Graciela Bedilia Toriz Avilés
Expediente 191/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Graciela Bedilia Toriz Avilés
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 191/2019-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 191/2019-I-B, promovido por GRACIELA BEDILLA TORIZ AVILÉS, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el catorce de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día siguiente hábil en este órgano jurisdiccional, GRACIELA BEDILLA TORIZ AVILÉS, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercera interesada (fojas 6 a 8). Seguida la secuela del juicio tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. La omisión por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuaria adscrita, de trabar embargo sobre los bienes señalados por la parte actora en el expediente laboral 01/436/16 en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, así como de llevar a cabo las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el citado expediente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestaron el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y la actuaria adscrita, al rendir su informe justificado, en el que exhibieron como prueba diversas documentales relativas al expediente burocrático 01/436/16; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de sobreseimiento. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y la actuaria adscrita señalaron que la conducta de la que se duele la hoy quejosa se encuentra efectuada conforme a derecho y emitida por una autoridad competente, siguiendo los lineamientos previstos por la Ley, por lo que considera que no se han violentado los derechos fundamentales del quejoso, y por tanto estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Se desestima la causal, ya que la argumentación en que está sustentada, se encuentra íntimamente relacionada con el fondo del asunto, pues es necesario analizar la constitucionalidad del acto impugnado a efecto de determinar si causa afectación a la esfera jurídica del quejoso. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 187973, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página 5 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." En ese orden de ideas, en virtud de que las partes no hacen valer otra causa de improcedencia en relación al acto reclamado y este juzgador no advierte de oficio que se actualice una diversa, procede ocuparse del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son infundados e insuficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicaran más adelante. Para apreciar lo anterior, debe señalarse que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Así, se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Previo a continuar con el estudio de fondo del asunto debe señalarse que el acto impugnado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso el catorce de febrero de dos mil diecinueve; para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada existía, pues en el juicio de origen no se trabó embargo en la diligencia de requerimiento de pago de veintidós de enero del año en curso. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 1ª./J 36/98 de la Novena Época, sustentada en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN.". En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. En contrapartida, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. Sin embargo, en el caso concreto, el concepto de violación de la parte quejosa es infundado, por las razones sucesivas: El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, toda vez que la parte demandada en el expediente de origen, no dio cumplimiento voluntario al laudo de cuatro de julio del año próximo pasado en el expediente burocrático 01/436/16, dictó auto de requerimiento de pago y comisionó al actuario de su adscripción para requerirlo. El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable se pronunció respecto de la promoción con folio 005857, presentada por la parte actora en el juicio de origen el trece de junio de dos mil dieciocho, aduciendo que lo solicitado con respecto al auto de requerimiento y en su caso embargo, fue acordada el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. El veintidós de enero de dos mil diecinueve, el actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en compañía de la parte actora se constituyeron en el domicilio de la parte demandada, ambas en el juicio de origen, a efecto de dar cumplimiento al citado auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Por tanto, a la fecha en que se resuelve, se aprecia que la parte demandada no ha dado cumplimiento cabal al laudo dictado en el expediente burocrático 01/436/16, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo que se corrobora de la copia certificada de las constancias que obran en autos, no habiendo prueba en contrario. Sin soslayar que en el referido auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos no ordenó efectuar embargo alguno ante la negativa de la parte demandada en efectuar el pago solicitado, ello, atendiendo a que al ser un asunto laboral burocrático la legislación aplicable lo es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y en su caso la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto, se desprende que el acto reclamado consistente en la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de ejecutar el laudo dictado en el expediente burocrático 01/436/16, en específico de no trabar embargo sobre los bienes señalados por la parte actora en el juicio de origen, no le es imputable pues la misma ha estado actuando en dicho proceso, amas que no existe disposición que le obligue a actuar en forma alegada. Máxime que si bien no se ha trabado el embargo del que se duele la aquí parte quejosa, lo cierto es que en la legislación aplicable en el caso en concreto no se encuadra la institución de referencia y la autoridad responsable se encuentra actuando como se precisó en los párrafos que anteceden. Lo anterior, en el entendido de que el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, indica que en los casos no previstos en la citada Ley o en sus reglamentos, se resolverá de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en su defecto por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, la ejecución de los laudos en un procedimiento laboral burocrático, encuentra sustento en el titulo octavo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el que no regula la figura del embargo como medida de ejecución forzosa, por lo que no es factible crear la citada institución jurídica al recurrir a otra ley, en el caso la Ley Federal del Trabajo. En el entendido de que la supletoriedad de una ley no es una adición de requisitos o instituciones no estipuladas por el legislador, toda vez que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no sean contrarias a las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida, ya que a la falta de ello, no puede operar la supletoriedad de una ley en otra. Bajo ese contexto, en atención a la naturaleza jurídica de la supletoriedad, observamos que como método de integración que se requiere satisfacer es necesario que la ley a suplir contenga la institución respecto de la que se pretenda la aplicación subsidiaria, por lo que no es jurídicamente posible aplicar la figura del embargo en un expediente burocrático en el que la ejecución de los laudos encuentra sustento en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no estar frente a un caso de omisión o laguna, sin que pase por desapercibido que el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado autoriza la supletoriedad de la codificación laboral común. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1487, con número de registro 2009126 y rubro siguiente: "EMBARGO COMO MEDIDA DE APREMIO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. AL NO ESTAR PREVISTO EN LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TAMAULIPAS ES IMPROCEDENTE DECRETARLO, SIENDO INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." Motivo por el cual, en el caso en particular la inacción que se reprocha a la responsable no constituye una violación a la garantía de acceso a la justicia que plantea la parte quejosa, al resultar evidente que ello deriva la omisión en que ha incurrido la parte demandada, a pesar de los requerimientos efectuados y siendo que la figura del embargo no está prevista en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. De ahí que, al no encontrarse satisfecha la exigencia legal indicada resulta infundado el concepto de violación, y procede negar el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad con ese carácter al no reclamarse por vicios propios, si no en vía de consecuencia de conformidad con la jurisprudencia II.1o.J/12, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 82, Octubre de 1994, página 41, número de registro 210140 de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". No obsta a la determinación anterior, la falta de emplazamiento de la parte tercera interesada en el presente juicio de amparo, toda vez que esta sentencia no le finca obligación alguna, ni obliga a la autoridad responsable a hacerlo. RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a GRACIELA BEDILLA TORIZ AVILÉS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en el considerando quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe hasta hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. En relación con la prueba que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la misma, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe. DCSM*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. ADMISIÓN DE DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por GRACIELA BEDILIA TORIZ AVILÉS por su propio derecho contra actos del PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS y otra autoridad; fórmese el expediente 1912019-l-B; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de amparo. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. De conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPAN, MORELOS, en ese sentido, con fundamento en el inciso b), de la fracción II, del artículo 26, de la Ley de Amparo, se ordena emplazarlo por oficio; corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda y copia simple del presente proveído, haciéndole de su conocimiento, que si así lo estima pertinente, con tal carácter puede comparecer en el presente juicio de garantías en defensa de sus derechos. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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