Guadalupe Acosta González y Otros.

Expediente 766/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
766/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Guadalupe Acosta González
  • Guadalupe Acosta González y Otros.
  • DIRECTOR O DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y NORMATIVIDAD DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CIUDAD y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En uno de diciembre de dos mil veinte, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste. Reynosa, Tamaulipas, a uno de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien le pudo causar agravio, haya recurrido el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que ha perdido el derecho que pudo ejercitar en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. ...

  2. Incidental

    Reynosa, Tamaulipas, once de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy, dado que el presente incidente ha quedado sin materia, en atención a que en el juicio principal del cual deriva la presente incidencia se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, por los motivos ahí expuestos. Por tanto, dado que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se ordena dejar sin materia este incidente, dado que el veintisiete de octubre del presente año, la Dirección de Responsabilidades y Normatividad de la Contraloría Municipal, con asiento en esta ciudad, emitió la resolución relativa al procedimiento de responsabilidad administrativa en donde como se dijo con anterioridad, se determinó imponer como sanción la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación por un año del quejoso Guadalupe Acosta González, siendo evidente que ha cambiado la situación jurídica en que se encontraba la parte aquí quejosa, acarreando por ende, la consumación irreparable de la resolución aquí reclamada (nueve de octubre de dos mil veinte), pues se estima, dicho acto de autoridad ha sido sustituido procesalmente por la resolución emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintisiete de octubre del año en curso, esta última que se considera ahora es la que le causa agravio a la parte quejosa.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rindiendo su informe justificado a la autoridad responsable Secretaria de Servicios Administrativos del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual remite copia certificada de la determinación de veintisiete de octubre del año en curso, mediante la cual, la Dirección de Responsabilidades y Normatividad de la Contraloría Municipal, con asiento en esta ciudad, resuelve el expediente CON/ASUB/008/2020, formado con motivo de la carpeta de investigación CON/A1/003/2020, y en la que se impone como sanción la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación por un año del quejoso Guadalupe Acosta González. Documental la anterior, a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, del estado que guardan los autos, se advierte que la quejosa reclamó la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, derivada de la carpeta de investigación CON/A1/003/2020, por la Dirección de Responsabilidades y Normativa de la Contraloría Municipal, relativa a la determinación de medida cautelar consistente en suspensión temporal del sueldo de un sesenta por ciento, así como del empleo y/o cargo o comisión por noventa días, del quejoso. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, habida cuenta que este juzgador advierte que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, y su estudio es preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo arriba dicho, por identidad de razón, la tesis III.2o.C.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, Materia Común, localizable en la página 2066, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Como se adelantó, quien aquí resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que no se entrará al estudio de fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa. El artículo y fracción en comento, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se expondrá, resulta necesario citar las actuaciones que se efectuaron en el procedimiento de responsabilidad administrativa, lo que se efectuará tomando en consideración las constancias remitidas por la responsable, las que ya fueron valoradas con anterioridad y de las que se desprende lo siguiente: I. La resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, derivada de la carpeta de investigación CON/A1/003/2020, por la Dirección de Responsabilidades y Normativa de la Contraloría Municipal, relativa a la determinación de medida cautelar consistente en suspensión temporal del sueldo de un sesenta por ciento, así como del empleo y/o cargo o comisión por noventa días, del quejoso. II. Posteriormente, mediante resolución de veintisiete de octubre del año en curso, la Dirección de Responsabilidades y Normatividad de la Contraloría Municipal, con asiento en esta ciudad, resuelve el expediente CON/ASUB/008/2020, formado con motivo de la carpeta de investigación CON/A1/003/2020, y en la que se impone como sanción la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación por un año del quejoso Guadalupe Acosta González. De lo anterior, queda claro que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la responsable emitió la resolución correspondiente al procedimiento de responsabilidad administrativa de origen, declarando como sanción al servidor público Guadalupe Acosta González, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación por un año descrito en el párrafo anterior. Por tanto, se arriba a la conclusión de que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, ya que el suscrito juzgador se encuentra imposibilitado legalmente para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que reclama la parte quejosa, consistente en la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, relativa a la determinación de medida cautelar consistente en suspensión temporal del sueldo de un sesenta por ciento, así como del empleo y/o cargo o comisión por noventa días, a la que se ha hecho referencia. Lo anterior, toda vez que el veintisiete de octubre del presente año, la Dirección de Responsabilidades y Normatividad de la Contraloría Municipal, con asiento en esta ciudad, emitió la resolución relativa al procedimiento de responsabilidad administrativa en donde como se dijo con anterioridad, se determinó imponer como sanción la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación por un año del quejoso Guadalupe Acosta González, siendo evidente que ha cambiado la situación jurídica en que se encontraba la parte aquí quejosa, acarreando por ende, la consumación irreparable de la resolución aquí reclamada (nueve de octubre de dos mil veinte), pues se estima, dicho acto de autoridad ha sido sustituido procesalmente por la resolución emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintisiete de octubre del año en curso, esta última que se considera ahora es la que le causa agravio a la parte quejosa. Ello es así, pues se considera que si se lleva a cabo el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, relativa a la determinación de medida cautelar consistente en suspensión temporal del sueldo de un sesenta por ciento, así como del empleo y/o cargo o comisión por noventa días, de la parte quejosa, se afectaría en cuanto a sus efectos jurídicos la resolución dictada el veintisiete de octubre de este año, por la responsable dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad de origen, resolución la cual no fue reclamada en este juicio de amparo, simple y sencillamente porque para cuando se presentó la demanda de amparo, aquella no se había dictado aún. Así es, del texto del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, y con posterioridad, se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, como en la especie acontece, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado en amparo, sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Sobre esa tesitura, se reitera, la resolución emitida dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa de veintisiete de octubre del presente año, ha sustituido procesalmente la resolución de siete de octubre del año en curso, y en esa virtud, se considera que dicha resolución es ahora la que le causa agravio a la parte quejosa, cambiando su situación jurídica en dicho procedimiento administrativo, actualizándose la causa de improcedencia en estudio. Debe precisarse que dicha causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero sí existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conceder el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido controvertida, o por otro lado, que en la hipótesis de una protección constitucional contra la resolución de nueve de octubre del año en curso, a pesar de ello, subsista la resolución emitida con posterioridad, así como sus efectos jurídicos; esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza. En relación con lo anterior, debe decirse que es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, como ya se ha dicho. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad, como en la especie acontece. Finalmente, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Incidental

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Secretaría de Servicios Administrativos de la Contraloría Municipal, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe previo; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad mencionada a las personas que indica en su informe de cuenta, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, así como el correo electrónico que proporciona para ese efecto.

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