Griselda Rodriguez Barrios

Expediente 266/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
266/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
18/07/2017

Partes del expediente

  • Griselda Rodriguez Barrios
  • Griselda Rodriguez Barrios y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ... se declara que dicho auto de sobreseimiento HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO DEFINITIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    ...Téngase por recibida la intervención ministerial 266/2017 de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual, por una parte solicita que se tomen en consideración sus alegatos, y por otra, que una vez que se emita sentencia en el juicio, se le expida copia de dicha resolución; al efecto, agréguese el pedimento de cuenta únicamente para que obre como corresponda toda vez que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, y obséquiese a la promovente copia certificada de dicho proveído.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1174/J4/2017, signado por la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidenta, y anexos que acompañó al mismo, mediante el cual informa a este juzgado que el dieciséis de junio del presente año, comparecieron las partes a celebrar el cumplimiento del convenio pactado dentro del juicio laboral de origen 417/4/2010, con la finalidad de dar por terminada y finiquitada la relación laboral, en el que la parte demandada acordó realizar el pago a la actora, y para tal efecto remite copia certificada de las constancias que así lo acreditan, las cuales al estar expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les otorga valor pleno probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora antes de acordar lo conducente, conviene precisar tanto que si bien la junta responsable en la parte superior derecha del convenio (fojas 132 a 133), como del cumplimiento al mismo (anexo al oficio de cuenta) asentó que corresponde al expediente laboral 451/4/2010 (diverso al juicio del que deriva el acto reclamado); sin embargo del contenido del citado convenio y cumplimiento del mismo, se observa que ambas partes fueron coincidentes en manifestar que comparecían al juicio laboral 417/4/2010; a su vez, la junta responsable al emitir el acuerdo correspondiente hizo referencia al mismo juicio laboral; además de que las partes del juicio laboral en alusión coinciden con las del presente juicio de amparo, inclusive las partes solicitaron a la junta responsable informara a este juzgado sobre el convenio celebrado y cumplimiento del mismo para que surtiera los efectos conducentes en el presente juicio de amparo; por tanto, es inconcuso que el convenio que remite la responsable se celebró en el expediente natural 417/4/2010 (del que deriva el acto que se reclama en esta instancia constitucional). Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama de la junta responsable, la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral de origen 417/4/2010, así como la omisión de notificar dicho laudo; luego, de las constancias que obran en autos se observa que el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, las partes comparecieron ante la junta responsable a celebrar un convenio dentro del juicio laboral de referencia, con la finalidad de dar por terminada y finiquitada la relación laboral, en el que la parte demandada acordó realizar el pago a la actora, pactando un pago total en una sola exhibición la cantidad de $85,000.00 pesos (ochenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), lo cual se llevó a cabo el dieciséis de junio del año en curso, y en esa misma fecha, se ordenó el archivo del expediente natural como asunto concluido. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de garantías resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la aquí quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza una causa de improcedencia, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a la parte final del numeral de referencia y a la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, este juzgado federal advierte de forma oficiosa que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII de la ley de la materia, precepto legal que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (...)" En relación a la causa de improcedencia transcrita, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo u obligue a la responsable a dejar su conducta omisiva, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, dicha causa de improcedencia se actualiza cuando se advierta que los efectos del acto reclamado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretaran, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso particular, como se apuntó en los párrafos que anteceden, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable que se dicte el laudo dentro del juicio laboral 417/4/2010 y la omisión de notificar éste a las partes. Luego, de las constancias allegadas por la junta responsable, las cuales gozan de pleno valor probatorio, conforme lo establecen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, se advierte que el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, las partes comparecieron ante la junta responsable a celebrar un convenio dentro del juicio laboral de referencia, con la finalidad de dar por terminada y finiquitada la relación laboral, en el que la parte demandada acordó realizar el pago a la actora, pactando un pago total en una sola exhibición la cantidad de $85,000.00 pesos (ochenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), lo cual aconteció el dieciséis de junio del presente año, como se advierte de la constancia adjunta al oficio de cuenta, documentales que fueron valoradas en párrafos precedentes. En efecto, es indudable que el fin que buscaba combatir el presente juicio, dejó de existir; por tanto, no puede surtir efecto alguno en la esfera jurídica de la quejosa, por haber finalizado el objeto o materia del mismo y sus efectos no puedan concretarse, en virtud de la modificación del entorno en donde tuvo su origen. Ello es así, porque de concluirse que el acto combatido es inconstitucional, se tornaría legalmente imposible restituir a la promovente en el goce de la garantía vulnerada, o bien, ningún efecto jurídico práctico tendría la sentencia concesoria del amparo. En consecuencia, resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, conforme a lo ordenado en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la propia legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de Publicación, la página 189, del tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." [Énfasis añadido] En consecuencia, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las parte en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el libro de gobierno. Finalmente, hágase la anotación en el libro de Gobierno correspondiente, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rogelio Josué Martínez Jasso, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario de Juzgado Adrián Vásquez González, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dos de junio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio 1038/J4/2017, del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexos que acompañó al mismo, mediante el cual remite copia certificada del proveído de veinticinco de mayo del presente año, del que se advierte que comparecieron las partes a celebrar un convenio dentro del juicio laboral de origen 417/4/2010, con la finalidad de dar por terminada y finiquitada la relación laboral, en el que la parte demandada acordó realizar el pago a la actora en una sola exhibición, señalando para tal efecto las doce horas del dieciséis de junio de dos mil diecisiete; por tanto, requiérase a la junta responsable a fin de que una vez realizado el pago convenido por las partes dentro juicio laboral de origen, lo haga del conocimiento de este juzgado, para los efecto legales conducentes. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 237, fracción I y 257 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Josué Martínez Jasso, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario de Juzgado Adrián Vásquez González, que autoriza y da fe.

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