Graciela Bazan Yitani

Expediente 228/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
228/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
22/12/2017

Partes del expediente

  • Graciela Bazan Yitani
  • Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad de Flagrancia Central 1 de la Fiscalía General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia Central Uno de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y en atención al contenido del mismo, téngasele acusando recibo del oficio número CUMP.444-2 (sic, debe ser CUMP.444-1), mediante el cual se le notificó el proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, y se le remitió la documental que anexó a su informe justificado, por la que se formó el anexo I. CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el once de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del trece de noviembre al cuatro de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea el caso requerir a las partes para que recojan documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia Central Uno de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiéraseles para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar al tercero interesado Armando Sosa Muñoz, el auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, pues refiere que por auto de tres de mayo del año en curso, se ordenó que se realizaran las notificaciones que le correspondieran incluso las personales por lista de acuerdos. En tales condiciones, para evitar mayores dilaciones al procedimiento con apoyo en el inciso a), fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, realícese por lista la notificación al referido tercero interesado del proveído de once de septiembre del año en curso. AUTO DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil diecisiete. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho; por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de abril de dos mil diecisiete (fojas 25 a 42), se sobreseyó el juicio de amparo solicitado por la quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de revisión (foja 59); del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que en el toca R-159/2017 (fojas 102 a 124), resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia que se revisa. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando, la justicia de la unión ampara y protege a María Graciela Bazán Yitani o Graciela Bazán Yitani, contra las autoridades y por los actos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo." Atento lo anterior, en auto de diecisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 125 a 127), con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central Uno de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: (.) En consecuencia, procede conceder el amparo para el efecto de que la responsable: Deje insubsistente el acuerdo reclamado en la parte donde se anotó que la quejosa María Graciela Bazán Yitani manifestó su voluntad de someterse a un medio alterno para la solución del conflicto. Le haga saber a la recurrente esa posibilidad para que decida al respecto. De lo anterior dependerá la judicialización o no de la carpeta de investigación. Deberá quedar incólume la parte relativa a la libertad del imputado. Deberán permanecer los principios de conciliación efectuados por lo que respecta al delito de daño en propiedad ajena. (.) Así las cosas, mediante oficio 8940/2017 de veinte de julio de dos mil diecisiete (fojas 124 a 131), se tuvo al fiscal responsable remitiendo copia certificada de diversas constancias emitidas en la carpeta de investigación 86/2017/UF104, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el acuerdo reclamado de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación 86/2017/UF104. - Notificó a la aquí quejosa el auto de diecinueve de julio de la presente anualidad, dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el que le hizo saber que el sistema penal acusatorio tiene salidas alternativas a fin de que manifieste si es su deseo o no someterse a dicho procedimiento. - Dejó incólume la parte relativa a la libertad del imputado Armando Sosa Muñoz. Sin embargo, y toda vez que dicha autoridad fue omisa en pronunciarse si la quejosa manifestó su deseo o no de someterse a un medio alternativo para la resolución del conflicto y pronunciarse sobre la judicialización o no de la citada carpeta de investigación, en auto de veinticinco de julio de dos mil diecisiete (fojas 132 y 133), se requirió nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento. Así, por oficio 9696/2017 de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 136 y 137), el fiscal responsable informó a esta autoridad que la quejosa manifestó su deseo de no someterse a un medio alternativo para la resolución del conflicto en la citada carpeta de investigación y que a la brevedad posible judicializará la misma, por lo que en auto de dos de agosto de dos mil diecisiete (fojas 138 y 139), se requirió de nueva cuenta a la representación social responsable para que informara a este juzgado federal si judicializará o no la carpeta de investigación de que se trata. Por similar 8940/2017 de cuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 141 a 145), el Agente del Ministerio Público responsable reitera que la amparista manifestó su deseo de no someterse a un medio alternativo para la resolución del conflicto en la citada carpeta de investigación y que a la brevedad posible judicializará la misma. Atento lo anterior, en auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 151 a 154), no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, pues la fiscal responsable fue omisa en pronunciarse sobre la judicialización o no de la carpeta de investigación 86/2017/UF104. Así, por oficio 11119/2017 de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (fojas 157 y 158), la representante social responsable remitió el original del acuse de la solicitud de la audiencia de imputación ante el Juez de Control de la Región Judicial Centro, de la referida carpeta de investigación. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil diecisiete. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho; por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de abril de dos mil diecisiete (fojas 25 a 42), se sobreseyó el juicio de amparo solicitado por la quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de revisión (foja 59); del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que en el toca R-159/2017 (fojas 102 a 124), resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia que se revisa. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando, la justicia de la unión ampara y protege a María Graciela Bazán Yitani o Graciela Bazán Yitani, contra las autoridades y por los actos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo." Atento lo anterior, en auto de diecisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 125 a 127), con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central Uno de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: (.) En consecuencia, procede conceder el amparo para el efecto de que la responsable: Deje insubsistente el acuerdo reclamado en la parte donde se anotó que la quejosa María Graciela Bazán Yitani manifestó su voluntad de someterse a un medio alterno para la solución del conflicto. Le haga saber a la recurrente esa posibilidad para que decida al respecto. De lo anterior dependerá la judicialización o no de la carpeta de investigación. Deberá quedar incólume la parte relativa a la libertad del imputado. Deberán permanecer los principios de conciliación efectuados por lo que respecta al delito de daño en propiedad ajena. (.) Así las cosas, mediante oficio 8940/2017 de veinte de julio de dos mil diecisiete (fojas 124 a 131), se tuvo al fiscal responsable remitiendo copia certificada de diversas constancias emitidas en la carpeta de investigación 86/2017/UF104, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el acuerdo reclamado de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación 86/2017/UF104. - Notificó a la aquí quejosa el auto de diecinueve de julio de la presente anualidad, dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el que le hizo saber que el sistema penal acusatorio tiene salidas alternativas a fin de que manifieste si es su deseo o no someterse a dicho procedimiento. - Dejó incólume la parte relativa a la libertad del imputado Armando Sosa Muñoz. Sin embargo, y toda vez que dicha autoridad fue omisa en pronunciarse si la quejosa manifestó su deseo o no de someterse a un medio alternativo para la resolución del conflicto y pronunciarse sobre la judicialización o no de la citada carpeta de investigación, en auto de veinticinco de julio de dos mil diecisiete (fojas 132 y 133), se requirió nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento. Así, por oficio 9696/2017 de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 136 y 137), el fiscal responsable informó a esta autoridad que la quejosa manifestó su deseo de no someterse a un medio alternativo para la resolución del conflicto en la citada carpeta de investigación y que a la brevedad posible judicializará la misma, por lo que en auto de dos de agosto de dos mil diecisiete (fojas 138 y 139), se requirió de nueva cuenta a la representación social responsable para que informara a este juzgado federal si judicializará o no la carpeta de investigación de que se trata. Por similar 8940/2017 de cuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 141 a 145), el Agente del Ministerio Público responsable reitera que la amparista manifestó su deseo de no someterse a un medio alternativo para la resolución del conflicto en la citada carpeta de investigación y que a la brevedad posible judicializará la misma. Atento lo anterior, en auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 151 a 154), no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, pues la fiscal responsable fue omisa en pronunciarse sobre la judicialización o no de la carpeta de investigación 86/2017/UF104. Así, por oficio 11119/2017 de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (fojas 157 y 158), la representante social responsable remitió el original del acuse de la solicitud de la audiencia de imputación ante el Juez de Control de la Región Judicial Centro, de la referida carpeta de investigación. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

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