Grabriela Salvador Cobos

Expediente 1068/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1068/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Grabriela Salvador Cobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1068/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el once de octubre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la Comisión nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I al III; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1068/2018-II, promovido por GABRIELA SALVADOR COBOS; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo Por escrito presentado el tres de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y recibido al día siguiente en este Juzgado de Distrito, GABRIELA SALVADOR COBOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Comisión nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades, los que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD ORDENADOR Y EJECUTORA EN SU DOBLE CARÁCTER, SEÑALADA EN EL INCISO A), RECLAMO: a) EL ACUERDO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2018, el cual declara que la sentencia definitiva de fecha dieciséis de abril de 2016 causa ejecutoria por ministerio de ley y ordena el pago de la sanción económica impuesta, consistente en diez unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 m.n.), así como para que en los tres días siguientes, exhiba ante la visitadora general que acredite haber pagado la sanción económica ante el fondo auxiliar correspondiente, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se procederá con el procedimiento económico coactivo correspondiente, e inclusive, se le podrá decretar la retención vía nomina, así como que se gire oficio al director general del poder judicial del estado, a fin que ordene a quien corresponda haga la anotación en el expedite personal del impetrante de garantías, así como remitir copia certificada de la resolución de fecha dieciséis de abril de dos mil ocho a la secretaria de la contraloría para que realice el registro de la supuesta responsabilidad administrativa. (SIC). b) LA RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, emitida en la queja administrativa 87/2016, acumulada a la 152/2016, formada con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurada en contra de la suscrita y otros funcionarios públicos en la que se declaró la existencia de la responsabilidad administrativa en contra de la suscrita y se me condenó al pago de la sanción económica impuesta, consistente en diez unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $682.80 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)" (SIC). SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías de referencia, se registró con el número 1068/2018-II, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició en términos del acta de seis de septiembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de lo7+s Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, fracción XVIII, menciona que el Juzgado Segundo de Distrito, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, lugar donde radica la autoridad emisora del acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se tratan de: 1. De la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la resolución emitida el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en el expediente de queja administrativa 87/2016 y su acumulado 152/2016, formado con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra la aquí quejosa. 2. Del Magistrado Visitador General y Director General de Administración, ambas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, los actos de ejecución de la resolución reclamada, emitida en el auto de once de mayo de dos mil dieciocho, en la que declara que la sentencia definitiva de dieciséis de abril de dos mil dieciocho causo ejecutoria por ministerio de ley, requiriendo a la servidora público (GABRIELA SALVADOR COBOS), para que dentro de un plazo voluntario de cinco días, entere al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, el pago de la sanción económica que le fue impuesta. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, a la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en el expediente de queja administrativa 87/2016 y su acumulado 152/2016, formado con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado a la aquí quejosa (GABRIELA SALVADOR COBOS), toda vez que así lo aceptó la magistrada presidenta al rendir el informe justificado; lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del expediente administrativo de referencia (anexo I al III), a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, son ciertos los actos de ejecución del acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho, que reclama al Magistrado Visitador General, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Director General de Administración, todos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, toda vez que al rendir sus informes justificados así lo admitieron. De igual forma, son ciertos los actos de ejecución emitidos en el acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho que se le atribuyen a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, ya que, no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyen; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que de la resolución reclamada se advierte que en el resolutivo quinto, se ordenó remitir copia a la Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, para su registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de ahí que su negativa quedó desacreditada. CUARTO. Causales de improcedencia. Ahora bien, el estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado Federal de oficio advierte que el presente juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones legales. La quejosa GABRIELA SALVADOR COBOS al presentar su demanda fue omisa en manifestar la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistente en la resolución de dieciséis de abril del dos mil dieciocho y auto de ejecución de once de mayo de dos mil dieciocho, emitidos en el expediente de queja administrativa 87/2016 y su acumulado 152/2016. Sin embargo, de las constancias que integran el referido expediente de queja administrativa, se advierte que mediante cédula de notificación personal de once de junio de dos mil dieciocho, el Actuario adscrito a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, dejó la citada cédula de notificación en poder de la quejosa GABRIELA SALVADOR COBOS, quien dijo ser la persona buscada, además de identificarse con credencial del Poder Judicial del Estado de Morelos, con número de empleado 29030, donde obra el cargo, nombre, firma y fotografía, en la que le hizo del conocimiento la resolución de dieciséis de abril del dos mil dieciocho y el acuerdo de once de mayo pasado, así como el requerimiento decretado en este último acuerdo, emitidos dentro del expediente de queja administrativa 87/2016 y su acumulado 152/2016. Documental que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de un fedatario público en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Ahora bien, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo prevén que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Al respecto, cabe citar la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 193-198 Primera Parte, página 71, de número de registro 232213, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, como quedó precisado, tuvo pleno conocimiento de la existencia de los actos reclamados en el expediente de queja administrativa 87/2016 y su acumulado 152/2016, desde el once de junio de dos mil dieciocho, dado que fue directamente la quejosa GABRIELA CASTAÑEDA PEREZ, la que recibió la notificación de la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho y acuerdo de once de mayo pasado, dictados en el expediente de la queja administrativa mencionada, por el que se declara la existencia de responsabilidad administrativa de la funcionario publica GABRIELA SALVADOR COBOS, imponiéndole una sanción económica consistente en diez unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.), cantidad que deberá ser depositada en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Luego, conforme al artículo 144 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos (aplicable supletoriamente al procedimiento de responsabilidad administrativa), las notificaciones personales surten efectos el día en que se practicó la notificación. Así, se tiene que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado y su ejecución el once de junio de dos mil dieciocho, de ahí que el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, comenzó a partir del doce de junio de dos mil dieciocho (día hábil siguiente de aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado) y feneció el dos de julio de dos mil dieciocho, sin contar dentro de ese plazo los días inhábiles dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta de junio y uno de julio del dos mil dieciocho. Por lo expuesto, es indudable que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, en razón de que la quejosa consintió tácitamente los actos reclamados al no haber presentado la demanda dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues conforme al sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, GABRIELA SALVADOR COBOS presentó su demanda hasta el tres de julio de dos mil dieciocho, es decir, fuera de ese término legal. Apoya la anterior determinación la tesis jurisprudencial P/J.11/2017 (10ª) con número de registro 2014199, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del libro 42, mayo de 2017, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. Así como la tesis jurisprudencial PC. XVIII.J/11C (10ª) con número de registro 2011181, de Plenos de Circuito del Décimo Octavo Circuito, visible en la página 1486 del libro 28, marzo de 2016, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS EL DÍA EN QUE SE PRACTICAN PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). Los artículos 129, 131, 137 y 144 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, así como de los diversos comprendidos en los Capítulos V "De los exhortos y despachos" y VI "De las notificaciones", del Título Segundo "De los actos procesales", del ordenamiento en mención, contienen dos reglas en relación con el inicio de los plazos judiciales: 1) La general, que dispone que éstos empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o la notificación personal, acorde con su artículo 144; y 2) La especial, que contiene dos excepciones a la regla general, en términos del artículo 137 aludido, consistentes en las notificaciones efectuadas por Boletín Judicial o en lista de acuerdos, las cuales surtirán efectos a las doce horas del día siguiente al en que se realicen. En tal virtud, las notificaciones personales surten efectos el día en que se practican y, por ende, los términos judiciales empiezan a computarse a partir del día siguiente, conforme a la regla general prevista en el invocado artículo 144. Así, este numeral no es oscuro ni insuficiente para determinar que la notificación personal surte efectos el día en que se realiza, para efectos de computar el plazo para la promoción del juicio de amparo, en términos de los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, los cuales disponen que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo es de quince días computados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Finalmente, es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que los actos aquí reclamados no se ubican en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Así, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito del acto impugnado, prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V de la ley en comento. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Magistrado Visitador General, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Director General de Administración, todas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, porque habiéndose decretado el sobreseimiento respecto del acto combatido a la ordenadora, debe también decretarse respecto de la autoridad que sea o tenga el carácter de ejecutora, en virtud que, es indiscutible que no pueda examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de ejecución, al no combatirse por vicios propios. Por ser aplicable, se cita la jurisprudencia 7, con registro 230811, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página seiscientos noventa, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-2, Julio a diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: UNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por GABRIELA SALVADOR COBOS, contra actos de la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Magistrado Visitador General, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Director General de Administración, todas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy once de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del once de octubre del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1068/2018-II, promovido por GABRIELA SALVADOR COBOS; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo Por escrito presentado el tres de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y recibido al día siguiente en este Juzgado de Distrito, GABRIELA SALVADOR COBOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Comisión nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades, los que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD ORDENADOR Y EJECUTORA EN SU DOBLE CARÁCTER, SEÑALADA EN EL INCISO A), RECLAMO: a) EL ACUERDO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2018, el cual declara que la sentencia definitiva de fecha dieciséis de abril de 2016 causa ejecutoria por ministerio de ley y ordena el pago de la sanción económica impuesta, consistente en diez unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 m.n.), así como para que en los tres días siguientes, exhiba ante la visitadora general que acredite haber pagado la sanción económica ante el fondo auxiliar correspondiente, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se procederá con el procedimiento económico coactivo correspondiente, e inclusive, se le podrá decretar la retención vía nomina, así como que se gire oficio al director general del poder judicial del estado, a fin que ordene a quien corresponda haga la anotación en el expedite personal del impetrante de garantías, así como remitir copia certificada de la resolución de fecha dieciséis de abril de dos mil ocho a la secretaria de la contraloría para que realice el registro de la supuesta responsabilidad administrativa. (SIC). b) LA RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, emitida en la queja administrativa 87/2016, acumulada a la 152/2016, formada con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurada en contra de la suscrita y otros funcionarios públicos en la que se declaró la existencia de la responsabilidad administrativa en contra de la suscrita y se me condenó al pago de la sanción económica impuesta, consistente en diez unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $682.80 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)" (SIC). SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías de referencia, se registró con el número 1068/2018-II, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició en términos del acta de seis de septiembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de lo7+s Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, fracción XVIII, menciona que el Juzgado Segundo de Distrito, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, lugar donde radica la autoridad emisora del acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se tratan de: 1. De la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la resolución emitida el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en el expediente de queja administrativa 87/2016 y su acumulado 152/2016, formado con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra la aquí quejosa. 2. Del Magistrado Visitador General y Director General de Administración, ambas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, los actos de ejecución de la resolución reclamada, emitida en el auto de once de mayo de dos mil dieciocho, en la que declara que la sentencia definitiva de dieciséis de abril de dos mil dieciocho causo ejecutoria por ministerio de ley, requiriendo a la servidora público (GABRIELA SALVADOR COBOS), para que dentro de un plazo voluntario de cinco días, entere al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, el pago de la sanción económica que le fue impuesta. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, a la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en el expediente de queja administrativa 87/2016 y su acumulado 152/2016, formado con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado a la aquí quejosa (GABRIELA SALVADOR COBOS), toda vez que así lo aceptó la magistrada presidenta al rendir el informe justificado; lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del expediente administrativo de referencia (anexo I al III), a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, son ciertos los actos de ejecución del acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho, que reclama al Magistrado Visitador General, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Director General de Administración, todos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, toda vez que al rendir sus informes justificados así lo admitieron. De igual forma, son ciertos los actos de ejecución emitidos en el acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho que se le atribuyen a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, ya que, no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyen; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que de la resolución reclamada se advierte que en el resolutivo quinto, se ordenó remitir copia a la Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, para su registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de ahí que su negativa quedó desacreditada. CUARTO. Causales de improcedencia. Ahora bien, el estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado Federal de oficio advierte que el presente juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones legales. La quejosa GABRIELA SALVADOR COBOS al presentar su demanda fue omisa en manifestar la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistente en la resolución de dieciséis de abril del dos mil dieciocho y auto de ejecución de once de mayo de dos mil dieciocho, emitidos en el expediente de queja administrativa 87/2016 y su acumulado 152/2016. Sin embargo, de las constancias que integran el referido expediente de queja administrativa, se advierte que mediante cédula de notificación personal de once de junio de dos mil dieciocho, el Actuario adscrito a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, dejó la citada cédula de notificación en poder de la quejosa GABRIELA SALVADOR COBOS, quien dijo ser la persona buscada, además de identificarse con credencial del Poder Judicial del Estado de Morelos, con número de empleado 29030, donde obra el cargo, nombre, firma y fotografía, en la que le hizo del conocimiento la resolución de dieciséis de abril del dos mil dieciocho y el acuerdo de once de mayo pasado, así como el requerimiento decretado en este último acuerdo, emitidos dentro del expediente de queja administrativa 87/2016 y su acumulado 152/2016. Documental que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de un fedatario público en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Ahora bien, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo prevén que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Al respecto, cabe citar la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 193-198 Primera Parte, página 71, de número de registro 232213, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, como quedó precisado, tuvo pleno conocimiento de la existencia de los actos reclamados en el expediente de queja administrativa 87/2016 y su acumulado 152/2016, desde el once de junio de dos mil dieciocho, dado que fue directamente la quejosa GABRIELA CASTAÑEDA PEREZ, la que recibió la notificación de la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho y acuerdo de once de mayo pasado, dictados en el expediente de la queja administrativa mencionada, por el que se declara la existencia de responsabilidad administrativa de la funcionario publica GABRIELA SALVADOR COBOS, imponiéndole una sanción económica consistente en diez unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $ 682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.), cantidad que deberá ser depositada en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Luego, conforme al artículo 144 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos (aplicable supletoriamente al procedimiento de responsabilidad administrativa), las notificaciones personales surten efectos el día en que se practicó la notificación. Así, se tiene que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado y su ejecución el once de junio de dos mil dieciocho, de ahí que el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, comenzó a partir del doce de junio de dos mil dieciocho (día hábil siguiente de aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado) y feneció el dos de julio de dos mil dieciocho, sin contar dentro de ese plazo los días inhábiles dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta de junio y uno de julio del dos mil dieciocho. Por lo expuesto, es indudable que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, en razón de que la quejosa consintió tácitamente los actos reclamados al no haber presentado la demanda dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues conforme al sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, GABRIELA SALVADOR COBOS presentó su demanda hasta el tres de julio de dos mil dieciocho, es decir, fuera de ese término legal. Apoya la anterior determinación la tesis jurisprudencial P/J.11/2017 (10ª) con número de registro 2014199, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del libro 42, mayo de 2017, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. Así como la tesis jurisprudencial PC. XVIII.J/11C (10ª) con número de registro 2011181, de Plenos de Circuito del Décimo Octavo Circuito, visible en la página 1486 del libro 28, marzo de 2016, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS EL DÍA EN QUE SE PRACTICAN PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). Los artículos 129, 131, 137 y 144 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, así como de los diversos comprendidos en los Capítulos V "De los exhortos y despachos" y VI "De las notificaciones", del Título Segundo "De los actos procesales", del ordenamiento en mención, contienen dos reglas en relación con el inicio de los plazos judiciales: 1) La general, que dispone que éstos empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o la notificación personal, acorde con su artículo 144; y 2) La especial, que contiene dos excepciones a la regla general, en términos del artículo 137 aludido, consistentes en las notificaciones efectuadas por Boletín Judicial o en lista de acuerdos, las cuales surtirán efectos a las doce horas del día siguiente al en que se realicen. En tal virtud, las notificaciones personales surten efectos el día en que se practican y, por ende, los términos judiciales empiezan a computarse a partir del día siguiente, conforme a la regla general prevista en el invocado artículo 144. Así, este numeral no es oscuro ni insuficiente para determinar que la notificación personal surte efectos el día en que se realiza, para efectos de computar el plazo para la promoción del juicio de amparo, en términos de los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, los cuales disponen que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo es de quince días computados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Finalmente, es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que los actos aquí reclamados no se ubican en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Así, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito del acto impugnado, prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V de la ley en comento. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Magistrado Visitador General, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Director General de Administración, todas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, porque habiéndose decretado el sobreseimiento respecto del acto combatido a la ordenadora, debe también decretarse respecto de la autoridad que sea o tenga el carácter de ejecutora, en virtud que, es indiscutible que no pueda examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de ejecución, al no combatirse por vicios propios. Por ser aplicable, se cita la jurisprudencia 7, con registro 230811, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página seiscientos noventa, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-2, Julio a diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: UNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por GABRIELA SALVADOR COBOS, contra actos de la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Magistrado Visitador General, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Director General de Administración, todas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy once de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado y, con los mismos y con las constancias que a ellos se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio de las autoridades oficiantes los que designan. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió el Juez responsable, se ordena formar el anexo I, II y III, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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