Gregorio Roberto Ramírez Delgado
Expediente 930/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gregorio Roberto Ramírez Delgado
- No existe
- Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de la diversa comunicación por la que se remitió el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa contra la sentencia emitida en autos; asimismo, informa que admitió el referido medio de impugnación y lo registró bajo el número de revisión 135/2023 de su índice. Notifíquese por lista.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese copia del escrito firmado electrónicamente por ********************, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único 154698, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 del ordenamiento legal en cita, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Asimismo, con fundamento en el artículo 89 de la ley de la materia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 930/2022, promovido por Gregorio Roberto Ramírez Delgado, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Gregorio Roberto Ramírez Delgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1o, 14, 16, 25 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 23.1 inciso a) de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 25, primer párrafo, inciso b), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como del 1 al 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 26, 27 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número 930/2022, por lo que en auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, una vez se desahogó la prevención formulada, la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; asimismo, se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, seguido el procedimiento respectivo tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que ahora se procede a resolver el presente juicio de amparo al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Lo anterior en virtud de que se reclama una norma de carácter general del Estado de Michoacán, demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios señalados, las autoridades y actos reclamados por el quejoso son los siguientes: Del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán: La promulgación y orden de publicación del Proyecto de la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, publicada en el Diario Oficial del Estado de Michoacán el catorce de julio de dos mil veintidós, específicamente en sus artículos 9, 18 y 22. De Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán: La promulgación de la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, publicada en el Diario Oficial del Estado de Michoacán el catorce de julio de dos mil veintidós, específicamente en sus artículos 9, 18 y 22. Del Congreso del Estado de Michoacán: La iniciativa y/o elaboración, así como aprobación del proyecto de la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, publicada en el Diario Oficial del Estado de Michoacán el catorce de julio de dos mil veintidós. De la Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán: La publicación de la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, publicada en el Diario Oficial del Estado de Michoacán el catorce de julio de dos mil veintidós. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado y además, porque la existencia de la ley impugnada no está sujeta a prueba ya que se está en presencia de hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso particular, por las razones que lainforman, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, sustentada por laSegunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 233090, del rubro y texto: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Quinta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Publicación de la Ley reclamada. Este juzgador considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III [este último aplicado contrario sensu], ambos de la Ley de Amparo; respecto de la autoridad a quien se reclama la publicación de la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el catorce de julio de dos mil veintidós. Los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" La fracción XXIII del artículo 61 trascrito no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo. La fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo prevé que en las demandas de amparo debe señalarse la autoridad o autoridades responsables, pero al reclamarse normas generales únicamente tendrán esa calidad las que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, cuando dichos actos se impugnen por vicios propios. De una interpretación a contrario sensu del referido artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman leyes y se designan como autoridades responsables las encargadas del refrendo y publicación de las normas, si las mencionadas etapas del proceso legislativo no se reclamaron por vicios propios. En el caso concreto, el quejoso señaló como autoridad responsable, entre otras, a la Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, a quien atribuyó la publicación de la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, publicada en el Diario Oficial del Estado de Michoacán el catorce de julio de dos mil veintidós. En esas condiciones, es evidente que dicha funcionaria carece de calidad de autoridad responsable para efectos del presente sumario; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación con la fracción III del numeral 108, éste a contrariu sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados a la Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia PC.I.A. J/50 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el dos de octubre de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, libro 23, tomo III, Décima Época, página 2249, registro 2010098, que dice: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación." Actos consentidos. La autoridad responsable Congreso del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado manifestó que en la especie se actualiza la extemporaneidad del presente juicio de amparo, dado que el día catorce de julio de dos mil veintidós se publicó la modificación de ley que impugna el quejoso y por tanto, la presentación de la demanda se encuentra fuera de término. Dicha causa de improcedencia es la prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento legal, misma que se estima fundada. Para evidenciar lo fundado de la referida causa de improcedencia, conviene traer a glosa el contenido de los preceptos legales que prevén el indicado motivo de improcedencia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Lo resaltado es propio. [.]" Del contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, que en el precepto 18 de la Ley de la Materia, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento, para la promoción del juicio de amparo: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución; y, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Lo anterior, salvo el caso de la fracción I del referido artículo 17, [Cuando se reclame una norma general autoaplicativa] caso en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor, como acontece en la especie. Al respecto, analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de cumplimiento a la prevención formulada manifestó que conoció de la aprobación de la ley reclamada el catorce de julio de dos mil veintidós, -misma fecha en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma a la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán- pues al respecto adujo: Manifestación que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de hechos propios aseverados por el promovente del amparo. Cobra aplicación a lo anterior la tesis XVI.3o.C.T.9 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero 2013, Tomo 2, página 1440, con el siguiente rubro y texto: "RECONOCIMIENTO DE HECHOS PROPIOS DE LAS PARTES. EL REALIZADO EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN O EN CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO NO REQUIERE SER RATIFICADO PARA HACER PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El reconocimiento de hechos propios de las partes, a que alude el artículo 205 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el cual puede realizarse en la demanda, en la contestación de ésta o en cualquier otro acto del juicio, hace prueba plena sin necesidad de ratificación, toda vez que, a diferencia de otras legislaciones, el de la entidad no precisa ese requisito." Así también, sirve de apoyo, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 50/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en la página 64, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186676, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad." De modo que, se puede establecer con certeza que si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el catorce de julio de dos mil veintidós, cuando se publicó y entró en vigor la ley impugnada, su demanda resulta extemporánea, como se ilustra a continuación: Julio de 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 *14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 *Fecha de conocimiento del acto reclamado y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Agosto de 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24 ***25 26 27 28 29 30 31 **Último día para presentar la demanda. ***Fecha de presentación de la demanda. En efecto, si en el caso el propio quejoso se ostentó sabedor de la ley reclamada el catorce de julio de dos mil veintidós, misma fecha en la que se publicó en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor la norma impugnda, entonces el plazo de treinta días con que contaba para la interposición de la demanda empezó a contar el catorce de julio de dos mil veintidós y concluyó el veinticuatro de agosto siguiente, descontando los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio, así como seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto por ser sábados y domingos, y la demanda fue presentada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia. Apoya lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, visible en la página 1931 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro número 165582 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En tal virtud, la manifestación entraña una comprobación directa por parte del afectado, en virtud de que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica, por lo que basta que el quejoso -con pleno conocimiento de lo que expone- asevere determinada fecha -sin que exista prueba en contrario- para que a partir de esa data inicie el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Sustenta lo anterior, la tesis en materia administrativa consultable a fojas 199, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro número 226886, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente ... al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Como entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica, debe preponderar sobre la notificación y por ende, sobre el conocimiento del acto, puesto que el propio quejoso, al confesar expresamente cuándo se hizo sabedor de la existencia del acto reclamado, hace a un lado dicha notificación. En efecto, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado, prepondere sobre cualquiera de las otras dos fórmulas empleadas por el legislador en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". Así las cosas, basta con que el quejoso, tratándose de una persona con capacidad jurídica o su representante legal o convencional, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin tomar en cuenta la notificación que en su caso medie de tal acto, toda vez que la confesión expresa del quejoso o de su representante legal, la dejaron sin efectos." Por tanto, se concluye que el juicio de amparo no fue promovido dentro del término de los treinta días que establece la ley de la materia, puesto que como lo expresó la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el catorce de julio de dos mil veintidós, y en ese sentido, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veinticinco de agosto de dos mil veintidós-, habían transcurrido los quince días que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es así, puesto que el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo establece que los términos previstos en el artículo 17 de la misma disposición, en este caso, la fracción I, relativa a las normas autoaplicativas, se computarán a partir del día de su entrada en vigor, en la especie, a partir del catorce de julio de dos mil veintidós. Lo anterior, porque cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante juicio de amparo y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Más porque, en los términos en que el quejoso planteó su demanda de amparo, se advierte que no reclamó un acto concreto de aplicación de la ley impugnada, es decir, la reclama como ley autoaplicativa. En esas condiciones, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no se analizarán las diversas causas de improcedencia hechas valer por el Congreso del Estado de Michoacán, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría el sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gregorio Roberto Ramírez Delgado, por su propio derecho, contra los actos, autoridades y motivos que precisados quedaron en las consideraciones tercera y quinta, de la presente sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del diez de enero de dos mil veintitrés, la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 930/2022. Enseguida, el secretario da cuenta a la Encargada del Despacho con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. La encargada del despacho provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa, con las documentales exhibidas por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, así como la instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto legal y humana y el hecho notorio consistente en la publicación en los periódicos oficiales del Estado Michoacán, relativos a la reforma de la Ley de Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán. Al respecto, la encargada del despacho acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con las manifestaciones de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán. La encargada del despacho acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la autoridad responsable en cita y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la encargada del despacho para dictar sentencia.Licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, Encargada del Despacho.
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