Gregorio Torralva Esteves O Gregorio Torralba Esteves
Expediente 228/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gregorio Torralva Esteves O Gregorio Torralba Esteves
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese únicamente para que obre, el oficio de cuenta, mediante el cual el Jefe del Centro de Administración Postal, Centro Oaxaca, remite copia certificada del acuse de recibo correspondiente al comunicado 5359, dirigido al Público adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, toda vez que el veintiséis de mayo de dos mil veinte, se celebró la audiencia incidental. CÚMPLASE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese únicamente para que obre, el oficio de cuenta, mediante el cual el Jefe del Centro de Administración Postal, Centro Oaxaca, remite copia certificada del acuse de recibo correspondiente al comunicado 535, dirigido al Público adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, toda vez que el veintiocho de mayo de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional. CÚMPLASE.
- Principal
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 228/2021; y, (..) C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Materia del juicio. De la lectura de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama la negativa de darle intervención en la carpeta de investigación que dice se instruye en su contra, y que, conforme a la prueba exhibida de su parte, se encuentra contenida en el oficio sin número de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Huajauapan de León, Oaxaca, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante aparecer el acuse de recibo del oficio por el que le fue solicitado, en cuya razón, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, párrafo tercero se presume cierto dicho acto. CUARTO. Son infundados los conceptos de violación Contra lo expuesto por el peticionario del amparo, no es verdad que la autoridad responsable con la emisión de su acto transgreda sus derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20, apartado B dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque, por principio, el acto emana de una autoridad competente, a saber, la institución del Ministerio Público; el acto reclamado, está fundado y motivado y, por supuesto, no es transgresor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Federal, porque aun cuando de conformidad con el diverso 20, apartado B, el quejoso es beneficiario del derecho de defensa, la negativa de acceso a la carpeta de investigación, no es un atentado de aquella, sino sólo una restricción de dicho derecho. Es cierto, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Como se ve, la interpretación de dicho numeral, permite establecer, que son tres, los supuestos en que el quejoso puede tener acceso a la carpeta de investigación a).- Que se encuentre detenido. b).- Que sea citado para comparecer como imputado; y, c).- Que sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de los momentos descritos, no podrá mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. En ese tenor, y ya que en el caso, no está probado que el peticionario del amparo se encuentre en alguno de esos supuestos, ello permite a esta resoluta establecer, que el acto de reclamo no es atentatorio de sus derechos humanos, pues si bien es verdad que las autoridades, en términos del artículo 1° Constitucional están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, sus derechos humanos, no menos cierto es que la negativa de acceso a la carpeta de investigación no puede considerarse como una falta de protección a su derecho de defensa; antes bien, ello constituye en todo caso, una limitante cuya barrera será superada cuando el justiciable se coloque en alguno de los supuestos enunciados. Se invoca en apoyo, la tesis siguiente: Registro digital: 2019177 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: XIII.P.A.56 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2961 Tipo: Aislada DERECHO DE DEFENSA. EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, QUE LIMITA AL IMPUTADO SU ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN A SU EJERCICIO. El precepto constitucional citado regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa; asimismo, constriñe al Ministerio Público a mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, con toda precisión, establece los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, a saber: a) cuando aquél se encuentre detenido; b) cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Por tanto, esas disposiciones, en su conjunto, constituyen una restricción al ejercicio del derecho de defensa y, en ese contexto, la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al resolver el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, en el sentido de que el derecho mencionado debe ser respetado desde el inicio de la investigación, no puede servir como parámetro de regularidad constitucional para juzgar la negativa de acceso a la carpeta de investigación, pues se encuentra de por medio una restricción a ese derecho que el Poder Reformador de la Constitución determinó establecer en la Ley Suprema, la cual debe prevalecer, en acatamiento al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 30 y 32, numeral 2, de la Convención indicada, así como en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.". En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR al quejoso el amparo y protección de la justicia federal que solicita. QUINTO. Protección de datos al publicar la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, y 75, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (.), contra el acto reclamado a la Agente del Ministerio Púbico de Huajuapan de León, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, publíquese la sentencia, en los términos precisados en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese Personalmente. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO)
- Incidental
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 228/2021; y, . C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA LOCAL DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, VICEFISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA EN LA MIXTECA, no rindió su informe previo, no obstante haber quedado debidamente notificado de su petición; por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. SEGUNDO. Dada la naturaleza del acto reclamado, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto del acto que hace consistir en la negativa de darle intervención en una carpeta de investigación, que refiere se integra en su contra, en la medida en que no hay evidencia, ni siquiera indiciaria, de que, estando en los supuestos de la Ley del acto para que se le dé intervención en la carpeta de investigación -lo cual a propósito es una situación de orden público y de interés social- esta resolutora tenga la potestad de ordenar se restituya momentáneamente al quejoso en los derechos que estima le han sido vulnerados; pero, al no ocurrir así, es claro que en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, y aun cuando la suspensión esta solicitada, no se ve, se repite, indicio del interés suspensional que asista al peticionario para concederle la suspensión del acto, como lo solicita. TERCERO. Ahora, dado que el quejoso solicita la suspensión para que no se le prive de su libertad; con fundamento en el artículo 107, fracción X Constitucional y toda vez que se encuentran satisfechos los requisitos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la suspensión está solicitada por la parte agraviada, de concederse no se sigue perjuicio el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y sí en cambio serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causarían, con su ejecución; con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para efecto de que la parte agraviada no sea privada de su libertad, sin perjuicio de la continuación de la averiguación previa de donde emana el acto reclamado, y siempre y cuando tal acto no se haya ejecutado y no provenga de autoridad judicial. Para el caso, de que se trate de delitos no graves o que no impliquen prisión preventiva oficiosa, con fundamento en el artículo 166 fracción II, de la Ley de Amparo, la medida suspensiva surtirá efectos, desde luego, siempre y cuando: A). La parte quejosa, exhiba a favor de este Juzgado, dentro del plazo de tres días, garantía económica por la suma de un mil pesos, cero centavos, en billete de depósito o en cualquiera de las formas establecidas por la ley; En el entendido de que dicho certificado deberá contener los datos relativos a: a) Nombre de la parte quejosa como depositante (conforme al artículo 900 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente); b) Número de expediente; c) Cantidad que ampara; y, d) El concepto para el cual se exhibe. Lo anterior bajo apercibimiento que de omitirse tales requisitos indicados en los incisos anteriores, no se tendrá por exhibido el billete correspondiente. En la inteligencia de que la parte quejosa deberá verificar que el documento en el cual conste la garantía, se encuentre asentado lo siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito". Ello de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y si opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá de contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada y, deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 156 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente. B). Que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del proveído en que se haga del conocimiento de la parte quejosa la existencia del acto que por esta vía combate, así como la autoridad que lo emitió, comparezca ante la autoridad que instruye la carpeta de investigación de donde emana el acto reclamado, para su continuación; conforme a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Amparo. C). Asistir a toda clase de diligencias para las que la citen dentro de la carpeta de investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Amparo; . Ahora, si el delito por el que se instruye la investigación a la parte agraviada es grave o implica prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo se otorga para el único efecto de que, una vez detenida la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internada, así como a disposición del Ministerio Público para la continuación de la indagatoria correspondiente. Una vez transcurrido el plazo de tres días concedido para exhibir la garantía económica, comuníquese a la autoridad responsable si se cumplió con ese requisito; en la inteligencia que de no haberlo satisfecho, o de no efectuar la comparecencia y las presentaciones personales ante la autoridad ordenadora responsable, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y quedarán expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar el acto reclamado, lo que se les comunicará, en su caso, en su oportunidad. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, estará vigente hasta en tanto se notifique a las responsables la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio principal del cual deriva este incidente de suspensión. CUARTO. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la presente resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente. En mérito de lo expuesto y fundado legalmente, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega a..., la suspensión definitiva que solicitó, en términos del considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a ..., la suspensión definitiva que solicitó, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
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