Griselda Chiñas Javier

Expediente 1004/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1004/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Griselda Chiñas Javier

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de control respectivos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número ******************** INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario, Actuario y oficial administrativo a cargo de este expediente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA ********************, parte actora en el juicio de origen. AUTORIDAD RESPONSABLE Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO La negativa de ejecutar el laudo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, para garantizar el pago de diversas prestaciones, dentro del expediente laboral ******************** y acumulados ********************, radicado en la Junta Especial número 32 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. El monto fijado por concepto de subsistencia a su favor por la cantidad de ********************, la cual la autoridad responsable consideró necesario para la subsistencia por el plazo de seis meses, tiempo probable para resolver el juicio de amparo directo que interpuso el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social en contra del laudo de pensión por viudez. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal. DESECHAMIENTO En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, dado que se advierte que, en el caso concreto, SE ACTUALIZA de manera manifiesta e indudable LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA consistente en el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" El precepto transcrito prevé uno de los supuestos del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual como juicio excepcional que es, sólo es procedente contra aquellas resoluciones de carácter definitivo. El mencionado supuesto alude a la circunstancia de que contra el acto reclamado, la ley conceda algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar dicho acto. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de dicha autoridad. En el caso concreto, la parte promovente reclama del Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la negativa de ejecutar el laudo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, para garantizar el pago de diversas prestaciones, dentro del expediente laboral ******************** y acumulados ********************, radicado en la Junta Especial número 32 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y el monto fijado por concepto de subsistencia a su favor por la cantidad de ********************, la cual la autoridad responsable consideró necesario para la subsistencia por el plazo de seis meses, tiempo probable para resolver el juicio de amparo directo que interpuso el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social en contra del laudo de pensión por viudez ; sin embargo, dichos actos son susceptibles de impugnarse mediante el recurso de revisión de actos de ejecución previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, a través del cual podía modificarse los actos combatidos. Para evidenciar lo anterior, conviene fijar el contenido de los artículos 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, que prevén: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." De los preceptos reproducidos se colige que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son los facultados y están obligados a tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos. Por su parte, los artículos 849 a 852 del citado ordenamiento, relativos a la procedencia del recurso de revisión, son del tenor siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerá: La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y (.)" "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos, revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los Presidentes, Actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en la etapa de ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares; también estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de sus Presidentes. En la segunda hipótesis, que conocerá el Presidente de la Junta, el de la Junta Especial respectiva, o del Tribunal de Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los Actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. En el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de actos del Presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Bajo ese contexto, la parte promovente, debió promover el recurso de revisión de actos de ejecución que al efecto establece 849 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, entre otros supuestos, en ejecución de los laudos. De tal modo que, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, por medio del cual el acto reclamado pudo ser modificado, el amparo deviene improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis, XIX.2o.P.T.14, L, visible en la página 1873, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época Materias(s): Laboral, Registro digital: 169226, de rubro y texto que dicen: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS ES NECESARIO AGOTARLO CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE SE NIEGA A DESPACHAR EJECUCIÓN SOBRE ACTUALIZACIONES SALARIALES. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo prevé la procedencia del recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios o resoluciones que ponen fin a las tercerías, así como contra los dictados en las providencias cautelares; de donde se colige, por la amplitud del dispositivo, que procede dicho recurso contra cualquier acto que tales autoridades emitan durante la etapa de ejecución del laudo, puesto que la intención del legislador no fue restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta durante el procedimiento de ejecución, inclusive en las que se niegue la ejecución del propio laudo, tomando en cuenta las facultades del presidente para llevar a cabo esa etapa, en términos de los artículos 617 y 618 de la legislación laboral. En esa tesitura, contra el auto por medio del cual el presidente se niega a despachar ejecución sobre actualizaciones salariales procede el aludido recurso de revisión, y si éste no se agota previamente a la promoción del juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las anteriores consideraciones, deriva que la demanda de amparo indirecto es improcedente respecto de los referidos autos reclamados, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud de que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revisión. Además, debe decirse que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que los actos reclamados no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento, ya que se trata de la parte actora de acuerdo a su dicho bajo protesta de decir verdad y de las constancias que adjuntó a su demanda. Además de que, aún de considerarse de imposible reparación el acto, ello no constituye una excepción al principio de definitividad ya que la irreparabilidad del acto y el citado principio se tratan de presupuestos distintos y autónomos que se rigen por aspectos diferentes, en tanto que la ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto y su transcendencia en la esfera jurídica del quejoso y la definitividad se refiere a la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa legal antes de acudir al juicio de amparo con independencia de la naturaleza del acto, salvo los casos expresamente establecidos en la ley. Se invoca de manera ilustrativa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con registro 2017117, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además de que la ley es muy clara en precisar la procedencia del recurso de revisión en contra de los acuerdos como los reclamados, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa quedará en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. NOTIFICACIONES A LA PARTE PROMOVENTE Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar que indica y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala. USUARIO ELECTRONICO. Ahora, atento a la certificación secretarial toda vez que si se encontró autorizado al usuario ********************, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente consulte el expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. CORREO ELECTRÓNICO. Asimismo, téngasele señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; a través del cual podrán presentar promociones y realizar la consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. VFMP'ijs.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano