Griselda Rodríguez Barrios

Expediente 981/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
981/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
18/01/2017

Partes del expediente

  • Griselda Rodríguez Barrios

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO Vista la certificación que antecede, de la cual aparece que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto de sobreseimiento HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    republicacion al quejoso ... Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado, signado por la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidente por ministerio de ley, por medio del cual remite copia certificada de la certificación en la que la responsable hizo constar que no quedan pruebas pendientes por desahogar dentro del juicio laboral de origen 417/4/2010, del escrito de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, signado por el licenciado Arnoldo Flores Haro, recibido en la citada junta el treinta de noviembre del presente año; así como del acuerdo en el que provee sobre dicha promoción. Constancia a la que se le otorga pleno valor probatorio, al estar certificada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora, de las mencionadas constancias, así como de las remitidas por la aludida responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, lo cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Así, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y por ende de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, en el presente caso, se actualiza la invocada causa de improcedencia, pues la parte quejosa reclama: La omisión de acordar su escrito de treinta de noviembre del presente año, en el cual solicita que se realice la certificación de que no quedan pruebas pendientes por diligenciar dentro del juicio laboral 417/4/2010, y que se turne el expediente al auxiliar a fin de que dicte el laudo correspondiente. Mientras que de las constancias que la Junta responsable anexó a su informe justificado, en lo que aquí interesa, se observa: Que el catorce de diciembre del año en curso, la junta responsable certificó que no existen pruebas pendientes de acordar dentro del indicado juicio laboral, y turnó dicho asunto a la auxiliar adscrita a dicha junta para que emitiera el laudo correspondiente, ello dentro del juicio laboral 417/4/2010. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, puesto que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (trece de diciembre de dos mil dieciséis), la responsable había sido omisa en certificar que no existían pruebas pendientes por diligenciar y se turnara el expediente al auxiliar a fin de que emitiera el laudo dentro del expediente de origen, también es verdad, como se adelantó, dicha omisión quedó superada el catorce de diciembre del presente año, por lo que es procedente determinar que en el caso en estudio cesaron los efectos de la omisión reclamada. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la norma legal invocada. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2ª/J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la propia Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No se soslaya que en el presente juicio de amparo no se encuentren emplazados a juicio los terceros interesados J & J MAQUINADOS DE REYNOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, JESÚS MÉNDEZ URIBE y ALEJANDRINA URBINA GONZÁLEZ; sin embargo, dado el sentido de la determinación adoptada, resulta innecesario vincularlos en esta relación procesal en la calidad de trato, de acuerdo con la tesis P.V/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." En efecto, el sobreseimiento decretado no les causa agravio, de manera que inclusive si se hubiese concedido el amparo a la aquí quejosa, tampoco sería procedente el recurso de revisión si lo interpusieran los terceros en cita, pues la materia del juicio constitucional únicamente versó en la paralización del procedimiento laboral, por tanto, incide exclusivamente en la autoridad responsable, como lo dispuso el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la jurisprudencia que dice: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado, signado por la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidente por ministerio de ley, por medio del cual remite copia certificada de la certificación en la que la responsable hizo constar que no quedan pruebas pendientes por desahogar dentro del juicio laboral de origen 417/4/2010, del escrito de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, signado por el licenciado Arnoldo Flores Haro, recibido en la citada junta el treinta de noviembre del presente año; así como del acuerdo en el que provee sobre dicha promoción. Constancia a la que se le otorga pleno valor probatorio, al estar certificada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora, de las mencionadas constancias, así como de las remitidas por la aludida responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, lo cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Así, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y por ende de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, en el presente caso, se actualiza la invocada causa de improcedencia, pues la parte quejosa reclama: La omisión de acordar su escrito de treinta de noviembre del presente año, en el cual solicita que se realice la certificación de que no quedan pruebas pendientes por diligenciar dentro del juicio laboral 417/4/2010, y que se turne el expediente al auxiliar a fin de que dicte el laudo correspondiente. Mientras que de las constancias que la Junta responsable anexó a su informe justificado, en lo que aquí interesa, se observa: Que el catorce de diciembre del año en curso, la junta responsable certificó que no existen pruebas pendientes de acordar dentro del indicado juicio laboral, y turnó dicho asunto a la auxiliar adscrita a dicha junta para que emitiera el laudo correspondiente, ello dentro del juicio laboral 417/4/2010. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, puesto que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (trece de diciembre de dos mil dieciséis), la responsable había sido omisa en certificar que no existían pruebas pendientes por diligenciar y se turnara el expediente al auxiliar a fin de que emitiera el laudo dentro del expediente de origen, también es verdad, como se adelantó, dicha omisión quedó superada el catorce de diciembre del presente año, por lo que es procedente determinar que en el caso en estudio cesaron los efectos de la omisión reclamada. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la norma legal invocada. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2ª/J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la propia Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No se soslaya que en el presente juicio de amparo no se encuentren emplazados a juicio los terceros interesados J & J MAQUINADOS DE REYNOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, JESÚS MÉNDEZ URIBE y ALEJANDRINA URBINA GONZÁLEZ; sin embargo, dado el sentido de la determinación adoptada, resulta innecesario vincularlos en esta relación procesal en la calidad de trato, de acuerdo con la tesis P.V/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." En efecto, el sobreseimiento decretado no les causa agravio, de manera que inclusive si se hubiese concedido el amparo a la aquí quejosa, tampoco sería procedente el recurso de revisión si lo interpusieran los terceros en cita, pues la materia del juicio constitucional únicamente versó en la paralización del procedimiento laboral, por tanto, incide exclusivamente en la autoridad responsable, como lo dispuso el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la jurisprudencia que dice: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede

  4. Principal

    Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para el desahogo de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116, primer párrafo y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, solicítese a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, mismo que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir al en que surta efectos la legal notificación del presente auto, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberá acompañar copias certificadas legibles de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas y ordenadas en forma secuencial; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término legal concedido, en el aspecto procesal se presumirá como cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; además se le impondrá, una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 260 fracción II, de la Ley de Amparo.

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