Guadalupe Gonzalez Méndez

Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
94/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Gonzalez Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio del secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, quien en cumplimiento a la solicitud realizada dentro del presente juicio informa que el trece de febrero del año en curso, aceptó la competencia para conocer del presente asunto. Por tanto, dicha información agréguese en autos para que obre como corresponda, toda vez que el veintidós del mes y año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente cuaderno de antecedentes se advierte por oficio de 10827, de trece de febrero del año en curso, se remitió el juicio de amparo principal del cual deriva el presente sumario al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, al haber declinado la competencia, sin que a la fecha se tenga conocimiento el auto que recayó a dicho oficio. En ese sentido, por tercera ocasión solicítese atentamente por vía sise interconexión a la citada autoridad, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas tenga a bien informar el auto que recayó al oficio 10827, del índice de este juzgado de trece de febrero del año en curso. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil veintiuno.****************************************Visto el estado de autos que guarda el presente cuaderno de antecedentes se advierte por oficio de 10827, de trece de febrero del año en curso, se remitió el juicio de amparo principal del cual deriva el presente sumario al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, al haber declinado la competencia, sin que a la fecha se tenga conocimiento el auto que recayó a dicho oficio.****************************************En ese sentido, solicítese atentamente por vía sise interconexión a la citada autoridad, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas tenga a bien informar el auto que recayó al oficio 10827, del índice de este juzgado de trece de febrero del año en curso.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Guadalupe González Méndez, contra actos del Director del Centro Femenil de Reinserción Social Turquesa, residente en la Ciudad de México y de otra autoridad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número III-94/2021-V. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Su internamiento en el área de conductas especiales, lo que refiere la pone en posibilidad de contraer el virus COVID-19 y con ello poner en riesgo a su vida, ya que sufre de debilidad de su pleura visceral y deficiencia respiratoria por daño permanente en los sacos alveolares, como secuela de haber padecido pulmonía grave, lo cual indica es incurable porque tiene asma alveolar declarado; asimismo, manifiesta que en esa zona se encuentra rodeada de personas que carecen de higiene, con problemas de tos seca persistente, tos productiva y sintomatología asociada a enfermedades respiratorias que podrían ser desde gripes simples hasta COVID-19, sus cepas o variaciones, por lo que teme por su vida. En consecuencia de lo anterior, reclama la quejosa la falta de una atención médica pertinente y se le practique una prueba de COVID-19. Por otra parte, la peticionaria de amparo manifiesta que los actos reclamados, así como sus consecuencias, se están ejecutando en el lugar en que se encuentra recluida, esto es, en el Centro Femenil de Reinserción Social Turquesa, en la Ciudad de México, por lo que resulta oportuno mencionar lo siguiente: El artículo 37 de la Ley de Amparo, textualmente establece lo que enseguida se transcribe: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De lo anterior tenemos que, si los actos reclamados no requieren ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado éstos, de lo contrario, es decir, si los actos requieren de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga lugar la ejecución de los actos reclamados y en la especie, éste será necesariamente el del lugar en que se encuentre la persona sobre la cual se materialicen los mismos. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados se están ejecutando en la Ciudad de México, en virtud de que la quejosa está recluida en un centro penitenciario ubicado en dicha población, por lo que tiene aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que fue en ese centro de reinserción donde se le remitió al área de conductas especiales y como consecuencia de ello la vulnerabilidad que refiere y la falta de atención médica de que se duele la parte quejosa. Por tanto, como el Centro Federal de Reinserción Social en que guarda reclusión la quejosa se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina de plano la competencia al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, quien es el que se encuentra de turno según la página electrónica oficial respectiva, por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este juzgado si acepta la competencia declinada a su favor. Sirve como sustento a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2021191, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro: 2011139, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado." En tal virtud, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de manera inmediata por vía interconexión al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México. Lo anterior, sin que resulte necesario proveer sobre la suspensión de plano que solicita la parte quejosa en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados derivan de su remisión al área de conductas especiales; por tanto, el motivo de reclamo de la parte promovente deriva de un correctivo disciplinario impuesto en un centro de reclusión consiste en una sanción administrativa y no un acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, por lo que deviene improcedente proveer sobre la medida cautelar solicitada al no ubicarse en las hipótesis que establece el artículo 48 de la ley de la materia. Sirve como sustento la jurisprudencia 1a./J. 63/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2022555, de rubro y texto siguientes: "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS IMPUESTOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. POR REGLA GENERAL, NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA TRASCENDENTAL O UN ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. Hechos: Dos de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes consideraron que el correctivo disciplinario consistente en la suspensión, restricción o negativa de la visita familiar e íntima por un periodo determinado, que se impuso en un centro de reclusión, constituía una pena trascendental prohibida por el artículo 22 constitucional, por lo que se actualizaba la hipótesis de excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo y, por tanto, la demanda de amparo en su contra podía presentarse en cualquier tiempo; mientras que los restantes Tribunales Colegiados determinaron que no se trataba de una pena trascendental ni violaba el artículo 22 constitucional y, en consecuencia, el ejercicio de la acción constitucional debía ceñirse al plazo legal genérico de quince días. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los correctivos disciplinarios como la suspensión, restricción o negativa de la visita familiar e íntima por un periodo determinado, impuestos en centros de reclusión, por regla general, no tienen la naturaleza jurídica de una sanción administrativa trascendental, ni constituyen alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; por tanto, no les resulta aplicable el caso de excepción previsto en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional en su contra, fuera del plazo legal de quince días. Justificación: El correctivo disciplinario es una sanción impuesta por autoridades administrativas dentro de un procedimiento de esa naturaleza, por infracción a los ordenamientos reglamentarios que rigen la organización, operación y administración de los centros de reclusión, cuya finalidad es mantener el orden, la disciplina y la seguridad interior. Forma parte del derecho administrativo sancionador y, por ello está acotada por lo dispuesto en el artículo 22 constitucional que prohíbe, entre otros actos, penas o sanciones trascendentales. Ahora bien, la pena trascendental implica que directa o indirectamente se imponga una sanción a sujetos que no son responsables del delito; sin embargo, la afectación indirecta que resiente la familia con motivo de la compurgación de la pena impuesta al sujeto activo del delito no encuadra propiamente en ese concepto. Bajo la misma lógica, la sanción administrativa trascendental es aquella que se impone jurídica y directamente a una persona, como consecuencia de la responsabilidad de otra. Así, la suspensión, restricción o negativa de la visita familiar e íntima, por un periodo determinado, no constituye una sanción administrativa trascendental, pues se impone en un centro de reclusión como consecuencia de la infracción a la normatividad interna, cometida por un interno o por sus visitas; y si bien los efectos de esa determinación pueden ser resentidos por familiares o visitas del interno, esa afectación o daño no deriva de una sanción que se les hubiera impuesto jurídica y directamente a aquéllos." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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