Graciela Garcia Ocadiz
Expediente 1005/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Graciela Garcia Ocadiz
- GRACIELA GARCIA OCADIZ y Otros.
- Sandra Astorga Garcia
Actuaciones
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL ACUERDO DE 08 DE noviembre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger las documentales que anexó a su demanda de garantías; apercibida que de no hacerlo, éstas será destruida junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA..."
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San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger las documentales que anexó a su demanda de garantías; apercibida que de no hacerlo, éstas será destruida junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
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San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, la ejecutoria de amparo, se encuentra o no cumplida. En el caso, ********************, reclamó en esta vía de amparo lo siguiente: Al 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla: a) El auto de formal prisión que emitió el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal ********************, seguida en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 324, 326, fracciones I, III, y IV, 328, 329, 330, 331, todos del Código Penal del Estado de Puebla, concatenados al artículo 69 letra H, del Código de Procedimientos en Materia de defensa Social del Estado de Puebla, y VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado por los artículos 267, 272 fracción I, ambos delitos con relación a los artículos 11, 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor quien en vida respondiera al nombre con iniciales ********************. A la 2. Directora del Centro Penitenciario Regional de Cholula, Puebla: b) La ejecución del auto de formal prisión de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, ya indicado. Por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se negó el amparo solicitado por la parte quejosa en términos del considerando séptimo de la propia determinación. Inconforme con dicho fallo, el quejoso ********************, interpuso recurso de revisión, que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de toca R-94/2021 de su índice. Mediante ejecutoria de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de alzada revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado por la parte quejosa para los efectos precisados en la última parte de la propia determinación, que fueron los siguientes: "En las relatadas condiciones, ante lo inoperante, infundado y fundado de los agravios, suplidos en su deficiencia, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso, para el efecto del que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal ********************; y, en su lugar, 2. Emita un nuevo auto de formal prisión en contra de ********************, en el que reitere la acreditación de los delitos de homicidio calificado y violación, así como su probable responsabilidad en la comisión de dichos ilícitos; lo anterior, considerando que en el caso particular no se actualizan las agravantes de alevosía y traición en el delito mencionado en primer término. Concesión de amparo, que se hace extensiva a los actos de ejecución que se le atribuyen a la Directora del Centro Penitenciario Regional de Cholula, Puebla, al no reclamarse por vicios propios." En consecuencia, por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. En atención a lo anterior, por oficio 5188 el 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución de primero de octubre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ******************** de su índice. También, por oficio 255.2 -con anexo-, la 2. Directora del Centro Penitenciario Regional de Cholula, Puebla, informó que realizó las anotaciones correspondientes en el archivo de dicho centro penitenciario en atención al cumplimiento dado por el juez responsable. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Ahora bien, de las relatadas constancias se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizó lo siguiente: I. Por lo que respecta al punto 1 de los efectos de la ejecutoria de amparo, se advierte que en la nueva resolución de primero de octubre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado, dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal ********************; lo que se advierte del punto primero resolutivo de la señalada resolución: "PRIMERO. Por lo que en esa virtud con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del Juicio de Garantías 779/2020, promovido por ********************se deja insubsistente la resolución de fecha 29 veintinueve de septiembre 2020 dos mil veinte, a través del cual se decretó AUTO DE FORMAL PRISIÓN O PREVENTIVA en contra de ********************como probable responsable de los delitos de VIOLACIÓN EQUIPARADA y HOMICIDIO CALIFICADO, previstos y sancionados por los artículos 267, 272, fracción I, 312, 323, 324, 326 fracción I, III y IV, 328, 329, 330, 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21 fracción I, del Código Penal de Puebla, concatenados al arábigo 69 letra H, del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social, abrogado pero de aplicación ultractiva, cometidos en agravio de la menor de edad quien en vida era identificada bajo las iniciales M.M.C.G." Por lo que se cumplió con el punto 1 de los efectos de la ejecutoria de amparo. II. Por lo que hace al punto 2 de los efectos de la ejecutoria de amparo, se advierte que: a) Emitió un nuevo auto de formal prisión de uno de octubre de dos mil veintiuno en contra de ********************, en el que reiteró la acreditación de los delitos de homicidio calificado y violación, así como su probable responsabilidad en la comisión de dichos ilícitos; lo que se advierte del punto primero resolutivo de la indicada resolución donde señaló: "CUARTO. Siendo las 10:00 diez horas del 1 uno de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se decreta AUTO DE FORMAL PRISIÓN o PREVENTIVA y se declara formalmente preso a ********************en cuanto a la comisión de los injustos de VIOLACIÓN EQUIPARADA y HOMICIDIO CALIFICADO, previstos y sancionados por los artículos 267, 272, fracción I, 312, 323, 324, 326 fracción I, III y IV, 328, 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21 fracción I, del Código Penal de Puebla, concatenados al artículo 69 letra H, del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, abrogado pero de aplicación ultractiva, ambos en agravio de la menor quien en vida llevara la iniciales ********************." b) Al emitir el señalado auto de formal prisión consideró, como parte de los efectos de la ejecutoria de amparo, que no se actualizaron las agravantes de alevosía y traición en el delito de homicidio, la parte relativa dice: "Este juzgador primario, advierte que en el caso a estudio no se acreditan las agravantes de alevosía y traición, previstas en los artículos 323, 329 y 330, de la Ley Punitiva penal, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 329.- La alevosía consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improviso, o empleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse, ni a evitar el mal que se le quiere hacer." "ARTÍCULO 330.- Se dice que obra a traición, quien además de la alevosía emplea la perfidia, violando la fe o seguridad que expresamente había prometido a su víctima, o la tácita que ésta debía prometerse de aquél por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza." Del análisis al primer precepto en cita, se desprende que la alevosía, consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improvisto, o empleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse; supuesto normativo, que no se surte en el caso que nos ocupa, pues como ha quedado de manifestó en lo relatado con anterioridad y de lo expuesto en relación al material probatorio, la menor, víctima del delito, contaba con tan solo 7 siete meses de edad, condición por la cual no pudo ser sorprendida de manera intencional, de manera imprevista, ni mediante asechanza, o por un medio que no le diera lugar a defenderse, en virtud de que dicha menor dependía del cuidado de un adulto. Bajo esas condiciones, se concluye que en la especie se encuentra comprobado el cuerpo del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 324, 326 fracción I, III y IV, 328, 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, concatenados al artículo 69 letra H, del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, abrogado pero de aplicación ultractiva, en agravio de la menor quien en vida llevara la iniciales ********************., por el cual la Representación Social Investigadora ejercitara acción penal." Por lo que se cumplió con la primera parte del punto 2 de los efectos de la ejecutoria de amparo. Por último, en virtud de que la concesión de amparo se hizo extensiva a la autoridad ejecutora 2. Directora del Centro Penitenciario Regional de Cholula, Puebla, dicha autoridad realizó lo siguiente: III. Mediante por oficio 255.2, informó que realizó las anotaciones correspondientes en el archivo de dicho centro penitenciario en atención al cumplimiento dado por el juez responsable, esto es, que se dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado, dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal ********************, emitido en contra del quejoso, y se emitió el de uno de octubre de dos mil veintiuno, en contra del mismo quejoso y en la indicada causa penal. Por lo que se cumplió con la última parte del punto 2 de los efectos de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia amparadora. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por lista a la tercera interesada, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del acuerdo general 21/2020 y por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 18 DE octubre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. CONSIDERACIONES PREVIAS. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021. Que el Acuerdo General 09/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que el oficio B-804-3 del índice de este Juzgado, mismo que contiene la demanda promovida por Graciela García Ocadiz y Sandra Astorga García, fue presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida el quince de octubre siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Por otro lado, téngase por recibidos los anexos I, II y IV, con motivo de la separación de juicios ordenada el ocho de octubre de dos mil veintiuno. Acúsese recibido. Fórmense las caratulas correspondientes al presente juicio de amparo y anexos. Ahora bien, en razón de lo ordenado mediante determinación de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 689/2021-A, del índice de este Juzgado de Distrito, respecto de la separación de juicios que dio origen al presente expediente, el sumario constitucional en que se actúa únicamente versará sobre los actos reclamados por la parte quejosa a la autoridad responsable 3. Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistentes: - La omisión de admitir, tramitar y resolver el recurso de apelación interpuesto por las quejosas 1. Graciela García Ocadiz y 2. Sandra Astorga García, contra el auto de siete de abril de dos mil veintiuno -por el que se concedió la libertad bajo caución al procesado Salvador González Vargas-, derivado de la causa penal 46/2017 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, del que conoce la 3. Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en los autos del toca penal 143/2021 (anexos I, II y IV). FORMACIÓN. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1005/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, respecto al citado acto reclamado consistente en la omisión de admitir, tramitar y resolver el recurso de apelación interpuesto por las quejosas 1. Graciela García Ocadiz y 2. Sandra Astorga García, contra el auto de siete de abril de dos mil veintiuno -por el que se concedió la libertad bajo caución al procesado Salvador González Vargas-, derivado de la causa penal 46/2017 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, del que conoce la 3. Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en los autos del toca penal 143/2021 (anexos I, II y IV); el suscrito Juez de Distrito, advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en el caso particular, de los anexos de cuenta, específicamente de los anexos correspondientes a las copias certificadas del juicio de amparo 689/2021 del índice de este Juzgado de Distrito y del toca de apelación 143/2021 del índice de la responsable, se advierte que el veintisiete de septiembre del presente año, la 3. Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla emitió resolución, confirmando el auto de siete de abril de dos mil veintiuno -por el que se concedió la libertad bajo caución al procesado Salvador González Vargas-, dictado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; misma que fue notificada el treinta de septiembre del año que transcurre, a la parte agraviada -aquí quejosas- 1. Graciela García Ocadiz y 2. Sandra Astorga García. Luego, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de admitir, tramitar y resolver el recurso de apelación interpuesto por las quejosas 1. Graciela García Ocadiz y 2. Sandra Astorga García, contra el auto de siete de abril de dos mil veintiuno -por el que se concedió la libertad bajo caución al procesado Salvador González Vargas-, derivado de la causa penal 46/2017 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, del que conoce la 3. Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en los autos del toca penal 143/2021 (anexos I, II y IV), pues ya se dictó resolución confirmando el auto recurrido, y ésta a su vez, fue notificada a la parte quejosa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia III.2o.C.J/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Este criterio es aplicable al caso por analogía, porque la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, analizada en la jurisprudencia en cita, prevé el mismo supuesto que el diverso ordinal 61, en su fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, transcrito en supralíneas. En ese sentido, en términos de la sexta disposición transitoria de la citada legislación actual, la jurisprudencia de referencia sigue vigente porque no se opone a la reglamentación vigente. En mérito de lo expuesto, resulta evidente que se han destruido todos los efectos de los actos reclamados por 1. Graciela García Ocadiz y 2. Sandra Astorga García, en forma total e incondicional, como si tales actos, no hubieran dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es por lo anterior que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su escrito inicial de demanda. Sin que haya lugar tener como medios de notificación el correo electrónico y número telefónico que proporciona, toda vez que la Ley de Amparo no los prevé para tal efecto. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a la persona que menciona, toda vez que no proporcionó datos que permitan verificar que los citados profesionistas se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. REPRESENTANTE COMÚN. Téngase como representante común de los quejosos a Graciela García Ocadiz, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
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