Graciela Riasco de Quiñones
Expediente 761/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/12/2022
Partes del expediente
- Graciela Riasco de Quiñones
- GRACIELA RIASCO DE QUIÑONES y Otros.
- Karla Quiñones Restrepo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de diciembre de dos mil veintidós******************** Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación de la parte quejosa del auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin embargo obra la constancia actuarial de veinticinco de octubre del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar el auto de que se trata a las directas quejosas ******************** y ********************, en razón de que no se encontraban en dicha Estación Migratoria, por lo que se tuvo a la vista los oficios de salida correspondientes a dichas quejosas******************** En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicha determinación por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes actuaciones que así lo ameriten******************** Notifíquese y por lista a la parte quejosa ******************** y ********************, el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós y las subsecuentes notificaciones********************
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se obtiene que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de catorce de octubre del año en curso, sin que haya hecho lo propio. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta y de las actuaciones que obran en el presente juicio, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [...]" Se explica. Del dispositivo antes transcrito se desprende, que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento administrativo, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. En el caso concreto, del escrito de demanda, se obtiene que la parte promovente planteó el juicio de amparo indirecto -en lo que aquí interesa-, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables que sufrían las directas quejosas ******************** y ********************, dentro de la Estación Migratoria de esta ciudad, consistentes en la incomunicación, orden de deportación, expulsión o repatriación y libertad de tránsito (al no mediar un procedimiento administrativo instaurado en contra de éstas). Posteriormente, se agregó la razón actuarial de trece de octubre de dos mil veintidós, suscrita por el actuario de la adscripción en la que asentó que le fue informado que el veintiséis de septiembre del año en curso en los expedientes administrativos ******************** y ******************** se resolvió en definitiva la situación migratoria de las aquí quejosas, en las que se resolvió, entre otras cosas, otorgarles oficio de salida definitiva del país, para lo cual adjuntó las constancias respectivas. Documentales a la que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, si la presentación de la demanda de amparo promovida a favor de las referidas quejosas fue planteada en relación con los actos reclamados consistentes en la incomunicación, orden de deportación, expulsión o repatriación y libertad de tránsito de ******************** y ********************, dentro de la Estación Migratoria de esta ciudad (al no mediar un procedimiento administrativo instaurado en contra de éstas); y, con posterioridad a la presentación de ésta; es decir, el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad migratoria con residencia en esta ciudad, en los expedientes administrativos ******************** y ******************** resolvió en definitiva la situación migratoria de las aquí quejosas, en las que se resolvió, entre otras cosas, otorgarles oficio de salida definitiva del país, -como se anticipó-, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, toda vez que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados por las referidas quejosas, sin afectar la nueva situación derivada de que a la fecha ya se encuentra resuelta su situación migratoria en relación con su estancia en territorio mexicano pues la posible orden de expulsión o deportación de éstas partía de que no existía procedimiento instaurado en su contra, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171841 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Así como la tesis I.11o.C.61 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2025083 de rubro t texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. Hechos: En la fase de ejecución de convenio de un juicio mercantil, la parte demandada promovió incidente de nulidad de actuaciones respecto a la adjudicación del inmueble embargado en ese asunto. Además, solicitó medidas cautelares con la finalidad de que: a) se mantuviera la situación de hecho existente; y, b) se inscribiera el referido incidente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio real del inmueble adjudicado. El Juez de origen admitió el incidente de nulidad de actuaciones y, en dos acuerdos distintos, no acordó de conformidad las medidas cautelares solicitadas. En contra de estas últimas dos resoluciones, la parte demandada promovió juicio de amparo. El Juez de Distrito desechó la demanda al estimar que se actualizó un cambio de situación jurídica, pues en diversa demanda de amparo promovida por la misma quejosa, respecto del mismo procedimiento de origen, reconoció que el incidente de nulidad de actuaciones se declaró infundado en interlocutoria de primer grado y que ésta se encontraba subjúdice en apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, sólo se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclame un acto vinculado expresamente con alguna de las etapas procesales que conforman el procedimiento respectivo en el que se emite resolución con la que concluye o dilucida la controversia principal o incidental planteada. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las presuntas violaciones que se hubieren cometido en el procedimiento respectivo, pues no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causa de improcedencia sólo opera en procedimientos jurisdiccionales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. De esa forma, el cambio de situación jurídica implica que el acto reclamado ocurrió en una determinada etapa procesal; de ahí que cuando el procedimiento avanza a otra fase, por regla general no es posible hacer que el juicio o procedimiento se retrotraiga. En otras palabras, el procedimiento jurisdiccional o el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se asemeja a un túnel dividido en secciones, cada una de las cuales se cierra o individualiza de las demás por medio de compuertas; de manera que cada vez que se avanza por ese túnel, las compuertas que dividen las secciones se cierran, lo que impide que la persona que recorre ese túnel se encuentre en posibilidad para regresar a la sección anterior, pues ésta ha quedado cerrada definitivamente. Esa imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el juicio o procedimiento ha avanzado a una etapa distinta, es la que produce que las posibles violaciones que se hubieren cometido en la etapa anterior se estimen irreparablemente consumadas, pues el análisis de éstas podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa. Conforme a lo expuesto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, aquél será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Por tanto, si en el procedimiento principal o incidental respectivo se solicitan medidas cautelares y éstas no se acuerdan de conformidad, la emisión de la resolución con la que concluya ese procedimiento principal o incidental no implica un cambio de situación jurídica, en virtud de que las medidas cautelares solicitadas no corresponden a una etapa de ese procedimiento. Y la tesis X.2o.1 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro digital 2022025 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Consecuentemente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que hace a los actos reclamados a favor de las quejosas ******************** y ********************, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las trece horas con cuarenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial suscrita por el Actuario de la adscripción, mediante la cual notificó personalmente el auto de tres de octubre del año en curso a las directas quejosas Graciela Riasco de Quiñones y Karla Quiñones Restrepo; asimismo, se obtiene que realizó la encomienda ordenada en dicho acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós en los términos ahí planteados; además, le fue informado que el veintiséis de septiembre del año en curso en los expedientes administrativos EM/BC/TIJ/9640/17-09-2022 y EM/BC/TIJ/9639/17-09-2022 se resolvió en definitiva la situación migratoria de las aquí quejosas, en las que se resolvió, entre otras cosas, otorgarles oficio de salida definitiva del país, para lo cual adjuntó las constancias respectivas. Atento a lo anterior, se advierte que en el presente asunto se pudiera actualizar una causa de improcedencia; por tanto, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que una vez transcurrido dicho plazo y no hacer manifestación alguna este órgano jurisdiccional acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese y personalmente a las directamente agraviadas Graciela Riasco de Quiñones y Karla Quiñones Restrepo.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista certificación secretarial que antecede del que se advierte que en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Baja California con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas remitiera copia certificada de las constancias de las que se advierta el cumplimiento dado a la suspensión de plano, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo solicitado en autos, no obstante de estar notificada del referido acuerdo. En consecuencia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Baja California con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas legalmente computado, remita copia certificada de las constancias de las que se advierta el cumplimiento dado a la suspensión de plano o bien, copia certificada de la constancia de salida de las directamente agraviadas ********************, o bien, manifieste el imposibilidad que tengan para ello; apercibida que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Se comisiona al actuario. Con independencia de lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, se requiere a las autoridades responsables migratorias, realicen las gestiones necesarias a efecto de que brinden apoyo a los Actuarios de la adscripción para que éstos puedan realizar las siguiente encomiendas: - Acceder a la Estación Migratoria de esta ciudad, al área de alojamiento, con el propósito de que puedan vocear a las directamente agraviadas ********************, a efecto de que tales fedatarios puedan verificar que a la fecha aquéllos ya no se encuentran alojadas en dicha estancia. - Tener a la vista el documento o en su caso el archivo que en sistema obre del cual se pueda advertir el motivo del egreso de las impetrantes mencionadas, así como en su caso la toma de fotografías y copias de tales archivos o documentos. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad y con copia del acuse de recibo del oficio mediante el cual se notifica a las autoridades responsables el presente proveído, solicite el apoyo solicitado del personal que en su caso se haya comisionado para tal efecto. Asimismo, se encomienda al actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibida la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese.
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