Griselda Resendiz Pompa
Expediente 858/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Griselda Resendiz Pompa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del oficio 3980 mediante el cual se le notificó el proveído por el que se ordenó el archivo del presente asunto y se le devolvieron las constancias que allegó al sumario en que se actúa, en virtud de ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por un lado se sobreseyó en el juicio, y por otro se negó la protección de la justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 858/2022. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa y tercera interesada, así como con la exhibida por el Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la parte tercera interesada formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 858/2022, promovido por ********************, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, y de otra autoridad. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 8º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segunda. Admisión. Por razón de turno correspondió a este juzgado el conocimiento del asunto, por lo que se registró bajo el número 858/2022 y, mediante auto de diez de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite y se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se fijó día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, el siete de septiembre de dos mil veintidós, se reconoció carácter de tercera interesada a la persona moral ********************, quien a su vez actúa en representación de ********************, en cuanto parte contraria y adjudicatario del bien embargado en el juicio laboral de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Seguido el procedimiento respectivo, mediante auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se tuvo al Jefe de la Oficina Central de Actuarios de Morelia, Michoacán, y al Actuario adscrito a la citada oficina, como autoridades no señaladas como responsables. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, por lo que ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a autoridades con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La falta de llamado al juicio sumario civil hipotecario ********************, promovido por ********************, quien a su vez actúa en representación de ********************, contra la parte quejosa; y, En consecuencia, todo lo actuado en dicho juicio, incluido el auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se le requirió para que en el plazo de tres días otorgara la escritura del inmueble embargado y rematado en el juicio. Actos que atribuye a las autoridades: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán; Actuario adscrito al citado órgano jurisdiccional; y, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia. El Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, manifestó que no son ciertos los actos que se le atribuyen, consistentes en la inscripción del embargo y adjudicación decretados dentro del juicio sumario civil hipotecario ********************, toda vez que después de haber realizado una búsqueda minuciosa tanto en los archivos electrónicos como documentales con que cuenta esa institución, no se encontró dato alguno relativo a dichas inscripciones, con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, la promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita, aun cuando se le dio vista con el respectivo informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese sentido, dado que se advierte que el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, no tiene carácter de autoridad ejecutora, se tienen por inexistentes los actos reclamados, por lo que se refiere a la citada autoridad. De modo que, ante la inexistencia de los actos reclamado a la autoridad señalada en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a la autoridad de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe el juez responsable, consistentes en copia certificada de las principales constancias del juicio sumario civil hipotecario ******************** [constantes de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no hicieron valer causas de improcedencia de la presente acción constitucional, ni este juzgador advierte de oficio la existencia de alguna, por lo que procede entrar al estudio de los conceptos de violación. Sexta. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Primeramente, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el emplazamiento constituye una formalidad esencial del procedimiento, al tratarse de la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada, por lo que al ser la actuación judicial de mayor trascendencia dentro de un juicio, debe llevarse a cabo conforme a las formalidades establecidas para que se respete la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, segundo párrafo, que establece: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" El derecho de audiencia consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente ser sometido a un procedimiento, que tenga como objeto privar de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. Sobre el tema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: La notificación del inicio del procedimiento; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar; y, Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. Siguiendo esas directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), titulada: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." En ese sentido, la falta de emplazamiento o su verificación defectuosa se traduce en la violación procesal más grave a la ley, porque deja indefenso al demandado, impidiendo la correcta integración del vínculo procesal y vulnera el derecho humano de audiencia. Formalidades del emplazamiento en materia civil. En principio, debe decirse que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña y el emplazamiento cuya ilegalidad reclama emana del juicio sumario civil hipotecario ******************** del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Por ello, el llamamiento a juicio se regula ampliamente bajo las disposiciones de los artículos 79 y 88, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, numerales que, por su orden, establecen: "Artículo 79. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador y cerciorado de que es el domicilio del notificado y está en la población, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado." "Artículo 88. Las notificaciones presenciales se harán leyendo íntegramente la determinación que se notifique y deben firmarla la persona que la hace y la que la recibe; si ésta no supiere o no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia, se le dará copia simple de la resolución que se le notifique si lo solicita. Las notificaciones virtuales contendrán únicamente el contenido y objeto de la notificación personal, con los datos de identificación del juicio; en caso de un contenido extenso, la resolución será digitalizada y remitida como archivo adjunto. Si se trata de sentencia sólo será imperativo la transcripción de los puntos resolutivos. La notificación por vía electrónica se tendrá por practicada y surtirá todos sus efectos legales al día siguiente de su realización, con independencia de la fecha en que el usuario la consulte, para lo cual el notificador sentará razón de ello en autos. El Consejo de la Judicatura, a través del área respectiva, administrará un sistema de registro electrónico de usuarios." Del contenido de los preceptos legales transcritos se advierte el marco jurídico del emplazamiento y las formalidades de la diligencia que lo debe cumplimentar, por lo que conviene hacer algunas precisiones sobre el particular, porque en ese contexto se ubica el acto reclamado por vicios propios. Como se aprecia, la finalidad de la actuación del emplazamiento se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora, así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. El emplazamiento exige el cumplimiento de formalidades solemnes, que son: a) La diligencia de emplazamiento debe realizarse en la casa designada para tal efecto, y en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio. b) De no encontrarse la persona buscada, el notificador debe cerciorarse de que vive en dicha casa y está en la población. c) El Notificador le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente. d) Si la persona a notificar no lo espera, le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará: el nombre y apellido del promovente, el Tribunal o Juez que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. e) El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o ésta se hallare cerrada, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84, de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. f) Se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, éstas quedarán en la secretaría a disposición del demandado. g) Las notificaciones se harán leyendo íntegramente la determinación que se notifique y deben firmarla la persona que la hace y la que la recibe; si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará aquélla, haciéndose constar esta circunstancia. La finalidad de los requisitos en comento se debe a que el emplazamiento constituye la diligencia de mayor relevancia dentro del procedimiento, toda vez que su omisión o realización en forma contraria a las normas aplicables, no permite al demandado acudir a juicio a oponer las excepciones o defensas que estime pertinentes. Por ende, se impone al funcionario encargado de realizarlo, una serie de formalidades que debe seguir, a fin de obtener certeza de que la persona que deba ser emplazada tenga pleno conocimiento de la existencia del juicio en el que ha sido señalada como parte. De ahí que la estricta observancia de las normatividades que le resulten aplicables, garantiza al demandado el cumplimiento de las prerrogativas formales de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando que se le pueda causar el consecuente estado de indefensión. Ahora bien, la peticionaria del amparo en su único concepto de violación señala esencialmente lo siguiente: Que se vulneraron en su perjuicio las garantías de previa audiencia, seguridad jurídica y debido proceso consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que nunca fue llamada al juicio sumario civil hipotecario ********************, que promovió ********************, quien a su vez actúa en representación de ********************, en su contra, por lo que -aduce-, se le dejó en estado de indefensión. Aduce que también se conculcó su garantía de audiencia porque no tuvo conocimiento de la iniciación del procedimiento y de la cuestión que habría ser objeto de debate, así como las consecuencias de dicho trámite y la posibilidad de presentar sus defensas, alegar y que el procedimiento concluyera con una resolución que decidiera sobre las cuestiones debatidas. Que para ello resultaba indispensable conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten las demás partes que concurran al procedimiento, para que pudiera imponerse de los hechos y medios de prueba aportados al procedimiento para facilitar la preparación de su defensa, por lo que al no ser oída ni vencida en juicio, se vulneró su garantía de audiencia pues la responsable fue omisa en darle oportunidad de defender sus derechos en juicio, lo que da motivo a concederle el amparo solicitado. Al respecto, invoca el criterio de rubro "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE". Emplazamiento reclamado. Expuesto lo anterior, es oportuno tener en cuenta el contenido del acta de emplazamiento realizada el quince de octubre de dos mil veinte, la cual consta en la foja 676 del tomo de pruebas relativo a este juicio de amparo, y a fojas 73 y 74 del presente juicio, a fin de corroborar la legalidad o no de la misma. En ese sentido, en la diligencia de que se trata el actuario responsable asentó que a las trece horas con quince minutos del quince de octubre de dos mil veinte, se constituyó en el domicilio de la demandada ********************, ubicado en la calle ******************** número ********************, colonia ********************, de Morelia, Michoacán, a fin de emplazarla al juicio sumario civil hipotecario ********************, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, promovido por ********************, quien a su vez actúa en representación de ********************. Luego, para cerciorarse de que dicho inmueble constituía el domicilio buscado, la actuaria responsable asentó que así se desprendía de la placa metálica color azul con letras blancas, ubicada al inicio de la citada calle, y por el número visible al exterior del inmueble, así como por el dicho de la propia demandada ********************, con quien entendió personalmente la diligencia, misma que se identificó con su credencial de elector folio ********************, cuya fotografía coincidía con la persona que lo atendió, y donde además observó que el domicilio asentado en la misma coincidía con el del inmueble actuante, es decir, la calle ******************** número ********************, colonia ********************, de Morelia, Michoacán. Atento lo anterior, procedió a hacerle saber el motivo de su visita y a darle lectura íntegra de los autos de once de septiembre y dos de octubre de dos mil veinte, dictados dentro del juicio sumario civil hipotecario ********************, promovido en su contra por ********************, quien a su vez actúa en representación de ********************. Acto continuo, el actuario hizo constar que con las copias simples de la demanda emplazó a la demandada para que dentro del término de tres días compareciera a contestar la demanda entablada en su contra; bajo apercibimiento legal que en caso de no hacerlo, la misma se tendría contestada en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. De igual forma, le requirió para que señalara domicilio para recibir notificaciones personales, apercibido que de no hacerlo las subsecuentes le correrían por lista, aun las de carácter personal. En atención a lo anterior, el funcionario judicial asentó que la entrevistada manifestó: "Me doy por emplazada al juicio y recibo copias de traslado, con sus anexos y que son: Escritura diecinueve mil ochocientos treinta y nueve, que poder notarial debidamente cotejado; el instrumento veintisiete mil cuatrocientos treinta y ocho; la escritura pública número seis mil cuatrocientos treinta y dos; certificado de gravamen; estados de cuenta; contrato de fideicomiso renovable número ********************; instrumento veintinueve mil setecientos cuarenta; copia de las diligencias de jurisdicción voluntaria" y a continuación, se observa la leyenda "pero me voy a reservar el derecho de firmar esta acta hasta ver a mi abogado". Precisado lo anterior, los argumentos vertidos por la quejosa en su único concepto de violación deben calificarse de infundados. Se afirma lo anterior, porque como se advierte de lo antes transcrito, la diligencia de emplazamiento se entendió directamente con la parte quejosa, quien recibió copia de la demanda instaurada en su contra, así como de los anexos ahí descritos, los cuales se advierte corresponden a los que exhibió y enumeró la parte actora en su escrito inicial. Además, los datos asentados en el acta de emplazamiento son suficientes para tener por acreditada la formalidad relativa al "cercioramiento", porque en ella, el actuario responsable asentó expresamente que entendió la diligencia con la propia demandada ********************, quien se identificó con su credencial de elector, cuya fotografía coincidía con la persona entrevistada y asimismo, contenía el mismo domicilio donde el actuario se constituyó para realizar la diligencia; circunstancias que evidentemente, dotan de certidumbre esa actuación. Ello no puede ser de otra manera porque, si bien la quejosa argumenta que nunca se llevó a cabo su emplazamiento al juicio hipotecario de origen, lo cierto es que no exhibió prueba alguna que desvirtuara lo asentado por el fedatario en la diligencia que se analiza. Es así porque, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifestó ser la enjuiciada, y se identificó con su credencial de elector en la que observó el mismo domicilio del lugar en el que se constituyó el actuario, excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios lo antes indicado. Máxime que, la finalidad que persigue la ley en lo que a determinadas notificaciones se refiere, es la de que se practiquen, preferentemente, con la persona a quien va dirigida la notificación, sobre todo cuando se trata del llamamiento a juicio, pues se infiere que de esa manera la persona notificada, al tener conocimiento de la existencia del juicio al que se le llama, está en posibilidad de hacer valer en el mismo todos los derechos que la ley procesal le concede; lo cual aconteció en la especie al haberse entendido el emplazamiento personalmente con la demandada y en ese sentido, no es dable considerar que el emplazamiento sea inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia por contradicción de tesis con registro digital 195122, del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada." De tal suerte, el actuario que llevó a cabo la notificación a juicio de la contraparte del demandante goza de credibilidad, porque su diligencia constituye una verdad legal, al ser un documento que expide un funcionario en el ejercicio de las actividades que tiene encomendadas, como la citación a la controversia, porque de lo contrario, es imposible materialmente hacer llamamiento alguno, pues se estaría en la posibilidad de desacreditar con el simple dicho del colitigante, las constancias que formule el fedatario, quedando a aquél la obligación de demostrar el hecho negativo, de que la convocatoria jamás se llevó a cabo conforme a las normas que la regulan, para lo que se tiene que allegar evidencia fehaciente y contundente que la desvirtúe, pues de no ser así, prevalecerá aquélla. Sin embargo, la quejosa no aportó medio de prueba alguno para acreditar que lo asentado en la diligencia de emplazamiento fuera inverosímil, ni controvirtió la veracidad del documento consistente en la credencial de elector folio ********************, que el fedatario tuvo a la vista, lo que constituye un elemento objetivo esencial para concluir que no hubo estado de indefensión para la interesada y que sí quedó enterada de la existencia del juicio instaurado en su contra, del número de expediente y tribunal que la emplazó, así como la persona que le demandó, las prestaciones que se le reclamaron y el plazo que tenía para contestar, lo que se logra si de la diligencia impugnada consta que se le corrió traslado con copia de los documentos respectivos. Lo anterior resultaba necesario para demostrar que el emplazamiento no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, porque al constituir una actuación judicial realizada por el actuario responsable, quien tiene fe pública, goza de la presunción de validez y para desvirtuarla no bastan las meras afirmaciones, sino que se requieren pruebas que demuestren que la diligencia no se llevó a cabo con apego a los citados requisitos. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/84 , emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1812, Novena Época, registro 1********************296 del rubro y texto: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada." Por tanto, si en la diligencia en comento el actuario hizo constar llevó a cabo la diligencia de emplazamiento con la propia demandada quien se identificó con su credencial de elector, a quien le dio lectura íntegra de los autos de once de septiembre y dos de octubre de dos mil veinte que cumplimentaba, emitidos en el juicio de origen y además, le corrió traslado y la emplazó con las copias simples de la demanda y sus anexos mismos que fueron descritos en la propia acta, haciéndole saber que contaba con el plazo de tres días para dar contestación a la misma; en esas condiciones, contrario a lo estimado por la quejosa, se concluye que sí fue debidamente emplazada al juicio sumario civil hipotecario ********************, instaurado en su contra. De tal suerte, el actuario que llevó a cabo la notificación a juicio de la contraparte del demandante goza de credibilidad, porque su diligencia constituye una verdad legal, al ser un documento que expide un funcionario en el ejercicio de las actividades que tiene encomendadas, como la citación a la controversia, porque de lo contrario, es imposible materialmente hacer llamamiento alguno, pues se estaría en la posibilidad de desacreditar con el simple dicho del colitigante, las constancias que formule el fedatario, quedando a aquél la obligación de demostrar el hecho negativo, de que la convocatoria jamás se llevó a cabo conforme a las normas que la regulan, para lo que se tiene que allegar evidencia fehaciente y contundente que la desvirtúe, pues de no ser así, prevalecerá aquélla. En tal virtud, se advierte que la actuación sujeta a análisis se ajusta a lo que al efecto disponen los artículos 79 y 88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que en dicha diligencia el actuario responsable llevó a cabo el emplazamiento con la propia demandada en el domicilio señalado para tal efecto, conforme a los lineamientos que establecen dichos preceptos legales. De modo que, cuando en el juicio de amparo se reclama la ilegalidad de la primera notificación o emplazamiento, como ocurre en la especie, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en la parte quejosa, lo que en el caso concreto no ocurrió al no haberse probado que la actuación en comento viole las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "EMPLAZAMIENTO. FALTA O ILEGALIDAD, CARGA DE LA PRUEBA. Cuando se reclama lo actuado en un procedimiento por falta de emplazamiento, corresponde a la autoridad responsable probar la existencia de tal acto, pero si se reclama la ilegalidad del mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en el quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo". Por tanto, no existe vulneración a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Determinación que se hace extensiva respecto de las actuaciones subsecuentes al emplazamiento practicado a la amparista en el juicio sumario civil hipotecario ********************, incluido el auto que le requirió la entrega del inmueble embargado y rematado en el juicio, dado que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia del llamamiento a juicio realizado a la parte quejosa, el cual como se determinó en párrafos precedentes, se encuentra ajustado a derecho. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, en términos de lo expuesto en la consideración tercera de la presente resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por su propio derecho, respecto del acto y autoridades precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa sexta de esta sentencia. Tercero. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Sin que sea necesario notificar personalmente a las partes el presente fallo, no obstante que se cerró el acta de audiencia; ello en atención a que su dictado se produce en la misma fecha. En apoyo a lo anterior, es de citar la Jurisprudencia P./J. 22/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro digital: 2012801, del rubro que dice: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN PERSONAL CUANDO SE DICTE EN LA MISMA FECHA EN QUE SE INICIÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AUNQUE SE HAYA CERRADO EL ACTA CORRESPONDIENTE". Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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