Graciela Magdaleno Guerrero
Expediente 229/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/06/2022
Partes del expediente
- Graciela Magdaleno Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 229/2021 del índice de este juzgado, así como testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la inconformidad 19/2022, en el cual se resolvió, lo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por GRACIELA MAGDALENO GUERRERO, en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana, en el juicio de amparo indirecto 229/2021." Acúsese de recibo al Tribunal de alzada; por otra parte, se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En términos del artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depurable y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente para que obre como corresponda, el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que se admitió el recurso de inconformidad, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, y le correspondió el recurso de inconformidad número 19/2022 del índice del citado Tribunal; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Francisco Javier Cueva Rodríguez, autorizado de la parte quejosa Graciela Magdaleno Guerrero, atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de inconformidad en contra del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, emitido por este órgano jurisdiccional en el que se determinó tener por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo, así como con lo dispuesto en el Punto Cuarto, fracción IV y Punto Octavo, fracción I, ambos del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno, el expediente del juicio de amparo en que se actúa, previo desglose del escrito en el que el autorizado de la parte quejosa interpone recurso de inconformidad, y una copia más para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, agregando copia del citado ocurso a estos autos, para los efectos de la inconformidad promovida en términos del precepto legal que se invoca. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese; personalmente a las partes.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a las partes en proveído de diecisiete de febrero del año en curso, a fin de que realizaran manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Ahora bien, conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En ese sentido, por sentencia de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, resolvió: "[.] Primero. La justicia de la Unión ampara y protege a Graciela Magdaleno Guerrero, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia. [.]" En esa tesitura, la sentencia en comento concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para efectos de que la autoridad responsable: "Sexto. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: Otorguen respuesta congruente, completa, fundada y motivada a la solicitud formulada por la parte quejosa el doce de febrero de dos mil veinte, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. Notifique legalmente a la parte quejosa la respuesta emitida, en el domicilio que se haya señalado para tal efecto. Lo anterior, dado que no basta que se haya emitido la determinación correspondiente, sino que es menester que le sea notificada a la parte quejosa para satisfacer tal garantía constitucional, porque lo mismo sería que no se haya dictado tal contestación, a que sí se haya dictado pero no se le haya comunicado a la parte quejosa, pues en ambos casos se le coloca en una situación de incertidumbre respecto a las determinaciones emitidas, en detrimento de la garantía individual en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 3a. XXXIV/92, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, consultable a página 81, tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, de Semanario Judicial de la Federación, registro digital 206849, de rubro y texto: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." Así como la diversa Jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, localizable a tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, pagina 207, de Semanario Judicial de la Federación, registro digital 173716, de rubro y texto: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." Sentencia que fue recurrida por las autoridades responsables y en la que el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en el amparo en revisión 416/2021, resolvió, lo siguiente: " [.] Primero. Se confirma la sentencia recurrida. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Graciela Magdalena Guerrero, en contra de los actos que reclamó de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Director General; Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todos del mismo Instituto, consistentes en la omisión de dar respuesta a la petición recibida el doce de febrero de dos mil veinte. [.]" Así las cosas, en auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables a fin de que cumplieran con el fallo protector dictado en el presente asunto. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de febrero de la presente anualidad, la responsable Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informa que mediante oficio CASL-559/2022, otorgó respuesta congruente y debidamente fundamentada a la solicitud que formuló la parte quejosa mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, respuesta que fue notificada a la quejosa por conducto de este juzgado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dada la imposibilidad de las responsables para notificarla. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. De lo anterior se desprende que la autoridad responsable: 1.- Otorgó respuesta congruente, completa, fundada y motivada a la solicitud formulada por la parte quejosa el doce de febrero de dos mil veinte. 2) Manifestó su imposibilidad para notificar a la parte quejosa la respuesta emitida, en el domicilio que se haya señalado para tal efecto, procediendo este órgano jurisdiccional a notificar dicha respuesta el veintiuno de febrero de do mil veintidós. Por tanto, es inconcuso que la autoridad responsable dio cumplimiento a los puntos de la ejecutoria de amparo y no se advierte la existencia de algún otro acto que deba quedar sin efectos. Sin que pase desapercibido las manifestaciones de la parte quejosa mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el sentido de que no se tenga por cumplido el fallo protector por parte de las autoridades responsables, y se les requiera a efecto de que realicen las gestiones y requerimientos a la parte patronal a fin de que se pronuncie si la parte quejosa se incorpora a la nómina de pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y con ello dar seguimiento al trámite de pensión por jubilación solicitado. Sin embargo, como ha quedado precisado en los párrafos anteriores, se advierte que las responsables han dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo los cuales fueron para: "Sexto. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: Otorguen respuesta congruente, completa, fundada y motivada a la solicitud formulada por la parte quejosa el doce de febrero de dos mil veinte, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. Notifique legalmente a la parte quejosa la respuesta emitida, en el domicilio que se haya señalado para tal efecto. Lo anterior, dado que no basta que se haya emitido la determinación correspondiente, sino que es menester que le sea notificada a la parte quejosa para satisfacer tal garantía constitucional, porque lo mismo sería que no se haya dictado tal contestación, a que sí se haya dictado pero no se le haya comunicado a la parte quejosa, pues en ambos casos se le coloca en una situación de incertidumbre respecto a las determinaciones emitidas, en detrimento de la garantía individual en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 3a. XXXIV/92, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, consultable a página 81, tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, de Semanario Judicial de la Federación, registro digital 206849, de rubro y texto: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." Así como la diversa Jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, localizable a tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, pagina 207, de Semanario Judicial de la Federación, registro digital 173716, de rubro y texto: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que la parte quejosa, intente el medio de impugnación correspondiente. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
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