantidad de $317,366.00 (trescientos diecisiete mil pesos trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). Esto, en razón de que quedaron establecidas cada una de las escrituras que tenía a su cargo; la cantidad que recibió por cada una de ellas y el monto que con posterioridad tuvo que cubrir el Notario por el Impuesto Sobre la Renta (minuto 18:15:40 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). Esto es, el juez responsable correctamente tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 199, 200 fracción III y 205 fracción III, en relación con los arábigos 19, fracción I y 24, fracción II, del Código Penal del Estado, cometido en agravio de J. Jesús Magaña Torres. Agravante. Asimismo el juez responsable determinó que en la especie concurría la agravante prevista por el numeral 205 fracción III del Código Penal del Estado de Michoacán, en virtud que la imputada se aprovechó de la relación laboral, dado que trabajaba como secretaria en la notaría (minuto 18:13 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). Probable participación. De igual forma la a quo, estimó con los datos de prueba antes citados, que quien probablemente llevó a cabo el hecho que la ley señala como delito de robo calificado fue la quejosa Guadalupe Belmonte Ayala, esto porque del señalamiento que le hizo la víctima, misma que corroboró principalmente con los documentos, las escrituras, índice de control interno permitían establecer que sí tuvo la encomienda de recibir los pagos de los clientes, de darles recibos y que no realizó el pago de las contribuciones, generando un detrimento en el Notario, quien tuvo que cubrir los pagos respectivos (minuto 18:12:30 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por la quejosa existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para vincularlo a proceso, y que se acreditan los elementos constitutivos del hecho delictuoso de robo calificado, así como la probable intervención en su comisión. Sin que impida estimar lo anterior, el señalamiento de la peticionaria de amparo en el segundo concepto de violación y en otra porción del tercero, en el sentido que los medios de prueba enunciados por la fiscalía incluidos los testimonios, fueron desestimados; que el juez tomó en cuenta única y exclusivamente las copias certificadas expedidas por el propio tercero interesado, y que ni siquiera existe consenso sobre la cantidad pretendidamente robada. Que además, los datos aportados por la fiscalía no evidencian la existencia previa en el cajón que mencionan de la cantidad de dinero por la que se le imputa, ni que la peticionaria de amparo lo hubiese sustraído; esto, dado que solo hacen referencia a la existencia de recibos que supuestamente ella generó y la inscripción en el libro sobre diversos trámites que le fueron encomendados. Asimismo, que el juez omitió analizar diversas contradicciones en la investigación, en la que primero se refirió que la quejosa tomó el dinero paulatinamente, después que estaba en un cajón y que fue despedida porque se descubrieron irregularidades; en contraste con la referencia posterior, que una vez que fue despedida fue que se encontraron. Lo anterior es así, toda vez que basta imponerse del contenido del registro de audio y video de la audiencia correspondiente, para poder advertir que opuesto a lo alegado por la impetrante, el juez responsable no desestimó los medios de prueba enunciados por la fiscalía. Esto, dado que también tomó en cuenta las copias certificadas de los recibos de dinero que ella expidió, de los recibos de pago de las contribuciones respectivas -de fecha posterior a que la amparista dejó de laborar en la notaría- del libro de control del que deriva a quién fueron asignadas las escrituras para su trámite y diversos testimonios entre los cuales se encuentran personas que laboran en el lugar (minuto 17:53:00 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). De igual forma, sí se precisó la cantidad presumiblemente robada, pues se estableció, que hasta el momento arrojaba la suma de $317,366.00 (trescientos diecisiete mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n.). En la inteligencia, que no existe impedimento legal para que el propio ofendido quien funge como Notario Público Número 16 con residencia en La Piedad, Michoacán, expidiera las copias certificadas aportadas, dado que se trata de una actividad que se encuentra dentro de sus funciones. Ahora, en relación a falta de acreditamiento de la existencia previa del cajón y dinero que se le imputa, debe decirse que ello deviene intrascendente, atento a las propias manifestaciones que el Juez responsable señaló, en el sentido de que era irrelevante, porque existían constancias de que recibió el dinero del impuesto sobre la renta de cada una de las escrituras que refirió y que no los pagó; tan era así, que el notario para liberar y registrar las escrituras tuvo que hacerlo, según se advertía de los recibos con fecha posterior a que la quejosa dejó de laborar (minuto 17:57:40 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente) Sin que tampoco se adviertan las contradicciones que indica, dado que quedó evidenciado el hecho, que ante el faltante del pago del impuesto sobre la renta derivados del trámite de diversas escrituras, se le despidió, y fue entonces que se realizó una auditoría. En ese contexto, cobra especial relevancia el hecho que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues será en la etapa del juicio, en donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan. Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el inculpado participó en su comisión, para justificar el auto de vinculación. En otro orden, es infundado el segundo concepto de violación, en el que se aduce, que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues la autoridad responsable al dictar auto de vinculación a proceso, se apoyó en los preceptos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 199, 200 fracción III y 205 fracción III, en relación con los 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal del Estado y 155, fracciones I y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales Es así porque el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad. Cabe señalar que tal derecho de legalidad se encuentra previsto en el artículo 16 constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad, circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, como se anticipó resulta infundado el concepto de violación que se analiza, pues en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de la resolución reclamada, en las que se determinó la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo calificado, atendiendo a que la quejosa trabajó como secretaria en la Notaria Número 16 con residencia en la Piedad Michoacán; que era la encargada de realizar diversos trámites de escrituras, respecto de las cuáles recibió distintas cantidades de dinero para el pago del impuesto sobre la renta; que después de que se le despidió -quince de agosto de dos mil dieciocho-, se realizó una auditoria, de la que derivó que no enteró dicho impuesto y fue necesario que el Notario los cubriera, generando un detrimento de $317,000.00 (trescientos diecisiete mil 00/100 m.n.) lo que aconteció aprovechándose la quejosa de la relación laboral que tenía; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En otro orden, la peticionaria de amparo en el concepto de violación identificado con el punto primero, señala esencialmente, que el acto reclamado vulnera su esfera de derechos, porque fue emitido sin los protocolos de equidad de género respectivos. Lo anterior, dado que el juez no tomó en cuenta que existió una relación laboral entre el ofendido y la quejosa, dejándola en un estado de vulnerabilidad y desequilibrio ante aquél, quien le ha perseguido por el hecho de ser mujer, como se podía apreciar de las entrevistas realizadas a los testigos, de las que deriva que su único delito ha sido vestir con elegancia, dado que más de la mitad la acusaron de vestir bien y de conducir un auto medianamente bueno, soslayando el derecho de equidad de género, pues una vez identificado el patrón, debió haber actuado en consecuencia y no lo hizo. Cita las tesis intituladas "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPIOCS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS." Y "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU PERJUICIO FRENTE A LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO". Conceptos de violación que devienen infundados. Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que entre la quejosa y el ofendido existió una relación laboral, de los hechos del contexto que nos ocupa no se advierte que dicha condición hubiese influido en el resultado del acto reclamado, dado que no se identificaron situaciones de discriminación, violencia o desigualdad. Esto es, no se advierte una estado que coloque a la quejosa en posición de vulnerabilidad y con posibilidad agredida y victimizada, dado que la conducta que se le atribuye, la llevó a cabo dentro del desempeño de sus funciones. De igual forma, si bien algunos de los atestes informaron que la quejosa se conducía de una manera ostentosa, debe decirse que ello no fue tomado en cuenta por el juzgador, pues al respecto precisó, que resultaba irrelevante y que lo importante era, que sí trabajaba ahí, estaba a cargo de las escrituras y que la forma de trabajar consistía en que se trataba de un intermediario entre las personas que acudían a realizar sus trámites con el notario; y que una vez que fue despedida, de los documentos que se encontraban en el cajón, se advirtió que no se había realizado los trámites por no haberse efectuado los pagos (minuto 17:53:00 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). Ahora, deviene inatendible el tercer concepto de violación, en el que la quejosa aduce, que el poder económico y político que tiene la víctima, le hace pensar que el acto reclamado fue emitido sin perspectiva de género, lo que se percibía en la primera de las audiencias de seis de enero de dos mil veinte, en la que el juez dedicó más de tres minutos a arropar al ofendido, a darle instrucciones al fiscal sobre cómo corregir las deficiencias que ya le había subrayado, e incluso a sugerirle a la quejosa que le pagara -lo que se advierte a partir del minuto 3:59- vulnerando con ello el principio de imparcialidad, pero sobre todo una violación en contra de la equidad de género, puesto quero pese a haber negado vincularla a proceso, el juez hizo imputaciones directas a su persona, pretendiendo ingratitud de su parte, el haber cometido un error y además pretender que los actos delictivos si fueron cometidos, y que además si está involucrados en ellos. Que además, en un acto inusitado para un juzgador, terminada aquella audiencia, el Juez se reunió en privado con el ofendido y su asesor, tomando una charla de unos minutos. Situación que lo tornaba inhábil para continuar conociendo del asunto, en aras de impartición de justicia; que si bien, esa conducta no fue desplegada por el juzgador en la segunda audiencia, la influencia del pretendido ofendido fue tal y suficiente como para vincularla a proceso. Que de hecho, ante el despliegue de parcialidad del Juez responsable en la primera audiencia, es posible que lo hiciera incompetente para conocer de la segunda, dado su evidente condescendencia con la que en la primera se condujo hacia el presunto ofendido, la particular precisión que tuvo para referir que no estaba siendo influenciado por aquel, y el absoluto desdén por los derechos de equidad de género de la quejosa. Se dice de este modo, esto es, inatendible los motivos de disenso de que se trata, toda vez que en la primera audiencia de siete de enero de dos mil diecinueve -y no de seis de enero de dos mil veintiuno- en la que no se le vinculó a proceso, no es materia de análisis de esta instancia constitucional. También, porque las conductas que dice fueron llevadas a cabo por el juez en la primera audiencia de las que se infiera cierta parcialidad con el ofendido, no fueron invocadas en la audiencia de vinculación a proceso de seis de enero de dos mil veintiuno, para que, atento al principio de contradicción, el juez estuviese en condiciones de pronunciarse en torno al impedimento que refiere. Máxime que tampoco ofertó medio de prueba alguno que evidencia la reunión en privado que señala tuvo con el juez con el ofendido y el asesor. Igual suerte que lo anterior, corren aquéllas manifestaciones atinentes a que el ofendido ha orquestado la farsa de acusarle por instrucciones de su esposa, quien al parecer la considera un peligro para su matrimonio, dado que además de que ello tampoco fue planteado en la audiencia de imputación que nos ocupa, no existe medio de prueba que lo evidencia. Por tanto, bajo aquél panorama, debe concluirse que contrario a lo considerado por la parte quejosa, los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales los cuales a excepción del primer numeral, mismo que ya fue transcrito con anterioridad, a la letra disponen lo siguiente: "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." Esto es, como puede advertirse, y como ya había quedado precisado con anterioridad para el dictado del auto de vinculación a proceso es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron tres meses que concluían el seis de abril de dos mil veintiuno-, e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Requisitos que como ya fue precisado en autos han quedado debidamente acreditados. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inatendibles de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto del acto reclamado al Agente responsable consistente en la formulación de imputación, dado que no formula conceptos de violación al respecto. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guadalupe Belmonte Ayala contra el acto reclamado y autoridad que quedó precisado en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia. Ahora bien, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución que se llegue a emitir, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
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