Griselda Angel Zarco
Expediente 654/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Griselda Angel Zarco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 654/2023; y, RESULTANDOS: Primero********************Presentación de la demanda********************Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintitrés, ******************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y Juez Tercero de Primera Instancia; ambos con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** Segundo********************Admisión de la demanda y trámite del juicio de amparo********************Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 654/2023; en auto de dos de junio de dos mil veintitrés; se admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito******************** De la misma forma, en el auto admisorio se reconoció el carácter de tercera interesada a ********************; a quien se emplazó el doce de junio de dos mil veintitrés******************** Finalmente una vez integrado el expediente, el día de hoy, se verificó la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero********************Competencia********************Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto fue ejecutado en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo********************Fijación del acto reclamado********************De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO********************DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD********************Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, de contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS********************REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO********************El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad********************Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión********************Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es: Del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán******************** La sentencia definitiva de veintiocho de marzo del año en curso, emitida dentro del recurso de apelación número ********************, la cual confirma en su términos la audiencia de remate de ocho de diciembre de dos mil veintidós, celebrada en los autos del juicio sucesorio hipotecario ********************, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial Morelia. Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. El auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el cual requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días otorgue la escritura del bien inmueble rematado y adjudicado en el citado juicio Tercero********************Certeza del acto reclamado********************El Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia del acto reclamado******************** Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables, consistentes en el toca I-******************** y las constancias del juicio sucesorio hipotecario ******************** [constante de dos tomos]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO********************Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO********************Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto********************Análisis de las causales de improcedencia********************Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el caso las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio, el suscrito juzgador tampoco advierte la actualización de alguna, razón por la que se impone el estudio de fondo del fondo del asunto. Quinta********************Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado********************El promovente del amparo hizo valer el concepto de violación expuesto en su demanda, mismo que se tiene aquí por reproducido como si al efecto se transcribiese, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J********************58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, Novena Época, Registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS********************PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN********************De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis********************Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al respecto primeramente cabe precisar que, atendiendo a que se reclama la última resolución dictada en el procedimiento de remate, dentro del juicio sucesorio hipotecario ******************** [orden de otorgar voluntariamente la escritura del bien inmueble embargado y rematado en el juicio], la técnica con la que deberá realizarse el estudio de los conceptos de violación, se limitará al análisis de las violaciones procesales cometidas durante dicho procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la última resolución; enseguida los vicios formales y finalmente, las de fondo respecto de la última resolución de que se trata. Ello, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que señala que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; hipótesis que se actualiza en el caso********************Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 13/2016 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011474, del epígrafe y texto: "REMATE********************PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)********************De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados********************Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional********************Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado********************Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Sentado lo anterior, se procede al análisis de los motivos de disenso expresados por el impetrante del amparo en su único concepto de violación, en el cual esencialmente argumenta lo siguiente: En su primer agravio, señala que el Juez viola el principio de legalidad que debe imperar en toda resolución, la que se extrae de la audiencia de remate de fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós, dado que el juzgado toma como fines el pago del precio del inmueble rematado las cantidades de condena relativas a la sentencia dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, que se sigue en el Juzgado Mixto de lo Civil del Distrito Judicial de Ario, toda vez que ese proceder no está contemplado en la legislación procesal aplicable, pues no previene ni contempla que el acreedor diverso como es el caso de Caja Popular Cerano S.A********************de A.P********************de R.L********************pueda ejecutar la sentencia definitiva y sentencia interlocutoria de liquidación, del juicio ejecutivo mercantil, con las que además se le tuvo por pagada y por ende, acceder a la adjudicación por el pago de las cantidades de condena en esas sentencias******************** Que no es susceptible que el Juez haya ejecutado dichas resoluciones por ser ajenas a la contienda natural******************** En el segundo agravio, arguye que el Magistrado responsable en violación de tracto sucesivo en la ejecución de la sentencia mediante el remate de inmueble, estima legal el hecho de que el acreedor que comparezca a remate, tiene a la par del ejecutante principal la prerrogativa de estar exento de la obligación general impuesta a los demás licitadores de exhibir el porcentaje correspondiente a la postura, situación que cobra vigencia por el hecho de habérsele reconocido un derecho por diverso crédito, y que justificó al haber inscrito la garantía respecto del bien inmueble gravado por el ejecutante y acreedor diverso embargante******************** Que el Magistrado erróneamente considera que tanto el ejecutante como el acreedor gozan de similares ventajas y beneficios, es decir, no están obligados a exhibir garantías como postores en virtud de que ambos ejercer sobre el bien secuestrado un derecho reconocido jurisdiccionalmente con el que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la subasta******************** La falta de fundamento, toda vez que no surge a partir de una codificación, virtud a que ese criterio básicamente es la transcripción inédita de la tesis con registro digital 188115 del rubro "REMATE********************EL ACTOR EJECUTANTE Y ACREEDOR EMBARGANTE ESTÁN EXENTOS DE OTORGAR GARANTÍA COMO POSTORES EN ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), criterio del cual se contradice y no puede ser aplicado ni tomado en consideración******************** Existe colisión frente a lo asentado por el artículo 825 y 829 de la Codificación procesal que claramente indica que todo postor debe de adquirir previamente el billete de depósito para participar en la subaste, siendo exento de esa obligación únicamente el ejecutante******************** En el tercer agravio, señala la parte quejosa que las consideraciones en las cuales sustenta la resolución el ad quem, es un extracto literal de la tesis antes señalada, lo que se opone a ese contexto el hecho que la ejecución de sentencia que haya causado ejecutoria la hará el Juez que hubiere conocido del asunto en primera instancia, por tanto, si el acreedor llamado al procedimiento de remate obtiene sentencia favorable en un diverso juico, debe pedir su ejecución a aquella autoridad al haber conocido de él******************** Expuesto lo anterior, se advierte que los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, son inoperantes e infundados******************** Se afirma lo anterior, porque de las constancias que integran el juicio de origen se advierte que, contra la audiencia que declaró fincado el remate a favor de la acreedora diversa (persona moral tercera interesada Caja Popular Ceranos S.C********************de A.P********************de R.L********************de C.V.), ******************** en cuanto deudora principal, interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien resolvió el veintiocho de marzo del año en curso, confirmando la audiencia de remate de ocho de diciembre de dos mil veintidós******************** Luego, el primero de los conceptos de violación se considera inoperante, toda vez que se encuentra encaminado a combatir inmediata y directamente la sentencia de primer grado emitida por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, referente a la audiencia de remate, lo que impide a este juzgador entrar al análisis de tales argumentos, toda vez que dicha resolución ya fue sustituida por la resolución emitida en segunda instancia por la Sexta Sala Civil esta ciudad; siendo que el motivo de este análisis constitucional, es determinar a la luz de los motivos de queja al efecto expresados, si el fallo de segunda instancia, estuvo bien o mal dictado******************** Esto es así, en virtud de que no es viable combatir en amparo la sentencia de primer grado, cuando ésta ya fue apelada, dado que tiene como finalidad ese medio de defensa, hecho valer ante el tribunal de alzada, que éste confirme, revoque o modifique la determinación del inferior; entonces, si los conceptos de violación se enderezan con la pretensión de impugnar el fallo inicial, aquellos deben declararse inoperantes por no atacar las razones que se hayan emitido en la segunda instancia******************** Pues de entrar al estudio y análisis de aquellos, implicaría revisar la decisión del juez del conocimiento que no es materia del acto reclamado, pues como se indicó, el objeto de estudio en este juicio debe ser la resolución dictada que recayó a ese recurso de apelación, para determinar si los fundamentos existentes en ella violan o no las garantías individuales del gobernado******************** Sirve de apoyo a la consideración precedente, la tesis de jurisprudencia emitida durante la octava época, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 77, mayo de 1994, visible en la página 55, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO EN ELLOS SE ATACA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO********************No es viable combatir en el amparo directo la sentencia de primer grado cuando de ésta se apela, ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la finalidad de ese medio de defensa, hecho valer ante el tribunal de alzada es que éste confirme, revoque o modifique la determinación del inferior; entonces, si los conceptos de violación se enderezan con la pretensión de impugnar el fallo inicial, aquéllos deben declararse inoperantes por no atacar las razones del que se haya emitido en la segunda instancia; por tanto, efectuar su análisis implicaría revisar la decisión del juez del conocimiento que no es materia del acto reclamado, dado que el objeto del juicio constitucional es el estudio de la resolución dictada al resolver el recurso enunciado, para determinar si los fundamentos existentes en ella violan o no las garantías individuales del gobernado." De igual forma es aplicable al caso la jurisprudencia emitida también por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, durante la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, enero de 1996, visible en la página 121, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO********************Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia." Por lo que hace al segundo y tercer motivo de disenso, también resultan inoperantes, toda vez que el quejoso es omiso en controvertir todas las consideraciones y fundamentos que sustentan el fallo reclamado. Para confirmar lo anterior, es menester señalar lo que se dijo en la sentencia de apelación impugnada******************** Ello es así, ya que el Magistrado responsable para sostener la sentencia de segundo grado, expresó lo siguiente: "****************************************.Tal se determina porque discrepando de la opinión de la impugnante no resulta contrario a derecho que el Juez de origen en la audiencia de remate impugnado -visible a fojas 53 cincuenta y tres del testimonio remitido a esta Sala parta la substanciación del recurso cuyo estudio nos ocupa-, hubiere calificado de legal la postura formulada por el licenciado ********************, quien compareció a dicha diligencia en cuanto apoderado jurídico de la acreedora diversa Caja Popular Cerano S.C********************de A.P********************de R.L********************de C.V********************y por consiguiente que hubiere fincado a favor de este ente jurídico el remate respecto del inmueble trabado en autos (ubicado en calle ********************), en la suma de $1********************cuyo pago garantizó dicha profesionista con las copias certificadas de la sentencia definitiva y sentencia interlocutoria recaída en el incidente de liquidación derivadas del juicio ejecutivo mercantil número ********************, promovido en contra de ******************** ante el Juzgado Mixto de lo Civil de Distrito Judicial de Ario, Michoacán******************** Y es que si bien es cierto que el artículo 825 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, resulta categórico en disponer que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente en alguna institución de crédito o en su defecto en alguna institución financiera de reconocida solvencia, una cantidad igual por lo menor al 10% diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos; en la inteligencia de que dichas consignaciones se devolverán a su respectivos dueños, acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta******************** Otro tanto, lo es que -como lo reconoce la propia disidente- el diverso numeral 826 del mismo Cuerpo de Leyes concede una situación procesal de privilegio al actor ejecutante en el juicio en que se lleva a cabo el remate al grado de excluirlo de la obligación general impuesta a los demás licitadores de exhibir el porcentaje correspondiente a la postura, situación que también cobra vigencia para el acreedor diverso que comparece al reate porque en otro juicio le fue reconocido un derecho por diverso crédito, y que justificó que inscribió la garantía respecto del bien inmueble gravado por el referido acreedor ejecutante, dado que uno y otro (acreedor ejecutante y acreedor diverso embargante) gozan de similares ventajas y beneficios, es decir, no están obligados a exhibir garantías como postores en virtud de que ambos ejercer sobre el bien secuestrado un derecho reconocido jurisdiccionalmente, con el que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la subasta******************** Bajo tales premias, si en el caso suyo estudio nos ocupa "Caja Popular Cerano S.A********************de A.P********************de R.L.", compareció a la audiencia de remate impugnada a formular postura legal en cuanto acreedor diverso de ******************** justificando su carácter con las principales constancias (sentencia definitiva y sentencia interlocutoria de liquidación) del juicio ejecutivo mercantil número ********************, con las que además garantizó su solvencia económica para responder de dicha compra y de la obligación de depositarle al ejecutante el débito garantizado con el predio rematado, es claro que no estaba obligado a exhibir el porcentaje correspondiente a la postura legal a que se contrae el referido numeral 825 del Código Adjetivo Civil de la Entidad******************** No es óbice para nuestra consideración lo dispuesto por el artículo 819 del mismo Cuerpo Legal en el sentido de que: (se trascribe)******************** Lo anterior, porque para empezar dicha norma en la primera de sus fracciones contempla para los acreedores diversos la facultad de intervenir en el acto del remate, a fin de que puedan hacer ante el Juez las gestiones que estimen oportunas para garantizar sus derechos, los cuales por tanto no se limitan ni se describen, de manera que dentro de ellos si podemos considerar el derecho de exclusión de la obligación general impuesta a los licitadores de exhibir el porcentaje correspondiente a la postura como ocurre con el ejecutante, la que tiene su razón de ser en que -como dijimos- ambos ejercer sobre el bien secuestrado un derecho reconocido jurisdiccionalmente con el que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la subasta, de ahí que la sola circunstancia de que tal norma no contemple expresamente esa facultad de exclusión de otorgar el porcentaje relativo a la postura legal no signifique que no exista en favor de los acreedores diversos que con su crédito aprobado judicialmente pueden garantizar las obligaciones adquiridas en el remate, pues la intención del legislador con su inserción en el cuerpo legal en cita es dar intervención a los acreedores diversos a la etapa de ejecución para que hagan valer los derechos que tengan a raíz de su crédito, no limitar las prerrogativas que en su caso pudieran desprenderse a su favor******************** Oriente nuestro criterio de identidad jurídica (****************************************.) "REMATE********************EL ACTO EJECUTANTE Y ACREEDOR EMBARGANTE ESTÁN EXENTOS DE OTORGAR GARANTÍA COMO POSTORES EN ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO) " (se trascribe)******************** (****************************************.)" Luego, para atacar las consideraciones del Magistrado responsable, el quejoso solo manifestó: -El Magistrado responsable en violación de tracto sucesivo en la ejecución de la sentencia mediante el remate de inmueble, estima legal el hecho de que el acreedor que comparezca a remate, tiene a la par del ejecutante principal la prerrogativa de estar exento de la obligación general impuesta a los demás licitadores de exhibir el porcentaje correspondiente a la postura, situación que cobra vigencia por el hecho de habérsele reconocido un derecho por diverso crédito, y que justificó al haber inscrito la garantía respecto del bien inmueble gravado por el ejecutante y acreedor diverso embargante******************** -El Magistrado erróneamente considera que tanto el ejecutante como el acreedor gozan de similares ventajas y beneficios, es decir, no están obligados a exhibir garantías como postores en virtud de que ambos ejercer sobre el bien secuestrado un derecho reconocido jurisdiccionalmente con el que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la subasta******************** -Existe colisión frente a lo asentado por el artículo 825 y 829 de la Codificación procesal que claramente indica que todo postor debe de adquirir previamente el billete de depósito para participar en la subaste, siendo exento de esa obligación únicamente el ejecutante******************** -Las consideraciones en las cuales sustenta la resolución el ad quem, es un extracto literal de la tesis antes señalada, lo que se opone a ese contexto el hecho que la ejecución de sentencia que haya causado ejecutoria la hará el Juez que hubiere conocido del asunto en primera instancia, por tanto, si el acreedor llamado al procedimiento de remate obtiene sentencia favorable en un diverso juico, debe pedir su ejecución a aquella autoridad al haber conocido de él******************** Sin embargo, no ataca lo relativo a que compareció a la audiencia de remate impugnada a formular postura legal en cuanto acreedor diverso de ******************** justificando su carácter con las principales constancias (sentencia definitiva y sentencia interlocutoria de liquidación) del juicio ejecutivo mercantil número ********************, con las que además garantizó su solvencia económica para responder de dicha compra y de la obligación de depositarle al ejecutante el débito garantizado con el predio rematado******************** Esto es, debió decir el por qué no es suficiente que garantizara con las constancia del juicio mercantil ********************, y con el derecho que tiene de cobró como acreedor, pues no basta con decir que el artículo 819 no encuadra en la acepción******************** Ni tampoco es suficiente decir que existe colisión frente a lo asentado por el artículo 825 y 829 de la Codificación procesal, pues no solo debe decir que claramente indica que todo postor debe de adquirir previamente el billete de depósito para participar en la subaste, sino que debe explicar por qué a su juicio existe dicha colisión******************** Asimismo, tampoco ataca la porción de la sentencia en la que el Magistrado responsable, dice que para empezar el artículo 819 del citado código, en la primera de sus fracciones contempla para los acreedores diversos la facultad de intervenir en el acto del remate, a fin de que puedan hacer ante el Juez las gestiones que estimen oportunas para garantizar sus derechos, los cuales por tanto no se limitan ni se describen, de manera que dentro de ellos si podemos considerar el derecho de exclusión de la obligación general impuesta a los licitadores de exhibir el porcentaje correspondiente a la postura como ocurre con el ejecutante, la que tiene su razón de ser en que ambos ejercer sobre el bien secuestrado un derecho reconocido jurisdiccionalmente con el que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la subasta, de ahí que la sola circunstancia de que tal norma no contemple expresamente esa facultad de exclusión de otorgar el porcentaje relativo a la postura legal no signifique que no exista en favor de los acreedores diversos que con su crédito aprobado judicialmente pueden garantizar las obligaciones adquiridas en el remate, pues la intención del legislador con su inserción en el cuerpo legal en cita es dar intervención a los acreedores diversos a la etapa de ejecución para que hagan valer los derechos que tengan a raíz de su crédito, no limitar las prerrogativas que en su caso pudieran desprenderse a su favor******************** Ya que solo se limitó a decir que el Magistrado erróneamente considera que tanto el ejecutante como el acreedor gozan de similares ventajas y beneficios, es decir, no están obligados a exhibir garantías como postores en virtud de que ambos ejercer sobre el bien secuestrado un derecho reconocido jurisdiccionalmente con el que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la subasta; sin exponer un verdadero argumentó que contrarreste la argumentación del ad quem******************** No tampoco da razón por qué no puede adjudicarse en el juicio de origen al acreedor diverso, pues solo se concreta a decir que si el acreedor llamado al procedimiento de remate obtiene sentencia favorable en un diverso juico, debe pedir su ejecución a aquella autoridad al haber conocido de él Por tanto, al no haber atacado todas las consideraciones del Magistrado responsable, los conceptos de violación resultan inoperantes******************** De esta manera, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las ataca o deja de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que no se puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas******************** De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun en el caso de resultar fundados, no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos torales en que se sustenta al fallo recurrido; por lo que éstos deben permanecer intocados, y continúan rigiendo su sentido******************** Sirve de apoyo a la consideración precedente, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada durante la octava época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 86, febrero de 1995, visible en la página 25, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA********************Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste." Así como la tesis jurisprudencial, aplicada por analogía, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, abril de 2005, visible en la página 1138, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN********************RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA********************Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional********************De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Finalmente, resulta infundado una parte del agravio segundo, por el que señala que la sentencia no está fundada y motivada, toda vez que no surge a partir de una codificación, virtud a que ese criterio básicamente es la transcripción inédita de la tesis con registro digital 188115 del rubro "REMATE********************EL ACTOR EJECUTANTE Y ACREEDOR EMBARGANTE ESTÁN EXENTOS DE OTORGAR GARANTÍA COMO POSTORES EN ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), criterio del cual se contradice y no puede ser aplicado ni tomado en consideración******************** Ahora, lo infundado es porque, contrario a lo que alega el inconforme, la sentencia reclamada sí se encuentra fundada y motivada, tal como lo exigen los artículos 14 y 16 Constitucionales, a la luz de los cuales deben analizarse las sentencias judiciales. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 133/2004-PS, que se publicó bajo el número 1ª./J********************139/2005, en la página 162, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (IUS 176,546), que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE********************Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas********************Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate********************Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad********************Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos********************Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En efecto, la autoridad responsable declaró infundados los agravios que hizo valer el apelante en contra de la audiencia de remate pues señaló que no resulta contrario a derecho que el Juez de origen en la audiencia de remate impugnado, hubiere calificado de legal la postura formulada por el licenciado ********************, quien compareció a dicha diligencia en cuanto apoderado jurídico de la acreedora diversa Caja Popular Cerano S.C********************de A.P********************de R.L********************de C.V********************y por consiguiente que hubiere fincado a favor de este ente jurídico el remate respecto del inmueble trabado en autos (ubicado en calle ********************), en la suma de $1********************cuyo pago garantizó dicha profesionista con las copias certificadas de la sentencia definitiva y sentencia interlocutoria recaída en el incidente de liquidación derivadas del juicio ejecutivo mercantil número ********************, promovido en contra de ******************** ante el Juzgado Mixto de lo Civil de Distrito Judicial de Ario, Michoacán******************** Y es que si bien es cierto que el artículo 825 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, resulta categórico en disponer que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente en alguna institución de crédito o en su defecto en alguna institución financiera de reconocida solvencia, una cantidad igual por lo menor al 10% diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos; en la inteligencia de que dichas consignaciones se devolverán a su respectivos dueños, acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta******************** Que como lo reconoce la propia disidente, el diverso numeral 826 del mismo cuerpo de leyes concede una situación procesal de privilegio al actor ejecutante en el juicio en que se lleva a cabo el remate al grado de excluirlo de la obligación general impuesta a los demás licitadores de exhibir el porcentaje correspondiente a la postura, situación que también cobra vigencia para el acreedor diverso que comparece al remate porque en otro juicio le fue reconocido un derecho por diverso crédito, y que justificó que inscribió la garantía respecto del bien inmueble gravado por el referido acreedor ejecutante, dado que uno y otro (acreedor ejecutante y acreedor diverso embargante) gozan de similares ventajas y beneficios, es decir, no están obligados a exhibir garantías como postores en virtud de que ambos ejercer sobre el bien secuestrado un derecho reconocido jurisdiccionalmente, con el que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la subasta******************** Que bajo tales premias, si en el caso "Caja Popular Cerano S.A********************de A.P********************de R.L.", compareció a la audiencia de remate impugnada a formular postura legal en cuanto acreedor diverso de ******************** justificando su carácter con las principales constancias (sentencia definitiva y sentencia interlocutoria de liquidación) del juicio ejecutivo mercantil número ********************, con las que además garantizó su solvencia económica para responder de dicha compra y de la obligación de depositarle al ejecutante el débito garantizado con el predio rematado, es claro que no estaba obligado a exhibir el porcentaje correspondiente a la postura legal a que se contrae el referido numeral 825 del Código Adjetivo Civil de la Entidad******************** Que no es óbice lo dispuesto por el artículo 819 del mismo cuerpo legal, porque para empezar dicha norma en la primera de sus fracciones contempla para los acreedores diversos la facultad de intervenir en el acto del remate, a fin de que puedan hacer ante el Juez las gestiones que estimen oportunas para garantizar sus derechos, los cuales por tanto no se limitan ni se describen, de manera que dentro de ellos si podemos considerar el derecho de exclusión de la obligación general impuesta a los licitadores de exhibir el porcentaje correspondiente a la postura como ocurre con el ejecutante, la que tiene su razón de ser en que ambos ejercer sobre el bien secuestrado un derecho reconocido jurisdiccionalmente con el que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la subasta, de ahí que la sola circunstancia de que tal norma no contemple expresamente esa facultad de exclusión de otorgar el porcentaje relativo a la postura legal no signifique que no exista en favor de los acreedores diversos que con su crédito aprobado judicialmente pueden garantizar las obligaciones adquiridas en el remate, pues la intención del legislador con su inserción en el cuerpo legal en cita es dar intervención a los acreedores diversos a la etapa de ejecución para que hagan valer los derechos que tengan a raíz de su crédito, no limitar las prerrogativas que en su caso pudieran desprenderse a su favor******************** De lo anterior se infiere, la autoridad responsable fundó su determinación en los artículos que cita en la misma, y externó las razones por las que estimaba su aplicación al caso concreto******************** Luego, si bien se basó en un tesis del rubro "REMATE********************EL ACTOR EJECUTANTE Y ACREEDOR EMBARGANTE ESTÁN EXENTOS DE OTORGAR GARANTÍA COMO POSTORES EN ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), ello no es obstáculo para su aplicación, dado que si bien no es un criterio que resulte obligatoria, si es orientadora y no existe prohibición por parte del Magistrado responsable para citarla, de ahí que no es obstáculo que haya utilizado los razonamientos de la misma (tesis) para apoyar su determinación******************** Aunado a que no existe pronunciamiento en contrario por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de este circuito, que si sea obligatoria y que por ende se acredite la inaplicación de la tesis en alusión. Por ende, cumplió con las exigencias de fundamentación y motivación, constitucionalmente exigibles al acto de autoridad. En consecuencia, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación en estudio, y al no haberse demostrado que la resolución reclamada sea violatoria de los derechos humanos previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone negarle a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que en la especie se advierta deficiencia de la queja que deba suplirse, por no encuadrarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. La negativa de que se trata, se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al juez responsable, toda vez que no se impugnan por vicios propios, sino que su actuar está supeditado a lo resuelto por la sala responsable******************** Es aplicable a lo expuesto, la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo I, primera parte-1, enero a junio de 1988, página 357, que a la letra dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA********************SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS********************Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su legalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Sexta********************Forma de publicación de la sentencia********************En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO********************La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y Juez Tercero de Primera Instancia; ambos con residencia en esta ciudad, que precisado quedó en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia******************** Segundo********************Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas del doce de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 654/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por la parte quejosa y con las exhibidas por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán Maestro en Amparo José Ramón Rocha González.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el ocurso firmado por Juan Manuel Solorio Lara, en cuanto representante legal de la moral tercera interesada "Caja Popular Cerano" S.C. de A.P. de R.L. de C.V., y en atención a su contenido con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se le tiene apersonándose en el presente juicio de amparo. Asimismo, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del nombre de usuario "Lauriano", el que proporciona para tal efecto, registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y como lo solicita, realícensele las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el entendido de que ello únicamente se refiere a las notificaciones que ameriten realizarse de manera personal, ya que las ordinarias se continuarán realizado por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, así como en la página electrónica oficial respectiva. De igual forma, se le tiene por señalando para recibir notificaciones y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no les fueron conferidas expresamente. Finalmente, por lo que respecta a su manifestación de ofrecer pruebas de manera posterior, dígasele no ha lugar de tenerlo por ofertando las mismas, en el entendido, que queda a salvo su derecho, para hacerlo valer en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se recibe el oficio 1567/2023 signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 208/2023, por el que se solicitó emplazar a juicio a la persona moral tercera interesada "Caja Popular Cerano" S.C. de A.P. de R.L. de C.V.. Dése de baja la aludida comunicación y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, de las actuaciones que anexa la autoridad auxiliar se advierte que la diligencia fue realizada por medio de lista el siete de agosto de dos mil veintitrés, esto en virtud que el apoderado legal y/o representante legal de la persona moral tercera interesada no se presentó en las instalaciones de dicha autoridad auxiliar en el día y hora señalados en el citatorio que se le dejo en data del nueve de agosto del año en curso; en ese sentido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene a la persona moral referida por emplazada dentro del presente expediente. En ese sentido, se advierte que el término de tres días concedido a la persona moral tercera interesada, para que señale domicilio en esta ciudad, se encuentra transcurriendo del quince al diecisiete de agosto del año en curso; por lo tanto una vez que haya transcurrido dicho término, o bien la citada parte comparezca a promover dentro del presente juicio, se proveerá lo que a derecho corresponda. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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