Griselda Guerrero Romero
Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Griselda Guerrero Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 6******************** ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS 1.- Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca. Orden de embargo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil oral ********************, promovido por Homero Pérez Aquino y Jacinto Estrada Ortega, endosatarios en procuración de Frida Leticia Aquino Sosa, contra ******************** (cónyuge de la aquí quejosa). 2.- Actuario adscrito al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca. Diligencia de notificación, requerimiento de pago y embargo realizado el seis de junio del año en curso, dentro del citado juicio natural, respecto de una fracción de terreno ubicado en la calle ********************, con las medidas y colindancias que se precisan en la demanda. 3.- Encargado del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con sede en Huajuapan de León. La inscripción del embargo realizado el seis de junio de dos mil veintitrés, respecto del indicado inmueble. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto Al rendir su informe justificado la autoridad judicial responsable aceptó la existencia de los actos reclamados, ya que refirió que el expediente de origen, el cónyuge de la parte quejosa figura como demandado, sin que ésta sea parte en dicho expediente. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe, a las que en relación con las ofrecidas por la parte quejosa, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo. Ahora, de la certificación secretarial realizada en la relación de constancias, se advierte que las autoridades responsables Actuario adscrito al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Huajuapan y Especializado en Oralidad Mercantil del circuito judicial de la Mixteca y Encargado del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, no rindieron su informe justificado; no obstante que fueron notificados de su solicitud el cuatro de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados que se les atribuyen. Máxime que del informe justificado rendido por la autoridad judicial, se advierte la existencia de la diligencia reclamada al ejecutor, así como de la orden de inscripción del embargo reclamada a la autoridad registral. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: La aquí quejosa contrajo matrimonio con ********************, el dieciséis de junio de dos mil seis, ante la Primera Oficialía del Registro Civil de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, bajo el régimen de sociedad conyugal legal. El seis de agosto de dos mil siete, la quejosa y su cónyuge adquirieron mediante contrato de compra venta, un bien inmueble ubicado en Calles Guamúchil número ocho, Colonia Militar, Huajuapan de Léon, Oaxaca, según consta en el instrumento notarial veintiún mil doscientos treinta y dos, que la parte quejosa exhibió como prueba en su escrito de demanda. Por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el juez responsable admitió el escrito de demanda ejecutiva mercantil oral ********************, promovida por ... en su carácter de endosatarios en procuración de Frida Leticia Aquino Sosa, contra ******************** (cónyuge de la quejosa), este último como deudor principal, dictándose auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y con ello se ordenó el emplazamiento al demandado, a quien se le reclama el pago de la cantidad de ... así como intereses moratorios al cinco por ciento mensual. En cumplimiento a dicho auto, el ejecutor adscrito, mediante diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, notificación, traslado y emplazamiento personal de seis de junio de dos mil veintitrés, emplazó a juicio al demandado y trabó formal embargo sobre el bien inmueble descrito en dicha diligencia. En auto de seis de julio de dos mil veintitrés, el juez responsable tuvo al demandado contestando la demanda y ordenó girar oficio al Encargado del Registro del Instituto de la Función Registral del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, para la inscripción de la petición de la parte actora. Sin que en el citado juicio se emplazara a la aquí quejosa por no ser parte. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, la parte tercera interesada, mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, precisó que en el caso se actualiza la causal de improcedencia relativa a que la quejosa debió agotar el principio de definitividad (causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo) ante el Juez de la causa, ya que considera que la promovente si tenía conocimiento de la deuda que contrajo su cónyuge para adquirir un ultrasonido ...0 (trescientos veinte mil pesos cero centavos, moneda nacional), por lo que firmó un pagaré por dicha cantidad el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Y añade que ambos cónyuges son médicos, por lo que obtienen ganancias económicas de ese aparato porque tienen una clínica en Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca. Causal de improcedencia que deviene INFUNDADA, ya que al no ser la aquí quejosa parte en el juicio ejecutivo mercantil de origen, le corresponde el carácter de tercera extraña al procedimiento, situación que constituye una excepción al principio de definitividad, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, inciso c) de la ley de la materia. Por lo que al no contar con la posibilidad de interponer algún recurso o actuar en dicho expediente, la vía idónea para defender su derecho sustantivo a la propiedad, es el presente juicio de amparo. ... En consecuencia, al no existir diversa causal de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se viola en su perjuicio su derecho de propiedad, debido proceso y legalidad, ya que sin ser parte en el juicio de origen, se le embargó la parte alícuota o proporcional que considera le corresponde del bien inmueble de mérito, pues refiere que el embargo se trabó sobre la totalidad del inmueble. El embargo trabado sobre la parte alícuota o proporcional que corresponde a la quejosa, vulnera su derecho al debido proceso y audiencia, contemplados en el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución. Se vulneran en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, ya que refiere la quejosa no se le entregó ninguna orden escrita debidamente fundada y motivada del auto de mandamiento en forma, contenido en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, ni del acta de diligencia de notificación, requerimiento de pago o embargo, traslado y emplazamiento de seis de junio de dos mil veintitrés, lo que tampoco le da oportunidad de interponer algún medio de defensa ordinario. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. En el presente asunto rige el principio de suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio propiamente dicho, al referir que no fue legalmente emplazada al juicio ejecutivo mercantil de origen. Son FUNDADOS los conceptos de violación de la parte quejosa, suplidos en su deficiencia y suficientes para conceder el amparo solicitado, como se verá a continuación, ya que el embargo realizado en el juicio ejecutivo mercantil oral de origen, afecta el cincuenta por ciento de la parte que como cónyuge bajo el régimen de sociedad legal le corresponde a la quejosa, lo que vulnera en su perjuicio su derecho de propiedad y audiencia consagrados en el artículo 27, primer párrafo y 14 segundo párrafo de la Constitución Federal. El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, establece: "ARTÍCULO 14 (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". De la transcripción anterior, se infiere que las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional para otorgar al posible afectado una razonable oportunidad de defensa. Así, de no satisfacerse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin del derecho fundamental de audiencia, que no es otro que evitar la indefensión del afectado. ... Por ello, el emplazamiento es una de las figuras más importantes del proceso, ya que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación procesal de mayor magnitud, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, que de afectarse, vulnera el derecho fundamental de audiencia, establecido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 27, primer párrafo constitucional, dispone: "Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.". Así, de los preceptos transcritos se infiere que el derecho a la propiedad no puede ser afectado sino únicamente mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En virtud de ello procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, entre otros, que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran. Ahora, en el caso, la quejosa comparece el presente juicio de amparo, con el carácter de tercera extraña propiamente dicho, al juicio ejecutivo mercantil oral ******************** del índice del Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, Oaxaca, promovido por Homero Pérez Aquino y Jacinto Estrada Ortega, endosatarios en procuración de Frida Leticia Aquino Sosa, contra ******************** (cónyuge de la aquí quejosa), ya que no fue notificada o emplazada al mismo. Lo anterior, no obstante que el embargo ordenado en diligencia de notificación, requerimiento de pago y embargo de seis de junio de dos mil veintitrés, versa sobre el bien inmueble ubicado en la calle ********************, mismo que la quejosa adquirió con su cónyuge el seis de agosto de dos mil siete, con quien contrajo matrimonio el dieciséis de junio de dos mil seis, bajo el régimen de sociedad conyugal, por lo que refiere la promovente le corresponde el cincuenta por ciento de dicho inmueble. Ahora bien, en torno a la naturaleza jurídica del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal legal, el Código Civil para el Estado de Oaxaca, vigente en la época en que la quejosa celebró el matrimonio con el demandado en el juicio de origen (dieciséis de junio de dos mil seis), disponía en sus artículos 177 y 178 lo siguiente: "Artículo 177.- El contrato de matrimonio se celebrará bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes". "Artículo 178.- La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal". Como se advierte, de conformidad con la legislación civil de esta entidad federativa, el matrimonio puede celebrarse bajo dos diferentes regímenes patrimoniales: el de sociedad conyugal -voluntaria o legal- o el de separación de bienes. El régimen de sociedad conyugal legal consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes. Al efecto, los artículos 181, 190, 207, 208, 209 y 211 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, vigente en la data en mención, establecen: "Artículo 181.- La sociedad conyugal legal, nace desde el momento en que se celebra el matrimonio; la voluntaria puede nacer desde la celebración del matrimonio o durante éste, según que las capitulaciones matrimoniales respectivas se pacten al celebrase el matrimonio o durante el mismo.". "Artículo 190.- El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad." "Artículo 207.- Son propios de cada cónyuge: I. Los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que adquiera por prescripción durante la sociedad, así como los que durante la misma adquiera por don de la fortuna, por donación de cualquier especie o por herencia o legado constituido a favor de uno de ellos; II. Los bienes adquiridos durante la sociedad por compra o permuta de los raíces que pertenezcan a cada uno de ellos antes de celebrarse el matrimonio; III. Los adquiridos por consolidación de la propiedad y el usufructo, cuando se hace en beneficio de uno solo de ellos.". "Artículo 208.- Forman el fondo de la sociedad legal: I. Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de una profesión científica, del comercio o de la industria o por cualquier otro trabajo; II. Los bienes provenientes de herencia, legado o donación hecha a ambos cónyuges sin designación de partes; III. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, ya que la adquisición sea para la comunidad o para uno de los consortes; IV. Los frutos, acciones, rentas e intereses percibidos o devengados durante la sociedad, procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los consortes; V. Los edificios construídos durante la sociedad con fondos de ella, sobre suelo propio de alguno de los cónyuges, pero se abonará a éste el valor del terreno.". "Artículo 209.- Todos los bienes que existan en poder de cualquiera de los cónyuges al hacerse la separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario.". "Artículo 211.- El dominio y la posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad; será necesario el consentimiento de ambos para la enajenación y gravamen de los bienes que forman el fondo de la sociedad, pudiendo el juez respectivo suplir el consentimiento de cualquiera de los esposos en caso de injustificada oposición para la enajenación o gravamen.". De los preceptos transcritos se infiere, que el artículo 208 del citado código, dispone que forman parte del fondo social, los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, ya sea que la adquisición sea para la comunidad o para uno de los consortes (fracción III); y, por su parte, el numeral 209 de la misma norma, establece que todos los bienes que existan en poder de cualquiera de los cónyuges al hacerse la separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario. Así, de la interpretación sistemática y conforme de aquellos preceptos, se desprende que, entre otras, son características distintivas de la sociedad legal, las siguientes: I. La distinción que se hace entre el patrimonio común y los bienes propios de cada uno de los consortes; y, II. Que el dominio que ejercen ambos cónyuges sobre los bienes comunes no es sobre algún bien en particular o sobre una parte alícuota determinada, característica que distingue a la sociedad legal de la voluntaria. Con respecto a la primera característica antes apuntada, el artículo 207 de la legislación civil en consulta, permite identificar qué bienes pertenecerán a cada una de las categorías mencionadas, y el artículo 208 del mismo ordenamiento legal, señala cuáles son los bienes comunes o que integran el patrimonio de la sociedad legal. Así, por cuanto a la sociedad legal, se advierte que por una parte, en su artículo 207 se establecen los bienes que se entenderán como propios de cada cónyuge y, por otro, en el 208 se previenen los bienes que forman parte del fondo social. En ese contexto, destaca en relación con el patrimonio que integra la sociedad legal que existe la posibilidad de una interpretación contradictoria en la medida en que, por una parte, se alude a los bienes que no forman parte de ella y, por otra, a los que sí. Ante lo anterior, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal pasan a formar parte del fondo común, salvo prueba contrario, por lo que el cónyuge que invoque la propiedad de un bien que se encuentre en estos supuestos no se encuentra obligado a demostrar que fue adquirido a costa del caudal común. El criterio anterior se obtiene de la jurisprudencia 3a./J. 43/93, registro 206674, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, Num. 72, diciembre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD LEGAL PREVISTA POR EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. BIENES QUE LA INTEGRAN. Conforme a una recta interpretación de las normas que rigen la sociedad legal en el Código Civil para el Estado de Jalisco, debe concluirse, que este régimen patrimonial presupone que todos los bienes adquiridos en el matrimonio forman parte del fondo común que lo constituye, salvo prueba en contrario. Por esta razón, el cónyuge que invoque en su favor la propiedad de un bien adquirido en estas circunstancias, únicamente por su consorte, no está obligado a demostrar que dicho bien ingresó a la sociedad legal a costa del caudal común, o por alguno de los medios a que aluden los artículos 220 y 221 de la legislación precisada". Cabe precisar que la citada jurisprudencia resulta aplicable análogamente, pues si bien analiza la sociedad legal prevista en el ya abrogado Código Civil para el Estado de Jalisco, los preceptos de este último eran sustancialmente idénticos a los trascritos con antelación. Por ende, se puede concluir que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, sea a título oneroso o gratuito, pasan a formar parte del fondo común, a excepción de los que expresamente se excluyen por la misma codificación. Ello, en razón de que si un bien no es adquirido a costa del caudal común, entonces es adquirido por uno solo de los cónyuges con el fruto de lo obtenido en el ejercicio de su profesión u oficio, por lo que también pasará a formar parte de la sociedad, y si tampoco es el caso, entonces la adquisición obedece a un título gratuito como la herencia, legado o donación, en cuyo caso, si éstos se otorgan en favor de ambos pasan a la sociedad y si es en favor de uno solo, por disposición expresa de la ley será un bien propio. Es decir, los propios preceptos citados llevan a la conclusión de que todo bien adquirido por los cónyuges después de celebrado el matrimonio, necesariamente encuadra en alguno de los supuestos previstos por los artículos 207 y 208 del Código Civil del Estado de Oaxaca, a excepción de las hipótesis también contempladas en el ordenamiento aludido, como los son los adquiridos por herencia, legado o donación constituidos en favor de uno solo de los consortes. Bajo ese contexto, resulta evidente que la regla general es la inclusión en la sociedad legal de todos los bienes adquiridos por los consortes durante su matrimonio, pues ello es una condición normal, constante, derivada de la naturaleza del régimen económico en cuestión. La excepción, es que el bien no forme parte del caudal común, en cuyo caso debe tratarse entonces de uno de los bienes expresamente contemplados por el legislador. Bajo esa circunstancia, la sociedad legal a la luz de las disposiciones legales citadas del Código Civil del Estado de Oaxaca, es una sociedad de gananciales básicamente, en tanto que comprende todos los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso, o bien gratuito, cuando en este último caso se constituye en favor de ambos consortes. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo este régimen se presume, salvo prueba en contrario, que pasan a formar parte del fondo común que lo constituye; de tal suerte que el cónyuge que invoca la propiedad de un bien adquirido en estas circunstancias únicamente por su consorte, no está obligado a demostrar que el bien fue adquirido a costa del caudal común. Corrobora lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 79/2008, registro 168018, Novena Época, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XXIX, Enero de 2009, página 521, de rubro y texto: "SOCIEDAD CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INTERPUESTO CONTRA EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN PERTENECIENTE A AQUÉLLA, NO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE SE ADQUIRIÓ CON RECURSOS DEL CAUDAL COMÚN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 355 y 358 del Código Civil de dicha entidad federativa, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley, se presumen como pertenecientes a la sociedad conyugal los bienes adquiridos por los consortes a título individual; de manera que para acreditar el interés jurídico en el amparo interpuesto contra el embargo trabado sobre uno de esos bienes, en un juicio seguido contra uno de los cónyuges, basta que el otro pruebe la existencia tanto del vínculo matrimonial como del régimen legal mencionado al trabarse el embargo, sin que sea necesario demostrar que la adquisición fue a costa del caudal común. Además, sostener que debe probarse que los bienes se adquirieron con recursos del fondo común significaría, en vía de hecho, imponer una carga imposible de cumplir en la generalidad de los casos, en tanto que el matrimonio no es una sociedad especulativa en la que regularmente se documenten las operaciones financieras.". De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 48/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 433, tomo XIV, septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 188732, del rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). Si se toma en consideración, por un lado, que los elementos que definen a la sociedad conyugal se identifican con los de una sociedad de gananciales, que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, mediante sus esfuerzos; por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad común; y los adquiridos por fondos del caudal común o adquiridos a título gratuito por ambos cónyuges y, por otro, que el fundamento y finalidad de este tipo de comunidad consiste en sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutención y auxilio de los consortes y los hijos, si los hubiere, es inconcuso que aunque no se hubiesen formulado capitulaciones en los matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad conyugal, este último señalamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada básicamente, entre otros, por los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por cualesquiera de los cónyuges, inclusive el producto del trabajo, las rentas y los frutos." Por tanto, si en el caso concreto la quejosa acreditó su interés con el 1) contrato de matrimonio celebrado con su cónyuge bajo el régimen de sociedad conyugal legal, el dieciséis de junio de dos mil seis; así como con 2) el contrato de compra-venta de seis de agosto de dos mil siete, pasado ante la fe del notario público cuarenta y cuatro del Estado de Oaxaca, residente en Huajuapan de León, en el que se advierte que la quejosa y su cónyuge compraron en esa data, el inmueble objeto del embargo reclamado en este juicio de amparo; y que dicho contrato 3) quedó debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad de Huajuapan de León, Oaxaca el veintiséis de octubre de dos mil siete, en la sección primera de títulos traslativos de dominio, bajo la partida número doscientos nueve (209). Tales medios de convicción, que previamente fueron valorados en el considerando tercero de esta resolución, demuestran que la quejosa adquirió por virtud del matrimonio que celebró con ******************** (parte demandada en el juicio de origen, en su carácter de deudor principal), bajo el régimen de sociedad conyugal legal, el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad sobren el inmueble que menciona en su demanda y que fue objeto del embargo aquí reclamado. Máxime que el bien inmueble objeto del embargo en el juicio de origen, fue adquirido por ambos cónyuges mediante contrato de compraventa, de ahí que el inmueble de mérito, forma parte de la sociedad conyugal, por lo que su propiedad corresponde a los cónyuges por mitad. Lo anterior es así, porque se reitera, dicho bien se adquirió durante la vigencia del matrimonio y, por ende, forma parte de la propiedad común de los cónyuges. Por consiguiente, las documentales aportadas por la quejosa, son suficientes para tener por acreditada, al menos para este juicio de amparo, la titularidad que la quejosa tiene para ostentarse propietaria del inmueble objeto del embargo en el juicio ejecutivo mercantil oral de origen. Orienta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 47/2017 (10a.), registro 2015475, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 427, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la interposición de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional. Así, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedará sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclama.". En consecuencia, tomando en cuenta que de la orden de embargo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, así como de la diligencia de notificación, requerimiento de pago y embargo realizado el seis de junio de dos mil veintitrés, en el juicio ejecutivo mercantil oral ********************, se advierte que se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y dicho embargo se hizo sobre la totalidad del inmueble ubicado en Calles Guamúchil número ocho, Colonia Militar, Huajuapan de León, Oaxaca. Ello hace evidente que la quejosa sin ser llamada a juicio (por no formar parte de la litis en el juicio ejecutivo oral mercantil de origen), sufrió una afectación en el cincuenta por ciento del bien inmueble objeto del embargo en ese expediente, que como cónyuge bajo el régimen de sociedad legal le corresponde, lo que vulnera en su perjuicio su derecho de propiedad y audiencia consagrados en el artículo 27, primer párrafo y 14 segundo párrafo de la Constitución Federal. En esas condiciones, al haber resultado FUNDADOS los conceptos de violación, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitado por ********************, contra actos del Juez de lo Civil del distrito judicial de Huajuapan y Especializado en Oralidad Mercantil del circuito judicial de la Mixteca, actuario adscrito a dicho Juzgado y Encargado del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con sede en Huajuapan de León. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto de que la autoridad judicial responsable señalada en párrafo que antecede: a) Deje insubsistente el embargo decretado en los autos del juicio ejecutivo mercantil oral ********************, respecto del bien inmueble ubicado en la calle ********************, por lo que hace al cincuenta por ciento (50%) de los derechos que corresponden a la aquí quejosa (parte alícuota indivisa). b) Deje subsistente en el juicio de origen el emplazamiento realizado al demandado ********************, así como la contestación de demanda y actuaciones que éste haya promovido en su favor; pues el efecto ordenado en el párrafo que antecede, no tiene el alcance de dejar insubsistente el llamamiento a juicio de su cónyuge, para que éste se verifique de nueva cuenta, en atención al principio de relatividad del juicio de amparo. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al actuario adscrito al Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Huajuapan y Especializado en Oralidad Mercantil del circuito judicial de la Mixteca, Oaxaca, así como al Encargado del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con sede en Huajuapan de Léon, Oaxaca; toda vez que no se reclamaron por vicios propios, sino que su legalidad se hizo depender de la atribuida al acto reclamado de la autoridad señalada como ordenadora, acto respecto del cual se concede la protección constitucional solicitada. Es aplicable la jurisprudencia 1328, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1492, del tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección-Sentencias de amparo y sus efectos que establece, del Apéndice de 2011, Quinta Época, con número de registro 1003207, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones apuntadas en el último considerando y para los efectos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no obran los acuses de recibo que amparan la entrega de los oficios ..., mediante los cuales se notifica a las autoridades responsables el proveído de diecisiete de octubre del año en curso, en donde se ordenó la reanudación del trámite del presente asunto y se les da vista con el informe justificado y pruebas rendidas por la autoridad judicial responsable. Por tanto, requiérase al Jefe de Administración del Servicio Postal Mexicano en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo: Remita los acuses de recibo que amparan la entrega de los oficios ... dirigidos al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la mixteca, Actuario Judicial adscrito al citado órgano jurisdiccional y Encargado del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con residencia en el citado distrito judicial. En su caso, emita las gestiones necesarias a fin de remitir copia certificada de las aludidas piezas postales, mismas que quedaron depositadas en la oficina a su cargo el tres y siete del mes actual y que según la factura que se lleva en este Juzgado, quedaron registrados con los folios ...respectivamente. Apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medio de apremio una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente, a fin de que cumpla con lo solicitado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de ,...., autorizada de la parte quejosa ...; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas sus manifestaciones en vía de alegatos, mismos que serán relacionados en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el seis de octubre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ... así como un cuaderno de copias certificadas deducidas de este juicio de amparo. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a agregar las copias certificadas devueltas por el tribunal de alzada, dado que fueron deducidas de este expediente, por lo que se ordena su destrucción a fin de no duplicar actuaciones. Ahora, de dicha ejecutoria se advierte que la superioridad DECLARÓ INFUNDADO el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto inicial dictado el veintisiete de junio del año en curso, en la parte relativa en la que se determinó que no se tendría a la quejosa como tercera extraña, para efectos del presente juicio de amparo, al considerar ineficaces sus agravios, al margen de que se encuentra en posibilidades de aportar las pruebas para demostrar su interés jurídico durante el juicio. Se señala fecha de audiencia constitucional Por tanto, tomando en consideración que en auto de cinco de julio de la presente anualidad, se decretó la suspensión del procedimiento hasta en tanto el Tribunal Colegiado resolviera el aludido medio de impugnación, lo que ya aconteció. En consecuencia, se reanuda la continuación del trámite del presente asunto y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, dado que en proveído de dieciocho de agosto de la presente anualidad, se reservó acordar lo conducente -dada la suspensión del procedimiento- respecto de las promociones registradas con los números 10106 y 10129, al efecto se acuerda: Únicamente se toma conocimiento del oficio 423/2023 (registro 10106) del secretario de acuerdos encargado del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito de la Mixteca, Oaxaca, por el cual informa en relación a la diligenciación del despacho ... sin mayor pronunciamiento, puesto que en proveído de siete de agosto del año en curso, se acordó lo conducente al haber recibido vía correo electrónico en este juzgado. INFORME JUSTIFICADO Por otra parte, en cuanto a la promoción 10129, con el cual el Juez Primero de lo Civil del distrito judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito de la Mixteca, Oaxaca, rinde su informe justificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. PRUEBAS Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental exhibida por la mencionada responsable, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, PERSONALMENTE A LA REPRESENTACION SOCIAL ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
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