Graciela Bedilia Toriz Avilés
Expediente 323/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Graciela Bedilia Toriz Avilés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 323/2016-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos de la circular CCJ/05/2016, autorizado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el diez de mayo de dos mil dieciséis, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 323/2016-II-B, promovido por ******************** por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, ******************** por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de veintinueve siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Luego, por auto de veintinueve de marzo se fijaron las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del veintiuno de abril del año en curso, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, los actos reclamados consisten en: La omisión del Tribunal y el actuario adscrito, de efectuar el emplazamiento de la parte demandada al conflicto laboral ********************. Del Tribunal, el señalamiento de las nueve horas del dos de mayo de dos mil dieciséis, decretado en audiencia de tres de marzo actual, para la celebración en el conflicto ********************, de la audiencia prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. TERCERO. Inexistencia del(los) acto(s) reclamado 1 y sobreseimiento. El acto reclamado identificado como 1 es inexistente, aun cuando al rendir el informe justificado, el presidente del Tribunal y el actuario adscrito hayan aceptado su existencia. El presidente del Tribunal exhibió copia certificada del expediente ******************** (fojas 14 a 27 y 35 y 36); la que tiene pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De dicha documental se desprende que por acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal admitió la demanda laboral presentada por la quejosa contra el Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, fijó las once horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y encomendó al actuario adscrito su notificación a las partes (fojas 19 y 20). El emplazamiento del demandado se efectuó el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (foja 23). Cabe destacar que el demandado compareció a la audiencia de ley original, a través de apoderados legales (foja 26). Ahora bien, la parte quejosa presentó la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. En ese tenor, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. El principio de que la existencia del acto reclamado se analiza conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo, está contenido en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, tenemos que a la fecha de instauración del juicio [veintiséis de febrero de dos mil dieciséis], el acto reclamado no existía, porque el emplazamiento del demandado se realizó el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis e incluso, compareció a la audiencia de ley prevista para el tres de marzo del año en curso. Luego, ante la inexistencia del acto reclamado 1, procede decretar el sobreseimiento por cuanto a este respecta, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado identificado como 2. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente del Tribunal al rendir el informe justificado (fojas 11 y 12). QUINTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Respecto del acto reclamado 2, el juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, fracción I, del mismo ordenamiento. Tales artículos dicen en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" Conforme a la fracción XXIII del artículo 61, la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Amparo. Esta porción legal no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Resulta aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. El artículo 77 dispone en su fracción I, que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia tendrá por efecto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el particular, el acto reclamado es de carácter positivo, pues consiste en la imposición de una fecha para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el juicio ********************, la cual, a decir de la quejosa, no se ajusta al plazo legal y, por consiguiente, contraviene su derecho a recibir una pronta impartición de justicia, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna. Con el informe justificado, el presidente del Tribunal ofreció copia certificada del expediente ******************** (fojas 14 a 27 y 35 y 36); la que amerita pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Del examen de la documental resulta que efectivamente, en audiencia de tres de marzo del año en curso (foja 26), la autoridad responsable señaló las nueve horas del dos de mayo de dos mil dieciséis, para la celebración en el conflicto ********************, de la audiencia prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Ahora bien, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de modo que su otorgamiento debe tener un efecto que realmente trascienda a lo fáctico, esto es, que produzca la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, de manera que, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación y cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, tenga sentido obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97: Tesis: P./J. 90/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197245 1 de 1 Pleno Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 9 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Bajo el principio que la sentencia de amparo debe tener un efecto restitutorio del derecho violado, en el hipotético caso que se examinara el acto reclamado y se hallara inconstitucional, el otorgamiento del amparo tendría por efecto que la responsable dejara insubsistente la fecha impugnada y en su lugar, fijara otra más cercana para la celebración de la audiencia, con la subsecuente obligación de notificar a las partes; sin embargo, tales efectos no trascenderían a lo factico, porque a la emisión de esta sentencia, la fecha reclamada por la quejosa para el desahogo de la audiencia de ley en el conflicto de origen, ha sido rebasada, de modo que a causa del transcurso del tiempo, la sentencia no tendría efectos restitutorios. Por lo expuesto, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia del juicio prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I y, en términos del artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento respecto del acto reclamado 2. A causa del sobreseimiento [decretado respecto de los dos actos reclamados], este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones en torno a los actos reclamados, porque aquél no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Cobra aplicación esta jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones aducidas en el considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos en el presente juicio de amparo y toda vez que de constancias que obran en autos se advierte que la autoridad oficiante fue debidamente notificada del auto de ocho de marzo del año en curso, en el que se puntualizó que dentro del plazo otorgado a las autoridades deberían realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria; sin embargo, a la fecha las autoridades responsables y superiores jerárquicos del Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ni han demostrado encontrarse en vías de cumplimiento. Por lo anterior, este juzgado procede en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo y el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en el auto de VEINTINUEVE DE ENERO y OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; y se advierte que en el caso, existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable María Concepción Cárdenas Fuan, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, así como al superior jerárquico de ésta, para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificadas del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con ella, no han demostrado haber realizado, ni un solo acto, por lo menos en parte, para advertir que ha tratado de cumplir con la devolución de las cantidades de dinero, para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que no acreditan estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso. En consecuencia, al haber transcurrido el término otorgado mediante auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se hace efectivo el apercibimiento en el decretado, y con fundamento en la fracción I, del artículo 258 de la Ley de Amparo, se impone a María Concepción Cárdenas Fuan, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos y a José Fernando Aguilar Palma, quien funge como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de veinticuatro horas que será computado legalmente, informe las medidas adoptadas para el cobro de las multas, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 [1] de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. En el entendido de que pueden ser localizadas en el domicilio ubicado en Plaza 10 de Abril sin número, colonia Centro, Emiliano Zapata, Morelos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis P./J. 58/2014 (10a.), Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11, con número de registro 2007914, que a su rubro y letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." En esas condiciones, se procede a proveer lo siguiente: II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con independencia de lo anterior, conforme a los establecido en el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), indicada en los párrafos que anteceden, que señala que una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable e improrrogable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora bien, se procede a realizar la actualización, por concepto de cobro del impuesto de adquisición de bienes inmuebles y su adicional, dicha actualización se realizara de acuerdo a la fecha del pago (16 de diciembre de 2005) y a la fecha del presente requerimiento (6 de abril de 2016), de conformidad con el artículo 31, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Morelos, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada: MES MAS RECIENTE (TOMANDO EN CUENTA LA PRESENTE FECHA) FEBRERO 2016 ENTRE MES ANTERIOR DE ACUERDO A FECHA DE PAGO NOVIEMBRE 2005 IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 119.505 / 79.710784550351 = 1.499232515074697 CANTIDAD COBRADA POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN IGUAL CANTIDAD TOTAL ACTUALIZADA $6,332.50 X 1.499232515074697 = $ 9,493.88 Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (MARÍA CONCEPCIÓN CÁRDENAS FUAN), para que dentro del término de diez días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es, reintegre a la parte quejosa la cantidad de $9,493.88 (nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos 88/100 M.N.), cantidad que se encuentra debidamente actualizada. Por tanto, la autoridad deberá remitir las constancias que acrediten que ha tomado las medidas necesarias y reales encaminadas al cumplimiento de la sentencia, pues no se justifica su incumplimiento con la sola petición de prórrogas para su ejecución, argumentado que la carga de trabajo es excesiva debido a que se están dando cumplimiento a diversos juicios en los cuales fueron condenados, y que la elaboración y expedición de cheques lleva una secuencia de requisitos y etapas, sino que debe demostrar todos los medios que ha realizado para acatar la ejecutoria de amparo, pero sin imponer procedimientos dilatorios o ilegales que provoquen el incumplimiento de la sentencia. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, José Fernando Aguilar Palma, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata; para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que estén notificados de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio que signan el Presidente y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual solicitan, se les informe la cantidad exacta a devolver a la parte quejosa, por lo que deberán estar a lo acordado en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio signado por la Tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual solicita se amplíe la prórroga otorgada a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; el que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, toda vez que la autoridad oficiante ya remitió el título de crédito por la cantidad de $14,900.00 (CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de cobro de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se amplía por ÚLTIMA OCASIÓN la prórroga solicitada; por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, lo procedente es requerir a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos para que dentro del término de diez días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, remita copia certificada del título de crédito correspondiente a la actualización del monto a devolver a la parte quejosa, esto es la cantidad de $317.49 (TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 49/100 M.N.). En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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